Internacionales
En Nueva York pedirán las redes sociales a compradores de armas antes de otorgar licencias
Tras la reversión por parte del Tribunal Supremo de EE.UU. de una norma que impedía llevar armas en público en Nueva York, los legisladores han aprobado una ley que restringe la obtención de licencia con nuevos requisitos que incluyen el escrutinio de las redes sociales de los potenciales compradores, una medida que causa división.
El texto firmado por la gobernadora demócrata Kathy Hochul hace una semana exige a los solicitantes de licencia de armas que ofrezcan una lista de las cuentas de redes sociales actuales y antiguas de los últimos tres años para que las autoridades evalúen el “carácter y conducta” de la persona.
Jaclyn Schildkraut, directora ejecutiva interina del Consorcio de Investigación Regional sobre Violencia Armada del Instituto Rockefeller de Gobernanza, un “think tank” sin afiliación política, señaló a Efe que éstas pueden ser “pueden ser una herramienta muy útil (en cuestión de prevención de delitos) si se sabe lo que hay que buscar”.
Algunos tiroteos masivos que han conmocionado al país en los últimos años fueron perpetrados por jóvenes que habían compartido previamente en sus redes lo que se considera “señales de aviso” que no fueron reportadas por nadie de su alrededor ni escrutinizadas.
Según un artículo publicado por Schildkraut para el instituto Rockefeller en junio, precisamente un aspecto del proceso que desemboca en los tiroteos masivos es la “filtración”, que tiene lugar cuando los individuos están “tan consumidos” con sus planes que no pueden guardárselos o evitar hacer amenazas en redes sociales.
Esa entidad cita un estudio del Servicio Secreto de EE.UU. de 2019, que halló que más del 75 % de los responsables de tiroteos en escuelas comunicaron previamente sus intenciones, un comportamiento también seguido por tiradores masivos en general, y en el que es primordial que los allegados tomen medidas.
Generalmente, los investigadores destacan la importancia del entorno social para identificar señales de amenaza y reportarlas a las autoridades, pero Schildkraut reivindica la colaboración entre el público y las fuerzas del orden: “No podemos poner la responsabilidad en una persona o una entidad”, comenta.
Respecto a la nueva tarea revisora de las autoridades en Nueva York, reconoce que habrá “gente preocupada porque puede ser un terreno resbaladizo, por si lo que la gente cuelga en redes sociales puede ser potencialmente usado como arma contra ellos”.
Políticos republicanos y defensores del uso de las armas se han hecho eco de esas preocupaciones y han considerado que la revisión de las redes sociales por parte de las autoridades vulnera la privacidad y derechos constitucionales como el de libre expresión.
A nivel federal, muchas agencias gubernamentales hacen seguimiento de redes sociales de los ciudadanos y las que más inciden son el FBI, el Departamento de Estado o el de Seguridad Nacional para investigar, detectar amenazas o examinar a inmigrantes a la hora de dar visados.
Expertos de Brennan Center for Justice también señalaron en un artículo que el aumento, todavía poco regulado, de ese seguimiento de las redes sociales por parte de Gobierno podría ser perjudicial para los derechos y libertades, ya que los usuarios vuelcan su información personal.
Los riesgos son particularmente altos para “las comunidades negras, latinas y musulmanas que históricamente han sido objetivo de las fuerzas del orden e inteligencia”, recoge un artículo del Brennan fechado en enero.
No obstante, Schildkraut considera que la nueva política de control de armas Nueva York articula los criterios por los que se puede denegar una licencia, que tienen en cuenta factores contextuales en torno a posibles imágenes compartidas en internet.
La legislación que entrará en vigor en septiembre incluye más restricciones para la obtención de una licencia, como aportar referencias, recibir una formación de seguridad de 16 horas, hacerse pruebas periódicas o entregar los datos de contacto de la pareja u adultos que vivan en el hogar.
También incluye negar licencias a personas con condenas recientes y el porte de armas en espacios públicos de la Gran Manzana como Times Square, parques o museos, y en negocios privados, donde a diferencia de otros estados los dueños deberán señalar expresamente que las armas son bienvenidas.
Schildkraut, que dirige interinamente el consorcio investigador formado por acuerdo entre varios gobernadores para la prevención de la violencia tras el tiroteo en un instituto de Parkland (Florida) en 2018, destaca la utilidad del trabajo “proactivo”, que se refleja en sus cifras.
Según un mapa elaborado en 2020 por ese ente, los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachussetts son de lejos los que tienen una menor tasa de muertes por violencia armada por cada 100,000 habitantes, hasta cinco veces menos que los más afectados, que son Misisipí, Luisiana y Wyoming.
Eso se debe a que tienen una legislación más completa de control de armas y restricciones, explica la experta, que ante la decisión del Supremo añade: “No puedo predecir el futuro, pero ciertamente puedo decir que estos estados está actuando muy proactivamente”.
Internacionales
CAF celebró la cultura como motor de desarrollo en la antesala del Foro Económico Internacional
La cultura como motor de desarrollo, cohesión social e identidad colectiva fue el mensaje central que marcó ayer el inicio del Festival de Ideas «Voces por Nuestra Región: Cultura que mueve el mundo», organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el Panama Convention Center, como preámbulo del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.
El encuentro abrió con una presentación artística del Ballet Nacional de Panamá, que ofreció un recorrido por el folclore del país, sintetizando —como se subrayó durante la jornada— la diversidad cultural que caracteriza a América Latina y el Caribe. Uno de los momentos más aplaudidos fue la participación de la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, bailarina profesional, quien deleitó al público con una interpretación de danza tradicional panameña, reforzando el mensaje de que la cultura no solo se gestiona, sino que también se vive.
Durante la inauguración, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló que el encuentro fue concebido como un «festival de ideas» que antecede al foro económico, al sostener que «las ideas son el motor del crecimiento y la herramienta para reducir brechas». En esa línea, remarcó que no existe mejor antesala para un espacio de discusión económica que un escenario donde la cultura asuma un papel central, al vincularse directamente con la identidad, la esencia y el potencial compartido de América Latina y el Caribe.
Díaz-Granados destacó que, para CAF, el desarrollo no se mide únicamente en cifras, sino también en la capacidad de las sociedades para soñar, crear y reconocerse en su diversidad. Recordó que desde hace más de tres décadas el banco ha impulsado la gestión cultural como un pilar institucional y anunció que el futuro hub de operaciones de CAF en Panamá, cuya inauguración está prevista para el próximo año, funcionará también como un centro de difusión de la cultura latinoamericana y caribeña.
La jornada incluyó la ponencia «La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe», con la participación de la líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien hizo un llamado a reconocer la cultura como una construcción colectiva que nace de los pueblos y de la memoria histórica. Menchú subrayó que la cultura es clave para la autodeterminación, la dignidad y la transmisión de valores entre generaciones, y llamó a los liderazgos regionales a construir un desarrollo que parta de la conciencia y el respeto por las raíces.
El festival reunió también a referentes regionales del arte, la educación, el pensamiento y el periodismo, entre ellos Carmen Aristegui, así como a ministros de cultura y educación de distintos países, gestores culturales, artistas y representantes de organismos multilaterales. A lo largo del día se desarrollaron paneles y sesiones simultáneas sobre inversión cultural, patrimonio, mercados del arte, políticas públicas y experiencias culturales transformadoras en distintos territorios de la región.
El Festival de Ideas fue planteado por CAF como un espacio abierto y participativo para visibilizar cómo la cultura impulsa innovación, cohesión social y desarrollo local, reforzando la idea de que América Latina y el Caribe pueden proyectarse como una «región de soluciones» frente a los desafíos globales.
Tras esta jornada cultural, hoy se llevará a cabo la primera fecha del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, que reunirá a autoridades, empresarios y tomadores de decisión para profundizar el diálogo entre el sector público y privado, con la cultura instalada, desde el inicio, como un eje estratégico del desarrollo regional.
Los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobaron por 17 votos a favor y 3 en contra un informe que aboga por una mejor protección de los titulares de derechos en línea, frente al auge de las herramientas de IA generativa.
Entre las recomendaciones aprobadas, los eurodiputados reclaman que las normas europeas sobre derechos de autor se apliquen a todas las IA generativas disponibles en la UE, independientemente del país o países en los que hayan sido diseñadas y entrenadas.
Esto implica que los servicios de IA informen de manera clara a los titulares de derechos cuando utilicen sus contenidos y que les paguen una «remuneración justa», bajo pena de sanciones en caso de incumplimiento.
Los eurodiputados también piden a la Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten medidas «para proteger el pluralismo de los medios de comunicación, amenazado por los sistemas de IA que agregan información de manera selectiva, desviando su tráfico y sus ingresos».
Según ellos esto pasa por una remuneración adecuada y un control total sobre el uso de sus contenidos en el entrenamiento de las IA y en la agregación de datos, incluido el derecho a oponerse.
El informe será sometido a votación del pleno del Parlamento Europeo en marzo.
Las condiciones en las que los principales actores de la inteligencia artificial utilizan datos disponibles en internet, incluidos contenidos periodísticos, para alimentar y entrenar los grandes modelos de IA generativa son objeto de numerosos litigios en Estados Unidos y en Europa.
La UE adoptó en 2024 una ley sobre inteligencia artificial, que obliga a los sistemas de IA a respetar la legislación europea sobre derechos de autor.
Sin embargo, el alcance de este principio y, en particular, su aplicación a los datos y contenidos utilizados para entrenar los sistemas de IA generativa, siguen siendo inciertos, según un estudio del Parlamento publicado el año pasado.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
