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Gobierno salvadoreño combate la impunidad para que se respeten las leyes
El presidente de la república, Nayib Bukele, afirmó que El Salvador ya no es un país donde reina la impunidad, sino un lugar donde se respeta la ley y se procesa a los responsables de hechos delincuenciales.
El mensaje lo publicó el mandatario en su cuenta de Twitter en reacción a la captura de Felipe Carlos Álvarez, quien el fin de semana pasado provocó un accidente de tránsito en la avenida Jerusalén, en San Salvador, al conducir en sentido contrario.
«Transformando un país que tenía impunidad casi absoluta en un país donde se respeta la ley», publicó el presidente Bukele, quien gobierna a El Salvador desde 2019 luego de haber derrotado en las elecciones a los partidos tradicionales ARENA y FMLN.
La administración de Bukele ha combatido la impunidad con la captura de cabecillas e integrantes de pandillas responsables materiales e intelectuales de delitos como homicidios, extorsiones, amenazas y desapariciones forzadas en perjuicio de salvadoreños.
Esas capturas se han logrado por medio del Plan Control Territorial (PCT) —que inició en 2019— y el régimen de excepción —que comenzó el 27 de marzo de este año—, debido al repunte de homicidios que las pandillas provocaron a escala nacional dos días antes.
También se registran detenciones casi inmediatas de personas particulares que cometen diversos delitos, como Álvarez, quien manejó su carro en contrasentido en la avenida Jerusalén, por lo que atentó contra la vida de otros conductores.
Tras viralizarse el video del hecho, que terminó en un choque, la Policía llevó a cabo un operativo de búsqueda, y con órdenes de la Fiscalía procedió a la captura del responsable.
Las denuncias que la población hace en redes sociales son retomadas por las autoridades para proceder a las detenciones, si lo ameritan. Así, la Policía ha capturado a involucrados en asesinatos, agresiones verbales y físicas, conducción peligrosa, robos, asaltos, entre otros.
Los partidos tradicionales siguen atacando las estrategias de seguridad que implementa el Gobierno a favor de la población salvadoreña, y no reconocen los éxitos en esa área.
Por ejemplo, el régimen de excepción ha tenido los votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. ARENA apoyó el primer dictamen que le dio vida a la medida; sin embargo, —al igual que los partidos FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo— negó sus votos para mantenerla vigente.
Para combatir la impunidad, el Gabinete de Seguridad, integrado por Policía, Fiscalía, Defensa Nacional y Ministerio de Justicia y Seguridad, trabaja de forma coordinada.
Ese día, Bukele anunció que enviará un importante paquete de reformas penales a la Asamblea para combatir a las pandillas y al crimen organizado, y además pidió que la institucionalidad defienda los derechos humanos de los salvadoreños honrados, lo que no ocurrió en los gobiernos anteriores.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
