Judicial
FGR acusa a Norman Quijano por negociar con pandillas y pide que se le decrete detención
Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA, fue acusado ayer en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
La Fiscalía General de la República (FGR), acudió al tribunal superior para iniciarle el proceso penal luego que la Asamblea Legislativa le retirara la inmunidad de la que gozaba por ser diputado.
Los fiscales del Grupo contra la Impunidad que han hecho la investigación, solicitaron a la Cámara que someta a Quijano al proceso penal.
«Se solicita a la Cámara Primera de lo Penal que cite al justiciable para hacerle del conocimiento de los hechos que se le atribuyen y que se pronuncie sobre los abogados que deberán ejercer la defensa técnica y que se señale fecha y hora para la audiencia inicial».
El ministerio público al momento de judicializar el caso pidió que al realizarse la audiencia inicial se le decrete la detención provisional al ahora diputado del Parlacen.
Luego de recibir el expediente los magistrados deberán citar al imputado para que acuda a esa sede judicial y ser notificado de los delitos que la Fiscalía le atribuye, si decide no comparecer puede enviar a algún abogado que lo represente.
De lo contrario la Cámara deberá pedir a la Procuraduría General de la República que le asigne un defensor público, es probable que la abogada que lo defendió en el antejuicio seguido en la Asamblea Legislativa comparezca por ya estar nombrada.
La audiencia inicial se puede realizar sin la presencia de Quijano, pero si llega la fecha de audiencia preliminar y no comparece, será declarado rebelde por los magistrados y se archivarán las actuaciones hasta que acuda, ya que el curso de la instrucción no se suspende.
Antecedentes
Norman Quijano fue mencionado junto a otros políticos de ARENA y del FMLN en el caso conocido como «Operación Cuscatlán», en la sentencia de esa causa penal contra de 425 pandilleros de la Mara Salvatrucha, el Juez Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, divulgó tres videos en los que se observa al excandidato a la presidencia por ARENA, Norman Quijano; al exministro de gobernación, Arístides Valencia, y al exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt, sosteniendo una reunión con jefes de pandillas.
Además, el expresidente de ARENA, Jorge Velado, ya fallecido, fue mencionado en ese juicio, el testigo criteriado «Noé» dijo que Velado estuvo en una reunión en la que participó el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quien también ya murió.
Salazar, cuando emitió el fallo, dijo que la Fiscalía General de la República estaba obligada a investigar a los políticos señalados, agregó que se habían sentado a negociar con las pandillas, quienes son «gánster y mercenarios» y que «es inaudito cómo planificaron hechos delictivos».
En la acusación presentada por la Fiscalía, se le atribuye el fraude electoral porque supuestamente entregó casi $100,000 a miembros de pandillas con el fin de obtener beneficios electorales durante la campaña presidencial del año 2014, mientras que las agrupaciones ilícitas tienen que ver con las reuniones y el pacto que hizo con las pandillas.
El ministerio público señala a Quijano de dos delitos contemplados en el Código Penal y se ha ofrecido en el expediente los videos de las reuniones en las que se observa a Quijano negociando con miembros de las tres pandillas en la iglesia de una red de pastores.
Otros políticos procesados
El 24 de junio del año 2021, la Fiscalía presentó en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador la investigación final (dictamen de acusación) en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara; y los «mediadores» Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado, acusados también de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Al igual que Quijano, Fiscalía los acusa de haber negociado con cabecillas de maras votos para las elecciones presidenciales del 2014 y los comicios legislativos y municipales del 2015.
En contra de Quijano y los demás políticos la Fiscalía ha presentado escuchas telefónicas, videos donde los políticos aparecen reunidos con los cabecillas de las pandillas y la declaración de los criteriados «Noé» y «Salomón». Los testigos han dicho que el FMLN pagó $433,000 para que votaran por Salvador Sánchez Cerén en el 2014 y que ARENA entregó $100,000, Muyshondt habría entregado $69,000.
Una estructura conformada por al menos 13 pandilleros fue condenada por el Tribunal Especializado de Sentencia B de San Salvador, entre ellos están dos líderes: Josué David Córdoba y Jaime Ernesto Marroquín que solo por el delito de Homicidio la juzgadora les impuso 25 años de cárcel para cada uno.
La fiscal de la Unidad de Patrimonio Privado de Zaragoza explicó que la jueza valoró todos los elementos de prueba presentados y consideró que los miembros de esta estructura son los responsables de delitos como, homicidio, extorsión agravada, amenazas con agravación especial y limitación a la libertad de circulación.
“Las penas son cinco años por el delito de Amenazas con Agravación Especial, por el delito de Homicidio Agravado 25 años, por Extorsión 10 años por cada una de las víctimas”.
La representación fiscal se mostró satisfecha por el resultado con el cual se están sacando de circulación a delincuentes que estaban agobiando a la población de sectores como Ayagualo, las Granadillas, cantón El Limón y Santa Tecla, todas del departamento de La Libertad.
Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron entre los años 2018 y 2019 apuntó la fiscal del caso.
La unidad especializada de delitos de narcotráfico de la Fiscalía General de la República logró que se enviara a juicio a Eduardo Martínez Solares, de nacionalidad guatemalteca, por el delito de Tráfico Ilícito Internacional de Drogas.
Las investigaciones detallan que el imputado era uno de los encargados de transportar droga desde varios puntos de la costa salvadoreña a diversas playas de puerto Cortez, en la costa pacífica de Guatemala.
Los hechos sucedieron en febrero del año 2021 cuando el imputado fue detenido por las autoridades costeras de El Salvador, en una lancha con motor fuera de borda en las inmediaciones de la costa del departamento de Usulután, al oriente del país.
Cuando las autoridades intervienen la embarcación, le encuentran cuatro bultos grandes, donde escondía 500 kilos de polvo blanco, que resultó ser cocaína clorhidrato, por lo que fue detenido en el acto.
El juzgado de instrucción de San Luis Talpa, departamento de La Paz, admitió toda la prueba presentada por los fiscales del caso, donde destaca la incautación de aparatos de geolocalización, donde se podía registrar el camino y destino de la embarcación, con lo que además se le agrava el ilícito a “internacional”, el cual tendría una pena de hasta 20 años de prisión, de ser encontrado culpable en el juicio.
En los municipios de Jiquilisco, Jucuapa y Usulután han sido capturados en las últimas horas, con órdenes administrativas giradas por la oficina fiscal de Usulután, 10 personas a las que se les procesará por Homicidio Agravado, Homicidio Agravado Tentado, Extorsión y diferentes delitos de naturaleza sexual.
Ismael Arnoldo Soriano Paniagua será procesado por Homicidio Agravado Tentado.
Mientras, que José Cecilio Zelaya Andrade responderá por otro Homicidio Tentado en diferente víctima.
Noé Mauricio Reyes Guerrero y José Alejandro Quiroz Luna deberán rendir cuentas por el deleito de Extorsión Agravada en diferentes víctimas y lugares.
También, Filmar Aguilar Rodríguez será procesado por Agresión Sexual en Menor o Incapaz Agravada, Violación en Menor o Incapaz Agravada continuada y Violación Agravada continuada.
José Antonio Carabantes Amador es acusado de Violación en Menor e Incapaz y Exhibiciones Obscenas.
José David Campos Pérez ha sido capturado por Violación y Violación Tentada.
Franklin Enmanuel Chévez Hernández será procesado por Violación Agravada.
Y Kevin Josué Morales Rodríguez por Hurto.
En las próximas 72 horas los fiscales del caso presentarán los requerimientos correspondientes en los diferentes Juzgados de Paz.
