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El Control Territorial permite que productores cultiven sin el temor de ser asediados por pandillas
En las administraciones de ARENA y el FMLN, las pandillas y los grupos criminales afectaron a la población salvadoreña, y el sector agropecuario no estuvo exento de los terroristas, que provocaron luto, dolor migración y miles de hectáreas de tierra quedaron ociosas debido a que estos criminales agredían a los productores y los extorsionaban para dejarlos trabajar. Entre esos afectados estuvo Felipe, un productor de cítricos del occidente del país, a quien los pandilleros le asesinaron a su hermano cuando se dirigía a sus labores cotidianas, porque se atrasó con el pago de la extorsión. La víctima era técnico graduado de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA).
«Ahí asesinaron a mi hermano como consecuencia de la violencia que vivimos en tiempos anteriores. Ahí lo emboscaron», relata el productor.
Otro familiar del técnico dijo: «Para que me lo hayan matado a él, era porque aquí no se podía salir a los terrenos porque ahí andaban rondando los mareros».
El familiar agregó que su hermano le comentó que los terroristas lo contactaron y le exigieron $5,000 para no atentar contra su vida o la de otros parientes. La víctima entregó el dinero; sin embargo, los mareros lo asesinaron.
«La razón por la que lo asesinaron fue por la maldita renta [extorsión]», lamentó el hermano. Agregó que a raíz de esa pérdida dejaron de producir la tierra y los demás familiares migraron hacia Estados Unidos.
Otra afectada por los grupos terroristas fue Lucila, una productora de flor de jamaica. A ella y su familia los mareros les quemaron entre 10 y 15 manzanas de terreno cada año como medida de presión para que pagaran la extorsión. «He sido una mujer que he estado en los últimos 12 años luchando, porque ha sido muy doloroso uno de mujer enfrentarse a esta situación delincuentes y este tipo de situaciones que no has llevado a empobrecernos, en el área agrícola», aseguró la agricultora.
Lucila lamentó que en las administraciones anteriores no podía controlar sus cosechas. «Es como un desgaste económico y cada año teníamos ese mismo problema porque no teníamos protección del Gobierno y no podíamos denunciar ante las autoridades», dijo.
Para fortuna de Lucila, Felipe y miles de agricultores esa situación comenzó a cambiar con la llegada del presidente Nayib Bukele, que desde junio de 2019 implementó el Plan Control Territorial (PCT) y garantizó que los productores volvieran a cultivar las tierras.
El agro se reactivó aun más con la puesta en marcha del combate frontal contra las maras, con lo que los pandilleros cesaron el acoso a los agricultores debido a que la Policía Nacional Civil (PNC) junto con la Fuerza Armada han detenido a más de 65,000 terroristas de las diferentes pandillas.
«Señor ministro, si un día mira al presidente en persona dígale de mi parte muchas gracias por esto que hace. Si no fuera por el régimen de excepción, nosotros no estuviéramos contando la historia. Nos vino a ayudar en un 90 % tanto en agricultura, comercio y todo nos ha ayudado bastante. Aquí se mira el apoyo que es el humanitario», enfatizó el productor.
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, ha externado que ahora ya tienen más agricultores y ganaderos en aquellas tierras que fueron abandonadas o que eran campamentos de esas plagas (mareros) que ahora se maquillan y huyen.
«Da tristeza saber que mientras en las zonas urbanas los pandilleros mataban a una persona solo por ir a otra colonia, en el campo las asesinaban solo por recoger sus naranjas, mandarinas y demás cosechas. Espero en Dios, todos sean capturados», expresó Domínguez.
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BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.
El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.
Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.
Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.
Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.
Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.
La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.
Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.
Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.
Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.
Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.
Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.
Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.
Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
