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Gobierno salvadoreño combate la impunidad para que se respeten las leyes
El presidente de la república, Nayib Bukele, afirmó que El Salvador ya no es un país donde reina la impunidad, sino un lugar donde se respeta la ley y se procesa a los responsables de hechos delincuenciales.
El mensaje lo publicó el mandatario en su cuenta de Twitter en reacción a la captura de Felipe Carlos Álvarez, quien el fin de semana pasado provocó un accidente de tránsito en la avenida Jerusalén, en San Salvador, al conducir en sentido contrario.
«Transformando un país que tenía impunidad casi absoluta en un país donde se respeta la ley», publicó el presidente Bukele, quien gobierna a El Salvador desde 2019 luego de haber derrotado en las elecciones a los partidos tradicionales ARENA y FMLN.
La administración de Bukele ha combatido la impunidad con la captura de cabecillas e integrantes de pandillas responsables materiales e intelectuales de delitos como homicidios, extorsiones, amenazas y desapariciones forzadas en perjuicio de salvadoreños.
Esas capturas se han logrado por medio del Plan Control Territorial (PCT) —que inició en 2019— y el régimen de excepción —que comenzó el 27 de marzo de este año—, debido al repunte de homicidios que las pandillas provocaron a escala nacional dos días antes.
También se registran detenciones casi inmediatas de personas particulares que cometen diversos delitos, como Álvarez, quien manejó su carro en contrasentido en la avenida Jerusalén, por lo que atentó contra la vida de otros conductores.
Tras viralizarse el video del hecho, que terminó en un choque, la Policía llevó a cabo un operativo de búsqueda, y con órdenes de la Fiscalía procedió a la captura del responsable.
Las denuncias que la población hace en redes sociales son retomadas por las autoridades para proceder a las detenciones, si lo ameritan. Así, la Policía ha capturado a involucrados en asesinatos, agresiones verbales y físicas, conducción peligrosa, robos, asaltos, entre otros.
Los partidos tradicionales siguen atacando las estrategias de seguridad que implementa el Gobierno a favor de la población salvadoreña, y no reconocen los éxitos en esa área.
Por ejemplo, el régimen de excepción ha tenido los votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. ARENA apoyó el primer dictamen que le dio vida a la medida; sin embargo, —al igual que los partidos FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo— negó sus votos para mantenerla vigente.
Para combatir la impunidad, el Gabinete de Seguridad, integrado por Policía, Fiscalía, Defensa Nacional y Ministerio de Justicia y Seguridad, trabaja de forma coordinada.
Ese día, Bukele anunció que enviará un importante paquete de reformas penales a la Asamblea para combatir a las pandillas y al crimen organizado, y además pidió que la institucionalidad defienda los derechos humanos de los salvadoreños honrados, lo que no ocurrió en los gobiernos anteriores.
El Despacho de la Primera Dama Gabriela de Bukele y el Ministerio de Salud (Minsal) lanzaron este día la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
Por medio de esta estrategia, el Gobierno busca promover hábitos saludables desde la etapa preconcepcional, con el fin de fortalecer el bienestar de la niñez y la adolescencia desde el inicio de la vida.
Elisa Gamero, jefa de Proyectos de salud y nutrición del Despacho de la Primera Dama, aseguró que el Gobierno reconoce los desafíos que aún persisten para que la primera infancia goce de un presente y un futuro que les permita alcanzar su máximo potencial.
En ese sentido, se refirió al sobrepeso y la obesidad e indicó que lejos de mejorar, ha mostrado una tendencia creciente, por lo que exige una respuesta inmediata.
«Bajo el liderazgo de la primera dama, Gabriela de Bukele, iniciamos una apuesta decidida para asegurar las condiciones que garanticen una salud integral para todos los salvadoreños desde la primera infancia», afirmó.
De acuerdo con el Sistema de Morbimortalidad en Línea (Simmow), hasta diciembre de 2025, el 12.7 % de las mujeres embarazadas presentaron obesidad.
Mientras que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (ENS), hasta 2021 un 8.3 % de niños menores de 5 años tenían sobrepeso u obesidad.
Asimismo, según la estrategia Crecer y Aprender Saludable (CAS), en 2025 un 38.9 % de escolares también tenía sobrepeso u obesidad.
Además, de acuerdo con el Simmow, hasta 2024 se registraron 1,159 casos de diabetes mellitus y 909 de hipertensión en niños y jóvenes de 8 a 19 años.
La Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia contempla acciones concretas que se llevarán a cabo para reducir las cifras de obesidad y sobrepeso en el país, entre ellas, la territorialización del proyecto, el lanzamiento de una guía de refrigerios saludables, el lanzamiento de la Norma Técnica del Registro y Etiquetado de los Sucedáneos de la leche materna y la actualización de las guías alimentarias para las familias salvadoreñas basadas en sistemas alimentarios sostenibles.
La implementación de esta estrategia cuenta con el respaldo del Gobierno de Canadá y el acompañamiento de aliados como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
El Ministerio de Salud (Minsal) inauguró el lunes la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom (HNNBB).
El nuevo espacio busca fortalecer la atención especializada a la primera infancia, afirmó el ministro de Salud, Francisco Alabi, quien destacó: «Definitivamente viene a darle un soporte a toda la niñez salvadoreña ante situaciones en las cuales se requieren ingresos en áreas monitorizadas con toda la tecnología».
Durante el acto, el titular del Minsal estuvo acompañado por la jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del despacho de la primera dama, Elisa Gamero; el director del hospital, Ángel Alvarado; y representantes de la Fundación Benjamín Bloom, quienes recorrieron las instalaciones.
Alabi explicó que la unidad beneficiará directamente a pacientes pediátricos posquirúrgicos, incluidos niños intervenidos de cirugías cardiovasculares, neurológicas o procedimientos de menor complejidad que requieren monito reo constante, con soporte ventilatorio limitado o de transición, sin necesidad de ventilación mecánica invasiva.
El área dispone de ocho camas hospitalarias, seis columnas cielíticas equipadas, ocho monitores de signos vitales y tres reguladores de succión. Además, cuenta con ocho conexiones de oxígeno suplementario, ocho de aire comprimido, conexiones eléctricas para ventila dores mecánicos y lámparas de reconocimiento.
La inversión fue de $2,029,334, financiados con fondos del hospital Benjamín Bloom, el apoyo de la Fundación Benjamín Bloom y socios estratégicos.
Jonathan Isaac Barrera Barrera y Steven Orlando Castro Ayala, quienes son procesados por el delito de receptación (comprar y vender artículos robados), seguirán en prisión mientras la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones, así resolvió el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.
De acuerdo con la acusación, ambos fueron denunciados por una empresa que detectó un faltante de productos tras realizar un inventario. Entre los artículos están cámaras de videovigilancia, micrófonos, audífonos, micrófonos para karaoke, adaptadores Lightning y cargadores para consolas de juegos PS5, entre otros.
Fuentes judiciales informaron que fue hasta el 26 de marzo de 2026 «que el jefe de seguridad de la empresa encontró en redes sociales la venta de artículos similares a los reportados como faltantes, por lo que entabló comunicación con el oferente para simular una compra».
Al coordinar la compra de los productos en un punto estratégico del Centro Histórico San Salvador, llegaron los dos procesados con una caja igual a la utilizada por la empresa, situación que alertó a la Policía Nacional Civil, que procedió a interceptarlos
El ministerio público detalló que ninguno de los dos sujetos pudo justificaron la legalidad de los productos valorados en $3,500.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía ofreció suficiente prueba de cargo en contra de los dos imputados por lo que se ordenó sigan en la cárcel para ampliar y fortalecer la investigación.
