Internacionales
En Nueva York pedirán las redes sociales a compradores de armas antes de otorgar licencias
Tras la reversión por parte del Tribunal Supremo de EE.UU. de una norma que impedía llevar armas en público en Nueva York, los legisladores han aprobado una ley que restringe la obtención de licencia con nuevos requisitos que incluyen el escrutinio de las redes sociales de los potenciales compradores, una medida que causa división.
El texto firmado por la gobernadora demócrata Kathy Hochul hace una semana exige a los solicitantes de licencia de armas que ofrezcan una lista de las cuentas de redes sociales actuales y antiguas de los últimos tres años para que las autoridades evalúen el “carácter y conducta” de la persona.
Jaclyn Schildkraut, directora ejecutiva interina del Consorcio de Investigación Regional sobre Violencia Armada del Instituto Rockefeller de Gobernanza, un “think tank” sin afiliación política, señaló a Efe que éstas pueden ser “pueden ser una herramienta muy útil (en cuestión de prevención de delitos) si se sabe lo que hay que buscar”.
Algunos tiroteos masivos que han conmocionado al país en los últimos años fueron perpetrados por jóvenes que habían compartido previamente en sus redes lo que se considera “señales de aviso” que no fueron reportadas por nadie de su alrededor ni escrutinizadas.
Según un artículo publicado por Schildkraut para el instituto Rockefeller en junio, precisamente un aspecto del proceso que desemboca en los tiroteos masivos es la “filtración”, que tiene lugar cuando los individuos están “tan consumidos” con sus planes que no pueden guardárselos o evitar hacer amenazas en redes sociales.
Esa entidad cita un estudio del Servicio Secreto de EE.UU. de 2019, que halló que más del 75 % de los responsables de tiroteos en escuelas comunicaron previamente sus intenciones, un comportamiento también seguido por tiradores masivos en general, y en el que es primordial que los allegados tomen medidas.
Generalmente, los investigadores destacan la importancia del entorno social para identificar señales de amenaza y reportarlas a las autoridades, pero Schildkraut reivindica la colaboración entre el público y las fuerzas del orden: “No podemos poner la responsabilidad en una persona o una entidad”, comenta.
Respecto a la nueva tarea revisora de las autoridades en Nueva York, reconoce que habrá “gente preocupada porque puede ser un terreno resbaladizo, por si lo que la gente cuelga en redes sociales puede ser potencialmente usado como arma contra ellos”.
Políticos republicanos y defensores del uso de las armas se han hecho eco de esas preocupaciones y han considerado que la revisión de las redes sociales por parte de las autoridades vulnera la privacidad y derechos constitucionales como el de libre expresión.
A nivel federal, muchas agencias gubernamentales hacen seguimiento de redes sociales de los ciudadanos y las que más inciden son el FBI, el Departamento de Estado o el de Seguridad Nacional para investigar, detectar amenazas o examinar a inmigrantes a la hora de dar visados.
Expertos de Brennan Center for Justice también señalaron en un artículo que el aumento, todavía poco regulado, de ese seguimiento de las redes sociales por parte de Gobierno podría ser perjudicial para los derechos y libertades, ya que los usuarios vuelcan su información personal.
Los riesgos son particularmente altos para “las comunidades negras, latinas y musulmanas que históricamente han sido objetivo de las fuerzas del orden e inteligencia”, recoge un artículo del Brennan fechado en enero.
No obstante, Schildkraut considera que la nueva política de control de armas Nueva York articula los criterios por los que se puede denegar una licencia, que tienen en cuenta factores contextuales en torno a posibles imágenes compartidas en internet.
La legislación que entrará en vigor en septiembre incluye más restricciones para la obtención de una licencia, como aportar referencias, recibir una formación de seguridad de 16 horas, hacerse pruebas periódicas o entregar los datos de contacto de la pareja u adultos que vivan en el hogar.
También incluye negar licencias a personas con condenas recientes y el porte de armas en espacios públicos de la Gran Manzana como Times Square, parques o museos, y en negocios privados, donde a diferencia de otros estados los dueños deberán señalar expresamente que las armas son bienvenidas.
Schildkraut, que dirige interinamente el consorcio investigador formado por acuerdo entre varios gobernadores para la prevención de la violencia tras el tiroteo en un instituto de Parkland (Florida) en 2018, destaca la utilidad del trabajo “proactivo”, que se refleja en sus cifras.
Según un mapa elaborado en 2020 por ese ente, los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachussetts son de lejos los que tienen una menor tasa de muertes por violencia armada por cada 100,000 habitantes, hasta cinco veces menos que los más afectados, que son Misisipí, Luisiana y Wyoming.
Eso se debe a que tienen una legislación más completa de control de armas y restricciones, explica la experta, que ante la decisión del Supremo añade: “No puedo predecir el futuro, pero ciertamente puedo decir que estos estados está actuando muy proactivamente”.
Ochenta y seis personas fueron detenidas por supuesta intrusión después de que un grupo de manifestantes irrumpiera en el recinto de una cárcel londinense en apoyo a un preso en huelga de hambre, indicó la policía británica este domingo.
El grupo «protestaba en apoyo a un prisionero de Palestine Action en huelga del hambre» el sábado y rechazó dejar el recinto de la cárcel cuando se le ordenó, escribió la policía metropolitana de Londres en X.
«Al parecer, impidieron la entrada y salida del personal penitenciario, amenazaron a los policías y algunos lograron entrar en la zona reservada al personal de un edificio de la prisión», precisó la policía. Todas las personas implicadas fueron arrestadas, añadió.
Un portavoz del Ministerio de Justicia calificó el incidente de «profundamente preocupante».
La intrusión se produjo en la prisión HMP Wormwood Scrubs, en el oeste de la capital británica, donde Muhammad Umer Jalid permanece detenido y lleva más de dos semanas en huelga de hambre, según la asociación Prisoners for Palestine.
Otros activistas han llevado a cabo huelgas de hambre en los últimos meses a la espera de ser juzgados por allanamiento y actos de vandalismo cometidos en nombre de la organización Palestine Action, antes de que esta fuera prohibida en Reino Unido en virtud de la legislación antiterrorista. Jalid y los demás niegan estas acusaciones y piden que se retiren.
China y Canadá alcanzaron acuerdos específicos para abordar debidamente asuntos comerciales relacionados con vehículos eléctricos, productos de acero y aluminio, canola, y productos agrícolas y acuáticos, según el Ministerio de Comercio de China.
Para implementar los importantes consensos alcanzados por los líderes de China y Canadá, ambas partes sostuvieron recientemente varias rondas de intensas consultas a diversos niveles, enfocadas en asuntos económicos y comerciales clave de preocupación mutua, indicó el ministerio en una declaración.
Las dos partes alcanzaron consensos positivos sobre incrementar los vuelos directos, mejorar el entorno de negocios y la inspección y cuarentena de productos agrícolas, destaca el documento.
Durante la visita a China del primer ministro canadiense, Mark Carney, ambos países firmaron una hoja de ruta de cooperación económica y comercial, lo que constituye un logro importante en el marco de la nueva asociación estratégica entre China y Canadá, declaró un funcionario del ministerio en el comunicado.
China y Canadá deberían ser socios con un respeto mutuo, desarrollo común, confianza y colaboración, afirmó el presidente chino, Xi Jinping.
Ambas partes acordaron fortalecer el mecanismo de la Comisión Económica y Comercial Conjunta China-Canadá y ampliar integralmente la cooperación económica y comercial pragmática en todos los ámbitos. También alcanzaron un consenso positivo sobre la cooperación en marcos multilaterales y regionales, según la hoja de ruta.
Canadá realizará ajustes positivos a sus medidas unilaterales contra los vehículos eléctricos chinos, así como contra los productos de acero y aluminio, y también en casos específicos relacionados con la inversión y operación de empresas chinas en el país, de acuerdo con la misma fuente.
China ha tomado nota de la reciente declaración de Canadá de que permitirá la entrada de un cupo anual de 49,000 vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense con el arancel de nación más favorecido del 6.1 %, eximiéndolos del impuesto adicional del 100 % aplicado en 2024, manifestó el funcionario.
Considerando dicha declaración como «un paso positivo en la dirección correcta y una buena noticia para las empresas chinas de vehículos eléctricos que exploran el mercado canadiense», el funcionario afirmó que China espera que Canadá cumpla activamente sus compromisos y continúe trabajando con China para crear un entorno justo, estable y no discriminatorio que permita ampliar aún más la cooperación comercial y de inversión en el sector de los vehículos eléctricos mediante consultas amistosas.
China también ajustará sus medidas «antidumping» sobre la colza y las medidas antidiscriminatorias con respecto a ciertas importaciones agrícolas y acuáticas canadienses, de conformidad con la normativa pertinente. Se espera que estos acuerdos impulsen la cooperación industrial bilateral y beneficien a los pueblos de ambas naciones, afirmó el funcionario. Las dos partes aprovecharán plenamente el mecanismo de la Comisión Económica y Comercial Conjunta China Canadá para seguir aumentando la cooperación, resolver problemas, gestionar las diferencias y promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales China-Canadá, añadió la entidad.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó el sábado a «alcanzar acuerdos» con la oposición para lograr la «paz» en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso al mandatario Nicolás Maduro.
Antes vicepresidenta de Maduro, Rodríguez asumió funciones de forma temporal luego de la captura del izquierdista el 3 de enero en un ataque militar que dejó cerca de un centenar de muertos.
La mandataria dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington, al tiempo que se comprometió a liberar un «número importante» de presos políticos.
«No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela», dijo Rodríguez desde el costero estado La Guaira a la televisora estatal VTV.
«Desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto. Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos», agregó.
La víspera, la presidenta pidió al jefe del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, un encuentro con los diferentes sectores políticos en el país con «resultados concretos, inmediatos».
«Que sea un diálogo político venezolano donde no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington ni desde Bogotá o Madrid, un dialogo político nacionalizado (…) que sea por el bien común de Venezuela», dijo el viernes.
Su gobierno asegura haber llevado a cabo un total de 626 excarcelaciones desde diciembre, aunque la cifra contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas, contabiliza 269 en el mismo periodo.
Más de 700 personas siguen detenidas por motivos políticos, según esa organización.
Los familiares, en tanto, denuncian un proceso a cuentagotas desde el 8 de enero, cuando se anunció oficialmente un «número importante» de liberaciones.
Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal. Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas.
Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.
