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Gobierno fumiga 166,569 viviendas para prevenir la proliferación del dengue, el zika y chikungunya
Los equipos del Gobierno han fumigado 166,569 viviendas del 1 de enero al 1 de julio como parte de la estrategia del Gobierno para prevenir el dengue, el zika y chikungunya a escala nacional.
Con la fumigación se mata el zancudo transmisor del dengue y se impide que se propague la enfermedad.
Las Ultra Bajo Volumen, (UVB, por sus siglas en inglés) es la técnica efectiva que utilizan los equipos del Gobierno con la cual eliminan todo tipo de plaga y parásitos durante la ejecución de una fumigación, la cual es inofensiva al ser humano, pues no requiere que salga de la casa durante el procedimiento.
La nube que se forma con el químico o insecticida mata al vector adulto que vuela en el área. En promedio semanalmente, desarrollan 6,404 fumigaciones en viviendas, escuelas, iglesias y oficinas.
El proceso es complementado con la entrega de abate para curar el agua de pilas, barriles y cántaros donde se almacena agua e impide que se convierta en el sitio favorito para la puesta de huevos que los convierte en larvas y zancudos.
Al esfuerzo de las fumigaciones y entrega de abate se suma la educación comunitaria sobre cómo reducir los criaderos de zancudos en época de lluvias dentro de las viviendas y fuera de ellas, así como en zonas verdes y de recreo como parques, sobre todo, en época lluviosa.
Como fruto de las charlas educativas, la población toma acciones para la destrucción de criaderos de zancudos que refuercen el trabajo institucional, con miras a reducir el riesgo de padecer las enfermedades que propaga el zancudo Aedes agypti: zika, chikungunya y dengue.
Con esas medidas, las comunidades pueden sufrir molestia por las picaduras de zancudo en época invernal, pero al no estar infectado, el mosquito no propaga la enfermedad.
Todo eso ha permitido que El Salvador vaya por su tercer año sin muertes por dengue y que la población no sufra de dengue hemorrágico que requiere hospitalización.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
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Claudia Ortiz desconfía de las intenciones de la implementación de la cadena perpetua
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.


