Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
El Senado estadounidense aprobó este martes el enorme plan de ayuda de $95,000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán, fruto de meses de arduas negociaciones en la Cámara de Representantes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que desea enviar armas a Ucrania «esta misma semana».
Del total, los legisladores asignaron $61 millones para Ucrania, en batalla con Rusia; el paquete también contempla $13,000 millones en ayuda militar para Israel, en guerra contra el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, y más de $9,000 millones para «satisfacer la urgente necesidad de ayuda humanitaria a Gaza y otras poblaciones vulnerables en todo el mundo».
Además, incluye $8,000 millones más para ayudar a Taiwán «a contrarrestar las potenciales amenazas de China, que amenaza con reincorporarlo a su territorio algún día, incluso mediante la fuerza».
«No hagamos esperar ni un momento más a nuestros amigos de todo el mundo», dijo el líder demócrata Chuck Schumer.
Una vez pasado el Congreso, el proyecto se convertirá en ley con la firma del presidente Joe Biden. «Firmaré este proyecto de ley y me dirigiré al pueblo estadounidense tan pronto llegue a mi despacho (este miércoles) para que podamos comenzar a enviar armas y equipos esta misma semana», aseguró Biden en un comunicado, al considerar que la aprobación del Congreso demostró que Estados Unidos «apoya de manera resuelta la democracia y la libertad, en contra de la tiranía y la opresión».
No existía prácticamente ninguna duda de que se aprobaría este enorme programa de ayuda militar y económica, que el presidente Biden llevaba meses reclamando y que cuenta con el apoyo de los congresistas demócratas y republicanos.
El paquete fue admitido el sábado por la Cámara de Representantes.
El lunes Biden prometió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, enviarle ayuda militar «rápidamente».El ejército ucraniano se enfrenta a una escasez de reclutas y de munición que lo debilita ante la constante presión de las tropas rusas en el este. La situación en el frente puede empeorar hacia mediados de mayo y principios de junio, que será un «periodo difícil», advirtió el lunes el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov. El plan de ayuda también autoriza al presidente Biden a confiscar y vender activos rusos con el fin de que puedan utilizarse para financiar la reconstrucción de Ucrania, una idea que gana adeptos en otros países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados). El Congreso de Estados Unidos lleva casi año y medio sin aprobar un paquete de ayuda para su aliado.
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Decenas de terremotos sacuden región china de Taiwán semanas después de un sismo mortal
Decenas de terremotos de una magnitud máxima de 6,3 sacudieron entre el lunes y el martes la isla de Taiwán, cuyo gobierno lo atribuyó a réplicas de un gran terremoto que dejó 17 muertos a principios de mes.
Las sacudidas más fuertes tuvieron lugar con seis minutos de diferencia alrededor de las 02H30 (18H30 GMT), con magnitudes de 6 y 6,3 según la Administración Meteorológica Central de Taiwán.
Los sismos comenzaron alrededor de las 17H00 del lunes y para las 10H30 de la mañana siguiente, la Administración Meteorológica Central indicó que se habían registrado más de 200 temblores.
Todos ellos se originaron en el condado montañoso de Hualien, en el este, epicentro del terremoto del 3 de abril, el «más fuerte en 25 años» en esta isla, con una magnitud 7,4.
Las autoridades señalaron que hasta ahora no se registraron víctimas, aunque las continuas sacudidas hicieron pasar la noche en vela a muchos habitantes de Taipéi, a unos 150 kilómetros del epicentro.
«Estaba demasiado asustado para moverme y me quedé en la cama», dijo a la AFP el oficinista Kevin Lin, de 53 años, que se pasó la noche despierto.
Sobre las 08H00 de la mañana del martes, un temblor de magnitud 5,8 volvió a golpear la isla, justo cuando los habitantes se dirigían a sus trabajos.
En la ciudad de Hualien, un hotel que había resultado dañado en el terremoto de principios de mes quedó inclinado después de esta serie de sismos, según imágenes obtenidas por la AFP.
«Por favor, salgan por seguridad. Evacuemos primero, ¿de acuerdo? ¿Queda alguien dentro? Por favor, bajen», gritaba un bombero a los habitantes de los edificios cercanos.
Las autoridades de este montañoso condado anunciaron que las escuelas y las oficinas permanecerían cerradas el martes debido a las continuas réplicas.
¿Aguantará mi edificio?
Un sismólogo del gobierno taiwanés dijo que el último enjambre de sismos se originó al sur del epicentro del terremoto grande de abril
El sismo del 3 de abril dejó 17 muertos y más de 1.100 heridos. En Hualien, la sacudida provocó numerosos desprendimientos de tierra que bloquearon carreteras y dañó gravemente algunos edificios de la ciudad.
Los sismólogos Judith Hubbard y Kyle Bradley indicaron que la actividad telúrica pareció trasladarse al sur del epicentro del 3 de abril.
Indicaron en su boletín «Earthquake Insights» que los últimos sismos parecen haber crecido en intensidad, al contrario de lo que suele ocurrir después de un terremoto grande, cuando las réplicas tienden a disminuir.
Después de ver las imágenes del hotel inclinado en Hualien, el oficinista Lin, de Taipéi, se preocupa por la seguridad de su edificio.
«Vivo en un apartamento de 40 años y me preocupa si puede aguantar tantos terremotos», afirma el hombre a la AFP.
A Olivier Bonifacio, un turista en la capital taiwanesa, la serie de terremotos lo sorprendieron en su hotel en el distrito Da’an de Taipéi.
«Entré en mi habitación y me di cuenta de que el edificio se balanceaba y oí crujir el escritorio», dijo.
En Taiwán son habituales los sismos, ya que la isla está ubicada cerca de la juntura de dos placas tectónicas.
El terremoto del 3 de abril tuvo cientos de réplicas. Fue el más fuerte en la isla desde 1999, cuando un sismo de magnitud 7,6 dejó 2.400 muertos.
La aplicación de reglas de construcción más estrictas desde entonces y la concienciación pública sobre cómo actuar ante estas situaciones evitaron una catástrofe mayor a principios de mes.
Un líder criminal acusado de amenazar de muerte a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, fue capturado el lunes, tres meses después de su fuga en medio de una violenta arremetida narco en el país.
Junto a cuatro personas, entre ellos dos reos que escaparon de la misma prisión y una hermana suya, el ecuatoriano Colón Pico fue detenido en un sector del pequeño poblado de Puerto Quito, a 160 km al noroeste de la capital.
«Hoy tenemos tres recapturados. Todos sabemos lo que significa Colón Pico, se volvió un símbolo» dentro del crimen organizado, expresó en rueda de prensa conjunta la ministra de Interior, Mónica Palencia, pieza clave del gobierno en su guerra contra las bandas narco.
Alias capitán Pico, uno de los capos de la agrupación Los Lobos y considerado un «objetivo de alto valor» por las autoridades, se fugó de una cárcel de Riobamba, en el centro andino, el 9 de enero en medio de una fuerte arremetida narco que dejó una veintena de muertos. La embestida llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el estado de excepción, que duró 90 días y le permitió movilizar a los militares a las calles.
Las autoridades sospechan que Los Lobos participaron en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en agosto pasado por sicarios colombianos al salir de un mitin de campaña en Quito.
Fotografías de la captura muestran a Pico con el cabello teñido de rubio, esposado y rodeado de uniformados.
«Recibidos a bala»
Durante la captura, los uniformados «fueron recibidos a bala» cuando trataban de entrar a una finca cacaotera donde estaba el fugitivo, indicó el comandante de la policía, general César Zapata.
Pico había sido detenido el 5 de enero acusado del delito de secuestro (al hijo de un narcotraficante) y de urdir un plan para asesinar a Salazar, la fiscal que destapó los nexos del narco con políticos, jueces y entidades del Estado.
Tras el golpe a Los Lobos, las autoridades buscan todavía al líder de Los Choneros, una de las mayores bandas del país, fugado de una prisión del puerto de Guayaquil (suroeste). Adolfo Macías, alias «Fito», estaba preso desde 2011, condenado a 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
La ausencia de Fito, quien no ha sido recapturado, fue detectada durante una inspección de la fuerza pública en la penitenciaria el 7 de enero.
«No vamos a descansar hasta tenerles en las rejas a todos estos terroristas que están causando problemas», manifestó Zapata.
La fuga del cabecilla de Los Choneros desencadenó varias jornadas de terror en Ecuador, ante lo que Noboa declaró el conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas doblegar a una veintena de agrupaciones consideradas «terroristas» y «beligerantes».
En esos días de enero las bandas embistieron con violencia en respuesta a las medidas excepcionales del gobierno, con amotinamientos en prisiones, ataques contra la prensa, detonaciones de autos bomba y la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios y policías dentro de las prisiones.
La prioridad: seguridad
La recaptura de Pico se produjo luego del referendo del domingo, en el que el gobierno logró el apoyo para fortalecer su guerra contra el crimen organizado con la extradición de ecuatorianos a otros países y el incremento de penas para delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato.
«El pueblo nos habló de manera clara y concisa, y nos dijo que su prioridad es la seguridad, y estamos trabajando en ello», dijo la ministra Palencia.
Según la jefa de la cartera, la seguridad ha mejorado a pesar de que se registraron 92 homicidios en la última semana: dos alcaldes fueron asesinados entre miércoles y viernes en una zona minera, donde operan Los Lobos, y el director de una cárcel también murió en un atentado el domingo.
En la primera semana de enero se produjeron unas 200 muertes.
Ecuador está en medio de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y hace años dejó de ser una isla de paz para convertirse en un punto estratégico para las operaciones de bandas con nexos con carteles de México y Colombia, así como con la mafia albanesa.
La violencia entre las agrupaciones que se disputan el poder generó el récord de 43 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023. Las cárceles, controladas desde enero por militares, han sido escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas en los que han muerto más de 460 presos desde 2021.
