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Critican actuar de la FGR por permitir que fiscal Guerra siga en casos pese a su cuestionado trabajo
El Juzgado del Tribunal Especializado de Sentencia realizó, este miércoles, la Audiencia Especial, para ventilar el proceso contra el exfiscal Luis Martinez, un exdirector de la Fiscalía y dos abogados.
La medida tenía como objetivo la entrega de todos los registros de audios que constan en el proceso y por los cuales aún no han sido juzgados los procesados, pero también los audios de otras personas contra quienes no se está preparando aún la Vista Pública, específicamente el empresario Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez.
De acuerdo, al abogado Hernán Cortez, que participó en la citada audiencia, se determinaron varias ilegalidades, que afectan el proceso y que están demostrando la falta de imparcialidad de la Jueza de Sentencia, pues en primer lugar, tramita una solicitud por parte de Mario Calderón, quien afirma ser querellante en el caso, por haber retirado a la abogada Bertha De León, cuando ya ha concluido el plazo para solicitar ser querellante, de hecho la Jueza, ni siquiera notificó previamente esa decisión a las partes; luego se está autorizando la entrega de audios sobre personas, que ni están participando en esa etapa del proceso, vulnerando su derecho a la intimidad, pues aún no se ha determinado la legalidad o no de las supuestas escuchas en el proceso mismo y las solicitan para divulgarlas en las redes sociales y medios periodísticos que se prestan al amarillismo, destacó el litigante.
Al respecto Hernán Cortez, también confirmó que por parte de la Fiscalía se presentó a reforzar la solicitud, la fiscal Mayra Raquel Guerra, quien está siendo aun procesada por delitos como falsedad documental agravada, fraude procesal e intervenciones ilícitas de telecomunicaciones; y contra quien existen varias denuncias penales en trámite, entre ellas una por la fabricación de un acta de entrevista sobre un testigo con régimen de protección, que no habría venido al país, pero en el que se han sostenido dos procesos penales, contra Enrique Rais. Para Hernán Cortez, esto solo es muestra que la Fiscalía sigue aplicando los mismos métodos que bajo la administración de Douglas Meléndez, y que los fiscales que fabricaron los casos contra el empresario, para que no se conozca la verdad, pretenden seguir manipulando el sistema, creando más procesos penales, sobre todo cuando ya dos Jueces han reconocido en las últimas semanas, que no se trata de hechos de crimen organizado.
Por otra parte, el profesional del derecho, advirtió que no es posible que la Fiscalía siga dejándose manipular por personas inescrupulosas y antiéticos como el abogado Mario Calderón Castillo, que ha montado todas las tramas y mentiras con las que se ha perseguido y dañado a tantos abogados y pretende seguir haciéndolo, ya que en la audiencia claramente expresó que los audios los quiere para que se sigan investigaciones contra Jueces, colaboradores judiciales y litigantes.
“Es una persona desequilibrada, que pretende ganar notoriedad destruyendo a otros profesionales” sentenció Cortez.
A 20 años de cárcel fue condenado Francis Guadalupe Cruz Aguilar, por el delito de homicidio agravado cometido el 24 de diciembre de 2013, en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La pena se la impuso el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, tras revisar la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en el juicio y con la cual demostró que el prófugo asesinó a José Eladio Franco Moreno.
En la acusación expuesta por el ministerio público, Cruz Aguilar fue parte de un grupo de siete pandilleros que interceptó a la víctima para privarla de libertad en El Paisnal.
Fue hasta el 27 de diciembre que encontraron cuerpo de Franco Moreno, desmembrado a la orilla del río Acelhuate, en la jurisdicción de ese distrito.
Para probar la participación que Cruz Aguilar tuvo en el crimen, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de un testigo quien presenció el hecho, su declaración fue clave para que se emitiera la condena.
El testigo dijo que el ahora condenado hizo labores de vigilancia mientras los demás miembros de la pandilla estaban asesinando a la víctima, se apostó en lugar para alertar a los criminales sobre la presencia de autoridades policiales.
Al momento del fallo el tribunal dio validez y credibilidad a la declaración del testigo quien identificó a Cruz Aguilar como parte del grupo criminal y su participación fue activa y clave para ejecutar el crimen.
Por intento de homicidio, la Policía Nacional Civil (PNC), informó que capturó a dos hombres en Aguilares y Chalatenango.
Los arrestados son: Brandon Omar Castillo Rivera quien protagonizó una pelea con Juan Carlos Zamorano Callejas, propietario del bar donde ocurrió el incidente la madrugada del domingo.
Según el informe oficial, cuando la víctima los intentó separar, lo golpearon y apuñalaron de gravedad, tras lo ocurrido huyeron, pero las autoridades luego de llegar a verificar lo ocurrido comenzaron a investigarlos para detenerlos.
Castillo Rivera fue ubicado por agentes de Inteligencia Policial en la calle principal de la colonia Reubicación 2, de Chalatenango Centro.
«Juan Carlos Zamorano Callejas, dueño del local también se dio a la fuga, pero nuestras Fuerzas Especiales lo ubicaron en Aguilares, San Salvador Norte», destacó la PNC.
Los dos capturados serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sean acusados en el juzgado de Paz de Aguilares, por el delito de homicidio tentado.
A siete años de cárcel fueron condenados Wilmer Munguía, Julio Guzmán, Fernando Cruz, Oswaldo Rivera y Carlos Rodezno, por el delito de privación de libertad.
La pena se las impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, al encontrarlos responsables de la desaparición de dos personas el 13 de abril de 2018, en el cantón El Triunfo, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, las víctimas se encontraban comprando verduras cuando fueron interceptadas por los ahora condenados, tras amenazarlas las sometieron y obligaron a bajar de su vehículo para privarlas de libertad.
El tribunal fundamentó la condena tras valorar la prueba anexada al expediente, sobre todo la declaración de un testigo con régimen de protección, quien señaló a los imputados y dijo la participación que tuvieron en el hecho.
