Judicial
Esperan proceso imparcial en audiencia inicial contra Juez de Paz de San José de La Fuente, La Unión
Esta mañana de lunes se desarrolla la Audiencia Inicial en contra de Daniel Alcides Campos Iglesias, Juez de Paz de San José de La Fuente de La Unión, procesado por amenazas con agravación especial y disparo de arma de fuego, en el Juzgado 3° de Paz de San Miguel.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado de manera express el requerimiento para que el imputado sea proceso por los delitos señalados y cometidos en contra de otro ciudadano, tras una discusión entre ambos que involucró a sus canes y dónde Campos Iglesias luego disparó al aire.
El caso que hoy se ventila en el juzgado correspondiente aparentemente tendría elementos suficientes para buscar una justicia selectiva en favor del acusado, por el hecho de ser juez, dejando aún lado otros casos que esperan por días el requerimiento para ser llevados a juicio y enfrentar la audiencia inicial.
Campos Iglesias le dijo a “Carlos” (nombre ficticio) que dejara de golpear a su perro, por lo que la víctima le reclamó porque había dejado salir a su perro.
Tras una breve discusión entre el juez Campos Iglesias y Carlos, éste siguió caminando con su esposa y su perro. Pero de repente, el juez salió con una pistola de su casa y amenazó a la víctima.
La intervención de varios vecinos evitó que la situación se complicara. Antes de entrar a su casa, el juez Campos Iglesias disparó al aire en varias ocasiones.
Minutos después llegó una patrulla de policías y arrestaron al juez Campos en flagrancia con base a la denuncia de la víctima.
El juez señalado, enfrenta la audiencia inicial donde se espera que el juzgado correspondiente lleve a cabo un proceso imparcial, cumpliendo los requerimientos establecidos, sin dar trato privilegiado al acusado y que prevalezca la justicia parcial.
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Daniel Alcides Campos Iglesias, es padre del Sigifredo Alcides Campos Crespo, exdirector del Centro de Escuchas de La Fiscalía General de la República (FGR) en la administración del exfiscal Douglas Meléndez.
Sigifredo Alcides Campos Crespo, confesó en su momento haberse tomado atribuciones en las escuchas telefónica utilizadas en el caso Rais- Martínez, sin la autorización previa del fiscal general, Douglas Meléndez, es por ello que aún está pendiente su resolución en la Sala de lo Penal.
Foto: Cortesía
Un pastor evangélico fue condenado a 20 años de cárcel por haber violado en reiteradas ocasiones a una menor de edad en hechos ocurridos en el municipio de San José Guayabal, en el departamento de Cuscatlán.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado responde al nombre de Hulai Antonio Alfaro, pastor y líder religioso de una iglesia en el municipio donde sucedieron los hechos. La institución fiscal señaló que el crimen se cometió en el año 2013.
Las investigaciones fiscales determinaron que Alfaro, valiéndose de su posición como pastor evangélico y líder de la congregación religiosa, pedía a la madre de la menor que la enviara a su vivienda para ayudarle con los quehaceres domésticos.
Fue en ese lugar en el que Alfaro violó en reiteradas ocasiones a la menor. La Fiscalía presentó las pruebas suficientes para que este sujeto fuera condenado a 20 años de prisión por este crimen.
Foto: Cortesía
El 28 de noviembre del año 2021, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Denis Fabricio Zelaya Rodezno y Carlos Josué Solorzano, acusados de posesión y tenencia de drogas.
De acuerdo con el reporte policial, los sujetos permanecías de manera sospechosa en el estacionamiento de una gasolinera ubicada al final de la Alameda Juan Pablo II.
La detención se realizó tras encontrar en el vehículo una caja pequeña con dos porciones de metanfetaminas, la cual tenía un peso de 49 gramos y un valor de $1,986 dólares.
Lo anterior fue comprobado en el Tribunal Tercero de Sentencia, de San Salvador, donde el juez los consideró culpables del delito de posesión y tenencia de drogas y les dictó una pena carcelaria de seis años a cada uno.
Judicial
Juzgado ordena que siga en prisión mujer que estafó a víctimas invitándolas a invertir en su negocio
El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, departamento de La Libertad, ordenó que Ana Yudy Gómez Díaz, continúa en prisión por el delito de estafa en perjuicio de 17 personas.
La imputada ya tenía antecedentes, ya que el 14 de julio de 2022, Fiscalía General de la República ordenó la detención por haber estafado a 40 víctimas por un monto total de $500,000 a quienes les proponía invertir en su negocio, pero nunca recibieron ganancias.
Luego de esa captura el ministerio público hizo un llamado a las personas afectadas por la imputada a que se acercaran a denunciar en sedes policiales y fiscales y fue así como aparecieron otras 17 víctimas.
El caso de las 40 víctimas fue llevado al Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla. Gómez Díaz contactaba a personas de confianza o conocidas a través Facebook y les invitaba a invertir en su negocio.
Al principio las personas estafadas firmaban un documento donde les garantizaba que iba compartir ganancias, les entregaba de una a dos cuotas, pero después ya no les daba nada.
Gómez Díaz convencía a sus víctimas a quienes les decía que iban a obtener intereses de 15%, 20% 25% y 35% mensuales, para que invirtieran su dinero.
Por el segundo proceso penal de estafa, la Fiscalía confirmó que las pruebas presentadas al Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla fueron valoradas para decretar la detención de la acusada.
#InstrucciónConDetención I La estafadora Ana Yudy Gómez Díaz engañó a 17 víctimas para que le entregaran dinero, en concepto de inversión que les generaría ganancias, las cuales nunca entregó a las personas.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 25, 2022
Fiscal brinda más detalles: pic.twitter.com/NOXRLlencS
«Esta representación fiscal ha logrado a la fecha poder recabar suficientes elementos de juicio para poder establecer la existencia del delito de estafa, así mismo deducir con probabilidad positiva la participación de la señora procesada en la comisión del mismo», sostuvo el fiscal del caso.
Según el señalamiento fiscal «la acusada ha sido operadora de un sistema fraudulento jugando un papel activo de reclutamiento de personas a quienes les ha ofrecido que inviertan su dinero a cambio de atractivas utilidades».
Lo que las pesquisas determinaron es que ese ofrecimiento de ganancias de interés mensual es un negocio falso que solo le permitió a la imputada captar grandes cantidades de dinero que causó un perjuicio económico en las víctimas.
