Internacionales
Nuevas reglas de migración de Estados Unidos violan leyes internas e internacionales
Para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), la administración de Joe Biden no solo continuará violando su propia Ley de Inmigración y Nacionalidad —que permite el derecho al asilo a quienes lo soliciten al llegar a suelo estadounidense—, sino que también usará sus nuevas reglas para rechazar de forma masiva a los inmigrantes.
De acuerdo con la política en vigencia, respaldada por el Título 8, las personas que crucen la frontera de manera irregular sin haberse sometido al proceso para petición de asilo a través de la aplicación CBP One serán deportadas de inmediato. Es decir, el Gobierno despoja por completo de la alternativa de permanecer en Estados Unidos para convertirse en un solicitante de asilo. Desde el pasado 12 de mayo solo se permite que los inmigrantes pidan una protección humanitaria estrictamente fuera de las fronteras estadounidenses.
WOLA señala que la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), que trata del derecho al asilo estando en Estados Unidos, no hace distinción de cómo llega el solicitante al país. «Aquellos que ingresan sin inspección cruzando la frontera terrestre entre los puertos de entrada pueden haber cometido un delito menor, pero no hay nada en la ley que indique que su forma de entrada tenga alguna relación con su elegibilidad para solicitar asilo», enfatiza la organización líder en investigación.
Esto no solo infringe la ley estadounidense, sino también la internacional. La Convención de Refugiados de 1951, de la que Estados Unidos es firmante, tiene como principal fundamento que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad.
Sin embargo, el Gobierno de Biden explicó que negará el proceso a los migrantes que acudan a un puerto de entrada sin una cita. Tampoco dejará entrar a los que pasaron por países de camino hacia Estados Unidos sin buscar asilo y haber sido negado. «No importa cómo y dónde un solicitante de asilo cruzó a Estados Unidos. Tampoco importa por cuántos países haya pasado», destaca WOLA.
«Todavía no sabemos cuán agresiva y completamente los gobiernos de Estados Unidos y México implementarán la nueva regla de “prohibición de tránsito”», aseveró WOLA, ya que el Gobierno mexicano acordó recibir a los migrantes de ciertas nacionalidades que no pueden ser deportados a sus países de origen, como los venezolanos y haitianos.
Los migrantes que sean procesados por el Título 8 se enfrentarán a una «presunción refutable de no elegibilidad para el asilo». Esto significa que tendrán que defender sus solicitudes mientras se encuentran bajo custodia en la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en una llamada telefónica con un oficial.
Si las autoridades estadounidenses consideran que el caso no procede, serán deportados rápidamente y no podrán reintentar el procedimiento hasta dentro de cinco años.
La regla cerraría parcialmente, en un grado histórico y legalmente cuestionable, el derecho a buscar asilo al llegar a suelo estadounidense, como se establece en la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en la Convención de Refugiados de 1951, asevera la organización.
Además, indica que los migrantes adultos solteros podrían ser los más afectados que los que viajan en familia.
«El Título 8 es una desnaturalización dramática del derecho a solicitar asilo. Junto con el proceso de deportación acelerado, impulsarán las deportaciones masivas de personas que de otro modo podrían calificar para el asilo. Es difícil argumentar que esto es consistente con la sección 208», argumentó WOLA.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que hay aproximadamente 660,000 migrantes actualmente en México, incluidos más de 200,000 ciudadanos haitianos y venezolanos, además de 287,000 ciudadanos mexicanos desplazados internamente.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
