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Gobierno salvadoreño combate la impunidad para que se respeten las leyes
El presidente de la república, Nayib Bukele, afirmó que El Salvador ya no es un país donde reina la impunidad, sino un lugar donde se respeta la ley y se procesa a los responsables de hechos delincuenciales.
El mensaje lo publicó el mandatario en su cuenta de Twitter en reacción a la captura de Felipe Carlos Álvarez, quien el fin de semana pasado provocó un accidente de tránsito en la avenida Jerusalén, en San Salvador, al conducir en sentido contrario.
«Transformando un país que tenía impunidad casi absoluta en un país donde se respeta la ley», publicó el presidente Bukele, quien gobierna a El Salvador desde 2019 luego de haber derrotado en las elecciones a los partidos tradicionales ARENA y FMLN.
La administración de Bukele ha combatido la impunidad con la captura de cabecillas e integrantes de pandillas responsables materiales e intelectuales de delitos como homicidios, extorsiones, amenazas y desapariciones forzadas en perjuicio de salvadoreños.
Esas capturas se han logrado por medio del Plan Control Territorial (PCT) —que inició en 2019— y el régimen de excepción —que comenzó el 27 de marzo de este año—, debido al repunte de homicidios que las pandillas provocaron a escala nacional dos días antes.
También se registran detenciones casi inmediatas de personas particulares que cometen diversos delitos, como Álvarez, quien manejó su carro en contrasentido en la avenida Jerusalén, por lo que atentó contra la vida de otros conductores.
Tras viralizarse el video del hecho, que terminó en un choque, la Policía llevó a cabo un operativo de búsqueda, y con órdenes de la Fiscalía procedió a la captura del responsable.
Las denuncias que la población hace en redes sociales son retomadas por las autoridades para proceder a las detenciones, si lo ameritan. Así, la Policía ha capturado a involucrados en asesinatos, agresiones verbales y físicas, conducción peligrosa, robos, asaltos, entre otros.
Los partidos tradicionales siguen atacando las estrategias de seguridad que implementa el Gobierno a favor de la población salvadoreña, y no reconocen los éxitos en esa área.
Por ejemplo, el régimen de excepción ha tenido los votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. ARENA apoyó el primer dictamen que le dio vida a la medida; sin embargo, —al igual que los partidos FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo— negó sus votos para mantenerla vigente.
Para combatir la impunidad, el Gabinete de Seguridad, integrado por Policía, Fiscalía, Defensa Nacional y Ministerio de Justicia y Seguridad, trabaja de forma coordinada.
Ese día, Bukele anunció que enviará un importante paquete de reformas penales a la Asamblea para combatir a las pandillas y al crimen organizado, y además pidió que la institucionalidad defienda los derechos humanos de los salvadoreños honrados, lo que no ocurrió en los gobiernos anteriores.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió oficialmente este miércoles la certificación bajo la norma internacional ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
El reconocimiento fue entregado al titular de la institución, Romeo Rodríguez, por el director general de AENOR para Centroamérica, Arnulfo Pino.
«Esto marca el inicio de una mejora continua que tenemos que realizar en el ministerio. Siempre asegurando principios como la tolerancia cero al soborno y a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, la ética institucional y la protección a los denunciantes», dijo el ministro del MOP.
Durante el acto, el ministro destacó que esta certificación representa un avance en el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, específicamente el artículo 16, que establece la obligación de las instituciones estatales de implementar sistemas antisoborno.
Rodríguez señaló que el MOP cuenta con diferentes mecanismos para recibir denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción o soborno, y entre ellos mencionó el WhatsApp: 7620-5505 y la línea telefónica: 2528-3345. Además, el correo denuncias.soborno@mop.gob.sv.
«El Salvador está siendo pionero al establecer por ley que las instituciones de Gobierno implementen, mantengan y certifiquen un Sistema de Gestión Antisoborno. Ningún país lo había hecho y El Salvador ha dado un paso al frente», agregó Arnulfo Pino.
Ciento quince nuevos voluntarios en la Cruz Roja Salvadoreña se suman a la noble misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Tras completar satisfactoriamente los cursos de primeros auxilios, acceso más seguro, doctrina básica, estatutos y reglamentos de Cruz Roja Salvadoreña, 115 estudiante de la Licenciatura en Anestesiología de la Universidad de El Salvador (UES) oficializaron su incorporación como nuevos voluntarios.
En un acto protocolario, los participantes recibieron su respectivo diploma en compañía de autoridades de ambas instituciones quienes destacaron el compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio de esa nueva generación de voluntarios.
Con entusiasmo y vocación estos jóvenes se preparan para aportar su conocimiento al servicio humanitario y ayudar a las personas en emergencias.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional en contra de Héctor Antonio Zelaya Hernández, de 32 años, quien es acusado de portar ilegalmente un arma de fuego, que iba a entregar a un pandillero, en San Salvador.
De acuerdo a las investigaciones, el pasado 11 de mayo la inteligencia policial fue informada que en la colonia Esmeralda en el Barrio San Jacinto había un sujeto que se disponía a trasladar un arma de fuego a un integrante de una estructura criminal.
Aproximadamente las 9 de la noche, una patrulla policial intervino a Zelaya Hernández, quien ese momento paseaba un perro y quien al ver la presencia de los agentes, mostró una actitud nerviosa.
«Intentó darse a la fuga, motivo por el que (los policías) decidieron intervenirlo mediante tácticas y técnicas de defensa personal. Al registrarlo, le encontraron un arma de fuego tipo pistola calibre 40, con un cargador y diez cartuchos, de la que no pudo presentar documentación que acreditara su legalidad», reza el expediente judicial.
También le encontraron una porción de marihuana. Durante ese procedimiento, según las investigaciones, una persona se acercó e informó que Zelaya Hernández la había amenazado de muerte debido a que no quiso acompañarlo a entregar el arma de fuego a un pandillero.
Durante la audiencia, el Tribunal determinó que existe abundante prueba para ser acusado por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, amenazas con agravación especial y posesión y tenencia.
