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Asamblea inicia hoy el estudio de nueva ley que transformará el sistema de transporte terrestre
La Asamblea Legislativa iniciará hoy el estudio del anteproyecto de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad, que sustituirá a la aprobada y vigente desde octubre de 1995, cuando la presidencia del órgano legislativo la ejercía Gloria Salguero Gross, y Armando Calderón Sol la presidencia de la república, ambos del partido ARENA.
El anteproyecto -enviado por el Ejecutivo la semana pasada- ingresó el lunes a la agenda de la comisión y hoy será explicado públicamente por el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, ante los diputados que integran esa mesa de trabajo legislativo.
Una de las novedades de la propuesta es que crea la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial (DMOV), con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica y presupuestaria, y se «relacionará con el Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas.
La DMOV será la encargada -a partir de la aprobación de la normativa- de toda la organización, planificación, fomento, regulación, vigilancia, supervisión, fiscalización, modernización y control de las diferentes modalidades del transporte público de pasajeros, de carga y «todo lo relacionado a la movilidad, tránsito y seguridad vial». Lo único que no regulará será el régimen ferroviario de carga.
Esa dirección estará conformada por una junta directiva, cuyo presidente será designado por el presidente de la república, y habrá seis representantes, cada uno de ellos designado por los ministerios de Obras Públicas, Economía, Gobernación, Salud, Medio Ambiente y Turismo.
Asimismo, todo el tema de las placas para los vehículos particulares, de carga y colectivo en relación con las medidas, diseño, color y su fecha de vencimiento será establecido por la DMOV, que también tendrá la facultad para permitir «la personalización de las placas», aunque este proceso tendrá un costo distinto, según lo determinen las tarifas del Fondo de Actividades Especiales.
Al igual que en la normativa vigente, la nueva ley regulará el servicio de transporte público de pasajeros, pero habrá cambios sustanciales. Por ejemplo, actualmente las unidades para poder prestar el servicio a la población no deben exceder los 20 años de fabricación, pero la propuesta del Ejecutivo es que «la vida útil de las unidades» no exceda «los 15 años de fabricación».
En su artículo 40, la iniciativa de ley del Ejecutivo señala que los empresarios estarán «obligados a brindar el servicio en unidades de transporte que garanticen la seguridad de los usuarios y la protección del medio ambiente».
Una de las quejas que la población expresa frecuentemente en redes sociales es en contra de los empresarios del transporte público porque los buses y microbuses que prestan el servicio están en mal estado, y además generan grandes cantidades de humo que contaminan el medio ambiente.
El proyecto de ley propone también que se instalen en los buses y los microbuses cámaras de seguridad, un gobernador de velocidad (para regular la velocidad máxima del automotor) y que se adopte el sistema de caja única y la tarifa electrónica. La DMOV definirá el plazo en que estos cuatro requisitos entrarán en vigencia.
«Para el cobro de la tarifa autorizada al usuario, deberá utilizarse un sistema electrónico que automatice el cobro de la misma», determina la nueva normativa, la cual -al igual que la vigente- establece que las concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros serán por 10 años, prorrogables.
En diciembre del año pasado, la nueva Asamblea Legislativa extendió hasta diciembre de 2022 el pago del subsidio a los transportistas, pero mandató que los empresarios iniciaran con la mejora en las unidades, a fin de brindar un mejor servicio a la población.
El otro tema que aborda la nueva ley son las multas. Por las faltas leves ya no se pagará $11.43, sino $50; las graves pasarán de $34.29 a $100 y las muy graves de $57.14 a $150.
Actualmente, la esquela por la falta muy grave de conducir bajo los efectos de las bebidas embriagantes, estupefacientes o enervantes es de $57.14, pero el proyecto de ley propone que sea de $150. Con este monto también serán multados los conductores que se nieguen a ser sometidos a exámenes antidoping para determinar si manejan bajo la ingesta de algún estupefaciente.
La falta muy grave por conducir haciendo uso del celular u otro dispositivo de comunicación será sancionado con $150; actualmente, la esquela es de $57.14. La falta grave por bajar o subir pasajeros en lugares no permitidos o esquinas ya no será multada con $34.29, sino con $100. La falta leve por hacer giro en «U» en lugares donde no es permitido ya no será infraccionado con $11.43, sino con $50.
José Urbina, diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de obras públicas, informó ayer que los motoristas del transporte colectivo que acumulen varias infracciones se les decomisará la licencia y será devuelta hasta que paguen las esquelas.
Para supervisar y controlar el cumplimiento de la nueva normativa será creada una Inspectoría General, que estará adscrita a la DMOV, y que también será la encargada de vigilar y supervisar a las escuelas y las examinadoras de manejo, los centros de emisión de gases y los talleres mecánicos.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla resolvió condenar a 13 años de prisión a Miguel Humberto Arroyo Ibarra, por el delito de estafa en perjuicio de tres personas a quienes pidió dinero para inversiones, que resultaron ser falsas.
En 2023 las víctimas entregaron a Arroyo Ibarra, montos de $18,500, $17,000 y $3,000, haciendo un total de $38,500. De acuerdo a la investigación fiscal, el imputado captó ese dinero con la promesa de que sería invertido en una supuesta bolsa de valores y con ello entregaría buenos réditos a las personas que confiaron en él.
Pasó el tiempo y las víctimas no recuperaron ni el capital y mucho menos ganancias, por lo que decidieron denunciar a Arroyo, quien además de cumplir la pena de prisión, deberá devolver el monto de $38,500.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado condenó a penas de hasta 45 años de cárcel a 15 pandilleros que intentaron asesinar a tres personas en abril de 2021 en las cercanías del Barrio San Jacinto de San Salvador.
Según consta en el expediente judicial, en abril de 2021, las víctimas iban a bordo de un vehículo e intentaron ingresar desde el Barrio San Jacinto, hacia la colonia Santa Marta, que era controlada por la MS 13 de la clica Harrison Locos Salvatruchos.
Al observar un carro desconocido con las luces encendidas, los delincuentes intentaron bajar a sus ocupantes y comenzaron a dispararles en múltiples ocasiones.
De acuerdo a las investigaciones, el conductor logró acelerar el vehículo y abandonó el lugar. Luego de la denuncia, las autoridades de seguridad iniciaron una investigación que llegó a la identificación e individualización de los pandilleros responsables del ataque, entre los cuales está el jefe de clica identificado como Enmanuel Adonay Ortiz Orellana, alias ratón, homeboys y colaboradores.
El resto de los condenados son los pandilleros Marvin Alexander Colato Colato, alias colato; Kevin Alexander Cruz González, alias koala; Moisés Eliezer Rivas Rodríguez, alias chele; Alexis Eduardo Lara Quinteros, alias neney; Mauricio Antonio Blanco López, alias chele; Alexis Armando Benavides Marroquín, alias coneja; Bryan Esteven Flores Villafuerte, alias pin pong, goty o payaso; Bryan Alberto Molina Ascencio, alias black; Byron Osvaldo Andrade Meléndez, alias campero; Edwin Josué Vargas Zelaya, alias virolo; Carlos Vladimir Vanegas Martínez, alias vanegas o gatillero; Abdel Eleazar López, Henry Jonathan Núñez Martínez, alias curunco y William Eduardo Rivera Guzmán.
Durante la madrugada de este viernes, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó la colocación de losas en el nuevo sistema de drenajes en el que se trabaja sobre el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la Zona Rosa de San Salvador.
Las autoridades construyen un sistema de detención de aguas lluvias para controlar las inundaciones que se dan en el sector durante el invierno.
«Al revisar las tuberías, encontramos que los drenajes eran insuficientes, por eso tomamos la decisión de construir un sistema que retenga el agua lluvia y la conduzca al drenaje», indicó el funcionario durante la conferencia de prensa que brindó.
«Es una cisterna de detención de aproximadamente 180 metros de longitud; ya llevamos 160 metros excavados y solo faltan 20 metros», detalló.
De acuerdo con Rodríguez, estos trabajos ya cuentan con un avance del 40 % y se espera que al culminar marzo alcance un 50 %.
«Cuando el sistema esté terminado, permitirá que las familias puedan transitar sin riesgo, evitando las inundaciones que afectaban constantemente este sector», destacó Rodríguez.
Este proyecto incluye la construcción de pozos de conexión y nuevas estructuras de drenaje que permitirán canalizar de forma eficiente el agua lluvia hacia el sistema, reduciendo acumulaciones en la vía.
