Internacionales
En Nueva York pedirán las redes sociales a compradores de armas antes de otorgar licencias
Tras la reversión por parte del Tribunal Supremo de EE.UU. de una norma que impedía llevar armas en público en Nueva York, los legisladores han aprobado una ley que restringe la obtención de licencia con nuevos requisitos que incluyen el escrutinio de las redes sociales de los potenciales compradores, una medida que causa división.
El texto firmado por la gobernadora demócrata Kathy Hochul hace una semana exige a los solicitantes de licencia de armas que ofrezcan una lista de las cuentas de redes sociales actuales y antiguas de los últimos tres años para que las autoridades evalúen el “carácter y conducta” de la persona.
Jaclyn Schildkraut, directora ejecutiva interina del Consorcio de Investigación Regional sobre Violencia Armada del Instituto Rockefeller de Gobernanza, un “think tank” sin afiliación política, señaló a Efe que éstas pueden ser “pueden ser una herramienta muy útil (en cuestión de prevención de delitos) si se sabe lo que hay que buscar”.
Algunos tiroteos masivos que han conmocionado al país en los últimos años fueron perpetrados por jóvenes que habían compartido previamente en sus redes lo que se considera “señales de aviso” que no fueron reportadas por nadie de su alrededor ni escrutinizadas.
Según un artículo publicado por Schildkraut para el instituto Rockefeller en junio, precisamente un aspecto del proceso que desemboca en los tiroteos masivos es la “filtración”, que tiene lugar cuando los individuos están “tan consumidos” con sus planes que no pueden guardárselos o evitar hacer amenazas en redes sociales.
Esa entidad cita un estudio del Servicio Secreto de EE.UU. de 2019, que halló que más del 75 % de los responsables de tiroteos en escuelas comunicaron previamente sus intenciones, un comportamiento también seguido por tiradores masivos en general, y en el que es primordial que los allegados tomen medidas.
Generalmente, los investigadores destacan la importancia del entorno social para identificar señales de amenaza y reportarlas a las autoridades, pero Schildkraut reivindica la colaboración entre el público y las fuerzas del orden: “No podemos poner la responsabilidad en una persona o una entidad”, comenta.
Respecto a la nueva tarea revisora de las autoridades en Nueva York, reconoce que habrá “gente preocupada porque puede ser un terreno resbaladizo, por si lo que la gente cuelga en redes sociales puede ser potencialmente usado como arma contra ellos”.
Políticos republicanos y defensores del uso de las armas se han hecho eco de esas preocupaciones y han considerado que la revisión de las redes sociales por parte de las autoridades vulnera la privacidad y derechos constitucionales como el de libre expresión.
A nivel federal, muchas agencias gubernamentales hacen seguimiento de redes sociales de los ciudadanos y las que más inciden son el FBI, el Departamento de Estado o el de Seguridad Nacional para investigar, detectar amenazas o examinar a inmigrantes a la hora de dar visados.
Expertos de Brennan Center for Justice también señalaron en un artículo que el aumento, todavía poco regulado, de ese seguimiento de las redes sociales por parte de Gobierno podría ser perjudicial para los derechos y libertades, ya que los usuarios vuelcan su información personal.
Los riesgos son particularmente altos para “las comunidades negras, latinas y musulmanas que históricamente han sido objetivo de las fuerzas del orden e inteligencia”, recoge un artículo del Brennan fechado en enero.
No obstante, Schildkraut considera que la nueva política de control de armas Nueva York articula los criterios por los que se puede denegar una licencia, que tienen en cuenta factores contextuales en torno a posibles imágenes compartidas en internet.
La legislación que entrará en vigor en septiembre incluye más restricciones para la obtención de una licencia, como aportar referencias, recibir una formación de seguridad de 16 horas, hacerse pruebas periódicas o entregar los datos de contacto de la pareja u adultos que vivan en el hogar.
También incluye negar licencias a personas con condenas recientes y el porte de armas en espacios públicos de la Gran Manzana como Times Square, parques o museos, y en negocios privados, donde a diferencia de otros estados los dueños deberán señalar expresamente que las armas son bienvenidas.
Schildkraut, que dirige interinamente el consorcio investigador formado por acuerdo entre varios gobernadores para la prevención de la violencia tras el tiroteo en un instituto de Parkland (Florida) en 2018, destaca la utilidad del trabajo “proactivo”, que se refleja en sus cifras.
Según un mapa elaborado en 2020 por ese ente, los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachussetts son de lejos los que tienen una menor tasa de muertes por violencia armada por cada 100,000 habitantes, hasta cinco veces menos que los más afectados, que son Misisipí, Luisiana y Wyoming.
Eso se debe a que tienen una legislación más completa de control de armas y restricciones, explica la experta, que ante la decisión del Supremo añade: “No puedo predecir el futuro, pero ciertamente puedo decir que estos estados está actuando muy proactivamente”.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
