Internacionales
Jubilada de 74 años «le voló la cabeza» de un tiro a ladrón que intentaba robar su casa
Eran pasadas las once de la noche del miércoles. La pareja de jubilados estaba en su chalé de Bialet Massé, Córdoba, cuando se cortó la luz. Desconfiando de la situación, el ex inspector de una línea de colectivos salió para verificar la llave térmica, que había sido bajada intencionalmente.
El dueño de casa, de 69 años, estaba por entrar otra vez a su hogar, en la calle Belgrano al 2100, cuando los sorprendieron dos ladrones encapuchados que le pegaron una trompada en la cara para meterlo por la fuerza.
Sin embargo, esta situación fue advertida por la esposa del hombre, una ex abogada de 74 años que, de joven, solía hacer prácticas de tiro. Entonces tomó su revólver calibre 38, del que tiene portación legal, y cuando se topó con los delincuentes, en el comedor, disparó dos veces.
Uno de los tiros impactó en el rostro de Marcos Nicolás Farías (30), un delincuente con numerosos antecedentes penales. «Le voló la cabeza», describió una fuente consultada por Clarín. El cómplice huyó desesperado -al parecer, con el celular de una de las víctimas-, aunque la Policía confiaba en identificarlo y detenerlo en las próximas horas.
Los jubilados, por razones de seguridad, se mudaron preventivamente a una casa de la ciudad de Córdoba, pese a que les habían asignado una custodia en la puerta de la propiedad.
La fiscal Paula Kelm, de Cosquín, caratuló la causa, en principio como «homicidio agravado por el uso de arma de fuego», aunque podría modificarla si considera que la mujer actuó en legítima defensa.
El comisario inspector Renato Panetta, subdirector de la Unidad Regional Departamental Punilla, contó a este diario que la mujer «tiene los papeles del arma, que es de su propiedad» y añadió que el hombre «tenía golpes en el rostro».
Desde el sitio del Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que los asaltantes estaban «encapuchados y armados». Sin embargo, solo habrían hallado un palo en la escena del crimen.
Además, confirmó que la jubilada que disparó «se encuentra en libertad y se están llevando a cabo medidas investigativas a los fines de colectar la prueba y determinar si existió una legítima defensa».
Tras el robo, el padre del fallecido se presentó en la comisaría y preguntó si estaba detenido allí. Pero a esa altura, estaba muerto.
Farías tenía antecedentes por robo calificado, resistencia a la autoridad, violación de domicilio y violencia familiar. Había salido de la cárcel a fines del año pasado.
La localidad de Bialet Massé pertenece al Valle de Punilla y viven allí más de 5.000 habitantes. Queda muy cerca de Santa María de Punilla y Cosquín.
Un joven identificado como Franklin Moisés Che Xol, de 23 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil en la aldea San Francisco Las Mercedes, Chisec, Alta Verapaz, Guatemala, tras ser retenido previamente por vecinos de la comunidad.
De acuerdo con las autoridades, el sujeto habría agredido a su madre, de 50 años, ocasionándole graves lesiones a tal grado de sufrir una amputación en uno de sus brazos.
La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital donde recibe atención médica especializada.
El detenido fue presentado ante el juez competente para enfrentar el debido proceso legal.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó mediante decreto ejecutivo la eliminación del subsidio al diésel, una medida que entró en vigencia a partir de la medianoche de este 13 de septiembre de 2025.
Con esta disposición, el precio del galón pasó de USD 1.80 a USD 2.80, y se mantendrá en ese rango hasta el 11 de diciembre, cuando comenzará a aplicarse un sistema de bandas de estabilización ligado a los precios internacionales del petróleo.
Según el Gobierno, el subsidio representaba un gasto anual de más de USD 1,100 millones y beneficiaba en gran parte al contrabando, la minería ilegal y sectores que no lo necesitaban.
Noboa aseguró que la eliminación de esta política permitirá redirigir recursos a programas sociales y a la atención de sectores vulnerables.
Para mitigar el impacto, el Ejecutivo anunció medidas compensatorias como el compromiso de mantener estables las tarifas del transporte público, bonos de apoyo para transportistas, ampliación de la cobertura de programas sociales, créditos preferenciales para el agro y un plan de chatarrización de vehículos.
El anuncio marca un cambio trascendental en la política de subsidios en Ecuador, país que históricamente ha enfrentado tensiones sociales cada vez que se modifican los precios de los combustibles.
Internacionales
¿Qué pasó antes y después de la explosión del camión con gas en México que dejó muertos y heridos?
Por: CNN Español
Este miércoles, una explosión de una pipa de gas LP bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, provocó una tragedia que ha dejado hasta el momento ocho personas muertas y decenas de lesionadas, entre ellas cuatro bebés.
Así ocurrió el accidente
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la pipa, que transportaba 49.500 litros de gas LP, se volcó en una curva cerca del paradero de Santa Marta, cerca de los límites entre la capital mexicana y el Estado de México.
La volcadura ocasionó una fuga en una línea de distribución y una acumulación de gas que derivó en una fuerte explosión e incendio, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos, según han reportado las autoridades.
Testigos captaron en video la nube blanca que comenzó a expandirse segundos antes del estallido, lo que provocó pánico entre peatones y usuarios del transporte público en la zona.
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Víctimas y daños
Las autoridades reportaron que, hasta la mañana de este jueves, el saldo preliminar es de ocho personas fallecidas y 67 lesionadas que aún son atendidas.
Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la capital. Entre ellos hay al menos 13 menores y cuatro bebés de entre seis meses y un año.
De los heridos, además, 19 ya fueron dados de alta, mientras que 22 permanecen en estado crítico. La mayoría de las víctimas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.
Además, se reportaron 28 vehículos siniestrados, entre ellos dos camiones de carga —uno que transportaba cemento y otro con cartón para reciclaje—, varios de los cuales quedaron completamente consumidos por el fuego. También se registraron daños en la infraestructura vial y en el mobiliario urbano.
Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil y cuerpos de seguridad desplegaron un operativo para controlar las llamas y evacuar la zona. Tras varias horas de labores, la pipa fue retirada y la circulación en Calzada Ignacio Zaragoza se restableció de manera parcial.
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
La investigación
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro y determinar responsabilidades.
Señaló en un comunicado que en el lugar “trabaja personal pericial especializado en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, hidrosanitarias, hechos de tránsito, video, mecánica y seguridad industrial, con el objetivo de recabar los primeros indicios y determinar la causa de lo ocurrido”.
La pipa pertenece a la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza.
Según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, un organismo de la Secretaría de Medio Ambiente federal, la unidad no contaba con una póliza de seguro vigente, ya que venció en junio de 2025, lo que podría complicar las indemnizaciones a las víctimas y a los afectados por los daños materiales.
Foto: Cortesía
En tanto, la compañía aseguró en un comunicado que asumirá su responsabilidad social y legal frente a lo sucedido y que su chofer, al igual que otras personas lesionadas, recibe atención médica.
La compañía afirmó que sí tiene tres pólizas de seguro vigentes para responder a las necesidades del caso. “Dichas pólizas, contratadas con Chubb Seguros, Qualitas y AXXA Seguros, cubren daños a terceros, daño moral, daños ecológicos y responsabilidad civil por parte de transportistas.”, dice el comunicado. La empresa dijo que está dispuesta a colaborar con las autoridades y cumplir con la normatividad vigente.
Las autoridades capitalinas señalaron que se revisarán si la empresa incurrió en incumplimientos normativos y, en su caso, se fincarán responsabilidades civiles y penales.
