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Asamblea inicia hoy el estudio de nueva ley que transformará el sistema de transporte terrestre
La Asamblea Legislativa iniciará hoy el estudio del anteproyecto de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad, que sustituirá a la aprobada y vigente desde octubre de 1995, cuando la presidencia del órgano legislativo la ejercía Gloria Salguero Gross, y Armando Calderón Sol la presidencia de la república, ambos del partido ARENA.
El anteproyecto -enviado por el Ejecutivo la semana pasada- ingresó el lunes a la agenda de la comisión y hoy será explicado públicamente por el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, ante los diputados que integran esa mesa de trabajo legislativo.
Una de las novedades de la propuesta es que crea la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial (DMOV), con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica y presupuestaria, y se «relacionará con el Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas.
La DMOV será la encargada -a partir de la aprobación de la normativa- de toda la organización, planificación, fomento, regulación, vigilancia, supervisión, fiscalización, modernización y control de las diferentes modalidades del transporte público de pasajeros, de carga y «todo lo relacionado a la movilidad, tránsito y seguridad vial». Lo único que no regulará será el régimen ferroviario de carga.
Esa dirección estará conformada por una junta directiva, cuyo presidente será designado por el presidente de la república, y habrá seis representantes, cada uno de ellos designado por los ministerios de Obras Públicas, Economía, Gobernación, Salud, Medio Ambiente y Turismo.
Asimismo, todo el tema de las placas para los vehículos particulares, de carga y colectivo en relación con las medidas, diseño, color y su fecha de vencimiento será establecido por la DMOV, que también tendrá la facultad para permitir «la personalización de las placas», aunque este proceso tendrá un costo distinto, según lo determinen las tarifas del Fondo de Actividades Especiales.
Al igual que en la normativa vigente, la nueva ley regulará el servicio de transporte público de pasajeros, pero habrá cambios sustanciales. Por ejemplo, actualmente las unidades para poder prestar el servicio a la población no deben exceder los 20 años de fabricación, pero la propuesta del Ejecutivo es que «la vida útil de las unidades» no exceda «los 15 años de fabricación».
En su artículo 40, la iniciativa de ley del Ejecutivo señala que los empresarios estarán «obligados a brindar el servicio en unidades de transporte que garanticen la seguridad de los usuarios y la protección del medio ambiente».
Una de las quejas que la población expresa frecuentemente en redes sociales es en contra de los empresarios del transporte público porque los buses y microbuses que prestan el servicio están en mal estado, y además generan grandes cantidades de humo que contaminan el medio ambiente.
El proyecto de ley propone también que se instalen en los buses y los microbuses cámaras de seguridad, un gobernador de velocidad (para regular la velocidad máxima del automotor) y que se adopte el sistema de caja única y la tarifa electrónica. La DMOV definirá el plazo en que estos cuatro requisitos entrarán en vigencia.
«Para el cobro de la tarifa autorizada al usuario, deberá utilizarse un sistema electrónico que automatice el cobro de la misma», determina la nueva normativa, la cual -al igual que la vigente- establece que las concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros serán por 10 años, prorrogables.
En diciembre del año pasado, la nueva Asamblea Legislativa extendió hasta diciembre de 2022 el pago del subsidio a los transportistas, pero mandató que los empresarios iniciaran con la mejora en las unidades, a fin de brindar un mejor servicio a la población.
El otro tema que aborda la nueva ley son las multas. Por las faltas leves ya no se pagará $11.43, sino $50; las graves pasarán de $34.29 a $100 y las muy graves de $57.14 a $150.
Actualmente, la esquela por la falta muy grave de conducir bajo los efectos de las bebidas embriagantes, estupefacientes o enervantes es de $57.14, pero el proyecto de ley propone que sea de $150. Con este monto también serán multados los conductores que se nieguen a ser sometidos a exámenes antidoping para determinar si manejan bajo la ingesta de algún estupefaciente.
La falta muy grave por conducir haciendo uso del celular u otro dispositivo de comunicación será sancionado con $150; actualmente, la esquela es de $57.14. La falta grave por bajar o subir pasajeros en lugares no permitidos o esquinas ya no será multada con $34.29, sino con $100. La falta leve por hacer giro en «U» en lugares donde no es permitido ya no será infraccionado con $11.43, sino con $50.
José Urbina, diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de obras públicas, informó ayer que los motoristas del transporte colectivo que acumulen varias infracciones se les decomisará la licencia y será devuelta hasta que paguen las esquelas.
Para supervisar y controlar el cumplimiento de la nueva normativa será creada una Inspectoría General, que estará adscrita a la DMOV, y que también será la encargada de vigilar y supervisar a las escuelas y las examinadoras de manejo, los centros de emisión de gases y los talleres mecánicos.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que ayer, lunes 3 de marzo, no se reportaron homicidios en el territorio nacional.
«Finalizamos el lunes 03 de marzo, con 0 homicidios en el país», detalló la institución de seguridad en su cuenta oficial de X.
Los días 1, 2, 3 y 4 de marzo no ha habido muertes a causa de la violencia.
Las autoridades han señalado que esto es el resultado de la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, lo que permitió que miles de pandilleros han sido llevados ante la justicia para pagar sus crímenes.
En 2024 El Salvador cerró con una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes, lo que lo ha posicionado como el país más seguro del hemisferio occidental.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó sobre la intensa actividad sísmica en la zona del distrito de Conchagua y sus alrededores.
De acuerdo con información oficial, desde las 10:09 a. m. del pasado 5 de febrero hasta las 4:00 a. m. del 4 de marzo de 2025, se han registrado un total de 857 sismos, de los cuales 30 han sido percibidos por la población.
Las autoridades señalan que esta actividad sísmica se debe a la activación de fallas geológicas en la región.
También, aseguran que los equipos de la institución mantienen un monitoreo constante y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que ya se está trabajando para reducir los riesgos en la época lluviosa, con el objetivo de cuidar de la vida de la población.
«Hemos creado un plan para atacar, desde antes del invierno, las causales de emergencias», destacó Amaya en una entrevista que brindó a canal 10 la madrugada de este martes.
El funcionario detalló que los equipos de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil estarán desplegados en todo el país para atender los puntos más vulnerables.
«Nuestro objetivo es reducir la posibilidad de afectación en zonas que siempre han sido impactadas por las lluvias», detalló.
Previo al inicio del invierno, las autoridades realizan actividades como limpieza de tragantes, ríos, quebradas para minimizar los riesgos de inundaciones. Además del descopado de árboles.
Ayer, el funcionario anunció el inicio de la Jornada de Mitigación, la cual comenzará en el Área Metropolitana de San Salvador, donde se han identificado varios puntos vulnerables, y posteriormente las intervenciones se ampliarán a nivel nacional.
