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Comienza juicio contra expresidenta boliviana Áñez por «golpe de Estado» contra Morales
Un tribunal de La Paz iniciará este jueves el juicio penal contra la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, por presuntamente haber planificado en 2019 un «golpe de Estado» contra el entonces mandatario, Evo Morales.
Recluida en una cárcel de La Paz, Áñez ya fue sentenciada a 10 años de prisión en junio de 2022 por asumir la presidencia de manera inconstitucional.
Junto con la exmandataria de 57 años comenzarán a ser juzgados el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social.
El ministerio público los acusa de «terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias», a raíz de las violentas protestas que forzaron la renuncia de Morales en 2019, señalado entonces de cometer un supuesto fraude en los comicios en los que buscaba una tercera reelección.
La fiscalía pide para Áñez y los demás procesados entre 15 y 20 años de cárcel, según su grado de participación en terrorismo, el cargo más grave que les imputa.
Camacho está acusado como autor de ese delito y Áñez como cómplice.
El ministerio público dice tener pruebas para que los acusados sean condenados por los hechos que «derivaron en la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno» de Morales.
En noviembre de 2019, Áñez, senadora de oposición, asumió la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social.
Morales comenzó a gobernar en 2006. Fue reelegido en 2009, 2014 y 2019, cuando buscó un cuarto mandato hasta 2025.
Fantasioso, ilegal, una patraña
Áñez, quien estuvo en la presidencia por un año, calificó esta semana el juicio denominado «Golpe de Estado I», como «ilegal y fantasioso» y una «patraña».
En su opinión, el oficialismo decidió encarcelarla sin «ninguna prueba de nada».
Además rechaza el juicio penal ordinario y pide que, en su calidad de expresidenta, el máximo tribunal examine su caso, previa autorización del Congreso.
La exmandataria de derecha enfrenta varios procesos más relacionados todos con la crisis de 2019, que dejó unas 20 muertos en la represión militar que siguió al cambio de gobierno.
El juicio contra Áñez recibió desde el inicio el apoyo decidido del gobierno del presidente Luis Arce y Morales.
Sin embargo, la agria disputa entre ambos por la candidatura presidencial del oficialismo en las elecciones de 2025 podría incidir en el curso judicial.
Un juzgado de El Alto ordenó a Morales declarar como testigo por una supuesta manipulación política del proceso contra Áñez.
El exmandatario permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, donde tiene su base política, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su arresto.
Morales es investigado por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor de 15 años con quien, según la fiscalía, tuvo una hija en 2016.
El líder indígena, que rechaza el proceso como «una mentira más», acusa a Arce de orquestar su posible detención.
Gustavo Flores-Macías, investigador de la universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo a la AFP que la justicia boliviana está presa en los vaivenes políticos.
El sistema de justicia se encuentra ahora «con un mayor nivel de manipulación política» comparado con otros de la región, remarcó.
«El gobierno de EEUU está aprovechando con multas oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario», declaró la cancillería de la isla en un comunicado difundido tarde en la noche del miércoles.
El Departamento de Estado estadounidense informó el miércoles del envío de ayuda valorada en tres millones de dólares en dos vuelos chárter que volaron de Miami al este de la isla, que será entregada «a quienes más lo necesitan, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas».
La cancillería cubana informó de que «en ningún momento» Washington mantuvo comunicación oficial con el gobierno de La Habana para confirmar el envío, 77 días después del paso del huracán que afectó en noviembre a varias provincias del país.
«Cuba acepta esta donación sin condicionamientos y entendiendo que es un gesto del pueblo de EEUU», añadió la nota de la cancillería.
Unas 6.000 familias podrían beneficiarse de esta ayuda en las provincias cubanas de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, según el Departamento de Estado.
La ayuda consiste en alimentos, equipos de purificación de agua, utensilios de cocina y linternas solares. Además de los vuelos chárter, el Departamento de Estado planea enviar también un barco con más ayuda a Santiago de Cuba en unas semanas.
Las relaciones entre ambos países se han tensado tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero y las amenazas del presidente Donald Trump, quien instó al gobierno cubano a «alcanzar un acuerdo», sin precisar de qué tipo de acuerdo de trata.
Las tres potencias del Golfo llevaron a cabo «un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones», indicó el alto funcionario, que habló bajo condición de anonimato.
«La comunicación continúa para consolidar la confianza ganada y el buen ánimo actual», añadió.
Parte del personal de una base militar estadounidense en Catar fue evacuado el miércoles y las misiones diplomáticas de Estados Unidos en Arabia Saudita y Kuwait extremaron la precaución, por el temor a represalias de Irán ante una posible intervención estadounidense.
Washington ha repetido en varias ocasiones que podría responder a la violenta represión del gobierno iraní contra las protestas.
El gobierno iraní advierte por su parte que respondería atacando objetivos militares y navales de Estados Unidos, que tiene numerosas bases en la región del Golfo.
En total, «las detecciones de cruces irregulares de las fronteras exteriores de la UE disminuyeron más de una cuarta parte (26%) en 2025, alcanzando cerca de 178.000».
La cifra «corresponde al nivel más bajo desde 2021», indicó Frontex en un comunicado.
Según el comisario de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, los datos reflejan «el refuerzo de las fronteras exteriores y las asociaciones internacionales eficaces».
Los cruces irregulares que más disminuyeron son los de la ruta procedente de África Occidental (–63%), así como la de los Balcanes Occidentales (–42%) y la de las fronteras terrestres orientales, desde Bielorrusia hacia Polonia y los países bálticos (–37%), precisó Frontex.
Por el contrario, se registró un aumento del 14 % en el Mediterráneo occidental, alcanzando 19.403 personas.
España publicó sus datos específicos el 2 de enero, en los que daba cuenta de una notable reducción global -un 42%- de las llegadas irregulares en 2025.
El descenso se debió al derrumbe (-62%) de la ruta de África hacia las islas Canarias, en el Atlántico. Pero al mismo tiempo creció la ruta de Argelia a las islas Baleares -un +24,5%, de unas 5.900 personas en 2024 a alrededor de 7.300 en 2025.
Según Frontex, el número de personas que intentaron cruzar el Mediterráneo central bajó un 1%, mientras que en el Mediterráneo oriental la disminución fue del 27%.
Los intentos de cruzar el Canal de la Mancha, desde Francia a Reino Unido descendieron un 3%, sumando 65.861 personas.
A pesar de estos resultados a la baja, la agencia Frontex subraya que el flujo de personas que buscan llegar a Europa puede «desplazarse rápidamente de una ruta a otra, debido a los conflictos, la inestabilidad y las redes de traficantes».
