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Asamblea inicia hoy el estudio de nueva ley que transformará el sistema de transporte terrestre
La Asamblea Legislativa iniciará hoy el estudio del anteproyecto de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad, que sustituirá a la aprobada y vigente desde octubre de 1995, cuando la presidencia del órgano legislativo la ejercía Gloria Salguero Gross, y Armando Calderón Sol la presidencia de la república, ambos del partido ARENA.
El anteproyecto -enviado por el Ejecutivo la semana pasada- ingresó el lunes a la agenda de la comisión y hoy será explicado públicamente por el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, ante los diputados que integran esa mesa de trabajo legislativo.
Una de las novedades de la propuesta es que crea la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial (DMOV), con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica y presupuestaria, y se «relacionará con el Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas.
La DMOV será la encargada -a partir de la aprobación de la normativa- de toda la organización, planificación, fomento, regulación, vigilancia, supervisión, fiscalización, modernización y control de las diferentes modalidades del transporte público de pasajeros, de carga y «todo lo relacionado a la movilidad, tránsito y seguridad vial». Lo único que no regulará será el régimen ferroviario de carga.
Esa dirección estará conformada por una junta directiva, cuyo presidente será designado por el presidente de la república, y habrá seis representantes, cada uno de ellos designado por los ministerios de Obras Públicas, Economía, Gobernación, Salud, Medio Ambiente y Turismo.
Asimismo, todo el tema de las placas para los vehículos particulares, de carga y colectivo en relación con las medidas, diseño, color y su fecha de vencimiento será establecido por la DMOV, que también tendrá la facultad para permitir «la personalización de las placas», aunque este proceso tendrá un costo distinto, según lo determinen las tarifas del Fondo de Actividades Especiales.
Al igual que en la normativa vigente, la nueva ley regulará el servicio de transporte público de pasajeros, pero habrá cambios sustanciales. Por ejemplo, actualmente las unidades para poder prestar el servicio a la población no deben exceder los 20 años de fabricación, pero la propuesta del Ejecutivo es que «la vida útil de las unidades» no exceda «los 15 años de fabricación».
En su artículo 40, la iniciativa de ley del Ejecutivo señala que los empresarios estarán «obligados a brindar el servicio en unidades de transporte que garanticen la seguridad de los usuarios y la protección del medio ambiente».
Una de las quejas que la población expresa frecuentemente en redes sociales es en contra de los empresarios del transporte público porque los buses y microbuses que prestan el servicio están en mal estado, y además generan grandes cantidades de humo que contaminan el medio ambiente.
El proyecto de ley propone también que se instalen en los buses y los microbuses cámaras de seguridad, un gobernador de velocidad (para regular la velocidad máxima del automotor) y que se adopte el sistema de caja única y la tarifa electrónica. La DMOV definirá el plazo en que estos cuatro requisitos entrarán en vigencia.
«Para el cobro de la tarifa autorizada al usuario, deberá utilizarse un sistema electrónico que automatice el cobro de la misma», determina la nueva normativa, la cual -al igual que la vigente- establece que las concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros serán por 10 años, prorrogables.
En diciembre del año pasado, la nueva Asamblea Legislativa extendió hasta diciembre de 2022 el pago del subsidio a los transportistas, pero mandató que los empresarios iniciaran con la mejora en las unidades, a fin de brindar un mejor servicio a la población.
El otro tema que aborda la nueva ley son las multas. Por las faltas leves ya no se pagará $11.43, sino $50; las graves pasarán de $34.29 a $100 y las muy graves de $57.14 a $150.
Actualmente, la esquela por la falta muy grave de conducir bajo los efectos de las bebidas embriagantes, estupefacientes o enervantes es de $57.14, pero el proyecto de ley propone que sea de $150. Con este monto también serán multados los conductores que se nieguen a ser sometidos a exámenes antidoping para determinar si manejan bajo la ingesta de algún estupefaciente.
La falta muy grave por conducir haciendo uso del celular u otro dispositivo de comunicación será sancionado con $150; actualmente, la esquela es de $57.14. La falta grave por bajar o subir pasajeros en lugares no permitidos o esquinas ya no será multada con $34.29, sino con $100. La falta leve por hacer giro en «U» en lugares donde no es permitido ya no será infraccionado con $11.43, sino con $50.
José Urbina, diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de obras públicas, informó ayer que los motoristas del transporte colectivo que acumulen varias infracciones se les decomisará la licencia y será devuelta hasta que paguen las esquelas.
Para supervisar y controlar el cumplimiento de la nueva normativa será creada una Inspectoría General, que estará adscrita a la DMOV, y que también será la encargada de vigilar y supervisar a las escuelas y las examinadoras de manejo, los centros de emisión de gases y los talleres mecánicos.
Un accidente de tránsito se registró este mediodía sobre la carretera que conecta Santa Ana con Chalchuapa, cuando un microbús de transporte escolar perdió el control y terminó volcado a un costado de la vía, generando alarma entre los transeúntes y automovilistas.
De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo era utilizado para repartir estudiantes. Por razones aún no determinadas, el conductor perdió el control, provocando el aparatoso percance. Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron rápidamente a la escena para brindar atención médica de emergencia.
En el incidente resultaron lesionadas dos personas: Alexandra Jazmín Padilla, de 19 años, y Marvin Alfredo Cáceres, de 24 años. Ambos fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados a un centro asistencial para recibir atención especializada.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron a la zona para realizar la inspección correspondiente y coordinar las labores de remoción del vehículo, a fin de restablecer el paso y evitar mayores complicaciones en el tráfico vehicular.
Las intensas lluvias que han afectado el oriente del país en las últimas horas provocaron el colapso de un muro de bloques en el caserío El Chacalín, cantón El Norte, en el municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán. La estructura, que formaba parte de una vivienda, cayó sobre dos vehículos que se encontraban estacionados, causando daños materiales considerables.
De acuerdo con los primeros reportes, el muro había sido construido por los habitantes de la zona hace aproximadamente un mes, pero no contaba con un sistema adecuado de filtración de agua. Las lluvias recientes habrían debilitado la base de la estructura, ocasionando su derrumbe.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas como resultado del incidente. Sin embargo, Protección Civil se desplazó al lugar para brindar apoyo a la familia afectada, evaluar el nivel de riesgo en la zona y prevenir futuros accidentes similares, especialmente con el pronóstico de más lluvias en los próximos días.
Las autoridades han exhortado a la población a tomar precauciones, especialmente en zonas donde hay estructuras improvisadas o recientes, ya que la saturación del suelo y la falta de drenaje pueden aumentar el riesgo de colapsos.
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TOME NOTA: Inicia veda del camarón para proteger la especie y regular su comercialización
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció que, desde este 2 de mayo y hasta el 15 de junio de 2025, estará vigente la veda nacional de camarón marino en El Salvador. La medida, que fue acordada en conjunto con el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), busca proteger el ciclo reproductivo de esta especie y promover la sostenibilidad en las zonas costeras.
La veda tiene como objetivo principal garantizar la conservación del camarón marino, una especie clave para la economía de comunidades pesqueras. El MAG subrayó que la medida es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y asegurar la disponibilidad del recurso en el futuro.
Es importante destacar que la veda no impide la comercialización ni el consumo de camarón marino, siempre y cuando el producto provenga de reservas existentes en comercios, restaurantes o establecimientos debidamente autorizados. Para ello, se requiere que los actores del sector pesquero presenten el Formulario de Control de Inventario ante CENDEPESCA en un plazo máximo de tres días tras el inicio de la veda.
Asimismo, el MAG informó que los supermercados, restaurantes, hoteles, comerciantes mayoristas, importadores y exportadores deberán cumplir estrictamente con esta normativa. Las denuncias por pesca o comercialización ilegal de camarón marino podrán ser presentadas en cualquiera de las oficinas de CENDEPESCA a nivel nacional.
