Internacionales
Primera caravana migrante en el Gobierno de Sheinbaum
Una movilización integrada por cientos de personas migrantes partió el sábado 5 de octubre desde la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, con destino a la capital mexicana como primer destino y buscará avanzar a la frontera norte, para llegar a Estados Unidos, sin acompañamiento de organizaciones o activistas.
La caravana migrante es la primera tras los primeros días del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien los migrantes le pidieron una «frontera humana, sensible, libre tránsito y mayor seguridad ante la presencia del crimen organizado».
«A esta caravana, el Gobierno federal, estatal y municipal le vamos a dar acompañamiento con agentes de seguridad pública y protección civil, además de paramédicos, con el objetivo de que tengan una salida tranquila de nuestro municipio”, dijo el secretario de Protección Civil de Tapachula, Luis Demetrio Martínez , previo a la salida de la caravana del parque central Miguel Hidalgo.
Este grupo de personas indocumentadas de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Centroamérica, Haití y de países de África, previo a su salida, se arrodillaron y realizaron una oración para pedir un camino seguro y que las autoridades mexicanas les permitan avanzar a su destino.
Política migratoria «más humana»
La venezolana Maryoris Blanco, quien camina con su familia, confió en que la presidenta de México tenga buenas propuestas de trabajo, pero se requiere una política migratoria «más humana» y que los migrantes sean incluidos porque buscan libre tránsito para llegar a la frontera norte con Estados Unidos.
“A nosotros realmente nos ven a veces como invasores, pero no somos invasores, somos un país que está muy mal: Venezuela y ahora se va poner peor, eso es lo que pedimos que sea más humana, más sensible, que nos saque algún tipo de documento y que nos dejen tranquilos”, dice.
Mientras que el migrante colombiano Rodrigo Álvarez asegura que muchos, como él, van con la intención de buscar a sus familias que están en Estados Unidos y decidieron abandonar Tapachula porque ya pasaron suficiente tiempo y se les está acabando el dinero.
“Nos unimos todos para venir con mayor seguridad, porque en grupos pequeños somos abusados todos por la población mexicana, a la presidenta Sheinbaum le pedimos que nos apoye con seguridad para que no seamos abusados por tanta violencia”, apuntó.
La salida masiva de los migrantes ocurre cuatro días después de que el Ejército mexicano reveló que el pasado martes, día de la toma de poder de Sheinbaum, dos militares mataron a seis migrantes de nacionalidad egipcia, salvadoreña y peruana tras confundirlos con delincuentes mientras se transportaban en dos vehículos en un tramo entre Villa Comaltitlán y Huixtla, municipios de Chiapas.
Sheinbaum dijo el viernes que hay una estrategia para frenar la llegada de migrantes a México y evitar su cruce hacia Estados Unidos, que incluye vuelos de repatriación hacia los países de origen.
Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se incrementó el papel de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad en el país.
La detención diaria de migrantes en la frontera de Estados Unidos ha caído un 66 % de diciembre a septiembre, según el Gobierno mexicano, pero la migración irregular a través de México se elevó un 193% interanual en la primera mitad del año hasta superar las 712.000 personas, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
Internacionales
Epidemia de ébola se extiende a una sexta provincia de República Democrática del Congo
La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se extendió a una sexta provincia en el norte del país, informó este jueves Jean Kaseya, director de la agencia de salud de la Unión Africana (Africa CDC).
La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola, considerada ya como la más importante de su historia y en vías de convertirse también en la más mortífera.
Hasta ahora, cinco provincias congoleñas habían reportado casos: Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur; Kivu del Norte; Kivu del Sur; Alto Uelé y Tshopo. A esta lista se suma Bajo Uelé, ubicada en el norte del país y fronteriza con la República Centroafricana.
Kaseya informó que una persona falleció a causa del ébola en Bajo Uelé después de haber viajado desde Alto Uelé, en el noreste del país. El funcionario realizó estas declaraciones durante un intercambio en línea con periodistas este jueves.
Según las autoridades, la actual epidemia ha causado más de 2.128 muertes entre 4.566 casos confirmados, apenas tres meses después de su declaración.
El brote más mortífero registrado anteriormente en el país provocó cerca de 2.300 muertes entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.
Originada en la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC, la actual epidemia afecta a varias provincias del noreste y este del país, algunas densamente pobladas, donde la presencia del Estado es frágil y las infraestructuras sanitarias se encuentran muy desprovistas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia en un plazo de tres meses.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica. En los últimos 50 años, la enfermedad ha causado la muerte de más de 15.000 personas en África.
