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HISTORIA REAL: El llanto de la inmigrante mexicana a la que no dejan regresar a EEUU por ser “carga pública”

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Una inmigrante mexicana que viajó a Ciudad Juárez con la intención de regresar a Estados Unidos se vio obligada a quedarse en su país de origen debido a la nueva regla de carga pública impuesta por el gobierno de Donald Trump.

Esmirna Brito no para de llorar desde hace algunos días cuando se enteró que no podrá reunirse con su familia en EEUU luego de que en el consulado estadounidense le negaran la residencia por representar una carga para el gobierno, de acuerdo con la nueva disposición.

“Es algo muy terrible lo que me está pasando. Yo tengo mucho miedo por mí misma”, contó entre lagrimas la inmigrante a Telemundo.

El esposo de Brito, Carlos, es naturalizado y había iniciado el proceso de visa para la mujer.

“Me dejaron en el aeropuerto y yo iba muy confiada en que iba a regresar en una semana”, relató la mexicana sobre la inesperada acción de la autoridades de EEUU tras haber acudido a una entrevista.

La oficina migratoria le envió una carta a brito en la que le especifica que prohiben “la expedición de una visa a cualquier persona que probablemente llegue a ser carga pública”.

La nueva regla que se supone inicie oficialmente el 15 de octubre establece que un inmigrante legal que vive en Estados Unidos será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

La familia aseguró que siempre han trabajando y no han recibido beneficios públicos, como cupones de alimentos y otros.

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Autor de atropello en Múnich tenía «orientación islamista»

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DeSantis firmó leyes migratorias más duras para Florida, incluida la pena de muerte

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Sheinbaum revela qué hará si EE.UU. declara a cárteles como «terroristas»

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que si EE.UU. declara a los cárteles como organizaciones terroristas, su Gobierno podría ampliar la demanda contra las fábricas de armas de ese país.

 

«Si llegaran a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas, pues tendríamos que ampliar la demanda [contra fabricantes y distribuidores de armas] en EE.UU.», manifestó la mandataria en su conferencia de prensa matutina de este viernes.

De acuerdo con Sheinbaum, para llevar a cabo la medida que ha asomado el presidente estadounidense, Donald Trump, se tomarían en cuenta datos del Departamento de Justicia en el que reconoce «que el 74 % de las armas de los grupos delictivos vienen de EE.UU.».

Ante ello, se preguntó: «¿Entonces cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al [posible] decreto? Tal vez los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices».

Actualmente está en proceso en EE.UU. una demanda de México contra fabricantes de armas, al responsabilizarlos por facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga. En noviembre pasado, la Corte Suprema de ese país fijó para el 4 de marzo de 2025 la audiencia para recibir los alegatos orales de la nación latinoamericana. El caso, en el que se exigen 10.000 millones de dólares de indemnización, ha tenido avances en tribunales menores.

Según declararon recientemente funcionarios estadounidenses a The New York Times, el Departamento de Estado elabora una lista de cárteles que serán designados como grupos terroristas, en atención a una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 20 de enero, día en que tomó posesión, y que busca mayor presión contra estas organizaciones criminales.

Se espera que la designación se aplique a ocho grupos, aunque la lista podría cambiar antes de un anuncio público. Entre esas organizaciones están los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, del Noreste, del Golfo y Unidos

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