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Judicial

Condenan a ocho años de cárcel al coronel Sigifredo Ochoa por delito de peculado

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Foto: FGR

Sigifredo Ochoa Pérez, exembajador de El Salvador en Honduras, fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de peculado, al apropiarse de $41,040 a través del arrendamiento del local donde funcionó la sede diplomática en ese país.

«Yo no tengo ninguna duda que usted don Sigifredo recibió ese dinero. $800 durante 48 meses y $880 por tres meses», le dijo el juez Mauricio Marroquín Medrano, a Ochoa Pérez, al momento de darle a conocer la condena.

El funcionario judicial expresó que los indicios que aportaron los peritos más el testimonio del exconsul en Honduras, Juan José Figueroa, encaminó a la existencia del cometimiento del delito.

«La lógica indica que usted tenía conocimiento de todos esos elementos de peculado y tuvo una conducta dolosa y antijurídica. El tema de la corrupción es un flagelo mundial y en El Salvador no es la excepción», le reprochó el juez a Ochoa Pérez.

Al fundamentar el fallo, el juez expresó que se está frente a un delito especial propio lo cual acreditó la Fiscalía General de la República con la documentación agregada al expediente.

«Es un delito de infracción de deberes que tenía [Ochoa Pérez] la responsabilidad de la administración de los bienes de la embajada en Honduras y tenía que cuidar los fondos públicos. La corrupción afecta mucho los derechos humanos de la población», recalcó Marroquín Medrano.

La Fiscalía General de la República lo acusó de peculado, delito que un funcionario lo comete al sustraer fondos propiedad del Estado, en la vista pública fue probado que entre los años 2005-2009, durante el gobierno de Saca, se aprovechó de su cargo para apropiarse del dinero.

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El delito lo llevó a cabo junto a la hondureña Soledad Funes Donaire de Ramírez y el imputado exonerado, Walter Alfredo Anaya Escalante, entre los tres erogaron fondos en exceso por el canon de arrendamiento de inmueble de la Sede Diplomática de El Salvador en Honduras, por un monto de $107, 920.

Según el ministerio público, la hondureña, entregó $800 durante 48 meses y $880 por tres meses, a través de un acuerdo, y al finalizar el cargo de embajador, ese dinero fue entregado a Escalante. En total Ochoa Pérez recibió $41,040. y Anaya $59,840.00, pero este último fue sobreseído en la audiencia preliminar.

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Pandilleros reclusos son condenados por planear y ejecutar asesinatos

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La Unidad Especializada de Delitos de Homicidio y Antipandillas, de la Fiscalía General de la República (FGR), logró condenar a 28 miembros de pandilla por los delitos de Proposición y Conspiración para cometer el delito de Homicidio. Los terroristas pertenecen a la pandilla Barrio 18 sureños y se encontraban recluidos en el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate, donde habrían cometido los ilícitos.

Según las investigaciones de la Fiscalía, al inicio del mes de abril del año 2019 los condenados comenzaron a planear el asesinato de cuatro miembros de la misma estructura criminal, bajo el supuesto de haber traicionado a dicha organización.

En horas de la tarde, del 12 de abril del año en mención, sin mediar palabra, los procesados comenzaron a golpear a las víctimas hasta asesinar a cuatro de ellas.

Las responsabilidades penales se dividen de la siguiente manera: Nueve pandilleros, líderes de rango medio, fueron condenados a 46 años de prisión por el delito de Proposición y Conspiración para cometer el delito de Homicidio. Mientras que diecinueve miembros de la pandilla fueron sentenciados a 20 años de cárcel por el delito de Homicidio.

El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana validó toda la prueba presentada por los fiscales, en la que resalta la prueba técnica y científica que ha logrado individualizar a cada implicado y la función que cumplió en los hechos acusados.

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Por poseer material pornográfico de menores en su celular es condenado a 10 años de prisión

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Melvin Alexander Herrera González -miembro de la pandilla 18 sureños- alías “chilillo” fue sentenciado a 10 años de cárcel por poseer en su celular, material pornográfico de niñas menores de 15 años; las víctimas no han sido identificadas.

Según la representación fiscal de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA) de Zaragoza, Herrera Gonzáles fue detenido por orden judicial el 17 de septiembre de 2021, en la carretera El Litoral, a 200 metros aproximadamente del redondel Conchalío, del departamento de La Libertad, por el delito de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación y Robo Agravado; sin embargo, al momento de incautar su teléfono celular se encontró el material pornográfico.

La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, donde el juez valoró la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y lo delcaró culpable de los delitos de Utilización de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad en Pornografía a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (8 años de cárcel), y por la Adquisición o posesión de material Pornográfico de Niñas, Niños, Adolescentes o personas con discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (2 años de prisión).

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Condenada a 15 años de prisión por recibir dinero a través de la extorsión  

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Ana Silvia Vásquez Morán pasará sus próximos 15 años tras los barrotes de una prisión por haber recibido dinero a través de un depósito electrónico, que fue exigido con amenazas a muerte.

El fiscal del caso -que conforma el Grupo Antiextorsiones- demostró con diferentes pruebas que la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas desde el 25 de enero del año 2018, en las que le demandaron la entrega de mil dólares.

Al final, la víctima se comprometió con los extorsionistas a entregar $50 dólares de manera mensual.

El 9 de febrero del 2018 se concretó la entrega a través de los servicios electrónicos de una compañía telefónica, y fue depositado a nombre de la incriminada.

Después de las investigaciones pertinentes, la FGR giró la orden de captura contra Vásquez Morán, y posteriormente enfrentó un juicio en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, el cual la declaró responsable del delito de Extorsión Agravada.

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