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Madre deja solas a sus hijas por irse de fiesta, y adolescente rapta, viola y asesina a una menor de 4 años
Toda la madrugada antes de su muerte, la pequeña lloró de angustia durante horas esperando a que su madre, Mirella Alexandra Huamán Santiago de 22 años, volviera de una fiesta. Tal era su desesperación, que la niña de 4 años, junto a su hermanita de 2 y su prima de 9, se levantó de la cama varias veces. En cuatro ocasiones, las tres cruzaron solas las oscuras calles de un cerro del distrito de Independencia, rumbo a la cancha de fulbito donde los adultos se embriagaban y bailaban. Todo acabó de forma espantosa cuando ellas se toparon con un desconocido.
Se encontraron con un adolescente de 15 años, que fue reconocido ayer por su propia madre. Ella acudió a la comisaría de Payet a delatar a su hijo luego de ver por televisión los videos de seguridad de una bodega, que lo captaron llevando en brazos a la pequeña víctima, mientras la prima de 9 años corría detrás de él como pidiendo que se la devolviera. Más atrás, también corriendo a duras penas, tambaleándose, los seguía la hermana de 2 años.
La escena fue registrada a las 5:30 a.m. del domingo 1 de marzo. Más de 12 horas después, en una zona conocida como La Mina –a 30 minutos de donde fue secuestrada–, se encontró el cadáver de la menor en un costal de rafia, con la cabecita destrozada con un pico. La habían matado sin compasión.
Fue la prima quien alertó del hecho. Gritó el nombre de la niña raptada varias veces hasta que un vecino del asentamiento humano Bellavista II la oyó. Era tarde: el adolescente habría llevado a su víctima a una choza abandonada, que sería de propiedad de sus tíos, donde presuntamente la violó y asesinó.
Se trata de un horroroso crimen que obligó a la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, a pedir al sistema de justicia que sancione a los agresores “con la máxima pena”. Además, exhortó a las madres a que “cuiden, protejan y acompañen a sus hijas”.
Desde la choza abandonada, donde los peritos de la policía hallaron sangre y el pico usado en el crimen, el presunto asesino caminó unos 30 metros cargando el saco hasta una esquina donde dejó más rastros de sangre. Allí tomó un mototaxi y enrumbó a la zona alta del cerro, creyendo que nunca llegaría la policía.
Pero los agentes no solo llegaron a ese lugar, también dieron con la choza donde se cometió el crimen y con la casa de los tíos del acusado, a unos 10 minutos de Bellavista II. En ese inmueble, estaban el short y las zapatillas que el adolescente vestía al momento del secuestro. A quien no hallaron fue a él. Hasta anoche, su paradero seguía siendo desconocido.
Era un joven que andaba en malos pasos. “Él ya no quería estudiar. Terminó primaria nomás […]. Ya no me hacía caso”, contó su madre en la comisaría. Los vecinos de sus tíos, que viven en la zona conocida como Tahuantinsuyo, narraron que era un chico “desafiante”, que paraba en las esquinas consumiendo drogas. “Una vez en el mercado le reclamé porque pasó sus piernas encima de mis flores. El chiquillo se paró y me miró como queriendo matarme con la mirada”, relató una vecina.
El plano jurídico
Si fuese mayor de 18 años, un juez podría condenarlo a 35 años de cárcel por homicidio o a cadena perpetua si se probara la violación. Pero como es un adolescente de 15 años, la legislación peruana no contempla ninguna pena para él. Le corresponderían medidas socioeducativas.
Ante el ordenamiento jurídico peruano, este menor “no cometió un delito, sino una infracción a la ley penal”, explica la penalista Romy Chang. Agrega que, por tener menos de 16 años, como máximo podría ser internado en un centro juvenil por ocho años. El penalista Mario Amoretti añade que, una vez que cumpla la mayoría de edad, lo trasladarían a un área especial en un penal común. El caso ha recaído sobre la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.
Para Amoretti, la investigación también debería incluir a la madre de la menor asesinada, a quien podría imputársele el delito de abandono de personas en peligro: “Dejar a sus hijas menores al cuidado de una niña de 9 para ir a una fiesta es exponerlas al peligro. No importa si fue media hora o toda la madrugada. La ley existe, pero desgraciadamente no se aplica”.
Según Chang, un fiscal de Familia podría pedirle a un juez que analice quitarle la patria potestad de su segunda hija de 2 años si se demuestra su incapacidad para cuidarla.
La titular Montenegro dijo ayer que la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer evalúa “cuál es el mejor ambiente” para la hermana de la víctima. Desde Estados Unidos, el padre de la menor asesinada pidió atrapar al culpable y afirmó que su expareja fue “irresponsable” por preferir “ir a una fiesta que cuidar a su hija”. La madre de la menor asesinada admitió su error y su culpa.
La depresión tropical Cristina continúa generando lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje en varios países de Centroamérica, provocando inundaciones, derrumbes, afectaciones en viviendas, daños en infraestructura vial y diversas emergencias atendidas por organismos de protección civil.
En Guatemala, las lluvias asociadas al sistema provocaron inundaciones en viviendas de las comunidades María Linda, en Iztapa, Escuintla, y El Manantial, en San José, Escuintla. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evaluó los daños y las necesidades de las familias afectadas. De acuerdo con datos oficiales, la temporada lluviosa de 2026 ha generado más de 280 emergencias en el país, entre ellas inundaciones, caída de árboles, fuertes vientos, deslizamientos, derrumbes, socavamientos y hundimientos.
Las autoridades guatemaltecas mantienen habilitados albergues temporales en Alta Verapaz y Santa Rosa para atender a las personas afectadas por las condiciones climáticas.
En Nicaragua, las precipitaciones continúan afectando principalmente a los departamentos de León y Chinandega. Comunidades costeras como Poneloya y Las Peñitas reportan inundaciones que han impactado viviendas, restaurantes, pequeños negocios y emprendimientos turísticos. Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre infraestructura vulnerable, incluido el puente La Máquina, en la comunidad La Gallina, donde se reportaron deslizamientos de tierra.
En el departamento de Chinandega, sectores turísticos como Paso Caballos y Jiquilillo registran calles anegadas, restricciones al tránsito vehicular y afectaciones económicas para comerciantes y emprendedores locales. Aunque Cristina se degradó a depresión tropical, organismos meteorológicos de la región advierten que sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, manteniendo condiciones propicias para lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.
Por su parte, en Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales reportó un derrumbe en la carretera que conduce al sur de Lempira, específicamente en la comunidad El Carrizal, municipio de Erandique, a la altura del sector conocido como La Clínica. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.
Además, organismos de emergencia rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del río Juticalpa, en el departamento de Olancho. El incidente ocurrió cuando varias personas intentaron cruzar el afluente pese al aumento de su caudal provocado por las lluvias.
Las autoridades hondureñas mantienen alerta amarilla para la línea costera del golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en Valle, debido al riesgo de oleaje elevado y al posible incremento del nivel del río Goascorán. También permanecen vigentes alertas verdes en varios departamentos ante la persistencia de las precipitaciones.
Las instituciones de protección civil de Honduras, Guatemala y Nicaragua reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas mientras continúen las condiciones adversas.
Un tribunal de la ciudad de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a cuatro años de prisión con suspensión de pena y ordenó el sacrificio de Curtis, un perro de raza american pitbull terrier.
La decisión judicial fue emitida pese a las peticiones de activistas defensores de los animales que solicitaron el indulto del can. Una de las iniciativas reunió más de 80,000 firmas y proponía que el animal fuera trasladado a un refugio.
El caso se remonta a noviembre de 2019, cuando Ellul encontró el cuerpo sin vida de su pareja, Elisa Pilarski, en un bosque situado en las afueras de la ciudad. Según la investigación, la mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, presentaba alrededor de 50 mordeduras en su cuerpo mientras paseaba al perro.
De acuerdo con las autoridades, antes de fallecer, Pilarski llamó a Ellul para pedir ayuda mientras él se encontraba trabajando en un aeropuerto ubicado a unos 50 kilómetros de distancia.
Durante la investigación, Ellul sostuvo que su mascota no era agresiva y que los responsables del ataque podrían haber sido perros de caza presentes en la zona. Sin embargo, las pruebas de ADN determinaron que las mordeduras correspondían a Curtis.
El perro, que actualmente tiene ocho años y medio, ha permanecido en una perrera durante más de seis años desde que ocurrió el incidente. Las autoridades también señalaron que en Francia está prohibida la importación de pitbulls, considerados una raza peligrosa, y que el animal había sido llevado al país desde los Países Bajos.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un sistema de videovigilancia instalado en la Zona 18 de la capital era controlado por pandilleros recluidos en centros penitenciarios.
Ante esto, el director de la PNC guatemalteca, David Boteo, confirmó y especificó que las cámaras ubicadas en la vía pública y en algunas viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala eran monitoreadas por integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 desde prisión.
Según detalló el jefe policial, hasta el momento han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado durante distintos operativos. De acuerdo con las autoridades, los pandilleros utilizaban estos dispositivos para detectar la presencia de personas desconocidas o agentes policiales en diferentes sectores de la Zona 18, lo que les permitía anticiparse a posibles capturas. Además, indicó que los delincuentes contaban con puertas de fabricación gruesa para dificultar los procedimientos policiales y facilitar el desecho de droga en desagües.
Boteo explicó que el monitoreo de las cámaras se realizaba mediante aplicaciones instaladas en teléfonos inteligentes. Señaló que durante requisas en centros penitenciarios se han encontrado celulares con aplicaciones destinadas a controlar los sistemas de videovigilancia. Asimismo, indicó que no se descarta que las cámaras hayan sido adquiridas en establecimientos especializados en tecnología.
De acuerdo con las investigaciones, estas acciones tenían como objetivo mantener el control sobre determinadas colonias y barrios de la Zona 18. El director de la PNC añadió que las autoridades evalúan desarrollar operativos similares en otras zonas donde se han reportado casos de extorsión y narcomenudeo vinculados a pandillas.
La Policía de Guatemala informa periódicamente sobre este tipo de procedimientos a través de sus redes sociales como parte del Plan Centinela.
