Internacionales
En Nueva York pedirán las redes sociales a compradores de armas antes de otorgar licencias
Tras la reversión por parte del Tribunal Supremo de EE.UU. de una norma que impedía llevar armas en público en Nueva York, los legisladores han aprobado una ley que restringe la obtención de licencia con nuevos requisitos que incluyen el escrutinio de las redes sociales de los potenciales compradores, una medida que causa división.
El texto firmado por la gobernadora demócrata Kathy Hochul hace una semana exige a los solicitantes de licencia de armas que ofrezcan una lista de las cuentas de redes sociales actuales y antiguas de los últimos tres años para que las autoridades evalúen el “carácter y conducta” de la persona.
Jaclyn Schildkraut, directora ejecutiva interina del Consorcio de Investigación Regional sobre Violencia Armada del Instituto Rockefeller de Gobernanza, un “think tank” sin afiliación política, señaló a Efe que éstas pueden ser “pueden ser una herramienta muy útil (en cuestión de prevención de delitos) si se sabe lo que hay que buscar”.
Algunos tiroteos masivos que han conmocionado al país en los últimos años fueron perpetrados por jóvenes que habían compartido previamente en sus redes lo que se considera “señales de aviso” que no fueron reportadas por nadie de su alrededor ni escrutinizadas.
Según un artículo publicado por Schildkraut para el instituto Rockefeller en junio, precisamente un aspecto del proceso que desemboca en los tiroteos masivos es la “filtración”, que tiene lugar cuando los individuos están “tan consumidos” con sus planes que no pueden guardárselos o evitar hacer amenazas en redes sociales.
Esa entidad cita un estudio del Servicio Secreto de EE.UU. de 2019, que halló que más del 75 % de los responsables de tiroteos en escuelas comunicaron previamente sus intenciones, un comportamiento también seguido por tiradores masivos en general, y en el que es primordial que los allegados tomen medidas.
Generalmente, los investigadores destacan la importancia del entorno social para identificar señales de amenaza y reportarlas a las autoridades, pero Schildkraut reivindica la colaboración entre el público y las fuerzas del orden: “No podemos poner la responsabilidad en una persona o una entidad”, comenta.
Respecto a la nueva tarea revisora de las autoridades en Nueva York, reconoce que habrá “gente preocupada porque puede ser un terreno resbaladizo, por si lo que la gente cuelga en redes sociales puede ser potencialmente usado como arma contra ellos”.
Políticos republicanos y defensores del uso de las armas se han hecho eco de esas preocupaciones y han considerado que la revisión de las redes sociales por parte de las autoridades vulnera la privacidad y derechos constitucionales como el de libre expresión.
A nivel federal, muchas agencias gubernamentales hacen seguimiento de redes sociales de los ciudadanos y las que más inciden son el FBI, el Departamento de Estado o el de Seguridad Nacional para investigar, detectar amenazas o examinar a inmigrantes a la hora de dar visados.
Expertos de Brennan Center for Justice también señalaron en un artículo que el aumento, todavía poco regulado, de ese seguimiento de las redes sociales por parte de Gobierno podría ser perjudicial para los derechos y libertades, ya que los usuarios vuelcan su información personal.
Los riesgos son particularmente altos para “las comunidades negras, latinas y musulmanas que históricamente han sido objetivo de las fuerzas del orden e inteligencia”, recoge un artículo del Brennan fechado en enero.
No obstante, Schildkraut considera que la nueva política de control de armas Nueva York articula los criterios por los que se puede denegar una licencia, que tienen en cuenta factores contextuales en torno a posibles imágenes compartidas en internet.
La legislación que entrará en vigor en septiembre incluye más restricciones para la obtención de una licencia, como aportar referencias, recibir una formación de seguridad de 16 horas, hacerse pruebas periódicas o entregar los datos de contacto de la pareja u adultos que vivan en el hogar.
También incluye negar licencias a personas con condenas recientes y el porte de armas en espacios públicos de la Gran Manzana como Times Square, parques o museos, y en negocios privados, donde a diferencia de otros estados los dueños deberán señalar expresamente que las armas son bienvenidas.
Schildkraut, que dirige interinamente el consorcio investigador formado por acuerdo entre varios gobernadores para la prevención de la violencia tras el tiroteo en un instituto de Parkland (Florida) en 2018, destaca la utilidad del trabajo “proactivo”, que se refleja en sus cifras.
Según un mapa elaborado en 2020 por ese ente, los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachussetts son de lejos los que tienen una menor tasa de muertes por violencia armada por cada 100,000 habitantes, hasta cinco veces menos que los más afectados, que son Misisipí, Luisiana y Wyoming.
Eso se debe a que tienen una legislación más completa de control de armas y restricciones, explica la experta, que ante la decisión del Supremo añade: “No puedo predecir el futuro, pero ciertamente puedo decir que estos estados está actuando muy proactivamente”.
Internacionales
Dos accidentes mortales en 48 horas desatan las dudas sobre el sistema ferroviario español
A 9:00 locales (20H00 GMT) del martes, «un muro de contención se derrumbó sobre las vías, provocando un accidente en el que se vio involucrado» un tren de cercanías en el municipio de Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, informó la agencia de protección civil catalana.
Un maquinista en prácticas, que se encontraba en la cabina junto a otros compañeros y al conductor principal, falleció, y 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, según indicaron fuentes del gobierno catalán.
Las primeras hipótesis apuntan a que un muro se desprendió a causa del temporal de lluvias que afectó en los últimos días a Cataluña e impactó contra el tren.
Tras el accidente, que dejó la parte delantera del convoy completamente abollada, la circulación de cercanías de esta poblada región del noreste español, que cada día utilizan miles de usuarios, quedó «suspendida (…) ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura», indicó el gestor de la red Adif.
Este nuevo accidente se produjo mientras el país sigue conmocionado por la colisión de dos trenes, con alrededor de 500 pasajeros a bordo, que dejó al menos 42 muertos el domingo, cerca de la localidad cordobesa de Adamuz.
Los expertos todavía tratan de buscar las causas de la peor tragedia ferroviaria del país desde que en 2013 otro descarrilamiento causara la muerte de 80 personas poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela.
La sucesión de tragedias puso en el punto de mira al servicio ferroviario español y al gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, que el lunes había prometido desde Adamuz dar con la verdad sobre un accidente del que todavía quedan muchos interrogantes.
El sindicato de conductores ferroviarios SEMAF anunció su intención de convocar una huelga general al considerar «inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril», según indicó en un comunicado.
«Esto es demasiado», escribió Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, principal partido de la oposición (PP, derecha), en X tras conocerse el accidente en Gelida, expresando su preocupación por lo ocurrido.
«Retrasos constantes, trenes llenos, averías, excusas y accidentes. Lo advertimos desde hace mucho tiempo. Ya basta», criticó de su lado la formación independentista catalana Junts per Catalunya en su cuenta de X.
El ministro de Transportes español, Óscar Puente, indicó que espera dialogar con los maquinistas para desconvocar la huelga y defendió que el accidente de Cataluña ocurrió por causas que «nada tienen que ver con el servicio ferroviario», sino más bien «meteorológicas».
La central nuclear japonesa de Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo, reanudó el miércoles su actividad por primera vez desde la catástrofe de Fukushima de 2011 y pese a las persistentes preocupaciones de la población.
La puesta en marcha se llevó a cabo a las 19h02 hora local (10h02 GMT), indicó a la AFP Tatsuya Matoba, portavoz de la compañía Tokyo Electric Power (Tepco).
El gobernador de la prefectura de Niigata, donde se encuentra la central, había dado el mes pasado su visto bueno a la reanudación, pese a una opinión pública dividida: según una encuesta realizada en septiembre por la propia prefectura, el 60% de los habitantes se oponía al reinicio, frente al 37% que lo apoya.
El martes, varias decenas de manifestantes desafiaron el frío para protestar bajo la nieve cerca de la entrada de la central, a orillas del mar de Japón.
«La electricidad de Tokio se produce en Kashiwazaki, ¿y solo los habitantes de aquí deberían estar en peligro? No tiene ningún sentido», lamentó a la AFP Yumiko Abe, una vecina de 73 años.
La central de Kashiwazaki-Kariwa quedó detenida cuando Japón cerró todos sus reactores nucleares tras el triple desastre —terremoto, tsunami y accidente nuclear— de Fukushima, en marzo de 2011.
La tormenta es el resultado de «una erupción de material solar y campos magnéticos» que salieron del sol el domingo y se espera que lleguen a la Tierra entre el lunes y el martes, explicó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).
Advirtió que la severa tormenta geomagnética también puede causar problemas tecnológicos, incluyendo dificultades con el control de voltaje e impacto en las operaciones satelitales.
Funcionarios de la NOAA aseguraron que las personas en los estados del norte y del centro de Estados Unidos continental pueden ver la aurora en la noche si las condiciones climáticas lo permiten».
«Es posible que las auroras sean visibles en gran parte de la mitad norte del país y quizá tan al sur como Alabama hasta el norte de California», indicaron.
La severidad de esta tormenta geomagnética es «muy rara», señaló la NOAA.
Shawn Dahl, del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, dijo que la última vez que una tormenta de radiación solar de esta intensidad afectó la Tierra fue en 2003.
