Internacionales
Madre deja solas a sus hijas por irse de fiesta, y adolescente rapta, viola y asesina a una menor de 4 años
Toda la madrugada antes de su muerte, la pequeña lloró de angustia durante horas esperando a que su madre, Mirella Alexandra Huamán Santiago de 22 años, volviera de una fiesta. Tal era su desesperación, que la niña de 4 años, junto a su hermanita de 2 y su prima de 9, se levantó de la cama varias veces. En cuatro ocasiones, las tres cruzaron solas las oscuras calles de un cerro del distrito de Independencia, rumbo a la cancha de fulbito donde los adultos se embriagaban y bailaban. Todo acabó de forma espantosa cuando ellas se toparon con un desconocido.
Se encontraron con un adolescente de 15 años, que fue reconocido ayer por su propia madre. Ella acudió a la comisaría de Payet a delatar a su hijo luego de ver por televisión los videos de seguridad de una bodega, que lo captaron llevando en brazos a la pequeña víctima, mientras la prima de 9 años corría detrás de él como pidiendo que se la devolviera. Más atrás, también corriendo a duras penas, tambaleándose, los seguía la hermana de 2 años.
La escena fue registrada a las 5:30 a.m. del domingo 1 de marzo. Más de 12 horas después, en una zona conocida como La Mina –a 30 minutos de donde fue secuestrada–, se encontró el cadáver de la menor en un costal de rafia, con la cabecita destrozada con un pico. La habían matado sin compasión.
Fue la prima quien alertó del hecho. Gritó el nombre de la niña raptada varias veces hasta que un vecino del asentamiento humano Bellavista II la oyó. Era tarde: el adolescente habría llevado a su víctima a una choza abandonada, que sería de propiedad de sus tíos, donde presuntamente la violó y asesinó.
Se trata de un horroroso crimen que obligó a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, a pedir al sistema de justicia que sancione a los agresores “con la máxima pena”. Además, exhortó a las madres a que “cuiden, protejan y acompañen a sus hijas”.
Desde la choza abandonada, donde los peritos de la policía hallaron sangre y el pico usado en el crimen, el presunto asesino caminó unos 30 metros cargando el saco hasta una esquina donde dejó más rastros de sangre. Allí tomó un mototaxi y enrumbó a la zona alta del cerro, creyendo que nunca llegaría la policía.
Pero los agentes no solo llegaron a ese lugar, también dieron con la choza donde se cometió el crimen y con la casa de los tíos del acusado, a unos 10 minutos de Bellavista II. En ese inmueble, estaban el short y las zapatillas que el adolescente vestía al momento del secuestro. A quien no hallaron fue a él. Hasta anoche, su paradero seguía siendo desconocido.
Era un joven que andaba en malos pasos. “Él ya no quería estudiar. Terminó primaria nomás […]. Ya no me hacía caso”, contó su madre en la comisaría. Los vecinos de sus tíos, que viven en la zona conocida como Tahuantinsuyo, narraron que era un chico “desafiante”, que paraba en las esquinas consumiendo drogas. “Una vez en el mercado le reclamé porque pasó sus piernas encima de mis flores. El chiquillo se paró y me miró como queriendo matarme con la mirada”, relató una vecina.
El plano jurídico
Si fuese mayor de 18 años, un juez podría condenarlo a 35 años de cárcel por homicidio o a cadena perpetua si se probara la violación. Pero como es un adolescente de 15 años, la legislación peruana no contempla ninguna pena para él. Le corresponderían medidas socioeducativas.
Ante el ordenamiento jurídico peruano, este menor “no cometió un delito, sino una infracción a la ley penal”, explica la penalista Romy Chang. Agrega que, por tener menos de 16 años, como máximo podría ser internado en un centro juvenil por ocho años. El penalista Mario Amoretti añade que, una vez que cumpla la mayoría de edad, lo trasladarían a un área especial en un penal común. El caso ha recaído sobre la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.
Para Amoretti, la investigación también debería incluir a la madre de la menor asesinada, a quien podría imputársele el delito de abandono de personas en peligro: “Dejar a sus hijas menores al cuidado de una niña de 9 para ir a una fiesta es exponerlas al peligro. No importa si fue media hora o toda la madrugada. La ley existe, pero desgraciadamente no se aplica”.
Según Chang, un fiscal de Familia podría pedirle a un juez que analice quitarle la patria potestad de su segunda hija de 2 años si se demuestra su incapacidad para cuidarla.
La titular Montenegro dijo ayer que la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer evalúa “cuál es el mejor ambiente” para la hermana de la víctima. Desde Estados Unidos, el padre de la menor asesinada pidió atrapar al culpable y afirmó que su expareja fue “irresponsable” por preferir “ir a una fiesta que cuidar a su hija”. La madre de la menor asesinada admitió su error y su culpa.
El mercado petrolero mostró señales optimistas ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0.25 %, hasta los $105.33 por barril.
Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1.51 %, hasta los $94.40 por barril.
«El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán», declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
Teherán y Washington anunciaron el viernes el envío de negociadores a Islamabad, la capital pakistaní.
Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.
Pero al mismo tiempo «el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso», dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.
Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de Estados Unidos, quien lideró las conversaciones iniciales, permaneció en su país, según la Casa Blanca.
A pesar de la prórroga indefinida de la tregua por parte de Donald Trump, la ecuación para el mercado petrolero es complicada.
Irán y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio y ambos países anunciaron ayer el envío de negociadores a Pakistán, que actúa como mediador.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, parten hoy hacia Pakistán «con el fin de mantener conversaciones […] con representantes de la delegación iraní».
Leavitt, en declaraciones a Fox News, expresó su esperanza en que sea «una conversación fructífera».
Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, este mismo viernes a Islamabad, la capital pakistaní.
Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas, pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas. Pese a ello, Estados Unidos prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.
Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para «consultas bilaterales» sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní.
La guerra fue provocada por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.
El conflicto también entorpeció la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la contienda circulaba el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen a nivel mundial. Ahora, esa vía marítima crucial está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.
La reapertura inmediata de Ormuz es «vital para el mundo entero», destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció ayer una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.
La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.
«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Bajo el presidente Donald Trump, «el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas», dijo Blanche en un comunicado.
El presidente republicano puso fin en 2020, durante su primer mandato, a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles».
Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.
Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.
Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.
El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.
Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.
El Departamento también busca agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y reducir el número de años entre la condena y la ejecución, según indica el comunicado.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas», dijo Blanche.
El Gobierno de Trump le apuesta a castigar con dureza y a toda costa a los criminales que han puesto en peligro a la sociedad estadounidense, una política que dista de la visión de Biden.
