Internacionales
Nuevas reglas de migración de Estados Unidos violan leyes internas e internacionales
Para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), la administración de Joe Biden no solo continuará violando su propia Ley de Inmigración y Nacionalidad —que permite el derecho al asilo a quienes lo soliciten al llegar a suelo estadounidense—, sino que también usará sus nuevas reglas para rechazar de forma masiva a los inmigrantes.
De acuerdo con la política en vigencia, respaldada por el Título 8, las personas que crucen la frontera de manera irregular sin haberse sometido al proceso para petición de asilo a través de la aplicación CBP One serán deportadas de inmediato. Es decir, el Gobierno despoja por completo de la alternativa de permanecer en Estados Unidos para convertirse en un solicitante de asilo. Desde el pasado 12 de mayo solo se permite que los inmigrantes pidan una protección humanitaria estrictamente fuera de las fronteras estadounidenses.
WOLA señala que la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), que trata del derecho al asilo estando en Estados Unidos, no hace distinción de cómo llega el solicitante al país. «Aquellos que ingresan sin inspección cruzando la frontera terrestre entre los puertos de entrada pueden haber cometido un delito menor, pero no hay nada en la ley que indique que su forma de entrada tenga alguna relación con su elegibilidad para solicitar asilo», enfatiza la organización líder en investigación.
Esto no solo infringe la ley estadounidense, sino también la internacional. La Convención de Refugiados de 1951, de la que Estados Unidos es firmante, tiene como principal fundamento que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad.
Sin embargo, el Gobierno de Biden explicó que negará el proceso a los migrantes que acudan a un puerto de entrada sin una cita. Tampoco dejará entrar a los que pasaron por países de camino hacia Estados Unidos sin buscar asilo y haber sido negado. «No importa cómo y dónde un solicitante de asilo cruzó a Estados Unidos. Tampoco importa por cuántos países haya pasado», destaca WOLA.
«Todavía no sabemos cuán agresiva y completamente los gobiernos de Estados Unidos y México implementarán la nueva regla de “prohibición de tránsito”», aseveró WOLA, ya que el Gobierno mexicano acordó recibir a los migrantes de ciertas nacionalidades que no pueden ser deportados a sus países de origen, como los venezolanos y haitianos.
Los migrantes que sean procesados por el Título 8 se enfrentarán a una «presunción refutable de no elegibilidad para el asilo». Esto significa que tendrán que defender sus solicitudes mientras se encuentran bajo custodia en la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en una llamada telefónica con un oficial.
Si las autoridades estadounidenses consideran que el caso no procede, serán deportados rápidamente y no podrán reintentar el procedimiento hasta dentro de cinco años.
La regla cerraría parcialmente, en un grado histórico y legalmente cuestionable, el derecho a buscar asilo al llegar a suelo estadounidense, como se establece en la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en la Convención de Refugiados de 1951, asevera la organización.
Además, indica que los migrantes adultos solteros podrían ser los más afectados que los que viajan en familia.
«El Título 8 es una desnaturalización dramática del derecho a solicitar asilo. Junto con el proceso de deportación acelerado, impulsarán las deportaciones masivas de personas que de otro modo podrían calificar para el asilo. Es difícil argumentar que esto es consistente con la sección 208», argumentó WOLA.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que hay aproximadamente 660,000 migrantes actualmente en México, incluidos más de 200,000 ciudadanos haitianos y venezolanos, además de 287,000 ciudadanos mexicanos desplazados internamente.
La autoridad migratoria de Colombia informó el miércoles de la detención del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, vinculado al asesinato en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones de 2023.
Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en la capital ecuatoriana en un caso que marcó un punto de quiebre en la violencia sin precedentes que sacude al país.
Aguilar llegó al aeropuerto de Bogotá en un vuelo desde México y fue arrestado de inmediato, dijo a la AFP un responsable de prensa de Migración Colombia.
Conocido como «Lobo Menor», el capo es miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador, y está investigado por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Villavicencio, indicó la autoridad en un comunicado que acompañó de fotografías del capo esposado y rodeado de agentes de Interpol.
Las autoridades mexicanas también informaron de la detención de Aguilar en ese país y difundieron fotografías del hombre con la misma ropa.
La AFP contactó a funcionarios de Migración Colombia y aseguraron que Aguilar está en Bogotá y no pudieron explicar si venía detenido desde México.
El presidente izquierdista Gustavo Petro aplaudió en X la captura y calificó a Aguilar como «uno de los asesinos más grandes del mundo».
El arresto ocurre en pleno lío diplomático y comercial entre Ecuador y Colombia, que escala todos los días tras denuncias de Petro sobre un supuesto bombardeo del gobierno de Daniel Noboa en su territorio.
«Este resultado (…) ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México», dijo el presidente colombiano.
En julio de 2024 la justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel a cinco implicados en el magnicidio.
El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
Otra decena de personas está siendo procesada por este caso.
Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas.
«Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera» de su país, añadió.
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que estuvo al frente de las fuerzas armadas ideologizadas durante más de una década.
Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, que gobernó Venezuela con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero. Su destitución se produce en medio de la efervescencia nacional por el primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.
«Agradecemos al G/J (general en jefe) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país», escribió Rodríguez en Telegram.
Momentos después, Padrino le agradeció por «todo el apoyo brindado».
«Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa», escribió Padrino en Telegram.
La mandataria encargada designó en su lugar al también general en jefe Gustavo González López, a quien había designado a cargo de la guardia presidencial y de la temida agencia de contrainteligencia DGCIM pocos días después de asumir el poder.
González encabezó ante el servicio de inteligencia (Sebin).
Rodríguez nombró también este miércoles nuevos ministros para las carteras de Energía Eléctrica y de Vivienda.
«Lealtad y subordinación absoluta»
Padrino era uno de los pocos estrechos aliados de Maduro que permanecían en el gobierno interino. Tarek William Saab renunció en febrero a la fiscalía general después de casi una década de justicia que expertos tildan de servil al chavismo.
El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, sigue en el cargo.
Vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída del mandatario en una incursión militar de Estados Unidos en la que murieron cerca de un centenar de personas, incluidos uniformados.
Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto en ausencia del líder izquierdista. El propio Padrino, en el cargo desde 2014, juró su «lealtad y subordinación absoluta» a Delcy Rodríguez.
«Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas», agregó la mandataria interina, sin detallarlas.
Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, que dice estar a carga del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
Reformó la ley petrolera y promulgó una amnistía histórica, al tiempo que avanza con cambios en su gabinete y en el ejército, entre ellos los generales que comandan la tropa en las regiones de Venezuela.
Fuerza Armada chavista
Bautizada como bolivariana por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), la Fuerza Armada venezolana no esconde su politización. Ha tenido entre sus lemas «¡Patria, socialismo o muerte!» y el actual «¡Chávez vive!».
La Constitución que Chávez impulsó en 1999 concedió el voto a los militares, que además ganaron un inmenso poder con cargos claves en instituciones del Estado.
Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.
El percance registrado en el complejo Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno de izquierda, fue provocado por fuertes lluvias en el estado de Tabasco, que ocasionaron el desbordamiento de aceite de la instalación que luego se incendió, detalló Pemex en un comunicado.
«Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellas, una trabajadora de Pemex», agregó la petrolera estatal.
Otras personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica, añadió.
El incendio se registró al amanecer alrededor de la barda perimetral de un sector donde se almacenan hidrocarburos, informó horas antes la petrolera.
El siniestro fue sofocado dos horas después de que comenzó y «no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores», aseguró la firma.
En redes sociales circularon videos donde se observa las instalaciones petroleras, ubicadas justo en la costa del Golfo de México, devoradas por el fuego en medio de una intensa lluvia.
Según medios locales, entre los fallecidos se encontraría un guardia de seguridad.
La construcción de la refinería Dos Bocas se inició durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). La obra se vio marcada por numerosos retrasos y elevados costos de edificación, además de demoras para su entrada en operación.
Varios accidentes se han registrado en los últimos años en instalaciones de Pemex, en algunos casos con víctimas fatales.
