Tres carabineros fueron asesinados la madrugada del sábado en una zona mapuche del sur de Chile, víctimas de una emboscada el día en que se conmemora el aniversario de la institución policial, en el peor ataque sufrido en la historia reciente por las fuerzas de orden en la zona.

«Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros», informó en su cuenta de X el presidente Gabriel Boric, que se trasladó a la zona junto a una gran comitiva de autoridades.

Los policías fueron encontrados calcinados dentro de una patrulla policial en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 km al sur de Santiago.

La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.

El atentado ocurrió el día en que Carabineros, la policía militarizada chilena, celebra su aniversario 97.

«No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no sólo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar», dijo el director general de Carabineros, Ricardo Yañez.

Las actividades conmemorativas en todo Chile se cancelaron tras los asesinatos y el presidente Boric declaró tres días de duelo oficial.

El atentado tiene lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de «usurpación violenta de predio», hurto y «atentado contra la autoridad» a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona.

Llaitul arriesga hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la justicia dará a conocer el próximo 7 de mayo.

«Terrible crimen»
Según relató a la prensa la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, «se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros».

«Al interior del vehículo, descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados», agregó Tohá, que también viajó a la zona.

La camioneta en que se trasladaban los policías era blindada. Los cuerpos fueron hallados en la parte posterior del vehículo y habrían sido dejados allí tras recibir ráfagas de disparos en la ruta, donde cayeron abatidos, de acuerdo a la investigación preliminar.

«Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen», aseguró Boric, quien calificó a los autores del este triple asesinato como «terroristas».

Junto con Boric, en una señal de unidad institucional, viajaron a la ciudad de Concepción los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, además de parlamentarios, y el presidente de la Corte Suprema.

«Acá no hay fisuras; somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena en contra de esos delincuentes, en contra de esos terroristas que hayan cometido este asesinato que enluta a todo el país», agregó el mandatario.

Al arribar a Concepción, Boric informó que no descarta convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el más alto organismo consultivo en estas materias.

En Santiago, en tanto, centenares de personas se reunieron en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda, para protestar por el asesinato de los tres policías.

Boric decretó hace casi dos años la militarización de la provincia de Arauco, junto a otras localidades de la vecina región de la Araucanía, en un intento de contener los frecuentes ataques incendiarios registrados allí, sobre todo en contra de las actividades de la industria forestal.

Esta semana el gobierno había celebrado la reducción a la mitad de las acciones violentas respecto al inicio de la gestión de Boric, en marzo de 2022.

Algunas comunidades radicales mapuches reivindican la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales. En la zona también se han desbaratado a bandas dedicadas al robo de madera.

Unos diez mil militantes y simpatizantes socialistas de toda España, según fuentes del partido, se congregaron este sábado (27.04.2024) en los alrededores de la sede central del PSOE en Madrid, para demostrar su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su decisión de reflexionar durante cinco días sobre su futuro al frente del Ejecutivo.

La concentración, en la que se oyeron gritos de «Pedro quédate» y «democracia sí, fascismo no», coincidió con la celebración del Comité Federal de la formación, máximo órgano del partido entre congresos, al que no asiste Sánchez, a pesar de ser su secretario general, y que tenía en un principio como objetivo ratificar la lista para las elecciones europeas del 9 de junio, encabezada por la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera. «Pedro, merece la pena, quédate, contamos contigo para los grandes desafíos que tenemos que superar juntos», dijo la ministra de Transición Energética.

En la inauguración del mitin, transmitido a través de pantallas instaladas en la calle, la vicesecretaria general del partido y también vicepresidenta del Gobierno, María José Montero, denunció la «guerra sucia» contra Sánchez y su familia por el Partido Popular y asociaciones de extrema derecha, comparándolo con fenómenos y campañas que tuvieron lugar en Brasil, Estados Unidos, Argentina y «muchos países europeos». «Begoña, compañera, estamos todas contigo», dijo en referencia a la esposa de Sánches. «Las mujeres sabemos lo que cuesta construir una carrera profesional, ser miradas siempre con lupa y exigirnos siempre más», añadió.

El Comité se reconvirtió en una reunión de apoyo al presidente del Gobierno, que el pasado miércoles comunicó, en una carta a la ciudadanía, su intención de retirarse a reflexionar sobre si merecía la pena continuar en el cargo después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una denuncia presentada contra su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias. El denunciante es el autodenominado sindicato «Manos Limpias», de ultraderecha, cuyo secretario general, Miguel Bernad, admitió poco después que su acción se basó en informaciones periodísticas que no había comprobado y cuya veracidad deberán, dijo, investigar los jueces.

El PP y Vox acusan a Pedro Sánchez de victimizarse y montar «un espectáculo» que avergüenza al país a nivel internacional, desviar la atención de sospechas de corrupción y de hacer una campaña electoral en vísperas de varias elecciones

La Fiscalía guatemalteca allanó el jueves las oficinas de la organización no gubernamental Save the Children como parte de la investigación transnacional de abusos contra la niñez de este país centroamericano.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, explicó, a través de un video en las redes sociales de la institución, que se llevó a cabo «la inspección, registro y secuestro de evidencias en seguimiento» a la pesquisa, luego de una denuncia de «carácter transnacional que abarcan acciones que podrían estar relacionadas con vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca».

«También se ha solicitado apoyo a la Fiscalía de Texas, Estado Unidos… Y unir esfuerzos para abordar de manera integral para la investigación», detalló.

La organización rectificó en un comunicado de prensa que durante casi 50 años ha trabajado en Guatemala en diferentes programas de salud y nutrición para la niñez, adolescencia y sus familias durante emergencias, y se desvinculó de los señalamientos del traslado de menores de edad fuera del país.

«Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala», señala en el escrito.

«Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala (fiscalía).  No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida», indica.

La organización, con sede en el Reino Unido, asegura que trabaja apegada «a las normas más estrictas en materia de protección de la niñez y administración financiera. También rendimos cuentas ante la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido y nuestros libros son auditados anualmente por múltiples donantes».