Internacionales
Comienza juicio contra expresidenta boliviana Áñez por «golpe de Estado» contra Morales
Un tribunal de La Paz iniciará este jueves el juicio penal contra la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, por presuntamente haber planificado en 2019 un «golpe de Estado» contra el entonces mandatario, Evo Morales.
Recluida en una cárcel de La Paz, Áñez ya fue sentenciada a 10 años de prisión en junio de 2022 por asumir la presidencia de manera inconstitucional.
Junto con la exmandataria de 57 años comenzarán a ser juzgados el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social.
El ministerio público los acusa de «terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias», a raíz de las violentas protestas que forzaron la renuncia de Morales en 2019, señalado entonces de cometer un supuesto fraude en los comicios en los que buscaba una tercera reelección.
La fiscalía pide para Áñez y los demás procesados entre 15 y 20 años de cárcel, según su grado de participación en terrorismo, el cargo más grave que les imputa.
Camacho está acusado como autor de ese delito y Áñez como cómplice.
El ministerio público dice tener pruebas para que los acusados sean condenados por los hechos que «derivaron en la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno» de Morales.
En noviembre de 2019, Áñez, senadora de oposición, asumió la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social.
Morales comenzó a gobernar en 2006. Fue reelegido en 2009, 2014 y 2019, cuando buscó un cuarto mandato hasta 2025.
Fantasioso, ilegal, una patraña
Áñez, quien estuvo en la presidencia por un año, calificó esta semana el juicio denominado «Golpe de Estado I», como «ilegal y fantasioso» y una «patraña».
En su opinión, el oficialismo decidió encarcelarla sin «ninguna prueba de nada».
Además rechaza el juicio penal ordinario y pide que, en su calidad de expresidenta, el máximo tribunal examine su caso, previa autorización del Congreso.
La exmandataria de derecha enfrenta varios procesos más relacionados todos con la crisis de 2019, que dejó unas 20 muertos en la represión militar que siguió al cambio de gobierno.
El juicio contra Áñez recibió desde el inicio el apoyo decidido del gobierno del presidente Luis Arce y Morales.
Sin embargo, la agria disputa entre ambos por la candidatura presidencial del oficialismo en las elecciones de 2025 podría incidir en el curso judicial.
Un juzgado de El Alto ordenó a Morales declarar como testigo por una supuesta manipulación política del proceso contra Áñez.
El exmandatario permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, donde tiene su base política, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su arresto.
Morales es investigado por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor de 15 años con quien, según la fiscalía, tuvo una hija en 2016.
El líder indígena, que rechaza el proceso como «una mentira más», acusa a Arce de orquestar su posible detención.
Gustavo Flores-Macías, investigador de la universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo a la AFP que la justicia boliviana está presa en los vaivenes políticos.
El sistema de justicia se encuentra ahora «con un mayor nivel de manipulación política» comparado con otros de la región, remarcó.
Estados Unidos afirmó ayer que Irán suspendió 800 ejecuciones de manifestantes ante la presión ejercida por Donald Trump, después de que los países del Golfo parecieran haberlo disuadido de emprender una acción militar contra Teherán por la letal represión de las marchas.
La República Islámica esta sacudida por protestas que empezaron el 28 de diciembre por el aumento del costo de la vida y se convirtieron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.
Las organizaciones de derechos humanos acusan a Irán de llevar a cabo una brutal represión que habría dejado miles de muertos, en un país privado desde hace una semana de acceso a internet.
Según el último balance de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3,428 manifestantes han muerto desde el inicio del movimiento. Las autoridades iraníes no han facilitado ningún balance oficial.
El jueves, la vida había vuelto a la normalidad en Teherán, según un periodista de AFP en la capital iraní. Hace varios días que no se han registrado grandes manifestaciones en el país.
Mientras Washington parecía dar marcha atrás en una eventual acción militar, la Casa Blanca afirmó que «todas las opciones siguen sobre la mesa para el presidente».
«El presidente entiende que se suspendieron las 800 ejecuciones que estaban programadas y que se suponía que iban a tener lugar ayer (miércoles)», declaró a la prensa la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.
Según ella, Trump había advertido a Teherán de «graves consecuencias” si mataba a más manifestantes.
Por su parte, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra funcionarios de seguridad iraníes y redes financieras.
Irán ya es objeto de duras sanciones internacionales por su programa nuclear, que contribuyeron a los problemas económicos que desencadenaron las protestas
Trump afirmó el miércoles que había sido informado «por fuentes muy importantes» de que las matanzas han terminado», mientras que sus aliados del Golfo se esforzaron en disuadirlo de una intervención militar.
Según dijo a la AFP un alto cargo saudita, bajo condición de anonimato, Arabia Saudita, Catar y Omán llevaron a cabo «un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones».
Otro funcionario del Golfo confirmó la conversación y añadió que también se había enviado un mensaje a Irán, indicando que atacar las instalaciones estadounidenses en la zona «tendría consecuencias» para las relaciones regionales de Teherán.
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, advirtió por su parte que su país se defenderá «frente a cualquier amenaza extranjera», en una conversación telefónica con su homólogo saudita, el príncipe Faisal bin Farhan.
Un ciudadano canadiense ha muerto «a manos de las autoridades iraníes», informó Ottawa el jueves, en medio de fuertes protestas contra el gobierno de Teherán.
«Acabo de enterarme de que un ciudadano canadiense ha muerto en Irán a manos de las autoridades iraníes», declaró la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, sin dar más detalles.
Añadió que la respuesta de Teherán a las «protestas pacíficas» ha «llevado al régimen a despreciar flagrantemente la vida humana».
Ayer, Estados Unidos sancionó este jueves a funcionarios de seguridad y de redes bancarias iraníes, acusándolos de orquestar una violenta represión contra protestas pacíficas y de blanquear miles de millones de dólares provenientes de los ingresos petroleros.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció las medidas tras las mayores protestas antigubernamentales en la historia de la república islámica, aunque las manifestaciones parecen haber disminuido en los últimos días ante la represión y un bloqueo de internet que duró casi una semana.
«Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su reclamo de libertad y justicia», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, añadiendo que las sanciones se tomaron por orden del presidente Donald Trump.
Entre los sancionados se encuentran Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien Washington acusó de coordinar la represión y el uso de la fuerza.
Cuba, que podría sufrir un corte del suministro de petróleo venezolano por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, apenas generó la mitad de la electricidad consumida por la isla en 2025, según datos oficiales recopilados y analizados por la AFP.
Esta información también muestra que la isla reporta un aumento importante, aunque todavía poco efectivo, de la generación de energía solar, a partir de la instalación de unos 40 parques el año pasado.
La demanda diaria de energía eléctrica del país ronda los 3.300 megavatios (MW), pero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 el sistema registró un déficit promedio de 1.643 MW, según cálculos de la AFP basados en información publicada por la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).
El monitoreo muestra que la tendencia se mantiene en la primera quincena de 2026.
La UNE publica diariamente la demanda prevista de energía eléctrica para el día, así como el déficit reportado en el pico nocturno. La diferencia entre ambos valores da una idea de la disponibilidad efectiva de energía diaria, que media los 1.670 MW: la mitad de lo que necesita el país de 9,6 millones de habitantes.
Los datos oficiales también muestran un fuerte incremento en la generación fotovoltaica. Mientras a fines de marzo los parques solares tenían una capacidad de generación de entre 300 y 400 MW, para fines de diciembre superaron los 3.000 MW.
Sin embargo, debido a la poca existencia de baterías de almacenamiento, esta energía solo se puede utilizar mientras haya sol y no por la noche, cuando se presenta la hora pico de consumo.
Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad.
Esa falta de combustible podría empeorar luego de que Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, anunciara recientemente el fin del flujo de crudo y dinero venezolano hacia la isla comunista.
Venezuela ha sido desde el año 2000 el principal proveedor de petróleo a Cuba, su aliado ideológico.
Además, la base de la generación eléctrica de la isla descansa en ocho centrales eléctricas, casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, que sufren frecuentes averías o deben ser paralizadas para mantenimiento.
Los cortes diarios de luz, a veces de más de 20 horas seguidas, son moneda corriente.
El gobierno afirma que el embargo estadounidense le impide reparar su red eléctrica, pero economistas señalan una falta crónica de inversión estatal en el sector.
