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Judicial

Condenan a 13 años con 4 meses de prisión a Nicola Angelucci en caso Infocentros

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Este lunes 13 de diciembre, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 13 años y cuatro meses de cárcel a Nicola Ernesto Angelucci Silva, expresidente del extinto Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) por los delitos de negociaciones ilícitas y peculado.

Por unanimidad los tres jueces han dicho que el exfuncionario cometió los delitos en concurso ideal, es decir que a raíz de las negociaciones ilícitas permitió que se diera el peculado [apropiarse de fondos del Estado] y se diera la apropiación de $6,193,293.88.

En el delito de negociaciones ilícitas, el ministerio Público expuso en el juicio que Angelucci Silva tuvo un dolo directo y existió en él, ese interés de ser parte de Infocentros y del BMI, que actualmente es Bandesal.

Por lo que, al tener conocimiento de lo que ocurría en las dos instituciones, facilitó la participación de Infocentros en la suscripción de la “Red del Desarrollo” también conocido como el convenido madre.

El ministerio público probó el dolo y la voluntad de Angelucci Silva de querer realizar una conducta contraria a la norma, un empleado del exBMI que declaró en la vista pública, dijo que el exfuncionario le instruyó contactarse con el director ejecutivo de Infocentros para hablar sobre la suscripción del convenio madre.

Que Angelucci Silva tenía interés de la suscripción de dicho convenio obviando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), al final el exBMI terminó invirtiendo en la “Red del Desarrollo” pese a que Infocentros no tenía la capacidad para ejecutar el proyecto, por lo que realizó una conducta típica, antijurídica y culpable.

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En cuanto al delito de peculado el tribunal ha dejado claro que el imputado tuvo la intensión de sustraer fondos públicos provenientes del extinto Banco Multisectorial de Inversiones y trasladarlos a Infocentros, una asociación privada de la que el mismo Angelucci era presidente, y que según acta del 14 de agosto del año 2018, acordó su disolución y liquidación voluntaria.

Pese a que Infocentros ya había dejado de operar, Angelucci Silva suscribió un convenio sustrayendo del referido banco $240,000 para ser trasladados a la cuenta de la entidad privada bajo su dirección.

El artículo 4 de la ley de creación del exBMI no facultaba suscribir convenios, posteriormente hubo una reforma y para implementar proyectos como “Red del Desarrollo”, se debió seguir un proceso de licitación para adjudicarlo, pero la UACI del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal en informe enviado a la Fiscalía ha dicho que no tuvo ninguna participación en la adjudicación y contratación de Infocentros.

Bandesal, ha confirmado al Ministerio Público que no existe en los archivos de la institución un plan de trabajo seguido por Infocentros y que no había forma de controlar si se cumplieron las obligaciones adquiridas en los siete convenios suscritos.

Tampoco el Banco Central de Reserva y la Corte de Cuentas de la República auditaron los fondos erogados, se le perdió completamente el rastro a los más de $6.1 millones, nunca se supo en que se gastaron.

Las anomalías no solo consistieron en transferir fondos, sino que el exBMI asumió incluso pagos y gastos de Infocentros, las licencias de los servidores que la asociación privada utilizaba, eran cancelados por la institución presidida por Angelucci Silva.

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Durante el juicio los fiscales definieron el interés de Angelucci Silva en tener un monopolio en el exBMI e Infocentros, esta última institución de carácter privada en sus estatutos definía que una junta directiva solo podía estar dos años consecutivos al frente, pero Angelucci Silva, se mantuvo por tiempo indefinido porque nunca se hizo una nueva elección.

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Condena de 20 años de cárcel por homicidio en plena vía pública

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Foto: FGR

A cumplir una condena de 20 años de prisión han sido sentenciados Carlos Mauricio Cuéllar Hernández y Cristian Alberto García, luego que la Fiscalía General de la República demostró participación en el crimen de un hombre, en un hecho registrado en el año 2020, en las cercanías del Ministerio de Hacienda.

La Unidad de Vida de la FGR dio a conocer que la vista pública fue desarrollada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, instancia en la que aportó suficiente prueba de cargo debidamente fundamentada. Al final del juicio, el Tribunal emitió el fallo conforme a lo solicitado por Fiscalía y procedió a declararlos culpables e impuso la pena ya descrita.

El juez, fundamentó la condena en declaraciones de testigos, así como vídeos captados por el sistema de videovigilancia de la zona.

La investigación determinó que el asesinato fue consumado el 8 de agosto del año en referencia sobre el Bulevar Los Héroes y la Calle Gabriela Mistral en San Salvador, precisamente cuando la víctima estaba cerca de un semáforo. Fue así que los dos involucrados llegaron a bordo de una motocicleta, se parquean a la par de la víctima y uno de ellos le asestó al menos 6 disparos de arma de fuego.  

La Fiscalía consideró que el delito fue Homicidio Agravado, debido a que la víctima estaba desarmada, mientras sus atacantes, uno portaba un arma de fuego y ambos se movilizaron en una moto.

El móvil se determinó judicialmente que fue por rivalidad.

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Bessy Ríos denuncia ante la Fiscalía un supuesto pacto criminal entre los exfiscales Meléndez y Melara para protegerse las espaldas

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Tomado de Diario El Salvador

Este jueves 26 de mayo, la abogada Bessy Ríos interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso en contra de los exfiscales de la república Douglas Meléndez y Raúl Melara por los delitos de incumplimiento de deberes y omisión en la investigación.

Ambos exfiscales habrían evitado que el papá de Raúl Melara, el abogado Romeo Melara Granillo fuera investigado y procesado por la compraventa de un terreno valuado en $2,500, ubicado en Ciudad Delgado, cuya «vendedora» tenía cuatro meses de fallecida, según la denunciante.

«En diciembre de 2018 se le avisó a Douglas Meléndez por parte del señor Gerardo Maltez que se había otorgado la compraventa de la señora Zoila Celestina Muñoz en el mes junio de 2018 con una corrección en noviembre del mismo año, pero que al revisar en el Centro Nacional de Registros (CNR) la señora Muñoz había fallecido en abril del 2018, por lo que era imposible que hubiera otorgado la compraventa», explicó Ríos, quien acudió a inteponer la demanda.

Agregó que el documento de la venta del inmueble se elaboró en el despacho jurídico de Romeo Melara Granillo, padre de Raúl Melara.

«El señor Douglas Meléndez todavía tuvo un mes después de recibir las correcciones para proceder en contra del abogado Melara, sin embargo, no hizo nada. Raúl Melara asume el cargo como fiscal el 3 enero de 2019, el 8 de ese mismo mes, mandó a secuestrar toda la documentación por dicho aviso», expuso Ríos.

Según la demandante, en diciembre de 2019, quien interpuso el aviso, Gerardo Maltez era jefe de registro del CNR y fue acusado por el exfiscal Melara de pertenecer a una red que había estafado y extorsionado. Maltez fue arrestado en su domicilio.

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«La Fiscalía emitió varios tuits donde aseguraban que el señor Maltez es un delincuente, el propio Melara en su cuenta personal de Twitter publicó que «el señor Maltez es un delincuente». Tras ser capturado don Gerardo pasó 2 años en la cárcel acusado de 17 delitos, de los 17 él ha ganado todos los casos», indicó la abogada.

La intención del aviso es que el actual titular de la Fiscalía se abstenga de apelar estos procesos a favor del señor Maltez, «porque es evidente que aquí hubo otra cosa», segun la denunciante.

«Mi pregunta y el cuestionamiento es, haber, Douglas Meléndez tuvo un mes y no hizo nada, cuando entra Melara al que meten preso, es al que avisa de las irregularidades y el notario [Romeo Melara Granillo] donde se cartuló todo, está impune. Esperamos que el actual fiscal ya no vaya a apelar las resoluciones a favor del señor Maltez», detalló.

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Fiscalía logra que 3 sujetos acusados de la desaparición de 4 víctimas se mantengan en prisión provisional

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Con suficientes pruebas, la Fiscalía General de La República (FGR) logra que 3 sujetos acusados de la desaparición de 4 víctimas se mantengan en prisión provisional.

El Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador dio validez a las pruebas presentadas por la FGR.

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