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Nuevas reglas de migración de Estados Unidos violan leyes internas e internacionales
Para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), la administración de Joe Biden no solo continuará violando su propia Ley de Inmigración y Nacionalidad —que permite el derecho al asilo a quienes lo soliciten al llegar a suelo estadounidense—, sino que también usará sus nuevas reglas para rechazar de forma masiva a los inmigrantes.
De acuerdo con la política en vigencia, respaldada por el Título 8, las personas que crucen la frontera de manera irregular sin haberse sometido al proceso para petición de asilo a través de la aplicación CBP One serán deportadas de inmediato. Es decir, el Gobierno despoja por completo de la alternativa de permanecer en Estados Unidos para convertirse en un solicitante de asilo. Desde el pasado 12 de mayo solo se permite que los inmigrantes pidan una protección humanitaria estrictamente fuera de las fronteras estadounidenses.
WOLA señala que la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), que trata del derecho al asilo estando en Estados Unidos, no hace distinción de cómo llega el solicitante al país. «Aquellos que ingresan sin inspección cruzando la frontera terrestre entre los puertos de entrada pueden haber cometido un delito menor, pero no hay nada en la ley que indique que su forma de entrada tenga alguna relación con su elegibilidad para solicitar asilo», enfatiza la organización líder en investigación.
Esto no solo infringe la ley estadounidense, sino también la internacional. La Convención de Refugiados de 1951, de la que Estados Unidos es firmante, tiene como principal fundamento que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad.
Sin embargo, el Gobierno de Biden explicó que negará el proceso a los migrantes que acudan a un puerto de entrada sin una cita. Tampoco dejará entrar a los que pasaron por países de camino hacia Estados Unidos sin buscar asilo y haber sido negado. «No importa cómo y dónde un solicitante de asilo cruzó a Estados Unidos. Tampoco importa por cuántos países haya pasado», destaca WOLA.
«Todavía no sabemos cuán agresiva y completamente los gobiernos de Estados Unidos y México implementarán la nueva regla de “prohibición de tránsito”», aseveró WOLA, ya que el Gobierno mexicano acordó recibir a los migrantes de ciertas nacionalidades que no pueden ser deportados a sus países de origen, como los venezolanos y haitianos.
Los migrantes que sean procesados por el Título 8 se enfrentarán a una «presunción refutable de no elegibilidad para el asilo». Esto significa que tendrán que defender sus solicitudes mientras se encuentran bajo custodia en la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en una llamada telefónica con un oficial.
Si las autoridades estadounidenses consideran que el caso no procede, serán deportados rápidamente y no podrán reintentar el procedimiento hasta dentro de cinco años.
La regla cerraría parcialmente, en un grado histórico y legalmente cuestionable, el derecho a buscar asilo al llegar a suelo estadounidense, como se establece en la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en la Convención de Refugiados de 1951, asevera la organización.
Además, indica que los migrantes adultos solteros podrían ser los más afectados que los que viajan en familia.
«El Título 8 es una desnaturalización dramática del derecho a solicitar asilo. Junto con el proceso de deportación acelerado, impulsarán las deportaciones masivas de personas que de otro modo podrían calificar para el asilo. Es difícil argumentar que esto es consistente con la sección 208», argumentó WOLA.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que hay aproximadamente 660,000 migrantes actualmente en México, incluidos más de 200,000 ciudadanos haitianos y venezolanos, además de 287,000 ciudadanos mexicanos desplazados internamente.
Enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa generan un alto costo humano, con menores como principales víctimas.
Un intenso enfrentamiento en el noroeste de México ha desatado una ola de violencia que afecta principalmente a los habitantes de Sinaloa. El conflicto, que se intensificó tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en Estados Unidos, ha dejado un saldo de al menos 1,200 muertos y 1,400 desaparecidos, según las autoridades locales.
Zambada, quien asegura haber sido secuestrado y transportado en un avión privado por un hijo de su antiguo socio, Joaquín «El Chapo» Guzmán, también recluido en una prisión estadounidense, ha desencadenado una serie de violentos enfrentamientos entre las facciones del Cártel de Sinaloa que buscan el control de la organización criminal.
Óscar Loza, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, informó a la agencia AFP que entre las víctimas fatales se encuentran 39 menores de edad. Además, otros 97 niños han desaparecido en medio de la disputa, según datos de la Fiscalía regional.
El incidente más reciente ocurrió el pasado lunes, cuando dos niñas de 7 y 12 años perdieron la vida al quedar atrapadas en un tiroteo entre miembros de la Guardia Nacional, la Fiscalía y un grupo armado. El enfrentamiento tuvo lugar en el municipio de Badiraguato, conocido como la cuna de «El Chapo» Guzmán y otros capos del cártel.
En el mismo tiroteo resultó herido un niño de 12 años, así como sus padres y otros dos familiares.
Loza, al referirse a la tragedia, expresó: «¿Cuándo se va a reponer la ciudadanía de una herida tan profunda y dolorosa como esta? Nunca. Siempre estarán presentes, no los números, sino esas sonrisas que se apagaron», en un claro llamado a la reflexión sobre el impacto irreparable que está teniendo la violencia en la región.
El conflicto en Sinaloa ha tenido un efecto devastador no solo en el plano humano, sino también en la economía y la vida cotidiana de la capital, Culiacán, y otras poblaciones del estado. La lucha por el poder entre los herederos de «El Chapo» Guzmán y la facción de «El Mayo» Zambada continúa dejando cicatrices profundas en la sociedad sinaloense.
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VIDEO FUERTE | Niño de cinco años se encuentra en grave estado tras ataque de una jauría
Un niño de aproximadamente cinco años fue víctima de un violento ataque por parte de una jauría de perros callejeros en la ciudad de Agra, India. El incidente, que ocurrió en una vía pública, quedó registrado por la cámara de seguridad de una vivienda cercana.
En las imágenes se observa al menor caminando solo cuando dos perros se le acercan, lo derriban y comienzan a morderlo. Segundos después, otros perros se suman al ataque. Afortunadamente, varios transeúntes intervinieron rápidamente para ahuyentar a los animales y poner al niño a salvo, evitando una posible tragedia.
ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad
Un niño de cinco años fue atacado por una jauría de perros callejeros en la ciudad india de Agra. Transeúntes intervinieron justo a tiempo para rescatar al niño
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— CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) May 6, 2025
El video ha generado indignación en redes sociales, donde muchos usuarios denunciaron la falta de control sobre los perros callejeros y la responsabilidad de los dueños que los abandonan en las calles.
Hasta el momento, no se ha brindado información oficial sobre el estado de salud del menor, quien tras el ataque logró ponerse de pie y continuar su camino visiblemente afectado.
Una mujer comerciante en Haití acabó con la vida de al menos 40 pandilleros tras entregarles empanadas envenenadas, en un hecho que ha generado conmoción en la comuna de Kenscoff, distrito de Puerto Príncipe, según informó CNN.
La autora del envenenamiento, cuya identidad no ha sido divulgada por las autoridades, habría utilizado aceite de oruga —un potente pesticida agrícola— como ingrediente en la preparación de los patés, como se conocen localmente las empanadas.
Las víctimas formaban parte de “Viv Ansanm”, recientemente designada como grupo terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Según los reportes, quienes consumieron los alimentos sufrieron severos dolores estomacales y convulsiones, falleciendo antes de recibir atención médica.
Tras el hecho, la mujer se entregó de forma voluntaria a las autoridades locales, alegando haber actuado por cuenta propia y motivada por el temor a represalias. De hecho, tras conocerse el incidente, miembros del grupo armado atacaron su vivienda.
Este suceso se da en un contexto de creciente violencia en Haití. De acuerdo con cifras de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país, más de 1,600 personas han muerto en lo que va del 2025 en incidentes vinculados a bandas armadas, grupos de autodefensa y operativos de seguridad.
