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Gobierno salvadoreño combate la impunidad para que se respeten las leyes
El presidente de la república, Nayib Bukele, afirmó que El Salvador ya no es un país donde reina la impunidad, sino un lugar donde se respeta la ley y se procesa a los responsables de hechos delincuenciales.
El mensaje lo publicó el mandatario en su cuenta de Twitter en reacción a la captura de Felipe Carlos Álvarez, quien el fin de semana pasado provocó un accidente de tránsito en la avenida Jerusalén, en San Salvador, al conducir en sentido contrario.
«Transformando un país que tenía impunidad casi absoluta en un país donde se respeta la ley», publicó el presidente Bukele, quien gobierna a El Salvador desde 2019 luego de haber derrotado en las elecciones a los partidos tradicionales ARENA y FMLN.
La administración de Bukele ha combatido la impunidad con la captura de cabecillas e integrantes de pandillas responsables materiales e intelectuales de delitos como homicidios, extorsiones, amenazas y desapariciones forzadas en perjuicio de salvadoreños.
Esas capturas se han logrado por medio del Plan Control Territorial (PCT) —que inició en 2019— y el régimen de excepción —que comenzó el 27 de marzo de este año—, debido al repunte de homicidios que las pandillas provocaron a escala nacional dos días antes.
También se registran detenciones casi inmediatas de personas particulares que cometen diversos delitos, como Álvarez, quien manejó su carro en contrasentido en la avenida Jerusalén, por lo que atentó contra la vida de otros conductores.
Tras viralizarse el video del hecho, que terminó en un choque, la Policía llevó a cabo un operativo de búsqueda, y con órdenes de la Fiscalía procedió a la captura del responsable.
Las denuncias que la población hace en redes sociales son retomadas por las autoridades para proceder a las detenciones, si lo ameritan. Así, la Policía ha capturado a involucrados en asesinatos, agresiones verbales y físicas, conducción peligrosa, robos, asaltos, entre otros.
Los partidos tradicionales siguen atacando las estrategias de seguridad que implementa el Gobierno a favor de la población salvadoreña, y no reconocen los éxitos en esa área.
Por ejemplo, el régimen de excepción ha tenido los votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. ARENA apoyó el primer dictamen que le dio vida a la medida; sin embargo, —al igual que los partidos FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo— negó sus votos para mantenerla vigente.
Para combatir la impunidad, el Gabinete de Seguridad, integrado por Policía, Fiscalía, Defensa Nacional y Ministerio de Justicia y Seguridad, trabaja de forma coordinada.
Ese día, Bukele anunció que enviará un importante paquete de reformas penales a la Asamblea para combatir a las pandillas y al crimen organizado, y además pidió que la institucionalidad defienda los derechos humanos de los salvadoreños honrados, lo que no ocurrió en los gobiernos anteriores.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
