Judicial
Condenan hasta 34 años de prisión a pandilleros que participaron en el crimen de un agente de la PNC en La Campanera
El Juzgado Especializado de Sentencia «A» de San Salvador condenó a penas que oscilan entre los cuatro y 34 años de prisión a 13 mareros, como cómplices no necesarios en el caso donde se le quitó la vida a Luis Humberto Herrera y al agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Víctor Alcides Díaz Nolasco y por agrupaciones ilícitas.
Los condenados a 34 años de prisión son José Lisandro Portillo, Fredy Vladimir Avilés, José Rodrigo Martínez, Juan José Galdámez, Johnny Alexander Rodríguez, Marvin Zelaya, Jonathan David Barrientos, Giovanni Pérez y José Miranda. Otros cuatro pandilleros fueron condenados a cuatro años de prisión.
El juez manifestó que no se pudo comprobar la participación de los ahora condenados en el momento de cometer los hechos, porque el testigo dijo que no estuvo presente al momento que se le quitó la vida a las personas, solo estuvo en el transporte de los cuerpos.
Según la declaración del testigo con criterio de oportunidad trabajo desde el 2002 en el sector de La Campanera, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, realizando programas de “reinserción” de pandilleros a la sociedad, ganándose así la confianza de los mareros y conociendo el nivel jerárquico que la estructura poseía.
Asimismo, declaró que el 6 mayo del 2017 en horas de la noche recibió una llamada del procesado Juan José Galdámez, quien le dijo que les tenía que hacer un viaje sino quería que se ejecutara a su familia, narrando que subieron tres bultos a su vehículo y que hasta después se dio cuenta que lo que había transportado era el cuerpo de un exmilitar, por este caso fueron absueltos porque carecía de prueba pericial.
Posteriormente dijo que el 17 de julio del 2017 volvió a recibir otra llamada del mismo sujeto, quien le volvió a decir lo mismo que tenía que trasportar otro cuerpo, pero que unos mareros se iban a desplazar con él para asegurase que no los denunciara.
Además, contó que el 18 de julio volvió a recibir otra llamada para transportar otro bulto, que después se enteró que era el cuerpo de un agente de la PNC, pero que él ya se sentía culpable de estar ayudando por temor a los mareros y que el 19 de julio del 2017, él se presentó a la PNC para declarar lo que había sucedido una noche antes, narrando que ese día quedó detenido, pero que él ya no quería seguir ayudado a la estructura.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
