El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, condenó a cuatro soldados a seis años y ocho meses por haber asesinado a un ingeniero.

Los condenados son: Darwin Remberto Martínez López, Isaías Adalberto Sandoval Gómez, Daniel Carrillo Sánchez y Edgardo Alexander Damián Ramos, quienes en la vista pública fueron declarados responsables de homicidio simple.

El expediente fue judicializado como homicidio agravado, pero en la calificación final que hizo el tribunal consideró necesario modificarlo a homicidio simple ya que no se reunían los requisitos para condenar con agravante.

En el juicio, la Fiscalía General de la República acreditó que la noche del 12 de agosto de 2021, en la colonia San José, de Santa Tecla, un grupo de soldados que patrullaban la zona le ordenó al ingeniero Manuel Antonio Escalante Palomo que detuviera la marcha y le dispararon, acción que desencadenó en la muerte del profesional.

Por ese hecho los saldados fueron detenidos y procesados en los tribunales de Santa Tecla. En el juicio se resolvió que los imputados decidieron disparar al verse en el supuesto peligro de un ataque ilegítimo por parte de la víctima y no agotaron el uso de técnicas no letales, pues la conducta de la víctima no representó un motivo para disparar.

Bajo ese argumento y aplicando las reglas de la sana crítica se modificó el delito y se les impuso la pena. Darwin Remberto Martínez López, seguirá en detención mientras que Isaías Adalberto Sandoval Gómez, Daniel Carrillo Sánchez y Edgardo Alexander Damián Ramos gozarán de medidas, hasta que la sentencia quede en firme.

La Fiscalía o defensa todavía tienen la opción de presentar un recurso de apelación y mientras la sentencia no esté ejecutoriada, los imputados seguirán con las medidas que tenían hasta el día de la vista pública.

Una de las líneas de investigación contra el expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Juan Pablo Durán Escobar, detalla que habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte, informó ayer el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Ante el cuestionamiento al funcionario, en la entrevista televisiva de Frente a Frente, sobre si Durán estaba vinculado con un caso de otorgamiento de crédito a un empresario de autobuses, Villatoro respondió que «ese es uno de los casos, quita un «crédito chatarra» a otra institución financiera y se lo trae ese crédito a Bandesal donde hay dinero de salvadoreños, que precisamente era para promover el desarrollo».

Sobre cuáles eran los beneficios que recibía Durán ante estos procedimientos, Villatoro detalló que «todas esas son parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía, pero con solo el hecho que haya puesto no solo el delito de actos arbitrarios sino de cohecho impropio, hay dinero de por medio», afirmó.

Durán fue capturado el pasado 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional El Salvador y se le acusa de los delitos de actos arbitrarios y de cohecho impropio (dar o pedir sobornos).

«Cuando se le informa que ya no sería presidente de BANDESAL a raíz de unas anormalidades, que se comunican a la Fiscalía, él sale de BANDESALL con una investigación abierta, se van detectando otra cantidad de anormalidades y eso al final es lo que da pie para la Fiscalía para emitir esa orden administrativa de captura», dijo Villatoro.

Durán, separado de su cargo en marzo de 2022. El pasado sábado tras su captura, el presidente de la República, Nayib Bukele dijo: «En marzo pasado, destituí a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación interna que se realizó en Bandesal, sin embargo, en lugar de engavetarla como hacían antes, se la entregamos a la Fiscalía para que ellos redujeran responsabilidades».

El mandatario reiteró su compromiso de cero impunida al tiempo que advirtió a actuales y anteriores funcionarios que todo el peso de la ley les caerá si participan de actos de corrupción.

El pasado 30 de septiembre, tras la captura de Durán, Bukele posteó: «A los funcionarios actuales y anteriores, les recuerdo: El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntese a esperar su turno».

Miembros de una estructura delincuencial que hurtó en 18 centros escolares y en tres iglesias, han sido condenados a penas carcelarias de hasta 135 años, informó la Fiscalía General de la República.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que, entre el 2020 y 2021, hurtaron equipos y material informático del Ministerio de Educación, valorado en más de $200,000.

En las iglesias robaron consolas, amplificadores e instrumentos musicales.

«Los sujetos aprovechaban las horas de la noche o de madrugada para introducirse a hurtar, en su mayoría laptops y material informático, propiedad del Ministerio de Educación (Mined)», indicó la Fiscalía.

Los procesados fueron condenados por los delitos de agrupaciones ilícitas, hurto agravado y receptación.

De acuerdo con la información compartida por en total a la estructura criminal se le impuso una pena total de 397 años por todas las condenas.

A los condenados se les acumula 21 casos de hurtos, 18 en perjuicio de centros educativos y tres en perjuicio de iglesias, todos los casos cometidos entre los años de 2020 y 2021 en San Salvador.

Los condenados son:

Manuel Miranda Rivas 135 años de prisión
Eduardo Hernández 93 años de prisión
Santos Ulises Reyes Valladares 99 años de prisión
Dennis Erasmo Villalta Ruano 23 años de prisión
Jhony de Jesús Velásquez Velásquez 8 años de prisión
José Eddys Rivas 39 años de prisión