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Presidente colombiano Juan Manuel Santos estaría detrás del atentado contra su persona asegura Nicolás Maduro
La tarde de este sábado, se produjo al menos dos explosiones en el momento en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, daba un discurso en Caracas durante el acto de conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Tras las explosiones, el anillo de seguridad presidencial reaccionó rápidamente para proteger al mandatario con escudos kevlar.
Posteriormente el ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, confirmó que se trataba de un atentado fallido, explicando que efectivos militares entrenados derribaron dos drones cargados con explosivos.
Como resultado de las explosiones, 8 uniformados de la GNB resultaron heridos, mientras que el jefe de Estado, al igual que su gabinete, salieron ilesos del atentado y fueron evacuados.
¿Quiénes estarían detrás de este fallido atentado?
En su mensaje a la nación tras el atentado contra su vida, Maduro informó que parte de los autores materiales ya han sido capturados. Además dijo que esos detenidos, a los que denominó como «sicarios», ya han sido procesados.
«Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida, y se encuentran ya procesados», aseguró. Maduro también acusó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, de ser uno de los responsables del fallido atentado, en complicidad con la «ultraderecha» venezolana.
«Ha sido capturada parte de la evidencia, y no voy adelantar pero ya la investigación está muy avanzada. Sin lugar a dudas hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Y no tengo dudas que todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado», agregó.
«Estoy seguro aparecerán todas las pruebas, pero los primeros elementos de investigación apuntan a Bogotá. Por eso los anuncios dramáticos del final de Maduro, del final del régimen. Es que Juan Manuel Santos entrega la Presidencia (colombiana) el 7 de agosto, y no se puede ir sin echarle una broma a Venezuela, una maldad», continuó.
Entre tanto, el grupo anónimo denominado ‘Soldados de Franela’ se atribuyó en redes sociales la autoría de la ‘Operación Fénix’, el nombre que han dado al fallido atentado. En su cuenta de Twitter, el grupo explica que la «operación era sobrevolar 2 drones cargados de C4» y que su objetivo era el palco presidencial. «Francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo», ha advertido.
Además, los ‘Soldados de Franela’ han emitido un comunicado a través de la periodista Patricia Poleo, prófuga de la justicia venezolana, luego de que la Fiscalía la acusara de formar parte del asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en el 2004– en el que detallan los motivos que les llevaron a ejecutar la ‘Operación Fénix’.
La respuesta de Colombia
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Colombia ha rechazado «enfáticamente» las acusaciones hechas por Maduro contra Juan Manuel Santos. «Resultan absurdos y carecen de todo fundamento los señalamientos de que el mandatario colombiano sería responsable del supuesto atentado», señala la Cancillería en un comunicado.
«Ya es costumbre que el mandatario venezolano culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación. Exigimos respeto por presidente Juan Manuel Santos, por el Gobierno y por el pueblo colombiano», destaca el documento.
Relato del atentado
En su mensaje a la nación, el presidente venezolano relató cómo vivió el atentado. Dijo que al escuchar la primera explosión pensó que se trataba de «un fuego pirotécnico», pero en cuestión «de microsegundos» hubo una segunda explosión que, según el relato del mandatario, ocurrió a su «lado derecho».
En opinión de Maduro, las personas que luego se ven corriendo en las imágenes, lo hicieron por efectos de «la onda explosiva». Luego de eso se activó el dispositivo de seguridad para su resguardo y evacuación.
«No han podido conmigo ni podrán conmigo, y no han podido ni podrán con nosotros, continuaremos el rumbo de una patria que quiere paz, desarrollo, prosperidad», manifestó Maduro, asegurando que tras el fallido atentado está «más decidido que nunca a luchar, a hacer la revolución».
Maduro además aseguró que él es la «garantía de la paz» para que la «burguesía y a la oposición vivan» en Venezuela. «Si algún día me hicieran algo, tendrían que verse las caras con millones de humildes, de obreros, campesinos y soldados en las calles haciendo justicia por su propia mano y no quedaría polvo sobre polvo», añadió.
Según el mandatario, es precisamente eso lo que EE.UU. y la oligarquía colombiana «están buscando», «una Venezuela en guerra civil». «Es muy grave. Se pasaron y se comieron la luz la ultraderecha venezolana en su odio y desesperación. Claro como no viven en Venezuela contratan a un grupo de sicarios que ya están capturados y debidamente procesados», reiteró.
«Las primeras investigaciones indican que varios de los responsables intelectuales financistas» de este atentado residen en el estado de Florida, EE.UU., dijo. Al respecto, manifestó que espera que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, «esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra los países pacíficos como Venezuela».
En opinión del jefe de Estado de la República Bolivariana, la oposición venezolana ha decidido atentar contra su vida debido al «programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica» impulsada por su Gobierno, y que ayudará a «voltear» la difícil situación económica por la que atraviesa el país.
Repudio internacional al atentado
El presidente de Bolivia, Evo Morales,, a través de su cuenta de Twitter, expresó su fuerte rechazo al atentado contra su homólogo venezolano. «Repudiamos enérgicamente una nueva agresión y cobarde atentado contra el hermano presidente Nicolás Maduro y el pueblo bolivariano», escribió Morales. «Después del fracaso en su intento por derrocarlo democrática, económica, política y militarmente, ahora el imperio y sus sirvientes atentan contra su vida», añadió.
El Ministerio de Exteriores boliviano también condenó este «cobarde atentado». La Paz «lamenta profundamente que se use métodos terroristas, que vulneran los principios políticos fundamentales de la democracia, poniendo en riesgo la vida de seres humanos», lamentó la Cancillería.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por su parte, envió una nota de solidaridad a Maduro, en el que repudió el «criminal atentado terrorista» ejecutado por «fuerzas tenebrosas de derecha, que llenos de odio y derrotados en todas partes, pretenden seguir asolando nuestra América y destruyendo los procesos libertarios».
La Cancillería de Cuba, a través de su cuenta de Twitter, también se unión al mensaje de «solidaridad e irrestricto apoyo» a Venezuela y su presidente. «El general de Ejército, Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y el presidente Miguel Díaz-Canel, condenan enérgicamente el intento de atentado» contra Maduro, destacó el Ministerio en otro tuit.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha expresadouna «condena enérgica» al fallido atentado, señalando que tales acciones «evidentemente» tuvieron como objetivo «desestabilizar la situación en el país» tras recientes eventos políticos de importancia en el país sudamericano.
Mientras tanto, la Cancillería de España ha reitera su «firme condena a la utilización de cualquier tipo de violencia con fines políticos», deseando además una «pronta recuperación» a los heridos.
En El Salvador también hubo solidaridad para con el mandatario venezolano por parte del presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, quien también condenó el atentado hacia Maduro.
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¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
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Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
