Judicial
Condenan a 13 años con 4 meses de prisión a Nicola Angelucci en caso Infocentros
Este lunes 13 de diciembre, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel a Nicola Ernesto Angelucci Silva, expresidente del extinto Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) por los delitos de negociaciones ilícitas y peculado.
Por unanimidad los tres jueces han dicho que el exfuncionario cometió los delitos en concurso ideal, es decir que a raíz de las negociaciones ilícitas permitió que se diera el peculado [apropiarse de fondos del Estado] y se diera la apropiación de $6,193,293.88.
En el delito de negociaciones ilícitas, el ministerio Público expuso en el juicio que Angelucci Silva tuvo un dolo directo y existió en él, ese interés de ser parte de Infocentros y del BMI, que actualmente es Bandesal.
Por lo que, al tener conocimiento de lo que ocurría en las dos instituciones, facilitó la participación de Infocentros en la suscripción de la “Red del Desarrollo” también conocido como el convenido madre.
El ministerio público probó el dolo y la voluntad de Angelucci Silva de querer realizar una conducta contraria a la norma, un empleado del exBMI que declaró en la vista pública, dijo que el exfuncionario le instruyó contactarse con el director ejecutivo de Infocentros para hablar sobre la suscripción del convenio madre.
Que Angelucci Silva tenía interés de la suscripción de dicho convenio obviando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), al final el exBMI terminó invirtiendo en la “Red del Desarrollo” pese a que Infocentros no tenía la capacidad para ejecutar el proyecto, por lo que realizó una conducta típica, antijurídica y culpable.
En cuanto al delito de peculado el tribunal ha dejado claro que el imputado tuvo la intensión de sustraer fondos públicos provenientes del extinto Banco Multisectorial de Inversiones y trasladarlos a Infocentros, una asociación privada de la que el mismo Angelucci era presidente, y que según acta del 14 de agosto del año 2018, acordó su disolución y liquidación voluntaria.
Pese a que Infocentros ya había dejado de operar, Angelucci Silva suscribió un convenio sustrayendo del referido banco $240,000 para ser trasladados a la cuenta de la entidad privada bajo su dirección.
El artículo 4 de la ley de creación del exBMI no facultaba suscribir convenios, posteriormente hubo una reforma y para implementar proyectos como “Red del Desarrollo”, se debió seguir un proceso de licitación para adjudicarlo, pero la UACI del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal en informe enviado a la Fiscalía ha dicho que no tuvo ninguna participación en la adjudicación y contratación de Infocentros.
Bandesal, ha confirmado al Ministerio Público que no existe en los archivos de la institución un plan de trabajo seguido por Infocentros y que no había forma de controlar si se cumplieron las obligaciones adquiridas en los siete convenios suscritos.
Tampoco el Banco Central de Reserva y la Corte de Cuentas de la República auditaron los fondos erogados, se le perdió completamente el rastro a los más de $6.1 millones, nunca se supo en que se gastaron.
Las anomalías no solo consistieron en transferir fondos, sino que el exBMI asumió incluso pagos y gastos de Infocentros, las licencias de los servidores que la asociación privada utilizaba, eran cancelados por la institución presidida por Angelucci Silva.
Durante el juicio los fiscales definieron el interés de Angelucci Silva en tener un monopolio en el exBMI e Infocentros, esta última institución de carácter privada en sus estatutos definía que una junta directiva solo podía estar dos años consecutivos al frente, pero Angelucci Silva, se mantuvo por tiempo indefinido porque nunca se hizo una nueva elección.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
