Internacionales
Polémico debate entre médicos y familiares de una bebé por desconectarla o no de su respirador artificial
El caso de una bebé de nueve meses que necesita un respirador para vivir y que podría ser desconectada de la máquina tiene confrontados a su familia, asociaciones civiles, el hospital y la ley estatal, al revivir un debate sobre el soporte vital en Texas.
Tinslee Lewis nació de manera prematura y padece una anomalía cardiaca que le provoca problemas pulmonares crónicos. Lleva hospitalizada desde su nacimiento, y en julio, cuando tenía unos tres meses, fue enchufada al respirador artificial que la mantiene con vida.
El centro pediátrico de Fort Worth (Texas) en el que Lewis se encuentra ingresada, Cook Children’s Medical Center, determinó a finales de octubre que la bebé no tiene posibilidades de recuperarse, precisará siempre de respiración asistida y que está sufriendo demasiado, por lo que lo mejor, en opinión de los médicos, sería retirarle el respirador y permitir que su vida termine naturalmente.
La familia quiere que la bebé siga conectada, pero la ley estatal permite a los médicos tomar la decisión que consideren mejor para el paciente. En caso de que la familia esté en desacuerdo, la ley le da 10 días para encontrar un nuevo hospital o para acudir ante un juez y pedirle que aplace la cuenta atrás.
Eso es lo que hizo la familia. Los días de plazo expiraron el 10 de noviembre, pero los padres, apoyados por la asociación antiaborto Texas Right to Life, interpusieron una demanda ese mismo día y lograron así una ampliación hasta el 22 de noviembre.
“No considero que lo que están haciendo con mi bebé sea lo correcto”, dijo la madre de Tinslee Lewis, Trinity, a la televisora local KTVT. Tinslee “es una luchadora”, agregó.
El hospital, por su parte, asegura que consultó con otro 20 centros médicos en todo el país y que estos estuvieron de acuerdo en la decisión de retirarle el respirador a la niña. “Creemos que la vida de todos los niños es sagrada, pero también sostenemos que ningún niño debe ser sentenciado a una vida con tanto dolor”, indicó en un comunicado.
“Consideramos que está en el mejor interés de esta hermosa niña liberarla de la intervención médica artificial y del sufrimiento”, agregó el hospital.
Texas Right to Life, la asociación que apoya a los padres, también busca que se derogue la ley de Texas.
“Este estatuto es el más draconiano de su tipo en todo el país. Dar 10 días, y ni siquiera días hábiles, es sumamente inadecuado”, aseguró la abogada Kassi Marks a la televisora KTVT.
El año pasado, el mismo hospital texano recibió permiso judicial para retirarle el soporte a una niña de 9 años, Payton Summers, declarada con muerte cerebral. La familia apeló y luchó por tres semanas para encontrar un hospital que acordara mantener la ventilación artificial para la niña, pero la menor falleció antes de que se retirara el respirador.
Texas es uno de pocos estados, junto con Virginia y California, con una ley que permite a los doctores tomar tal decisión de retirar el tratamiento. Pero el experto Thaddeus Mason Pope, de la escuela de leyes Mitchell Hamline en Minnesota, aseguró a Associated Press que en el resto del país los médicos también toman, en comité, decisiones similares aunque no haya leyes específicas.
El número de muertos por el paso de dos poderosos tifones que azotaron recientemente Filipinas aumentó a 259, mientras millones de personas han sido desplazadas, informaron hoy miércoles las autoridades.
El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Ndrrmc, por sus siglas en inglés) señaló que el tifón Fung-wong, que tocó tierra el domingo como supertifón antes de debilitarse al cruzar el norte-centro de Luzón, dejó al menos 27 muertos y dos desaparecidos.
En un informe separado, el organismo indicó que el tifón Kalmaegi, que impactó el 4 de noviembre, provocó graves inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro del país, causando 232 muertes, 112 desaparecidos y más de 500 heridos.
La mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Cebú, que aún se recupera del terremoto de magnitud 6,9 ocurrido el 30 de septiembre, agregó el Ndrrmc.
Ambos fenómenos desplazaron a millones de residentes y provocaron una destrucción generalizada de viviendas, cultivos e infraestructura clave, incluidas carreteras y puentes, según el organismo.
Fung-wong fue el ciclón tropical número 21 que golpea Filipinas este año, superando el promedio anual de 20 tormentas del país.
Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús cayó a un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú, según autoridades.
El autobús de dos pisos con más de 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, chocó de frente con una camioneta pick up en una curva, en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.
«Tenemos una cifra de 37 fallecidos (…) además de 24 heridos», dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.
Sin embargo, la cifra de muertos puede aumentar porque hay heridos graves, añadió por vía telefónica.
La gran cantidad de siniestros en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad, la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.
El autobús accidentado el miércoles había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la segunda ciudad de Perú.
Tras chocar en el km 780 de la carretera, rodó por un abismo de 200 metros y fue a parar a la orilla de un río, según reportes de prensa que citan a los bomberos.
El portavoz de bomberos Jack Páez indicó que el rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso.
«Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños» entre los heridos, declaró al canal de televisión TV Perú.
La empresa de transporte Llamosas informó que «el conductor del bus falleció».
Un sacerdote llegó al lugar y oró junto a los cuerpos, puestos en fila a la orilla del río, según imágenes enviadas por la fiscalía.
Internacionales
Pandillero interpone recurso ante Corte Constitucional de Guatemala para anular Ley Antipandillas
Un miembro de grupos de pandillas que enfrenta un proceso de condena por el delito de extorsión interpuso ante la Corte Constitucional de Guatemala un recurso de amparo contra la Ley Antipandillas, aprobada y entrada en vigencia recientemente en el país centroamericano.
El recurso presentado por el pandillero, identificado como Dylan Smaily Archila García, asegura que la nueva ley viola sus derechos humanos fundamentales y, además, señala que hubo ciertas irregularidades en su aprobación, según medios locales en Guatemala.
El amparo fue presentado pocas horas después que entrara en vigencia la nueva ley, con la cual el Congreso de Guatemala aumentó las penas por delitos vinculados al accionar de los grupos terroristas, además de facilitar la construcción de una megacárcel similar a lo implementado con el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
Medios guatemaltecos aseguran que, en el recurso, Archila García señala que la aprobación de ley no cumplió con todo lo establecido en la constitución, por lo que pide que se establezca una medida alternativa para su anulación, frenando así su entrada en vigencia.
De igual forma, rotativos locales citan el documento señalando que Archila García asegura que la Ley Antipandillas vulnera sus derechos humanos al no garantizar un proceso de juicio penal en el que pueda comprobar su inocencia, fallando en la garantía de certeza jurídica y seguridad en el debido proceso.
El amparo pretende que la ley sea congelada por medio de un recurso de la Corte Constitucional para, posteriormente, ser dejada sin efecto y que no pueda volver a discutirse al interior del congreso.
La Ley Antipandillas fue una iniciativa promovida por el presidente Bernardo Arévalo ante el incremento de la violencia y el accionar de las pandillas en el territorio de Guatemala. El cuerpo de ley busca establecer mecanismos que permitan un ataque frontal contra las estructuras terroristas que siguen operando en el país.
