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Asamblea inicia hoy el estudio de nueva ley que transformará el sistema de transporte terrestre
La Asamblea Legislativa iniciará hoy el estudio del anteproyecto de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad, que sustituirá a la aprobada y vigente desde octubre de 1995, cuando la presidencia del órgano legislativo la ejercía Gloria Salguero Gross, y Armando Calderón Sol la presidencia de la república, ambos del partido ARENA.
El anteproyecto -enviado por el Ejecutivo la semana pasada- ingresó el lunes a la agenda de la comisión y hoy será explicado públicamente por el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, ante los diputados que integran esa mesa de trabajo legislativo.
Una de las novedades de la propuesta es que crea la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial (DMOV), con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica y presupuestaria, y se «relacionará con el Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas.
La DMOV será la encargada -a partir de la aprobación de la normativa- de toda la organización, planificación, fomento, regulación, vigilancia, supervisión, fiscalización, modernización y control de las diferentes modalidades del transporte público de pasajeros, de carga y «todo lo relacionado a la movilidad, tránsito y seguridad vial». Lo único que no regulará será el régimen ferroviario de carga.
Esa dirección estará conformada por una junta directiva, cuyo presidente será designado por el presidente de la república, y habrá seis representantes, cada uno de ellos designado por los ministerios de Obras Públicas, Economía, Gobernación, Salud, Medio Ambiente y Turismo.
Asimismo, todo el tema de las placas para los vehículos particulares, de carga y colectivo en relación con las medidas, diseño, color y su fecha de vencimiento será establecido por la DMOV, que también tendrá la facultad para permitir «la personalización de las placas», aunque este proceso tendrá un costo distinto, según lo determinen las tarifas del Fondo de Actividades Especiales.
Al igual que en la normativa vigente, la nueva ley regulará el servicio de transporte público de pasajeros, pero habrá cambios sustanciales. Por ejemplo, actualmente las unidades para poder prestar el servicio a la población no deben exceder los 20 años de fabricación, pero la propuesta del Ejecutivo es que «la vida útil de las unidades» no exceda «los 15 años de fabricación».
En su artículo 40, la iniciativa de ley del Ejecutivo señala que los empresarios estarán «obligados a brindar el servicio en unidades de transporte que garanticen la seguridad de los usuarios y la protección del medio ambiente».
Una de las quejas que la población expresa frecuentemente en redes sociales es en contra de los empresarios del transporte público porque los buses y microbuses que prestan el servicio están en mal estado, y además generan grandes cantidades de humo que contaminan el medio ambiente.
El proyecto de ley propone también que se instalen en los buses y los microbuses cámaras de seguridad, un gobernador de velocidad (para regular la velocidad máxima del automotor) y que se adopte el sistema de caja única y la tarifa electrónica. La DMOV definirá el plazo en que estos cuatro requisitos entrarán en vigencia.
«Para el cobro de la tarifa autorizada al usuario, deberá utilizarse un sistema electrónico que automatice el cobro de la misma», determina la nueva normativa, la cual -al igual que la vigente- establece que las concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros serán por 10 años, prorrogables.
En diciembre del año pasado, la nueva Asamblea Legislativa extendió hasta diciembre de 2022 el pago del subsidio a los transportistas, pero mandató que los empresarios iniciaran con la mejora en las unidades, a fin de brindar un mejor servicio a la población.
El otro tema que aborda la nueva ley son las multas. Por las faltas leves ya no se pagará $11.43, sino $50; las graves pasarán de $34.29 a $100 y las muy graves de $57.14 a $150.
Actualmente, la esquela por la falta muy grave de conducir bajo los efectos de las bebidas embriagantes, estupefacientes o enervantes es de $57.14, pero el proyecto de ley propone que sea de $150. Con este monto también serán multados los conductores que se nieguen a ser sometidos a exámenes antidoping para determinar si manejan bajo la ingesta de algún estupefaciente.
La falta muy grave por conducir haciendo uso del celular u otro dispositivo de comunicación será sancionado con $150; actualmente, la esquela es de $57.14. La falta grave por bajar o subir pasajeros en lugares no permitidos o esquinas ya no será multada con $34.29, sino con $100. La falta leve por hacer giro en «U» en lugares donde no es permitido ya no será infraccionado con $11.43, sino con $50.
José Urbina, diputado de Nuevas Ideas e integrante de la comisión de obras públicas, informó ayer que los motoristas del transporte colectivo que acumulen varias infracciones se les decomisará la licencia y será devuelta hasta que paguen las esquelas.
Para supervisar y controlar el cumplimiento de la nueva normativa será creada una Inspectoría General, que estará adscrita a la DMOV, y que también será la encargada de vigilar y supervisar a las escuelas y las examinadoras de manejo, los centros de emisión de gases y los talleres mecánicos.
Rosa Lilian Hidalgo fue declarada culpable de abusar de un adolescente de 14 años de edad en el distrito de Conchagua, La Unión Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en las últimas horas que la mujer fue condenada a 20 años de prisión.
El informe fiscal revela que Hidalgo se aprovechó de la confianza que existía y abusó del adolescente en varias ocasiones.
Dichos abusos fueron cometidos entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, hasta que un familiar de la víctima denunció lo que sucedía.
Un sujeto perteneciente a grupos de pandillas y que se dedicaba a la extorsión fue puesto bajo arresto por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
La captura fue confirmada este jueves al mediodía por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien señaló que el detenido fue identificado como Carlos Daniel Martínez Pérez, alias Chocoyo.
El detenido pertenece a la pandilla MS13 con grado de homeboy y se dedicaba a las extorsiones y a mantener en zozobra a la población.
De igual forma, las autoridades señalaron que el sujeto tenía un tatuaje alusivo a grupos de pandillas, lo que confirmó su vinculación con estructuras terroristas.
Nacionales
Barney, líder de la MS y reclamado por Estados Unidos, recibe una condena de 12 años de prisión
Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», cabecilla de la clica Normandis Locos Salvatruchos de Sonsonate y reclamado por Estados Unidos, fue condenado como imputado ausente a 12 años de cárcel, por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que cometió el delito de tráfico ilícito cuando fue detenido con seis kilogramos de cocaína, valuados en $150,000, en un procedimiento en el Puerto de La Libertad.
El caso fue conocido por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, pero fue absuelto en la vista pública porque la droga no fue embalada debidamente por la Policía y tras una apelación se ordenó un nuevo juicio en los tribunales de San Salvador.
Estando el expediente en la capital, el pandillero también fue favorecido con medidas alternas a la detención por un delito grave como es el tráfico ilícito, pese a que la normativa menciona que por ese tipo de ilícitos no se puede otorgar beneficios.
«Barney» comenzó cumpliendo con las medidas y se presentaba a firmar, pero cuando se acercaba la fecha del juicio huyó. El 18 y 25 de septiembre de 2015, tenía que haber llegado a firmar al Tribunal Quinto de Sentencia, pero al no comparecer, el 1 de octubre de ese año le giraron orden de captura, la cual fue ratificada tras la condena, al mismo tiempo se ha ordenado a la Fiscalía tramitar la emisión de difusión rojo con la Oficina Central Nacional (OCN) de la Policía Internacional (Interpol).
El expediente contra «Barney» lleva 16 años en los tribunales, cuando fue exonerado en Santa Tecla, la Fiscalía presentó en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con una casación solicitando que se anulara la sentencia.
En el 2014, el tribunal superior le dio la razón al ministerio público y se ordenó un nuevo juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia donde se suspendió ocho veces la vista pública tras una serie de escritos de la defensa, entre ellos una recusación, finalmente la causa llegó al Tribunal Quinto de Sentencia.
Entre el historial delictivo que tiene incluye expedientes abiertos en su contra por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y en Washington, el Departamento de Justicia, le abrió otro proceso por el decomiso de 118 kilogramos de cocaína encontrados en una embarcación que estaba abandonada en la playa Metalío, Sonsonate; el 7 de noviembre del 2012.
En las indagaciones de la DEA descubrieron que el cabecilla de la MS estuvo enviando droga a Estados Unidos desde el 2010. De los 118 kilogramos, supuestamente «Barney» ya había retirado del sector 82 kilogramos que habría vendido al Cartel de Texis a principios del 2000.
