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Madre deja solas a sus hijas por irse de fiesta, y adolescente rapta, viola y asesina a una menor de 4 años
Toda la madrugada antes de su muerte, la pequeña lloró de angustia durante horas esperando a que su madre, Mirella Alexandra Huamán Santiago de 22 años, volviera de una fiesta. Tal era su desesperación, que la niña de 4 años, junto a su hermanita de 2 y su prima de 9, se levantó de la cama varias veces. En cuatro ocasiones, las tres cruzaron solas las oscuras calles de un cerro del distrito de Independencia, rumbo a la cancha de fulbito donde los adultos se embriagaban y bailaban. Todo acabó de forma espantosa cuando ellas se toparon con un desconocido.
Se encontraron con un adolescente de 15 años, que fue reconocido ayer por su propia madre. Ella acudió a la comisaría de Payet a delatar a su hijo luego de ver por televisión los videos de seguridad de una bodega, que lo captaron llevando en brazos a la pequeña víctima, mientras la prima de 9 años corría detrás de él como pidiendo que se la devolviera. Más atrás, también corriendo a duras penas, tambaleándose, los seguía la hermana de 2 años.
La escena fue registrada a las 5:30 a.m. del domingo 1 de marzo. Más de 12 horas después, en una zona conocida como La Mina –a 30 minutos de donde fue secuestrada–, se encontró el cadáver de la menor en un costal de rafia, con la cabecita destrozada con un pico. La habían matado sin compasión.
Fue la prima quien alertó del hecho. Gritó el nombre de la niña raptada varias veces hasta que un vecino del asentamiento humano Bellavista II la oyó. Era tarde: el adolescente habría llevado a su víctima a una choza abandonada, que sería de propiedad de sus tíos, donde presuntamente la violó y asesinó.
Se trata de un horroroso crimen que obligó a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, a pedir al sistema de justicia que sancione a los agresores “con la máxima pena”. Además, exhortó a las madres a que “cuiden, protejan y acompañen a sus hijas”.
Desde la choza abandonada, donde los peritos de la policía hallaron sangre y el pico usado en el crimen, el presunto asesino caminó unos 30 metros cargando el saco hasta una esquina donde dejó más rastros de sangre. Allí tomó un mototaxi y enrumbó a la zona alta del cerro, creyendo que nunca llegaría la policía.
Pero los agentes no solo llegaron a ese lugar, también dieron con la choza donde se cometió el crimen y con la casa de los tíos del acusado, a unos 10 minutos de Bellavista II. En ese inmueble, estaban el short y las zapatillas que el adolescente vestía al momento del secuestro. A quien no hallaron fue a él. Hasta anoche, su paradero seguía siendo desconocido.
Era un joven que andaba en malos pasos. “Él ya no quería estudiar. Terminó primaria nomás […]. Ya no me hacía caso”, contó su madre en la comisaría. Los vecinos de sus tíos, que viven en la zona conocida como Tahuantinsuyo, narraron que era un chico “desafiante”, que paraba en las esquinas consumiendo drogas. “Una vez en el mercado le reclamé porque pasó sus piernas encima de mis flores. El chiquillo se paró y me miró como queriendo matarme con la mirada”, relató una vecina.
El plano jurídico
Si fuese mayor de 18 años, un juez podría condenarlo a 35 años de cárcel por homicidio o a cadena perpetua si se probara la violación. Pero como es un adolescente de 15 años, la legislación peruana no contempla ninguna pena para él. Le corresponderían medidas socioeducativas.
Ante el ordenamiento jurídico peruano, este menor “no cometió un delito, sino una infracción a la ley penal”, explica la penalista Romy Chang. Agrega que, por tener menos de 16 años, como máximo podría ser internado en un centro juvenil por ocho años. El penalista Mario Amoretti añade que, una vez que cumpla la mayoría de edad, lo trasladarían a un área especial en un penal común. El caso ha recaído sobre la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.
Para Amoretti, la investigación también debería incluir a la madre de la menor asesinada, a quien podría imputársele el delito de abandono de personas en peligro: “Dejar a sus hijas menores al cuidado de una niña de 9 para ir a una fiesta es exponerlas al peligro. No importa si fue media hora o toda la madrugada. La ley existe, pero desgraciadamente no se aplica”.
Según Chang, un fiscal de Familia podría pedirle a un juez que analice quitarle la patria potestad de su segunda hija de 2 años si se demuestra su incapacidad para cuidarla.
La titular Montenegro dijo ayer que la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer evalúa “cuál es el mejor ambiente” para la hermana de la víctima. Desde Estados Unidos, el padre de la menor asesinada pidió atrapar al culpable y afirmó que su expareja fue “irresponsable” por preferir “ir a una fiesta que cuidar a su hija”. La madre de la menor asesinada admitió su error y su culpa.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.
«Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», explicó un comunicado de prensa.
La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.
Dogu posó ante la embajada en un mensaje en la red X, así como otros funcionarios.
«La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente [Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado», añadió el comunicado.
Tras la captura en una intervención militar del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.
El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.
Foto: AFP
Esta nueva etapa diplomática aporta «el tipo de estabilidad que atrae los negocios de vuelta» a Venezuela, declaró este lunes Rubio a la cadena Al Jazeera.
«Queremos ver una transición completa porque, para que Venezuela pueda alcanzar su potencial económico, tiene que tener un gobierno estable y democrático», añadió.
Embajada venezolana en Washington
Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su embajada en Washington, según reportes en redes sociales.
El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, colgó un video en X la semana pasada en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para «explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral».
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.
Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.
Al mismo tiempo, Caracas promulgó una reforma legal del sector y empezó a liberar prisioneros políticos.
Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno.
Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.
Y en el Caribe mantiene también una flotilla encargada desde septiembre de destruir lo que califica de «narcolanchas», unas operaciones polémicas que han causado al menos 163 muertos.
Maduro y Flores comparecieron dos veces ante un juez en Nueva York, la última el pasado jueves.
Maduro está acusado de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.
Internacionales
La justicia española determina que un beso en la mano puede ser una agresión sexual si no hay consentimiento
El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, dictaminó que dar un beso en la mano puede ser considerado una agresión sexual si no hay consentimiento, según una decisión consultada el lunes por la AFP.
La resolución, dictada el 5 de marzo, confirmó la condena de un hombre por agresión sexual que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús.
La defensa del acusado pretendía recalificar los hechos como un simple «acoso callejero», pero los magistrados consideraron que cualquier contacto físico con connotación sexual sobrepasaba dicha categoría y que debía abonar la multa de 1,620 euros (1,850 dólares) prevista en su primera condena.
Pero según los magistrados «no se trató de un mero acto de cogerle de la mano» sino que el acusado «actuó con intención de atentar contra su integridad sexual, le cogió la mano besándosela al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara, ofreciéndole dinero».
«Hubo, por ello, un acto de agresión sexual por cuanto la acción describe un tocamiento de índole y matiz sexual que la víctima no tenía obligación de soportar con claro contenido sexual y ataque a la víctima cosificándola», añade.
«Existe, por tanto, un acto de agresión sexual en la medida en que la acción describe un contacto de naturaleza y tono sexuales que la víctima no tenía ninguna obligación de soportar, con un contenido claramente sexual y un atentado a la víctima al reducirla a un objeto», prosigue la resolución.
España está a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género y en 2004 aprobó una ley pionera en Europa contra la violencia contra las mujeres.
En 2025, el caso conocido como el del «beso forzado» vio cómo el que era entonces el hombre fuerte del fútbol español, el presidente de la federación española, Luis Rubiales, fue condenado por agresión sexual por un beso a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en Sídney, en agosto de 2023.
Una investigación estadounidense lo vincula con una organización que traficaba fentanilo y cocaína, cuyo centro de operaciones estaba en Guatemala.
En San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al salvadoreño Juan Carlos Escobar Rodríguez, alias Lucas o Pepe, reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La PNC del vecino país calificó la detención como «un nuevo golpe a estructuras vinculadas al narcotráfico». Al salvadoreño, quien también tiene nacionalidad guatemalteca, lo arrestaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y es la extradición número 21 que realizaran a Estados Unidos, según el informe publicado por el Ministerio de Gobernación.
La cartera de Estado guatemalteca detalló que, con la captura, se da cumplimiento a una orden emitida el 4 de marzo de 2026 por un juzgado que atendió la solicitud de Estados Unidos.
«Escobar Rodríguez es requerido por delitos relacionados con la conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo. Además, está señalado de portar un arma de fuego en actividades vinculadas al narcotráfico. Durante su captura, se le incautó una pistola con 16 municiones, mientras se conducía a bordo de un pick-up», detalló el Ministerio de Gobernación guatemalteco.
En Estados Unidos, una investigación determinó que Escobar Rodríguez mantiene vínculos directos con el narcotráfico, al estar presuntamente involucrado en conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo.
Según el informe, la conspiración tenía como objetivo fabricar y distribuir sustancias controladas, con la pretensión, conocimiento y claro conocimiento de que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos.
La conspiración tiene que ver con la intención de enviar aproximadamente cinco kilogramos de cocaína y unos 400 gramos de fentanilo. Además de la tentativa de distribución de una sustancia controlada que sería importada a Estados Unidos, sumado a la portación de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas.
La PNC de esa nación también aprehendió en Ayutla, San Marcos, a Jorge Edy Peláez Martínez, quien, junto a Escobar Rodríguez, supuestamente forman parte de la organización dedicada al tráfico de drogas, teniendo su centro de operaciones en Guatemala para distribuir cocaína y fentanilo hacía el distrito norte de Georgia y otros puntos de Estados Unidos.
