Judicial
Condenan hasta 34 años de prisión a pandilleros que participaron en el crimen de un agente de la PNC en La Campanera
El Juzgado Especializado de Sentencia «A» de San Salvador condenó a penas que oscilan entre los cuatro y 34 años de prisión a 13 mareros, como cómplices no necesarios en el caso donde se le quitó la vida a Luis Humberto Herrera y al agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Víctor Alcides Díaz Nolasco y por agrupaciones ilícitas.
Los condenados a 34 años de prisión son José Lisandro Portillo, Fredy Vladimir Avilés, José Rodrigo Martínez, Juan José Galdámez, Johnny Alexander Rodríguez, Marvin Zelaya, Jonathan David Barrientos, Giovanni Pérez y José Miranda. Otros cuatro pandilleros fueron condenados a cuatro años de prisión.
El juez manifestó que no se pudo comprobar la participación de los ahora condenados en el momento de cometer los hechos, porque el testigo dijo que no estuvo presente al momento que se le quitó la vida a las personas, solo estuvo en el transporte de los cuerpos.
Según la declaración del testigo con criterio de oportunidad trabajo desde el 2002 en el sector de La Campanera, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, realizando programas de “reinserción” de pandilleros a la sociedad, ganándose así la confianza de los mareros y conociendo el nivel jerárquico que la estructura poseía.
Asimismo, declaró que el 6 mayo del 2017 en horas de la noche recibió una llamada del procesado Juan José Galdámez, quien le dijo que les tenía que hacer un viaje sino quería que se ejecutara a su familia, narrando que subieron tres bultos a su vehículo y que hasta después se dio cuenta que lo que había transportado era el cuerpo de un exmilitar, por este caso fueron absueltos porque carecía de prueba pericial.
Posteriormente dijo que el 17 de julio del 2017 volvió a recibir otra llamada del mismo sujeto, quien le volvió a decir lo mismo que tenía que trasportar otro cuerpo, pero que unos mareros se iban a desplazar con él para asegurase que no los denunciara.
Además, contó que el 18 de julio volvió a recibir otra llamada para transportar otro bulto, que después se enteró que era el cuerpo de un agente de la PNC, pero que él ya se sentía culpable de estar ayudando por temor a los mareros y que el 19 de julio del 2017, él se presentó a la PNC para declarar lo que había sucedido una noche antes, narrando que ese día quedó detenido, pero que él ya no quería seguir ayudado a la estructura.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
