Judicial
Eugenio Chicas y familiares son condenados por enriquecimiento ilícito
El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas y su grupo familiar, se enriquecieron ilícitamente y deberán reintegrar al Estado $202,557.51, así resolvió la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.
En la demanda promovida por fiscales de la Unidad Anticorrupción habían solicitado que Chicas, junto a su esposa Blanca Steffany Ayala, la excónyuge Ana Lucía Ramírez y su hijo Carlos Ernesto Chicas González, fueran condenados a pagar $282,494.21.
El ministerio público pretendía que el exfuncionario fuera condenado a regresar $252,306.13 producto de 15 irregularidades, pero su abogado Abel Chavarría, manifestó que en la audiencia probatoria varias inconsistencias fueron desestimadas, por lo que deberá devolver más de $173,705.57.
Según el apoderado de Chicas, los fondos cuestionados son lícitos y acudirán con una apelación ante la Sala de lo Civil ya que la Cámara no tomó en cuenta la pericia de los demandados y las declaraciones de propia parte, es decir el testimonio rendido por Chicas.
La esposa de Chicas, Blanca Stefany Ayala Martínez fue condenada a devolver $11,282, su hijo, Carlos Ernesto Chicas González, $1,080.44 y su exesposa Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50.
Al final de la audiencia los demandados lograron desestimar $79,936.07. En el caso de Chicas, evitó reintegrar $49,784.62 y su exesposa fue exonerada de devolver $1,336.14.
En el fallo, las magistradas aplicaron el artículo 21 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, la cual menciona que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un lapso de diez años.
Así mismo hicieron valer el artículo 20 que ordena a un exfuncionario restituir al Estado el dinero con el cual se enriqueció ilícitamente, esa disposición dice que «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente».
Eugenio Chicas, según lo detallan los fiscales en la demanda, también fue secretario de comunicaciones del expresidente Salvador Sánchez Cerén entre el 2015 al 2018, diputado por el FMLN en la Asamblea Legislativa en los períodos 1994-1997 y 1997-2000 y del Parlamento Centroamericano.
Judicial
20 años de cárcel a pandillero que participó en la desaparición de repartidor de pizzas en Soyapango
El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 20 años de prisión a un pandillero por la desaparición de un repartidor de pizzas ocurrida en el octubre de 2020 en el departamento de San Salvador.
El condenado es José Rolando Toledo Urquilla, quien junto a los imputados ausentes Miguel Humberto Amaya Cruz, Juan Francisco Acevedo Cruz y José Alexander Quijano Villanueva participó en la desaparición del joven Dennis Alexander Menjívar Pineda. Los acusados ausentes también fueron condenados a 20 años de prisión.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el 6 de octubre de 2020, alrededor de la 1:00 de la tarde, Menjívar Pineda llegó a la colonia San Antonio, del distrito de Soyapango, en San Salvador, para hacer una entrega de pizzas a domicilio.
En ese momento, el joven fue interceptado por al menos 10 pandilleros que lo obligaron bajo amenazas a bajarse de la moto y lo golpearon. Pese a estar lesionado, Menjívar Pineda logró escapar de sus atacantes y se fue a refugiar a una vivienda de la colonia.
Con su teléfono celular, intentó pedir un servicio de transporte a través de una plataforma digital, pero ningún conductor quiso ingresar a la colonia San Antonio, debido al control que ejercía la pandilla. También existen registros de que llamó a sus familiares para alertarlos de su situación.
Según las investigaciones, el joven trabajador temió poner en riesgo a la familia que se encontraba en la vivienda donde se había refugiado y decidió salir a la calle. Se sospecha que habría sido nuevamente interceptado por los pandilleros y desde entonces su paradero se desconoce.
Para el juez, quedó plenamente acreditada la participación de los imputados en el delito de desaparición de personas. Además de la pena, el tribunal condenó a los responsables a indemnizar económicamente a los familiares de la víctima.
Menjívar Pineda tenía 22 años y trabajaba en Bambino’s Pizza. El día de su desaparición era su primer día en la sucursal de la pizzería en Soyapango, luego de que había sido transferido desde otro local de la empresa.
Otros pandilleros también han sido condenados por este mismo caso. En septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 23 años de cárcel a los pandilleros Kevin José Ramírez y Nery Vladimir Castillo por la desaparición de Menjívar Pineda.
A los dos sujetos se les impuso ocho años de prisión por robo agravado, ya que se les imputó el robo de la motocicleta que usaba el joven para repartir las pizzas a domicilio, y 15 años más por desaparición de personas.
Más de 200 asesinatos de mujeres salvadoreñas no quedaron impunes, pues en los últimos cuatro años la Fiscalía General de la República (FGR) se encargó de demostrar la culpabilidad de 209 criminales que recibieron amplias condenas por el delito de feminicidio en sus diferentes modalidades.
Según los registros de la institución, el total de feminicidas sentenciados corresponde al período comprendido del 1° de enero de 2021 al 31 de octubre de 2024, de los cuales, 97 fueron condenados este año, 39 recibieron penas carcelarias en 2023, mientras que al cierre de 2021 y 2022 fueron 48 y 25 criminales, respectivamente, a los que se les dictaminó condena de prisión.
En octubre pasado, Carlos Alejandro Salas Pérez, sentenciado a 50 años de cárcel, por asesinar a su expareja el 21 de noviembre de 2018 en San José Guayabal, jurisdicción de Cuscatlán Norte. Por este crimen también fue sentenciado, a 40 años, Francisco Alexander Preza Alas. El día del ataque, la víctima se disponía a efectuar algunas compras para la graduación de kínder de una de sus hijas.
En septiembre, Carlos Humberto Hernández recibió una pena de 69 años por quitarle la vida a su excompañera de vida y lesionar de gravedad a tres personas más que intentaron defenderla el 30 de julio de 2016. La víctima se disponía a visitar a su madre cuando fue interceptada.
Otro condenado en este año es Peter Wachowski, a quien le impusieron 30 años de prisión, por asesinar a su expareja, la exdiputada del partido FMLN, Yanci Urbina, el 29 de mayo de 2022, en la casa de habitación de la pareja.
PROCESADOS POR FEMINICIDIO
Este año varios criminales son procesados por la Fiscalía en los tribunales correspondientes, en uno de los casos se involucra a Luis Carlos Olmedo Medrano, señalado de intentar asesinar apuñaladas a su exnovia en la Universidad de El Salvador (UES) el 30 de octubre.
En pasado 15 de noviembre, la Fiscalía presentó en el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador la investigación final que contiene todas las pruebas en contra de Edwin Mauricio Alvarado Lazo, acusado de asesinar a una niña de siete años en el reparto La Campanera, Soyapango.
REDUCCIÓN DE ASESINATOS CONTRA MUJERES
El plan de seguridad gubernamental ha permitido una reducción significativa de los feminicidios hasta en 95.13 % con relación al total registrado en 2015 cuando bajo el segundo gobierno del FMLN, un toral de 575 mujeres fueron asesinadas. Los registros oficiales de la Fiscalía indican que en 2022 hubo 53 feminicidios, mientras que para el cierre de 2023 fueron 29. Ya para este año, hasta el 31 de octubre, han ocurrido 28, es decir, apenas el 4.86 % del total reportados en 2015.
Sujetos que estafaron a más de 24 víctimas con más de $33,000 continuarán en prisión por requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR). El escrito se presentó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador.
Los 19 imputados continuarán en prisión mientras mientras avanza el proceso en su contra por el delito de estafa agravada, según informó la FGR.
La investigación determina que los acusados estafaron a 24 víctima a quienes les ofrecían paquetes turísticos y de salud que iban desde los $300 hasta los $4,000, sin embargo, nunca pudieron hacer uso del servicio adquirido. Se estima que se defraudó con al menos $33,000.
Los sujetos conformaban la sociedad Dreams Production S.A de C.V y, por la compra de los paquetes, ofrecían a las víctimas derechos a descuentos en hoteles, restaurantes y aseguradoras.
La sociedad fue conformada a inicios de este año de por salvadoreños, colombianos y venezolanos y continuaron operando hasta que los imputados fueron detenidos por orden de la Fiscalía el 20 de noviembre de este año.
