Internacionales
Madre deja solas a sus hijas por irse de fiesta, y adolescente rapta, viola y asesina a una menor de 4 años
Toda la madrugada antes de su muerte, la pequeña lloró de angustia durante horas esperando a que su madre, Mirella Alexandra Huamán Santiago de 22 años, volviera de una fiesta. Tal era su desesperación, que la niña de 4 años, junto a su hermanita de 2 y su prima de 9, se levantó de la cama varias veces. En cuatro ocasiones, las tres cruzaron solas las oscuras calles de un cerro del distrito de Independencia, rumbo a la cancha de fulbito donde los adultos se embriagaban y bailaban. Todo acabó de forma espantosa cuando ellas se toparon con un desconocido.
Se encontraron con un adolescente de 15 años, que fue reconocido ayer por su propia madre. Ella acudió a la comisaría de Payet a delatar a su hijo luego de ver por televisión los videos de seguridad de una bodega, que lo captaron llevando en brazos a la pequeña víctima, mientras la prima de 9 años corría detrás de él como pidiendo que se la devolviera. Más atrás, también corriendo a duras penas, tambaleándose, los seguía la hermana de 2 años.
La escena fue registrada a las 5:30 a.m. del domingo 1 de marzo. Más de 12 horas después, en una zona conocida como La Mina –a 30 minutos de donde fue secuestrada–, se encontró el cadáver de la menor en un costal de rafia, con la cabecita destrozada con un pico. La habían matado sin compasión.
Fue la prima quien alertó del hecho. Gritó el nombre de la niña raptada varias veces hasta que un vecino del asentamiento humano Bellavista II la oyó. Era tarde: el adolescente habría llevado a su víctima a una choza abandonada, que sería de propiedad de sus tíos, donde presuntamente la violó y asesinó.
Se trata de un horroroso crimen que obligó a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, a pedir al sistema de justicia que sancione a los agresores “con la máxima pena”. Además, exhortó a las madres a que “cuiden, protejan y acompañen a sus hijas”.
Desde la choza abandonada, donde los peritos de la policía hallaron sangre y el pico usado en el crimen, el presunto asesino caminó unos 30 metros cargando el saco hasta una esquina donde dejó más rastros de sangre. Allí tomó un mototaxi y enrumbó a la zona alta del cerro, creyendo que nunca llegaría la policía.
Pero los agentes no solo llegaron a ese lugar, también dieron con la choza donde se cometió el crimen y con la casa de los tíos del acusado, a unos 10 minutos de Bellavista II. En ese inmueble, estaban el short y las zapatillas que el adolescente vestía al momento del secuestro. A quien no hallaron fue a él. Hasta anoche, su paradero seguía siendo desconocido.
Era un joven que andaba en malos pasos. “Él ya no quería estudiar. Terminó primaria nomás […]. Ya no me hacía caso”, contó su madre en la comisaría. Los vecinos de sus tíos, que viven en la zona conocida como Tahuantinsuyo, narraron que era un chico “desafiante”, que paraba en las esquinas consumiendo drogas. “Una vez en el mercado le reclamé porque pasó sus piernas encima de mis flores. El chiquillo se paró y me miró como queriendo matarme con la mirada”, relató una vecina.
El plano jurídico
Si fuese mayor de 18 años, un juez podría condenarlo a 35 años de cárcel por homicidio o a cadena perpetua si se probara la violación. Pero como es un adolescente de 15 años, la legislación peruana no contempla ninguna pena para él. Le corresponderían medidas socioeducativas.
Ante el ordenamiento jurídico peruano, este menor “no cometió un delito, sino una infracción a la ley penal”, explica la penalista Romy Chang. Agrega que, por tener menos de 16 años, como máximo podría ser internado en un centro juvenil por ocho años. El penalista Mario Amoretti añade que, una vez que cumpla la mayoría de edad, lo trasladarían a un área especial en un penal común. El caso ha recaído sobre la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.
Para Amoretti, la investigación también debería incluir a la madre de la menor asesinada, a quien podría imputársele el delito de abandono de personas en peligro: “Dejar a sus hijas menores al cuidado de una niña de 9 para ir a una fiesta es exponerlas al peligro. No importa si fue media hora o toda la madrugada. La ley existe, pero desgraciadamente no se aplica”.
Según Chang, un fiscal de Familia podría pedirle a un juez que analice quitarle la patria potestad de su segunda hija de 2 años si se demuestra su incapacidad para cuidarla.
La titular Montenegro dijo ayer que la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer evalúa “cuál es el mejor ambiente” para la hermana de la víctima. Desde Estados Unidos, el padre de la menor asesinada pidió atrapar al culpable y afirmó que su expareja fue “irresponsable” por preferir “ir a una fiesta que cuidar a su hija”. La madre de la menor asesinada admitió su error y su culpa.
Internacionales
Ataque armado deja seis muertos y un herido en Guatemala; investigan disputa por venta de drogas
Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida durante un ataque armado registrado en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía Nacional Civil.
El hecho ocurrió la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en la aldea urbana Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales, donde desconocidos ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte policial, las víctimas estaban «conviviendo» durante la celebración de un cumpleaños cuando los atacantes realizaron los disparos, en el momento en que se quemaban fuegos artificiales en la calle.
Un vocero de la Policía indicó a AFP que, según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con una disputa de «territorio» entre grupos dedicados al «narcomenudeo» en el sector.
Las autoridades atribuyen casi la mitad de la violencia registrada en Guatemala al narcotráfico y a pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16.1 por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera en más del doble el promedio mundial.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar «apropiarse del país» mediante lo que calificó como una «política genocida», en referencia a las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
Desde enero, el gobierno estadounidense aplica una política de máxima presión sobre la isla. Al embargo económico vigente desde 1962 se han sumado un bloqueo petrolero y nuevas sanciones dirigidas contra empresas y dirigentes cubanos.
Según el mandatario cubano, estas medidas han provocado una fuerte caída del turismo y de la entrada de divisas, además de la salida de numerosas empresas extranjeras del país. Las sanciones más recientes, anunciadas el jueves, están dirigidas contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.
«Cuba lidera hoy una batalla histórica (…) contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país», expresó Díaz-Canel durante un acto por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad de Pinar del Río, ubicada a unos 190 kilómetros de La Habana.
El jefe de Estado participó en la conmemoración del 73.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, realizado en 1953 por Fidel Castro (1926-2016) en el este de la isla y considerado el inicio de la Revolución Cubana.
Durante su discurso, Díaz-Canel afirmó que «el bloqueo es un arma de guerra y provoca muertes» y sostuvo que Washington busca generar en Cuba, al igual que en otros países, un «estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales».
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis energética que mantiene cortes de electricidad de más de 30 horas en La Habana y de varios días consecutivos en otras provincias. Además, durante julio se registraron tres apagones generales que afectaron a los 9.4 millones de habitantes del país.
En la capital cubana también se han registrado manifestaciones de forma regular, especialmente durante la noche. Los ciudadanos golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento por la escasez de alimentos y los constantes cortes de energía eléctrica y agua.
Ante este escenario, Díaz-Canel hizo un llamado a la «unidad» e instó a implementar con «prioridad estratégica» un paquete de 176 medidas de libre mercado aprobadas en junio por el Parlamento.
Por su parte, Trump sostiene que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y en varias ocasiones ha amenazado con «tomar el control» del país.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.
Hernández arribó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, ubicado a 60 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. En la pista fue recibido por su familia, mientras que cientos de simpatizantes lo esperaban fuera de la terminal aérea.
El exmandatario obtuvo el perdón antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que su copartidario conservador Nasry Asfura resultó electo por un estrecho margen, luego de que Trump advirtiera que suspendería la ayuda a Honduras si este no era elegido.
«Estaremos siempre muy agradecidos con la decisión valiente del presidente Trump», declaró a AFP Ana García, esposa del expresidente. García sostuvo que Hernández ha sido víctima de una «persecución» y se arrodilló en la pista para orar tras su llegada.
Aunque recuperó la libertad, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, deberá enfrentar ahora a la justicia hondureña. Está acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Un juez suspendió la orden de captura en su contra bajo el compromiso de que se presentará voluntariamente ante las autoridades, decisión que permitió a su familia y seguidores organizar una caravana de bienvenida y actos religiosos.
«Estamos muy contentos» de recibirlo, expresó a AFP la simpatizante Eva Amador, de 56 años, quien portaba una pancarta de agradecimiento dirigida a Trump.
El exmandatario, de 57 años, comparecerá el próximo 3 de agosto ante una corte por acusaciones de fraude y lavado de activos, cargos de los que se declara «inocente».
Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el retorno de Hernández representa «una prueba para la independencia» del sistema judicial hondureño y «reabre el debate sobre la impunidad» tras las críticas generadas por el indulto concedido por Trump.
Condena por narcotráfico e indulto
En junio de 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión, dos años después de que fuera extraditado desde Honduras.
La justicia estadounidense lo declaró culpable de colaborar en el ingreso de cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua en ese país.
La fiscalía lo acusó de convertir a Honduras en un «narco-Estado» y en una «superautopista» para el tráfico de drogas. Durante el juicio, un testigo colaborador afirmó que Hernández habría dicho: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta».
La sentencia fue anulada en abril pasado tras el indulto otorgado por Trump, quien sostiene que Hernández fue víctima de un «montaje» impulsado durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).
Hace tres meses, el medio digital Diario Red, fundado por el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que el indulto formaba parte de un plan de varios gobiernos para convertir a Hernández en un operador contra la izquierda en la región.
Según esas publicaciones, denominadas «Hondurasgate», Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina habrían participado en la supuesta trama. Hernández calificó esas versiones de falsas y afirmó: «Claramente no es mi voz». Por su parte, Nasry Asfura, señalado de haberle ofrecido dinero, no se pronunció.
Bienes decomisados y legado político
Tras su captura en 2022, a Hernández le fueron decomisados 131 bienes, entre ellos 32 inmuebles, incluyendo casas, terrenos y fincas. De acuerdo con Ana García, esas propiedades fueron heredadas por el exmandatario y deben ser devueltas.
Durante su administración, Hernández promovió las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 con el objetivo de atraer inversiones.
Las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales en 2024 por ser consideradas un «Estado dentro del Estado», aunque algunas, como Próspera, continúan operando.
El expresidente también logró un segundo mandato en 2017, pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección. Una interpretación de la Corte Suprema permitió su candidatura y, tras imponerse en unos comicios cuestionados por denuncias de fraude, decretó un toque de queda durante las protestas, las cuales dejaron una treintena de fallecidos.
