Internacionales
Colombia registra 361 ambientalistas asesinados desde 2018
PARES contabiliza 361 asesinatos desde 2018, con el mayor pico de violencia en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas en el país sudamericano, que alberga hasta el 1 de noviembre la COP16, la cumbre de las Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad.
Según la ONG Global Witness, en el 2023 Colombia también fue el país donde más asesinatos de ambientalistas se registraron.
«La disputa de actores armados por el control territorial de zonas de interés para los mismos se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para las personas defensoras del medioambiente», señala PARES en el informe divulgado en Cali (suroeste), sede de la COP16.
La mayoría de los asesinatos de defensores del medioambiente (66%) quedaron en la impunidad.
«Sigo luchando»
Tras sobrevivir a un «atentado» en 2017, la defensora de manglares Marlín Salas vive su día a día en el departamento del Atlántico (norte) con custodia policial, relató a la AFP durante la presentación del informe.
Las «amenazas de muerte, amenazas de que te tienes que ir del municipio, de los territorios» forman ya parte de la rutina en su trabajo como lideresa ambientalista.
«Pero yo sigo ahí con la causa, luchando incansablemente», dice.
Según el informe de PARES, un 53% de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos: Antioquia (noroeste), Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador.
Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
En ambos departamentos, el 57% de los homicidios registrados (89 casos) fueron de líderes indígenas.
En un 31% de ataques mortales los responsables fueron identificados como miembros de algún grupo armado ilegal.
Algunos líderes que se oponían a megaproyectos legales como minas e hidroeléctricas también fueron asesinados, denuncia PARES.
«Paz social»
Las principales agrupaciones involucradas en violencia homicida contra líderes ambientales son las disidencias de las FARC, que acumulan más de la mitad de los casos cuyo autor fue identificado.
Algunas facciones disidentes adelantan nuevas conversaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que llegó poder en 2022 y goza de amplio respaldo de ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, «la baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva», señala el informe.
En otro 20% de los casos estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz, instalados en 2022, tras un ataque con explosivos a una base militar en septiembre que dejó tres soldados muertos.
El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país, que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.
Colombia vive un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellos desplazados y asesinados.
«No hay paz ambiental si no hay paz social», es el mensaje que busca enviar la activista Marlín Salas a los delegados que participan en la toma de decisiones y están reunidos en Cali. «Los líderes sociales estamos sin voz», denuncia.
Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús cayó a un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú, según autoridades.
El autobús de dos pisos con más de 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, chocó de frente con una camioneta pick up en una curva, en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.
«Tenemos una cifra de 37 fallecidos (…) además de 24 heridos», dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.
Sin embargo, la cifra de muertos puede aumentar porque hay heridos graves, añadió por vía telefónica.
La gran cantidad de siniestros en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad, la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.
El autobús accidentado el miércoles había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la segunda ciudad de Perú.
Tras chocar en el km 780 de la carretera, rodó por un abismo de 200 metros y fue a parar a la orilla de un río, según reportes de prensa que citan a los bomberos.
El portavoz de bomberos Jack Páez indicó que el rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso.
«Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños» entre los heridos, declaró al canal de televisión TV Perú.
La empresa de transporte Llamosas informó que «el conductor del bus falleció».
Un sacerdote llegó al lugar y oró junto a los cuerpos, puestos en fila a la orilla del río, según imágenes enviadas por la fiscalía.
Internacionales
Pandillero interpone recurso ante Corte Constitucional de Guatemala para anular Ley Antipandillas
Un miembro de grupos de pandillas que enfrenta un proceso de condena por el delito de extorsión interpuso ante la Corte Constitucional de Guatemala un recurso de amparo contra la Ley Antipandillas, aprobada y entrada en vigencia recientemente en el país centroamericano.
El recurso presentado por el pandillero, identificado como Dylan Smaily Archila García, asegura que la nueva ley viola sus derechos humanos fundamentales y, además, señala que hubo ciertas irregularidades en su aprobación, según medios locales en Guatemala.
El amparo fue presentado pocas horas después que entrara en vigencia la nueva ley, con la cual el Congreso de Guatemala aumentó las penas por delitos vinculados al accionar de los grupos terroristas, además de facilitar la construcción de una megacárcel similar a lo implementado con el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
Medios guatemaltecos aseguran que, en el recurso, Archila García señala que la aprobación de ley no cumplió con todo lo establecido en la constitución, por lo que pide que se establezca una medida alternativa para su anulación, frenando así su entrada en vigencia.
De igual forma, rotativos locales citan el documento señalando que Archila García asegura que la Ley Antipandillas vulnera sus derechos humanos al no garantizar un proceso de juicio penal en el que pueda comprobar su inocencia, fallando en la garantía de certeza jurídica y seguridad en el debido proceso.
El amparo pretende que la ley sea congelada por medio de un recurso de la Corte Constitucional para, posteriormente, ser dejada sin efecto y que no pueda volver a discutirse al interior del congreso.
La Ley Antipandillas fue una iniciativa promovida por el presidente Bernardo Arévalo ante el incremento de la violencia y el accionar de las pandillas en el territorio de Guatemala. El cuerpo de ley busca establecer mecanismos que permitan un ataque frontal contra las estructuras terroristas que siguen operando en el país.
Un hombre identificado como Valerio fue detenido en la comunidad La Tina, municipio de Oteapan, Veracruz (México), acusado de sustraer ropa interior femenina de una vivienda.
El hecho ocurrió el pasado 6 de noviembre, cuando vecinos sorprendieron al sospechoso dentro de una casa ubicada en la zona de San Román, en posesión de varias prendas que presuntamente había robado.
De acuerdo con medios locales, el sujeto —apodado por los habitantes como el “ladrón de brasieres”— fue retenido por un grupo de mujeres antes de ser entregado a las autoridades policiales.
Fotografías del incidente circularon en redes sociales, donde se observa al hombre con varias prendas colgadas al cuello. Vecinos afirmaron que el detenido ya era conocido en la comunidad por haber cometido robos similares en días anteriores.
