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Autoridades ejecutan operativo casa por casa en colonias de San Martín
Con total calma y sin mostrar temor, los esposos Martínez Olmedo recibieron en su vivienda a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fuerza Armada que realizaban un patrullaje casa por casa en la colonia Tierra Blanca, ubicada en el distrito de San Martín, San Salvador Este.
El operativo forma parte del cerco de seguridad implementado desde el 21 de junio por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que abarca San Bartolo y zonas aledañas. Esta acción tiene como objetivo principal desarticular remanentes de estructuras criminales. En la intervención participan 1,500 soldados y 500 policías.
Durante el procedimiento, los agentes solicitaron a los esposos su Documento Único de Identidad (DUI) y un recibo de servicios básicos, para verificar su identidad y constatar que no estuvieran involucrados en ningún delito ni ocupando ilegalmente la propiedad. Tras comprobar que no tenían antecedentes, se procedió a inspeccionar la vivienda como parte del protocolo.
Los Martínez Olmedo aseguran haber vivido toda su vida en la colonia, la cual estuvo bajo el control de la pandilla 18 Sureños antes de la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022. La presencia de las fuerzas de seguridad, afirman, ha devuelto la tranquilidad a los residentes.
Alicia Martínez, vecina del lugar, expresó su respaldo al operativo mientras descansaba con su nieta fuera de su casa. “Está muy bien lo que andan haciendo, porque antes había mucha presencia de muchachos (pandilleros), pero hoy ya está más seguro. Ya aquí no es nada a como estaba antes”, comentó.
En otra vivienda, Martha Quintanilla y su esposo, propietarios de una tienda desde hace más de dos décadas, señalaron que la reducción de la violencia ha beneficiado directamente su negocio. “Gracias a Dios hoy vendemos más y a veces cerramos como a las 9:30 de la noche, cosa que antes era imposible por los mareros”, afirmó.
La operación continúa en otras residencias de la zona, mientras más de un centenar de elementos de seguridad recorren las calles en busca de individuos vinculados a pandillas. Según las autoridades, estas acciones son parte de la política de seguridad que ha permitido devolver la paz a comunidades que durante años vivieron bajo el control del crimen organizado.
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Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
