Internacionales
En Nueva York pedirán las redes sociales a compradores de armas antes de otorgar licencias
Tras la reversión por parte del Tribunal Supremo de EE.UU. de una norma que impedía llevar armas en público en Nueva York, los legisladores han aprobado una ley que restringe la obtención de licencia con nuevos requisitos que incluyen el escrutinio de las redes sociales de los potenciales compradores, una medida que causa división.
El texto firmado por la gobernadora demócrata Kathy Hochul hace una semana exige a los solicitantes de licencia de armas que ofrezcan una lista de las cuentas de redes sociales actuales y antiguas de los últimos tres años para que las autoridades evalúen el “carácter y conducta” de la persona.
Jaclyn Schildkraut, directora ejecutiva interina del Consorcio de Investigación Regional sobre Violencia Armada del Instituto Rockefeller de Gobernanza, un “think tank” sin afiliación política, señaló a Efe que éstas pueden ser “pueden ser una herramienta muy útil (en cuestión de prevención de delitos) si se sabe lo que hay que buscar”.
Algunos tiroteos masivos que han conmocionado al país en los últimos años fueron perpetrados por jóvenes que habían compartido previamente en sus redes lo que se considera “señales de aviso” que no fueron reportadas por nadie de su alrededor ni escrutinizadas.
Según un artículo publicado por Schildkraut para el instituto Rockefeller en junio, precisamente un aspecto del proceso que desemboca en los tiroteos masivos es la “filtración”, que tiene lugar cuando los individuos están “tan consumidos” con sus planes que no pueden guardárselos o evitar hacer amenazas en redes sociales.
Esa entidad cita un estudio del Servicio Secreto de EE.UU. de 2019, que halló que más del 75 % de los responsables de tiroteos en escuelas comunicaron previamente sus intenciones, un comportamiento también seguido por tiradores masivos en general, y en el que es primordial que los allegados tomen medidas.
Generalmente, los investigadores destacan la importancia del entorno social para identificar señales de amenaza y reportarlas a las autoridades, pero Schildkraut reivindica la colaboración entre el público y las fuerzas del orden: “No podemos poner la responsabilidad en una persona o una entidad”, comenta.
Respecto a la nueva tarea revisora de las autoridades en Nueva York, reconoce que habrá “gente preocupada porque puede ser un terreno resbaladizo, por si lo que la gente cuelga en redes sociales puede ser potencialmente usado como arma contra ellos”.
Políticos republicanos y defensores del uso de las armas se han hecho eco de esas preocupaciones y han considerado que la revisión de las redes sociales por parte de las autoridades vulnera la privacidad y derechos constitucionales como el de libre expresión.
A nivel federal, muchas agencias gubernamentales hacen seguimiento de redes sociales de los ciudadanos y las que más inciden son el FBI, el Departamento de Estado o el de Seguridad Nacional para investigar, detectar amenazas o examinar a inmigrantes a la hora de dar visados.
Expertos de Brennan Center for Justice también señalaron en un artículo que el aumento, todavía poco regulado, de ese seguimiento de las redes sociales por parte de Gobierno podría ser perjudicial para los derechos y libertades, ya que los usuarios vuelcan su información personal.
Los riesgos son particularmente altos para “las comunidades negras, latinas y musulmanas que históricamente han sido objetivo de las fuerzas del orden e inteligencia”, recoge un artículo del Brennan fechado en enero.
No obstante, Schildkraut considera que la nueva política de control de armas Nueva York articula los criterios por los que se puede denegar una licencia, que tienen en cuenta factores contextuales en torno a posibles imágenes compartidas en internet.
La legislación que entrará en vigor en septiembre incluye más restricciones para la obtención de una licencia, como aportar referencias, recibir una formación de seguridad de 16 horas, hacerse pruebas periódicas o entregar los datos de contacto de la pareja u adultos que vivan en el hogar.
También incluye negar licencias a personas con condenas recientes y el porte de armas en espacios públicos de la Gran Manzana como Times Square, parques o museos, y en negocios privados, donde a diferencia de otros estados los dueños deberán señalar expresamente que las armas son bienvenidas.
Schildkraut, que dirige interinamente el consorcio investigador formado por acuerdo entre varios gobernadores para la prevención de la violencia tras el tiroteo en un instituto de Parkland (Florida) en 2018, destaca la utilidad del trabajo “proactivo”, que se refleja en sus cifras.
Según un mapa elaborado en 2020 por ese ente, los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachussetts son de lejos los que tienen una menor tasa de muertes por violencia armada por cada 100,000 habitantes, hasta cinco veces menos que los más afectados, que son Misisipí, Luisiana y Wyoming.
Eso se debe a que tienen una legislación más completa de control de armas y restricciones, explica la experta, que ante la decisión del Supremo añade: “No puedo predecir el futuro, pero ciertamente puedo decir que estos estados está actuando muy proactivamente”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador realizó hoy domingo un simulacro a nivel nacional en el que se probó de manera total el sistema informático y logístico de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales programada para el próximo 13 de abril, informó el organismo.
El CNE indicó en un comunicado que el proceso se desarrolló de manera simultánea en las 24 delegaciones electorales provinciales y en el exterior, al poner a prueba todos los aspectos técnicos y operativos del proceso electoral, así como el funcionamiento de las Juntas Receptoras del Voto.
Durante el ejercicio se evaluó también el Sistema de Procesamiento y Transmisión de Resultados, además de ponerse en práctica la aplicación de un plan de riesgos y contingencias ante la actual temporada invernal en el país.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, inauguró la mañana de este domingo el simulacro nacional en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, cuya capital es Quito, en un acto que contó con la presencia de delegados de organizaciones políticas y observadores internacionales.
«A siete días de realizar la jornada de votación estamos cumpliendo hoy con un nuevo hito democrático, al ejecutar el simulacro nacional en cada provincia del país y también en el exterior», dijo la funcionaria electoral.
Añadió que el simulacro es una muestra de que Ecuador se prepara con rigor, con planificación y con transparencia para que el día de la elección no haya algún margen de error.
«Cada voto cuenta y cada voto, como siempre lo hemos hecho, será absolutamente respetado para que sea el soberano el que se pronuncie», apuntó.
Atamaint indicó que el CNE junto con otras entidades estatales monitorea el impacto de las fuertes lluvias que afectan a varias provincias para decidir eventuales cambios de recintos de votación.
Indicó, además, que hasta ahora 14 de las 24 provincias del país ya han recibido las papeletas de votación y el material electoral para los comicios venideros.
Poco más de 13,7 millones de ecuatorianos, dentro y fuera del país podrán elegir el 13 de abril al nuevo mandatario entre los candidatos presidenciales Luisa González, afín al izquierdista expresidente Rafael Correa (2007-2017), y el actual presidente y candidato a la reelección, el empresario Daniel Noboa.
El balotaje se avizora reñido, después de una primera vuelta ajustada efectuada el 9 de febrero pasado, en la que Noboa obtuvo el 44,17 por ciento de los votos y superó por estrecho margen (16.746 votos) a González, quien alcanzó el 44 por ciento.
La campaña electoral que inició el 23 de marzo pasado terminará el próximo 10 de abril, luego de lo cual regirá un silencio electoral para meditar el voto.
La cifra de muertes a causa del terremoto de Myanmar llegó a 3.564 hasta este domingo por la noche, reportó el Equipo de Información del Consejo de Administración Estatal de Myanmar.
Además, se confirmó que, hasta este mismo día, otras 5.012 personas resultaron heridas y 210 siguen desaparecidas debido al terremoto.
Las autoridades locales, así como organizaciones de rescate locales e internacionales informaron que han brindado atención a 653 personas atrapadas en edificios tras el terremoto y recuperaron 682 cuerpos de entre los escombros.
La temporada escolar comenzó hace un mes, pero solo ahora los padres pueden llevar a sus hijos a este colegio de Lima atacado con explosivos por negarse a pagar una extorsión. En la entrada, en vez de profesores, vigilan militares con fusiles.
El crimen organizado extendió su chantaje al sistema privado de educación y afecta a miles de estudiantes, tras ensañarse los últimos tres años con comerciantes y transportistas principalmente.
Su poder de intimidación desafía al impopular Gobierno de Dina Boluarte, que echó mano del Ejército para tratar de contener la ola de extorsiones en las calles de Lima.
«Hasta la fecha tenemos […] 500 colegios extorsionados» a escala nacional, señala a la AFP Giannina Miranda, presidenta del Colectivo Educar con Libertad, que representa a los colegios amenazados en Perú.
De ese total, 325 se vieron forzados a cerrar por tiempo indefinido y pasar a la virtualidad, precisó.
Las bandas han impuesto el miedo y el silencio en los ambientes escolares, según constatan docentes y padres de estudiantes que hablaron bajo reserva.
«Es prácticamente como una pandemia, pero con armas», afirma un padre de 40 años tras acompañar a su hijo de 13 al colegio San Vicente, en el distrito de Comas, en el norte de Lima.
A las afueras un grupo de cinco militares y policías vigilan el ingreso de los alumnos.
MIEDO
En la primera semana de marzo la institución que recibe a 1,200 estudiantes fue atacada con un explosivo. La detonación no causó víctimas, pero sí daños en la puerta principal y obligó a iniciar clase de manera virtual.
Previamente, por un mensaje de WhatsApp, desconocidos habían pedido a las directivas 100,000 soles (unos $27,000) para no atacar.
Después del atentado llegó un video todavía más intimidante, cuyo contenido fue compartido por el padre de un alumno del colegio San Vicente bajo anonimato. «Ya te exploté tu colegio y aún sin darme solución», se lee en un cartel con siete balas encima rodeado de fusiles y pistolas que aparece en la grabación.
El aviso concluye con una advertencia de muerte contra un vigilante, un profesor o un «padre de familia dentro o fuera del colegio».
Estos centros escolares pasaron a ser blanco de las bandas locales o internacionales, que cobran a cambio de no matar o destruir.
Las amenazas inundan los celulares de directivos y profesores. Unas 17,000 instituciones y 2.5 millones de estudiantes forman parte de la red privada.
Ante «tanto miedo y tensión», familias están considerando no enviar más a sus hijos a la escuela, sostiene una jubilada de 70 años.
COSTO POLÍTICO
El auge del crimen organizado empujó a la presidenta Boluarte a declarar el estado de emergencia por un mes en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.
El decreto entró en vigor el 18 de marzo. Amparada en esa figura, la mandataria sacó a los militares de los cuarteles para que apoyen a la Policía en la lucha contra la extorsión y el sicariato.
Pese a los esfuerzos de las autoridades por presentar resultados, la extorsión se instaló prácticamente en la actividad diaria de millones de peruanos.
«¿Cómo explicarle a mi hijo lo que está pasando? Tener yo que enseñarle que cuando regrese al colegio, si escucha un disparo o si escucha una explosión», se resguarde debajo de su pupitre, se pregunta una secretaria de 30 años.
Desde hace 20 días, su pequeño de seis años recibe clases virtuales después de que el colegio Pitágoras, en el norte de Lima, suspendió sus actividades también por extorsión.
Según la Policía, en 2024 recibió 19,443 denuncias por este delito frente a las 22,294 del año anterior. Sin embargo, según la propia autoridad, muchos no denuncian por miedo.
