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Gobierno salvadoreño combate la impunidad para que se respeten las leyes
El presidente de la república, Nayib Bukele, afirmó que El Salvador ya no es un país donde reina la impunidad, sino un lugar donde se respeta la ley y se procesa a los responsables de hechos delincuenciales.
El mensaje lo publicó el mandatario en su cuenta de Twitter en reacción a la captura de Felipe Carlos Álvarez, quien el fin de semana pasado provocó un accidente de tránsito en la avenida Jerusalén, en San Salvador, al conducir en sentido contrario.
«Transformando un país que tenía impunidad casi absoluta en un país donde se respeta la ley», publicó el presidente Bukele, quien gobierna a El Salvador desde 2019 luego de haber derrotado en las elecciones a los partidos tradicionales ARENA y FMLN.
La administración de Bukele ha combatido la impunidad con la captura de cabecillas e integrantes de pandillas responsables materiales e intelectuales de delitos como homicidios, extorsiones, amenazas y desapariciones forzadas en perjuicio de salvadoreños.
Esas capturas se han logrado por medio del Plan Control Territorial (PCT) —que inició en 2019— y el régimen de excepción —que comenzó el 27 de marzo de este año—, debido al repunte de homicidios que las pandillas provocaron a escala nacional dos días antes.
También se registran detenciones casi inmediatas de personas particulares que cometen diversos delitos, como Álvarez, quien manejó su carro en contrasentido en la avenida Jerusalén, por lo que atentó contra la vida de otros conductores.
Tras viralizarse el video del hecho, que terminó en un choque, la Policía llevó a cabo un operativo de búsqueda, y con órdenes de la Fiscalía procedió a la captura del responsable.
Las denuncias que la población hace en redes sociales son retomadas por las autoridades para proceder a las detenciones, si lo ameritan. Así, la Policía ha capturado a involucrados en asesinatos, agresiones verbales y físicas, conducción peligrosa, robos, asaltos, entre otros.
Los partidos tradicionales siguen atacando las estrategias de seguridad que implementa el Gobierno a favor de la población salvadoreña, y no reconocen los éxitos en esa área.
Por ejemplo, el régimen de excepción ha tenido los votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. ARENA apoyó el primer dictamen que le dio vida a la medida; sin embargo, —al igual que los partidos FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo— negó sus votos para mantenerla vigente.
Para combatir la impunidad, el Gabinete de Seguridad, integrado por Policía, Fiscalía, Defensa Nacional y Ministerio de Justicia y Seguridad, trabaja de forma coordinada.
Ese día, Bukele anunció que enviará un importante paquete de reformas penales a la Asamblea para combatir a las pandillas y al crimen organizado, y además pidió que la institucionalidad defienda los derechos humanos de los salvadoreños honrados, lo que no ocurrió en los gobiernos anteriores.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
