Judicial
A juicio tres empleados de Corte de Cuentas por maquillar auditoría en alcaldía de Chinameca, San Miguel
En el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador comenzaron a ser procesados tres empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) acusados de maquillar auditorías para favorecer a alcaldías de la zona oriental.
Los procesados son: Ismael Pereira Vásquez, quien ha estado fungiendo como director regional de la zona Oriente de la CCR, Ramón Armando Alvarado, jefe de equipo y el auditor prófugo Manuel Enrique Díaz Paiz.
El ministerio público acusa a los tres funcionarios por el delito de incumplimiento de deberes por haber favorecido supuestamente a la alcaldía de Chinameca, departamento de San Miguel.
En el expediente se detalla que los acusados hicieron una auditoría financiera en la referida alcaldía en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.
«Durante la realización de la auditoría financiera básicamente limpiaron un informe, quitando 15 hallazgos que debieron ser incorporados en el informe final», dijo el fiscal del caso.
«Según las investigaciones, los imputados dejaron los informes de auditoría en limpio pese a que sí existían hallazgos que reportar», publicó la Fiscalía luego de judicializar el caso en el cual solicitó que sigan en prisión.
El pasado 13 de julio, 10 empleados de la Corte de Cuentas entre ellos los tres imputados enfrentaron una audiencia por supuestamente maquillar auditorías en las comunas de los municipios de Bolívar, Chilanga y Comacarán, entre los años 2016 y 2018.
En la audiencia de imposición de medidas el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, decretó medidas alternar a la detención para nueve procesados que fueron detenidos por la Policía y en el caso de Manuel Enrique Díaz Paiz giró orden de captura por ser prófugo.
Una investigación inicial del ministerio público ha detectado que los 10 imputados habrían favorecido aproximadamente 45 alcaldías del oriente del país, hasta el momento se han judicializado el caso de cuatro municipalidades.
Los acusados según la Fiscalía se aprovecharon de sus cargos para omitir información de auditorías y evitar que exfuncionarios municipales enfrentaran juicios de cuentas por mal uso de los fondos públicos.
Judicial
Logran que constructora pague indemnización a familia de trabajador que murió en La Puerta del Diablo
El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que la empresa que ejecuta obras en el parque nacional Puerta del Diablo, indemnizará a la familia de un joven trabajador quien falleció el pasado 2 de septiembre, al despeñarse mientras trataba de huir de un ataque de abejas.
El joven Douglas Enrique Ortiz, fue atacado por abejas cuando trabajaba en una estructura a una altura considerable. Al ser picado, trató de escapar pero, por no poseer equipo adecuado como arneses y otros, cayó al vacío muriendo en el acto.
«Hoy anuncio que hemos logrado que la empresa reconozca una fuerte indemnización a la madre del joven fallecido en el proyecto en la Puerta del Diablo en Planes de Renderos», dijo el funcionario.
Agregó que el propósito de su ministerio «es llevar justicia laboral», y que en el pasado «los poderosos imponían sus criterios y, ante pérdidas de vida y accidentes laborales de sus trabajadores, solo reemplazaban a las víctimas como piezas desechables», comentó.
«Esa impunidad se ha terminado, estamos llevando justicia incluso en las zonas rurales donde antes estos accidentes pasaban desapercibidos y las personas humildes, dada su sencillez aceptaban lo que el patrón decidía», manifestó.
Castro se refirió además al caso de dos niños que resultaron intoxicados en una finca en Ahuachapán, luego de manipular agroquímicos con los que trabajaban para su patrono. «Gracias a Dios ambos están con vida, pero el empleador deberá pagar indemnización grande y proporcional a los daños ocacionados a las dos familias de los menores», advirtió.
Detalló que el MINTRAB garantizará que los pagos se hagan de forma inmediata a las familias afectadas.
«Sabemos que nunca una cantidad borrará el dolor y el sufrimiento, pero es una medida de justicia y reparación para las víctimas. Ver los rostros de personas humildes que nos manifiestan que no tenían esperanza, pero que ahora se sienten satisfechos porque se ha reconocido el daño y protegidos sus derechos, nos compromete aún más para avanzar por este camino», añadió.
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) allanaron, este martes, varias propiedades en San Salvador y Cuscatlán relacionadas con el trailero salvadoreño Nelson Orlando Escobar Andrade, capturado el pasado 28 de agosto luego que la Policía de Nicaragua descubriera en su camión 240 kilos de anfetaminas valorados $3,604,747.
La Fiscalía salvadoreña indicó que en los registros incautó “dos escopetas, tres armas de fuego y dinero en efectivo” y junto con la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Yamileth Pérez Fabián y a Hugo Edgardo Peñate a quienes acusan de tenencia ilegal de armas de fuego. En el mismo operativo también reportaron el arresto de Francisco Javier Meléndez por receptación de vehículo automotor ligado a Escobar Andrade.
Las autoridades recordar que el cargamento incautado en Nicaragua era transportado en un trailer placas salvadoreñas C71200 que inició su traslado de Guatemala con destino a Costa Rica.
“Escobar manejaba un furgón con placas salvadoreñas y transportaba más de 240 kilos de anfetaminas, con un valor comercial de más de tres millones de dólares. Los 200 paquetes iban ocultos entre un cargamento de detergentes”, resumen la FGR el reporte de las autoridades nicaragüenses.
Escobar Andrade fue detenido tras una revisión en el puesto fronterizo de El Espino, municipio de San Lucas departamento de Madriz, Nicaragua.
La Fiscalía General de la República (FGR) realizó este martes un allanamientos en cinco inmuebles que pertenecen al expresidente del Bandesal, Juan Pablo Durán, acusado de corrupción.
Entre los inmuebles intervenidos se encuentra una vivienda, una oficina de asesoría financiera y un bufete jurídico. Esto es «con el fin de fortalecer las investigaciones en su contra y presentarlas ante el Juzgado correspondiente», explicó la Fiscalía.
Durán Escobar es acusado de Actos Arbitrarios y Cohecho Impropio, en perjuicio de la Administración pública.
«La Unidad Especializada contra Lavado de Activos está haciendo efectivas órdenes de registro con prevención de allanamiento a inmuebles relacionados al señor Juan Pablo Durán Escobar, y varias de sus empresas en la que tiene calidad de accionista», detalló el fiscal del caso.
Entre estas empresas intervenidas se encuentran Durán Importaciones, Enlace Inmobiliario, y Asesoría Financiera Integral, entre otras.
El exfuncionario fue detenido el pasado sábado 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Según explicó el presidente de la República, Nayib Bukele, el día de la captura, este estaba siendo investigado por irregularidades durante su gestión, por lo que fue separado del cargo en marzo de 2022.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó este martes que una de las líneas de investigación detalla que Durán habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte.
