Internacionales
Perdió a su marido, fue torturada y violada por policías para que confesara que era del cártel de Los Zetas
Mónica Esparza Castro fue víctima de tortura y abuso sexual por parte de las autoridades mexicanas; la obligaron a declararse miembro de un cártel de las drogas.
El 12 de febrero de 2013 la vida de Mónica Esparza Castro cambió para siempre luego de que policías municipales detuvieran la camioneta donde viajaba porque la identificaron como miembro del crimen organizado, y decidieron utilizar varias técnicas de torturapara ‘sacarle’ una confesión.
Lo que sería una revisión de rutina se convirtió en un infierno;: fue violada por varios agentes, recibió descargas eléctricas en los genitales, fue asfixiada con una bolsa de plástico, sometida a intentos de ahogamiento en una tina con agua y amenazada con ser descuartizada.
El día de su detención, Mónica viajaba en compañía de su hermano y su esposo; se dirigían a una ferretería en el municipio de Torrerón, Coahuila. Luego de su detención, los policías trasladaron a los tres detenidos a una bodega de la Dirección de Seguridad Pública. En el sitio los interrogaron sobre su supuesta vinculación con Los Zetas.
Al no obtener respuesta, los agentes empezaron a golpear a la jóven y sus familiares. Según su testimonio, primero fue golpeada en el rostro para luego ser ahogada en un tambo. Además fue golpeada en los glúteos con un trozo de madera y amenazada de muerte.
Los policías la obligaron a presenciar cómo torturaban a su hermano y a su esposo, quien fue abusado sexualmente y murió a consecuencia de las heridas que la policía le ocasionó.
Tras haber sido abusada sexualmente por siete agentes, Mónica y sus familiares fueron trasladados a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, donde fue violada por segunda ocasión y amenazada de muerte.
Luego fueron enviados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde su hermano y ella fueron obligados a firmar una confesión en la que se declaraban culpables por los delitos de secuestro y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
«El Ministerio Público de la Ciudad de México le enseñó a Mónica fotos de sus hijos y de su madre. La amenazaron con matar a todos si no confesaba que era miembro de Los Zetas, por ese motivo actualmente está encerrada», dijo Rogelio Menchaca, padre de la víctima, en entrevista para El Universal.
A pesar de que en 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un examen que confirmó que Mónica fue víctima de torturas por parte de las autoridades, hasta ahora no se han formulado cargos contra ninguno de los agresores y ella sigue en prisión.
Mientras la averiguación previa sigue abierta, Mónica está recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (Cefereso 16), en Morelos.
Rogelio Menchaca comentó que debido a sus intentos por liberar a su hija, él y otros miembros de su familia han recibido amenazas por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón a fin de que detengan su investigación sobre lo que ocurrió en el día de la detención.
Hace tres años, otro de mis hijos, el mayor, fue detenido por unos policías para advertirle que nos dejáramos de chingaderas, que dejáramos de buscar información al respecto y que nos fuéramos de aquí. También se molestaron porque buscamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vivir en Torreón se ha vuelto algo muy complicado para nosotros
El testimonio del padre fue recogido este lunes por el periódico nacional, sin embargo, ésta no es la primera vez que la historia de Mónica sale a la luz. En 2016, una investigación elaborada por Amnistía Internacional recopiló 100 casos de víctimas de tortura por parte de la policía; el de Mónica fue uno de ellos.
Con fusiles y mochilas de campaña, 10,000 soldados fueron desplegados el pasado viernes en tres provincias costeras de Ecuador para fortalecer la lucha contra la violencia de grupos narcotraficantes.
El gobierno del presidente Daniel Noboa está decidido combatir con mano de hierro a las numerosas bandas, en momentos en los que el país toca cifras récord de asesinatos y otros delitos.
Cientos de soldados de fuerzas especiales llegaron al aeropuerto de Guayaquil para «reforzar los operativos de seguridad» en las vecinas provincias de Guayas (capital Guayaquil), Manabí y Los Ríos, dijo a la prensa el general Mauro Bedoya, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Allí se ha recrudecido la guerra de organizaciones narco que tienen nexos con carteles internacionales y se enfrentan entre sí por el negocio de la droga.
Ecuador era hasta hace una década un país tranquilo, pero se transformó en el más violento de la región con 52 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2025, uno cada hora, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Según Bedoya, vuelos con militares también aterrizaron en Manta, principal puerto pesquero del país con altos «índices de violencia».
En medio de un inicio de año con un pico de homicidios, Noboa suspendió sus vacaciones y se reunió de urgencia y a puerta cerrada con ministros del área de seguridad y jefes militares y policiales en la sede presidencial, constataron periodistas de la AFP.
El centro colonial de Quito permanece con una fuerte vigilancia.
«La cárcel o el infierno para todo aquel que ponga en riesgo la seguridad», afirmó el ministerio de Defensa en un comunicado.
El titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo, también ordenó que el alto mando castrense opere por tiempo indefinido desde Guayaquil, donde militares inspeccionan los puertos marítimos, estratégicos para el narco.
Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína.
Las autoridades indonesias buscan este sábado un pequeño avión con 11 personas a bordo, con el que perdió el contacto cuando sobrevolaba el este del país, indicaron a AFP responsables de los equipos de rescate.
El avión turbopropulsado, perteneciente a la aerolínea Indonesia Air Transport, viajaba hacia Macasar, en el sur de la isla de Célebes, tras haber despegado de Yogyakarta, en la isla de Java. A bordo iban tres pasajeros y ocho tripulantes.
El contacto se perdió poco después de las 13h hora local (06H00 GMT).
El avión es un ATR 42-500, según ATR, el fabricante francés de este tipo de aparatos de transporte regional turbopropulsados, con sede en Toulouse.
«Los expertos de ATR están totalmente implicados en colaborar con las autoridades indonesias y la compañía», indicó en un comunicado la empresa francesa.
El jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, Muhammad Arif Anwar, declaró que sus equipos fueron desplegados en una zona montañosa de la región de Maros, a unos 42 km de Macasar, en base a la última posición conocida del aparato.
El Ejército del Aire, la policía y voluntarios participan en las búsquedas, añadió.
Por su extensión y su carácter insular, Indonesia depende mucho del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin ningún superviviente.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Estados Unidos afirmó ayer que Irán suspendió 800 ejecuciones de manifestantes ante la presión ejercida por Donald Trump, después de que los países del Golfo parecieran haberlo disuadido de emprender una acción militar contra Teherán por la letal represión de las marchas.
La República Islámica esta sacudida por protestas que empezaron el 28 de diciembre por el aumento del costo de la vida y se convirtieron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.
Las organizaciones de derechos humanos acusan a Irán de llevar a cabo una brutal represión que habría dejado miles de muertos, en un país privado desde hace una semana de acceso a internet.
Según el último balance de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3,428 manifestantes han muerto desde el inicio del movimiento. Las autoridades iraníes no han facilitado ningún balance oficial.
El jueves, la vida había vuelto a la normalidad en Teherán, según un periodista de AFP en la capital iraní. Hace varios días que no se han registrado grandes manifestaciones en el país.
Mientras Washington parecía dar marcha atrás en una eventual acción militar, la Casa Blanca afirmó que «todas las opciones siguen sobre la mesa para el presidente».
«El presidente entiende que se suspendieron las 800 ejecuciones que estaban programadas y que se suponía que iban a tener lugar ayer (miércoles)», declaró a la prensa la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.
Según ella, Trump había advertido a Teherán de «graves consecuencias” si mataba a más manifestantes.
Por su parte, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra funcionarios de seguridad iraníes y redes financieras.
Irán ya es objeto de duras sanciones internacionales por su programa nuclear, que contribuyeron a los problemas económicos que desencadenaron las protestas
Trump afirmó el miércoles que había sido informado «por fuentes muy importantes» de que las matanzas han terminado», mientras que sus aliados del Golfo se esforzaron en disuadirlo de una intervención militar.
Según dijo a la AFP un alto cargo saudita, bajo condición de anonimato, Arabia Saudita, Catar y Omán llevaron a cabo «un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones».
Otro funcionario del Golfo confirmó la conversación y añadió que también se había enviado un mensaje a Irán, indicando que atacar las instalaciones estadounidenses en la zona «tendría consecuencias» para las relaciones regionales de Teherán.
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, advirtió por su parte que su país se defenderá «frente a cualquier amenaza extranjera», en una conversación telefónica con su homólogo saudita, el príncipe Faisal bin Farhan.
