Internacionales
El crimen organizado le roba la calma a Costa Rica
Un hombre es baleado en la puerta de un hospital, otro en una cancha de fútbol donde jugaban varios niños y en una escuela se realizan simulacros de tiroteo: Costa Rica sufre una escalada de violencia por el crimen organizado ligado al narcotráfico.
El 2023 ya es el año más violento en este país centroamericano desde que hay registros, con 777 homicidios hasta noviembre, 238 más que en el mismo periodo de 2022, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ, policial).
Es un «cáncer» que «no fue detectado a tiempo», dijo a la AFP el ministro de Seguridad Pública (Interior), Mario Zamora. «Tenemos que evitar que haga metástasis», agregó.
Según el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, la inseguridad es hoy la principal preocupación de los costarricenses. «Es un hecho novedoso», afirmó el historiador Hugo Vargas.
Dos personas llegando en moto, un sicario que dispara y alguien muere. La historia se repite prácticamente cada día en las noticias.
«A cada rato hay muertes. Es lo que comemos en las noticias cada mañana desde que nos levantamos», declaró a la AFP Mario Rodríguez, un jubilado de 74 años.
El septuagenario extraña la tranquilidad en un país que por mucho tiempo fue considerado un oasis en una Centroamérica que pasó de décadas de conflictos bélicos y civiles a la violencia del narcotráfico y las pandillas.
«Da un poco de temor, más que todo por los hijos. Tal vez tengan que ir al colegio o a hacer un trabajo con sus compañeros… ya ni pueden jugar a la bola en un parque porque puede pasar una balacera», comentó de su lado la comerciante Alexa Mujica, de 37 años.
Lucha entre bandas
Costa Rica es, como el resto de Centroamérica, puente de la droga que va de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
En el camino, dinero, droga y armas refuerzan pequeños carteles cada vez más organizados.
Dos tercios de los homicidios son ajustes de cuentas en la disputa entre bandas por territorios para el mercado de drogas. El 81% de las muertes fueron cometidas con arma de fuego, a veces fusiles militares AK-47 o AR-15.
«No es una crisis generalizada de inseguridad», sostuvo Zamora.
El gobierno comenzó en mayo una operación anticrimen que desarticuló unas 10 estructuras criminales.
En la caribeña Puerto Limón (provincia de Limón, este), históricamente deprimida y donde la tasa de homicidios es de 35,3 por cada 100.000 habitantes, se instalaron escáneres en el puerto para detectar droga en los contenedores de carga destinados a Estados Unidos y Europa.
Según las proyecciones, Costa Rica cerrará 2023 con unas 900 muertes violentas y una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 personas, en un país con 5,1 millones de habitantes.
El año pasado, ya se alcanzó un récord con una tasa de 12,6 homicidios. El promedio mundial es de 8 por cada 100.000 personas, según la ONU.
Ante el agravamiento de la situación, siete proyectos de ley para reforzar la seguridad pública esperan análisis en el Congreso.
«Tormenta perfecta»
Zamora expresó que al asumir en el Ministerio de Seguridad, en mayo pasado, había la misma cantidad de agentes y recursos que en su etapa anterior en el cargo (2011-2014).
En 2013 hubo 407 homicidios, por lo que la cifra creció más del doble en una década. Es necesario «construir las bases de una policía profesional, capacitada» para obtener resultados a medio y largo plazo, consideró.
Con 17.000 efectivos, la Fuerza Pública (policía nacional) se enfrenta a un fenómeno criminal «profesionalizado» y «altamente violento», según Zamora.
«La Policía sabe y conoce normalmente las 340 bandas que operan en el país», precisó.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, coincidió en que para equilibrar esa «lucha desigual» faltan recursos, capacitación y agentes. Se precisan en esta policía judicial 1.080 efectivos adicionales a los 3.500 actuales.
«No podemos tapar el Sol con un dedo», subrayó Zúñiga a la AFP, calificando la situación de «tormenta perfecta».
Álvaro Ramos, exministro de Seguridad, destacó por su parte la necesidad de invertir en educación, salud, prevención, presencia policial para ejercer un «ataque directo a la yugular» del crimen organizado.
«Si abandonamos a la población (…), los criminales organizados van a sustituir al Estado», advirtió.
Para Rafael Rojas, un pintor de 62 años, la solución es clara: «Que inviertan en los pobres y los saquen de la pobreza. Es la principal arma. No es comprar armas, ni patrullas, ni cárceles. Es hacer escuelas, comedores escolares y parques infantiles», aseguró.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante este fin de semana se mantendrán altas concentraciones de polvo del Sahara sobre el territorio salvadoreño.
La institución advirtió que esta condición podría representar un riesgo para la salud, principalmente para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o alergias.
De acuerdo con el MARN, las concentraciones del fenómeno se mantuvieron altas este viernes, una condición que también se prevé para el sábado 8 y domingo 9 de agosto. Además, indicó que la visibilidad permanecerá brumosa y que el nivel de riesgo para la salud es alto.
Ante este escenario, el MARN recomendó a los grupos más vulnerables evitar la exposición al aire libre y utilizar mascarilla en caso de que necesiten salir de sus viviendas.
Asimismo, exhortó a la población en general a reducir los esfuerzos físicos intensos o prolongados en espacios abiertos.
«Hoy se mantiene presencia del Polvo del Sahara en concentraciones altas. Conoce los detalles y toma las precauciones necesarias», publicó la institución en la red social X.
El ministerio agregó que, pese a la presencia del polvo del Sahara, se esperan lluvias durante los próximos días, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial sobre las condiciones meteorológicas.
Las autoridades reiteraron el llamado a consultar los canales oficiales del MARN y adoptar las medidas de prevención necesarias para reducir los efectos de este fenómeno atmosférico, especialmente entre las personas con mayor riesgo de complicaciones de salud.
México y Perú restablecieron este viernes sus relaciones diplomáticas, luego de que permanecieran rotas desde noviembre por decisión de Lima, que denunció una supuesta injerencia del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las cancillerías de ambos países comunicaron la decisión mediante un comunicado conjunto, en el que hicieron referencia a «los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú».
Uno de los principales puntos de tensión entre ambos gobiernos fue el asilo político concedido por México a Betssy Chávez, exjefa de gabinete del expresidente peruano Pedro Castillo, quien permanece detenido.
Poco después de conocerse el comunicado, Sheinbaum informó durante su conferencia diaria que Chávez había recibido el salvoconducto y estaba a punto de llegar a México. La entrega del documento constituía una condición de su Gobierno para avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
La relación entre ambos países comenzó a deteriorarse tras la caída y detención de Castillo por su intento de disolver el Congreso a finales de 2022. En ese momento, México concedió asilo a la esposa y los hijos del exmandatario.
Posteriormente, la justicia peruana condenó a Castillo en 2025 a más de 11 años de cárcel por esos actos, una sentencia que el Gobierno mexicano considera ilegal.
El comunicado emitido por las cancillerías no ofreció mayores detalles sobre el acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas.
Sheinbaum también indicó que Chávez viajó a México en un avión militar y calificó la entrega del salvoconducto como «una acción de buena voluntad» de la presidenta Keiko Fujimori.
Las autoridades mexicanas informaron el martes sobre el desmantelamiento de cuatro refinerías clandestinas, donde fueron incautados casi un millón de litros de derivados ilegales, como parte de las acciones contra el procesamiento ilícito de combustible.
De acuerdo con las autoridades, aunque grupos criminales han robado durante años combustible de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la operación de estos «centros de procesamiento ilícito de combustible» representa una modalidad reciente.
La fiscalía no reportó personas detenidas durante los operativos.
Las plantas clandestinas fueron localizadas en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, en el centro de México. Como parte de las intervenciones, las autoridades incautaron combustible, contenedores y maquinaria utilizada en estas instalaciones.
Asimismo, la fiscalía difundió fotografías en las que se observan grandes tanques industriales y un sistema de tuberías interconectadas dentro de las refinerías clandestinas.
Según el comunicado oficial, el constante movimiento de camiones cisterna escoltados por otros vehículos despertó las sospechas de las autoridades y permitió detectar las operaciones ilegales.
Las autoridades también señalaron que el robo de combustible provocó pérdidas cercanas a los 530 millones de dólares para Pemex al cierre del segundo trimestre, cifra que representa un incremento del 20 % en comparación con el mismo período de 2025.
Como antecedente, recordaron que una toma clandestina en un ducto de Pemex provocó una explosión en 2019, en el estado de Hidalgo, dejando un saldo de 137 personas fallecidas.
