Nacionales
Critican actuar de la FGR por permitir que fiscal Guerra siga en casos pese a su cuestionado trabajo
El Juzgado del Tribunal Especializado de Sentencia realizó, este miércoles, la Audiencia Especial, para ventilar el proceso contra el exfiscal Luis Martinez, un exdirector de la Fiscalía y dos abogados.
La medida tenía como objetivo la entrega de todos los registros de audios que constan en el proceso y por los cuales aún no han sido juzgados los procesados, pero también los audios de otras personas contra quienes no se está preparando aún la Vista Pública, específicamente el empresario Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez.
De acuerdo, al abogado Hernán Cortez, que participó en la citada audiencia, se determinaron varias ilegalidades, que afectan el proceso y que están demostrando la falta de imparcialidad de la Jueza de Sentencia, pues en primer lugar, tramita una solicitud por parte de Mario Calderón, quien afirma ser querellante en el caso, por haber retirado a la abogada Bertha De León, cuando ya ha concluido el plazo para solicitar ser querellante, de hecho la Jueza, ni siquiera notificó previamente esa decisión a las partes; luego se está autorizando la entrega de audios sobre personas, que ni están participando en esa etapa del proceso, vulnerando su derecho a la intimidad, pues aún no se ha determinado la legalidad o no de las supuestas escuchas en el proceso mismo y las solicitan para divulgarlas en las redes sociales y medios periodísticos que se prestan al amarillismo, destacó el litigante.
Al respecto Hernán Cortez, también confirmó que por parte de la Fiscalía se presentó a reforzar la solicitud, la fiscal Mayra Raquel Guerra, quien está siendo aun procesada por delitos como falsedad documental agravada, fraude procesal e intervenciones ilícitas de telecomunicaciones; y contra quien existen varias denuncias penales en trámite, entre ellas una por la fabricación de un acta de entrevista sobre un testigo con régimen de protección, que no habría venido al país, pero en el que se han sostenido dos procesos penales, contra Enrique Rais. Para Hernán Cortez, esto solo es muestra que la Fiscalía sigue aplicando los mismos métodos que bajo la administración de Douglas Meléndez, y que los fiscales que fabricaron los casos contra el empresario, para que no se conozca la verdad, pretenden seguir manipulando el sistema, creando más procesos penales, sobre todo cuando ya dos Jueces han reconocido en las últimas semanas, que no se trata de hechos de crimen organizado.
Por otra parte, el profesional del derecho, advirtió que no es posible que la Fiscalía siga dejándose manipular por personas inescrupulosas y antiéticos como el abogado Mario Calderón Castillo, que ha montado todas las tramas y mentiras con las que se ha perseguido y dañado a tantos abogados y pretende seguir haciéndolo, ya que en la audiencia claramente expresó que los audios los quiere para que se sigan investigaciones contra Jueces, colaboradores judiciales y litigantes.
“Es una persona desequilibrada, que pretende ganar notoriedad destruyendo a otros profesionales” sentenció Cortez.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
