Judicial
Falso periodista árabe es acusado de estafar a 153 familias con la promesa de entregarles un terreno que trabajaron por un año
Un hombre que se presentaba como un periodista de origen árabe es señalado de haber estafado a 153 personas que le entregaron más de $60,000 para poder obtener parcelas de un terreno que tuvieron que trabajar por más de un año en el municipio de Apopa.
En agosto de 2010, José G., quien se hacía llamar Moha-med Adbul Hakub, buscó a personas de escasos recursos para presentarles el proyecto a nombre de la Asociación Nueva Sociedad, una organización internacional que tenía previsto donar terrenos.
Emocionados, 153 familias escucharon a José quien junto a Alfonso O. se presentaron como coordinadores del proyecto, ambos explicaron que donarían 400 lotes ubicados en el cantón San Nicolás a las personas que cumplieran con los requisitos que dicha institución demandaba.
Luego de aceptar someterse al proceso de inscripción, las víctimas conocieron a Marta A. la dueña del terreno quien reafirmó el compromiso que el supuesto periodista hizo con las familias en las que supuestamente se iban a dividir las 307 manzanas.
El acuerdo fue que el terreno se iba a dividir en parcelas de 24 metros cuadrados, además, los beneficiados tenían que limpiar el terreno, cavar un agujero para hacer un pozo y hasta pagar por la papelería de la organización.
El expediente judicial muestra que dicho catastro estaba inscrito en el Centro Nacional de Registro a nombre de Marta por lo que dio mayor credibilidad a las víctimas y no levantó ninguna sospecha.
Según la denuncia, el falso árabe detalló que gracias a su trabajo en el Centro de Prensa Internacional y Asociados y ser un consultor jurídico de procedencia de países árabes le permitió conseguir una donación de $4.5 millones para financiar el proyecto.
En las reuniones, José les pedía a sus víctimas que no tuvieran miedo «todo es legal», las víctimas confiadas de las palabras del grupo de personas nunca se imaginaron que estarían a punto de perder sus ilusiones.
Los estafadores fijaron las siguientes tárifas: $325 por escrituras de terreno, $50 para reserva del lote, $10 para la construcción de una casa modelo, $5 para la obtención de un carnet de una fundación, $3 para la compra de árboles ornamentales y $0.50 para el pago de papelería. Las 153 víctimas entregaron el dinero y la banda recibió un total de $60, 205.50.
Posterior al pago, las familias comenzaron a trabajar en el terreno que describen como una propiedad escabrosa y bastante dificil de trabajar, pese a ello, jalaron las piedras en carreterillas y taparon los hoyos que quedaban.
“No soy la madre Teresa de Calcuta”
Tras un año en labores, las víctimas comenzaron a tener dudas de las verdaderas intenciones de la Asociación ya que pese a tener al pago y trabajo realizado por ellos la entrega de la documentación no se anunciaba.
El 20 de agosto de 2011, sostuvieron una reunión con los representantes de la institución a quienes reclamaron por la poca claridad que había en el caso, los imputados intentaron tranquilizar a sus «clientes» alegando que el dinero para la construcción estaba por llegar.
Cuando la reunión estaba por finalizar, Marta tomó la palabra para confesar lo que ya era temido por las familias: “Todo era mentira, estos han llegado a estafarlos yo no he donado el terreno. ¡No soy la madre Teresa de Calcuta para regalar el terreno!”.
La confesión de la mujer dejó sin palabras a los beneficiados quienes no daban crédito a lo que escuchaban, tomando en cuenta que habían invertido un año de trabajo para adquirir lo prometido.
“Son personas insensibles, malas, estafadoras. Se han quedado con todo el dinero y se han burlado de la misma necesidad de la gente”, recalcó una de las víctimas quienes se organizaron para denunciar a las personas involucradas.
El caso llegó a Fiscalía y siete años más tarde las víctimas aún se encuentran a la espera de que se les haga justicia. Los ahora imputados han solicitado al tribunal Sexto de sentencia de San Salvador una audiencia especial para que ellos puedan brindar una declaración sobre el desarrollo de los hechos con el objetivo de librarse de prisión.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
