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Gobierno busca proteger jurídicamente a las familias afectadas por casos de estafa en adquisición de lotes y viviendas
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene como prioridad crear las condiciones idóneas para proporcionar un techo digno a las familias salvadoreñas y llevar seguridad jurídica a cientos de personas que, desde décadas atrás, se han visto afectadas en casos de estafa en la compra de propiedades, lotes o viviendas.
Un ejemplo de ello fue la iniciativa de ley presentada por parte del Gobierno del Presidente Bukele, a través del Ministerio de Vivienda, a la Asamblea Legislativa, para solucionar la problemática de 245 familias que décadas atrás fueron afectadas en casos de estafa, en el rubro de vivienda, por parte de la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES), una caja de crédito a la que FONAVIPO otorgaba fondos para que esta brindara créditos a las personas para obtener una propiedad. Sin embargo, FONAVIPO no controló el proceder de esta institución y las 245 familias que adquirieron lotes en 12 municipios del país, en el año 1998, nunca recibieron su título de propiedad, según destacó anteriormente la ministra de Vivienda de Vivienda, Michelle Sol.
Posteriormente, el Órgano Legislativo aprobó la Ley Especial para la legalización de los inmuebles adjudicados vía judicial al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra PROCADES. La ley establece que estos inmuebles serán transferidos en donación a favor de las familias que los adquirieron y cancelaron de manera parcial o total su valor.
La ministra de Vivienda destacó que, como este caso, existen otros similares en el país y el Gobierno del Presidente Bukele prevé evitar que cesen este tipo acciones, sobre todo entre los sectores más vulnerables y garantizar una protección jurídica para actuales o posibles nuevos casos.
Además, de esta ley, en junio del presente año, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 81 votos, la Ley Especial Transitoria para la Regularización de las Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, la cual permite que alrededor de 350 mil familias puedan legalizar sus inmuebles adquiridos en lotes o parcelas.
Por ello, la titular de Vivienda sostuvo una reunión con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en la cual abordaron temas relacionados a esta ley, ya que, durante años el Estado dejó sin control ni fiscalización, permitiendo el engaño y estafa a las familias.
“Muchos lotificadores han jugado con las necesidades de la gente y tenemos indicaciones del Presidente Nayib Bukele de velar por las familias y brindarles acompañamiento”, puntualizó la ministra Sol, durante la reunión con el fiscal general de la República.
“Le solicitamos que, cumpliendo los procesos de ley, puedan hacer una investigación en los casos que hemos identificado. Así, las familias podrán tener justicia y que, las personas que intenten aprovecharse de nuestra gente, lo piensen dos veces”, enfatizó la funcionaria.
El objetivo principal es que muchos lotificadores se acerquen al Ministerio de Vivienda y puedan regularizar sus proyectos y seguir el proceso para proporcionar las escrituras a las familias afectadas. “Lo único que vamos a pedir es que hay lotes en zonas de alto riesgo, buscar una zona donde las familias estén seguras, que no corran riesgos y que no estén en zonas de barrancos”, sostuvo la ministra Sol y añadió que en caso de los lotificadores que no actúen apegados a la ley serán denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Proporcionar a las familias salvadoreñas la seguridad jurídica de sus patrimonios es uno de los objetivos principales del Gobierno del Presidente Bukele. Para ello, acudirá a todas las instancias correspondientes y seguirá dando seguimiento por medio del Ministerio de Vivienda.
Cuatro pandilleros fueron condenados a 50 años de cárcel cada uno, por un feminicidio cometido en el distrito de Ilopango, San Salvador Este, así resolvió el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador.
Los condenados son Ricardo Adalberto Cruz, alias zurdo; Marco Antonio Andrés Meléndez, alias spoky; Cristian Xavier Calderón Belloso, alias cricri, y Cristian Ángel Andrés, alias cusu.
La Fiscalía General de la República logró demostrar con prueba documental, pericial y testimonial que los pandilleros cometieron el delito en el 2022.
La investigación determinó que, aproximadamente a las 9:00 p.m., uno de los hombres llegó a la casa de la víctima, quien era una estudiante que residía en la comunidad La Campiña, y debido a la amistad que había entre ambos, ella aceptó salir con él.
«Minutos después, mientras caminaban juntos, llegaron los otros tres y, sin mediar palabra, la golpearon a puño cerrado. Por medio de la fuerza, la hicieron subir a un automóvil y se fueron en dirección a la carretera de Oro. El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente, tirado en una canaleta de la carretera, con un disparo en la cabeza».
Los delincuentes huyeron de la escena, pero tres de ellos fueron capturados en flagrancia posteriormente.
En la investigación también se reveló que la víctima había comenzado a sufrir represalias de la estructura debido a la amistad que tenía con una joven vinculada sentimentalmente a un miembro del grupo terrorista.
Fuentes judiciales explicaron que durante la vista pública se acreditó, a través de activación de antenas telefónicas, que la joven salió de su casa y se reunió con uno de los agresores. Además, el ataque y el momento en que se la llevaron por la fuerza fueron vistos por testigos que identificaron a cada uno de los agresores.
El ministerio público explicó que, a excepción de Andrés, los imputados están recluidos en centros penitenciarios desde donde conocieron la pena carcelaria impuesta.
Los cuatro condenados también están a la espera de otros procesos por su vinculación por agrupaciones ilícitas, al ser integrantes de la pandilla 18 Sureños.
La Asamblea Legislativa autorizó ayer, con 57 votos, la ratificación de un contrato de préstamo para la instalación masiva de luminarias led en ejes viales estratégicos a escala nacional.
Se trata de un préstamo por $23.7 millones otorgado por la empresa AGM El Salvador, firmado el pasado 29 de abril tras la autorización de los legisladores el día 15 del mismo mes, con el que se intervendrán con iluminación tramos críticos en algunas de las carreteras más transitadas del territorio, bajo un modelo de financiamiento de préstamo por la empresa contratista.
El proyecto prioriza la seguridad de los conductores y la eficiencia energética a través de la instalación de luminarias led, las cuales serán desplegadas en puntos estratégicos de la carretera Troncal del Norte, desde San Salvador hasta Apopa.
Además, en la autopista Este-Oeste, conocida como carretera de Oro, en el tramo que conecta a Apopa con el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
Asimismo, incluye la cobertura completa del periférico Claudia Lars y la ruta entre el redondel de Sacacoyo y el puerto de Acajutla, para asegurar que los principales corredores logísticos del occidente y el Área Metropolitana se encuentren iluminados adecuadamente, con ello se reducirá el riesgo de accidentes de tránsito.
De acuerdo con el detalle del decreto aprobado, para ejecutar el proyecto, el Ministerio de Obras Públicas invertirá $26.4 millones y la empresa contratista otorgará un préstamo en especie por $23,785,985.87, mientras que el Gobierno aportará $2,642,887.32, lo que representa el 10 % del valor del contrato.
Según el dictamen 215, emitido por la comisión de hacienda y especial del presupuesto del congreso, «mediante decreto legislativo 550 esta Asamblea autorizó al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o funcionario que designare suscribiere en nombre del Estado un convenio de préstamo en especie con la empresa contratista por el monto antes señalado».
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció el fallecimiento del magistrado Rubén Alvarado, electo titular del organismo para el periodo 2024-2027.
Mediante un comunicado de prensa, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó sus condolencias por la muerte de Francisco Rubén Alvarado Fuentes, electo magistrado titular de ese organismo para el periodo 2024-2027.
Alvarado fue electo de la terna propuesta por el partido FMLN a la Asamblea. Fue secretario para asuntos legislativos y jurídicos de la Presidencia de la República entre 2014 y 2019. Previamente fue director de Migración (2009-2012), y diputado suplente por el FMLN en las legislaturas 2003-2006 y 2006-2009. También fue asesor jurídico del TSE (1999-2008).
El partido de izquierdas rindió honor al magistrado, destacando labor profesional. Alvarado dijo en su entrevista de postulación que no formaba parte del instituto político desde 2019.
Tras la muerte del magistrado, asumiría el cargo su suplente, René Amilcar Claros, quien ha fungido como director de Capacitación y Educación Cívica del TSE y ha participado en 15 eventos electorales (desde 1998 a 2024).
Durante su entrevista de postulación en la Asamblea Legislativa, Claros propuso cambios a la estructura del tribunal y la implementación del voto electrónico a nivel nacional.
