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En Nueva York pedirán las redes sociales a compradores de armas antes de otorgar licencias
Tras la reversión por parte del Tribunal Supremo de EE.UU. de una norma que impedía llevar armas en público en Nueva York, los legisladores han aprobado una ley que restringe la obtención de licencia con nuevos requisitos que incluyen el escrutinio de las redes sociales de los potenciales compradores, una medida que causa división.
El texto firmado por la gobernadora demócrata Kathy Hochul hace una semana exige a los solicitantes de licencia de armas que ofrezcan una lista de las cuentas de redes sociales actuales y antiguas de los últimos tres años para que las autoridades evalúen el “carácter y conducta” de la persona.
Jaclyn Schildkraut, directora ejecutiva interina del Consorcio de Investigación Regional sobre Violencia Armada del Instituto Rockefeller de Gobernanza, un “think tank” sin afiliación política, señaló a Efe que éstas pueden ser “pueden ser una herramienta muy útil (en cuestión de prevención de delitos) si se sabe lo que hay que buscar”.
Algunos tiroteos masivos que han conmocionado al país en los últimos años fueron perpetrados por jóvenes que habían compartido previamente en sus redes lo que se considera “señales de aviso” que no fueron reportadas por nadie de su alrededor ni escrutinizadas.
Según un artículo publicado por Schildkraut para el instituto Rockefeller en junio, precisamente un aspecto del proceso que desemboca en los tiroteos masivos es la “filtración”, que tiene lugar cuando los individuos están “tan consumidos” con sus planes que no pueden guardárselos o evitar hacer amenazas en redes sociales.
Esa entidad cita un estudio del Servicio Secreto de EE.UU. de 2019, que halló que más del 75 % de los responsables de tiroteos en escuelas comunicaron previamente sus intenciones, un comportamiento también seguido por tiradores masivos en general, y en el que es primordial que los allegados tomen medidas.
Generalmente, los investigadores destacan la importancia del entorno social para identificar señales de amenaza y reportarlas a las autoridades, pero Schildkraut reivindica la colaboración entre el público y las fuerzas del orden: “No podemos poner la responsabilidad en una persona o una entidad”, comenta.
Respecto a la nueva tarea revisora de las autoridades en Nueva York, reconoce que habrá “gente preocupada porque puede ser un terreno resbaladizo, por si lo que la gente cuelga en redes sociales puede ser potencialmente usado como arma contra ellos”.
Políticos republicanos y defensores del uso de las armas se han hecho eco de esas preocupaciones y han considerado que la revisión de las redes sociales por parte de las autoridades vulnera la privacidad y derechos constitucionales como el de libre expresión.
A nivel federal, muchas agencias gubernamentales hacen seguimiento de redes sociales de los ciudadanos y las que más inciden son el FBI, el Departamento de Estado o el de Seguridad Nacional para investigar, detectar amenazas o examinar a inmigrantes a la hora de dar visados.
Expertos de Brennan Center for Justice también señalaron en un artículo que el aumento, todavía poco regulado, de ese seguimiento de las redes sociales por parte de Gobierno podría ser perjudicial para los derechos y libertades, ya que los usuarios vuelcan su información personal.
Los riesgos son particularmente altos para “las comunidades negras, latinas y musulmanas que históricamente han sido objetivo de las fuerzas del orden e inteligencia”, recoge un artículo del Brennan fechado en enero.
No obstante, Schildkraut considera que la nueva política de control de armas Nueva York articula los criterios por los que se puede denegar una licencia, que tienen en cuenta factores contextuales en torno a posibles imágenes compartidas en internet.
La legislación que entrará en vigor en septiembre incluye más restricciones para la obtención de una licencia, como aportar referencias, recibir una formación de seguridad de 16 horas, hacerse pruebas periódicas o entregar los datos de contacto de la pareja u adultos que vivan en el hogar.
También incluye negar licencias a personas con condenas recientes y el porte de armas en espacios públicos de la Gran Manzana como Times Square, parques o museos, y en negocios privados, donde a diferencia de otros estados los dueños deberán señalar expresamente que las armas son bienvenidas.
Schildkraut, que dirige interinamente el consorcio investigador formado por acuerdo entre varios gobernadores para la prevención de la violencia tras el tiroteo en un instituto de Parkland (Florida) en 2018, destaca la utilidad del trabajo “proactivo”, que se refleja en sus cifras.
Según un mapa elaborado en 2020 por ese ente, los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachussetts son de lejos los que tienen una menor tasa de muertes por violencia armada por cada 100,000 habitantes, hasta cinco veces menos que los más afectados, que son Misisipí, Luisiana y Wyoming.
Eso se debe a que tienen una legislación más completa de control de armas y restricciones, explica la experta, que ante la decisión del Supremo añade: “No puedo predecir el futuro, pero ciertamente puedo decir que estos estados está actuando muy proactivamente”.
Indignados, temerosos y con calles semivacías, los guatemaltecos vivieron el lunes el primer día de un estado de sitio decretado por el gobierno tras el asesinato de diez policías a manos de pandilleros, para quienes exigen ahora el máximo castigo.
El miedo se disparó entre los habitantes de la capital y sus localidades vecinas, donde el domingo se registraron varios ataques contra instalaciones policiales y patrullas en represalia por la retoma de tres cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a 46 personas.
«Es preocupante porque no se puede salir tranquilo sin que pase nada», dijo el lunes a la AFP Alondra Flores, estudiante universitaria de 26 años.
Diez agentes, entre ellos dos mujeres y varios de reciente graduación, fallecieron en estos ataques.
Las autoridades afirman que las agresiones a la policía y los motines en tres prisiones se dieron para presionar el traslado de Aldo Dupie alias «El Lobo», un líder de la temida pandilla Barrio 18, a una cárcel de menor seguridad.
Dupie es señalado de orquestar los motines. El domingo, este cabecilla fue mostrado en televisión rodeado de agentes con armas largas, jadeante, arrodillado y con manchas de sangre.
También «deseaba que en el pabellón (donde estuviera preso) se instalara aire condicionado, que se dejara ingresar una cama «king size», que se dejara ingresar comida de ciertos restaurantes», denunció el ministro de gobernación, Marco Antonio Villeda.
Para el maestro Erwin Oliva, esos privilegios otorgados en el pasado por gobiernos «permisivos» envalentonaron a los criminales.
Se «está cosechando lo que se ha estado sembrando durante tantos años, con darles privilegios a los pandilleros, con tenerlos cómodos dentro de las cárceles», lamenta Oliva.
Dupie está condenado por varios homicidios y, según la prensa local, tiene estrechos vínculos con una familia de políticos.
Barrio 18 fue declarada el año pasado organización terrorista por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto con su enemiga la Mara Salvatrucha.
Ambas operan además en Honduras y El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha logrado someterlas con una estrategia de mano dura, aunque criticada por organizaciones de derechos humanos.
En medio de escenas desgarradoras, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presidió el lunes el funeral de siete de los policías acribillados en la sede del ministerio de Gobernación.
Abrazó a varios de los familiares y, visiblemente compungido, pronunció un discurso junto a los féretros de quienes llamó «héroes».
Hay «indignación por la crueldad en contra de quienes están dispuestos a matar a quemarropa, de forma traicionera. No vamos a descansar ni a escatimar recursos para castigar a los responsables», afirmó el mandatario, quien denuncia que detrás de las pandillas hay poderosas mafias políticas a las que promete derrotar.
Arévalo decretó el estado de sitio la noche del domingo por 30 días.
La medida, que fue ratificada este lunes por el Congreso, autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación, aunque no se observaba aún un aumento de los patrullajes.
El presidente también declaró tres días de luto nacional, por lo que la bandera guatemalteca lucía a media asta en Gobernación y demás edificios públicos. Los empleados del poder judicial tampoco trabajaron por orden gubernamental.
Como medidas preventivas, la Policía recomendó además a la población permanecer en casa, en tanto el ministerio de Educación suspendió clases en escuelas privadas (las públicas están en vacaciones) y la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos.
Algunos colegios optaron por hacer clases virtuales.
Se estima que los operativos de seguridad aumenten en los próximos días con la coordinación de las fuerzas policiales y militares.
Sentado en una banca del centro histórico de Ciudad de Guatemala, un octogenario dice que apoya el estado de excepción, pero reclama medidas más radicales.
«Hay que volver a los tiempos de antes. Delincuente agarrado, delincuente muerto porque ya no hay de otra. Si no se le pone freno a esto, esto va a continuar», expresó el hombre, quien por temor prefirió reservarse su identidad.
Internacionales
España inicia tres días de luto por el accidente ferroviario que dejó al menos 41 muertos
En un nuevo balance difundido a primera hora de la mañana, el gobierno regional andaluz informó que se había hallado un nuevo cadáver entre los restos de uno de los trenes, con lo que el saldo de fallecidos subió a 41.
«La cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones» del tren de la compañía Iryo, informó el gobierno andaluz sobre el siniestro ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba, en un balance que aún podría aumentar porque siguen en curso las tareas de búsqueda.
Además, «en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 39 personas, 35 adultos y cuatro niños. En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos», añadieron las autoridades.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, aventuró este martes que la cifra definitiva de fallecidos podría acabar asemejándose a las denuncias de desaparecidos, 43.
«Lo que hay que hacer es cruzar los desaparecidos o las denuncias por desaparición con los fallecidos y ayer, al menos a última hora, la cifra era más o menos coincidente», explicó en la radio Onda Cero.
El hombre surfeaba en la zona de Mid North Coast, en el noreste de Nueva Gales del Sur, cuando fue mordido por lo que las autoridades creen que fue un tiburón toro.
Logró escapar con heridas «menores», indicó el servicio de salvavidas de Nueva Gales del Sur.
«Un surfista reportó haber visto un tiburón y emergió del agua con heridas en la parte baja del cuerpo. Las heridas fueron reportadas como menores», indicaron los socorristas en un comunicado.
Se trata de la cuarta persona atacada por un tiburón en las últimos 48 horas en Nueva Gales del Sur.
Dos personas fueron atacadas el lunes cuando surfeaban en playas del norte de Sídney y uno de ellos quedó en condición crítica.
Horas antes, un niño de 11 años logró escapar ileso cuando un tiburón mordió su tabla de surf.
La tarde del domingo, un menor de 12 años fue herido de gravedad por un tiburón cuando nadaba en una playa del puerto de Sídney y se encuentra hospitalizado en condiciones críticas.
Todas las playas del norte de esa ciudad australiana fueron cerradas hasta nuevo aviso, indicaron las autoridades.
Las fuertes lluvias han enturbiado el agua en la zona, lo que según los salvavidas crea condiciones propicias para la presencia de tiburones toro.
«Mejor vayan a una piscina local porque en este momento estamos avisando que las playas son inseguras», dijeron en su comunicado.
