Internacionales
Biden y McCarthy se reúnen para hablar del techo de deuda, pero no llegan a ningún acuerdo
El presidente Joe Biden se reunió con el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para hablar de la necesidad de suspender el techo de deuda y evitar así que Estados Unidos entre en una suspensión de pagos, pero no llegaron a un acuerdo.
Biden y McCarthy se limitaron a reiterar cara a cara sus posiciones sobre la suspensión del techo de deuda, cuyo límite de 31,4 billones de dólares ya se alcanzó el 19 de enero, por lo que actualmente el Gobierno está recurriendo a dinero en sus reservas para pagar las deudas que ha contraído.
El Departamento del Tesoro estima que esas reservas se agotarán el 1 de junio, momento en que Estados Unidos entraría automáticamente en una suspensión de pagos, la primera de su historia.
El encuentro se desarrolló en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Era la primera vez que Biden y McCarthy se veían para hablar de este tema desde el 1 de febrero, cuando ambos se reunieron por última vez también en la Casa Blanca.
En el encuentro también estuvieron el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el líder de la minoría republicana en esa cámara, Mitch McConnell, y el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.
El presidente Joe Biden se reunió con el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para hablar de la necesidad de suspender el techo de deuda y evitar así que Estados Unidos entre en una suspensión de pagos, pero no llegaron a un acuerdo.
Biden y McCarthy se limitaron a reiterar cara a cara sus posiciones sobre la suspensión del techo de deuda, cuyo límite de 31,4 billones de dólares ya se alcanzó el 19 de enero, por lo que actualmente el Gobierno está recurriendo a dinero en sus reservas para pagar las deudas que ha contraído.
El Departamento del Tesoro estima que esas reservas se agotarán el 1 de junio, momento en que Estados Unidos entraría automáticamente en una suspensión de pagos, la primera de su historia.
El encuentro se desarrolló en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Era la primera vez que Biden y McCarthy se veían para hablar de este tema desde el 1 de febrero, cuando ambos se reunieron por última vez también en la Casa Blanca.
En el encuentro también estuvieron el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el líder de la minoría republicana en esa cámara, Mitch McConnell, y el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.
El republicano quiere vincular la suspensión del techo de deuda con importantes recortes de gasto en algunos de los programas estrella de Biden, como la cancelación de la deuda estudiantil, y además quiere endurecer los requisitos que deben cumplir los estadounidenses más pobres para acceder a ayuda sanitaria y alimentaria.
Por su parte, Biden lleva semanas diciendo que no está dispuesto a negociar sobre el techo de endeudamiento y que los republicanos tienen la obligación de asegurarse de que Estados Unidos puede pagar las deudas ya contraídas, como hicieron en varias ocasiones con su antecesor, Donald Trump.
Al final del encuentro, Biden reiteró esa postura e intentó tranquilizar a los mercados al declarar: “Estados Unidos no incurrirá en un impago de sus deudas, nunca lo ha hecho y nunca lo hará”.
Añadió que volverá a reunirse con McCarthy y el resto de los líderes del Congreso el viernes, mientras que sus equipos seguirán negociando hasta entonces.
Aparte de reiterar sus posiciones, las dos partes hablaron públicamente sobre la posibilidad de encontrar una solución a corto plazo.
Preguntado por la prensa antes de su reunión con Biden, McCarthy dijo que no está dispuesto a impulsar un proyecto de ley que suspenda el techo de deuda hasta septiembre con el fin de dar más tiempo a las negociaciones con los demócratas.
“Él (Biden) necesita dejar de ignorar estos problemas. ¿Por qué seguir perdiendo el tiempo? Resolvamos esto ahora”, afirmó McCarthy, quien consideró necesario llegar a un acuerdo la semana próxima para evitar que EE.UU. incurra en un impago.
Para la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, “una extensión a corto plazo” tampoco entra dentro de los planes de la Administración, pero no llegó a descartarlo del todo.
De hecho, después del encuentro, Biden incidió en que no descarta una solución a corto plazo para el techo de endeudamiento.
“No descarto nada. Vamos a volver a reunirnos. Lo único que realmente descarto es que entremos en una suspensión de pagos”, afirmó.
En Estados Unidos, el techo de deuda es la cantidad total de dinero que el Gobierno está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales existentes y financiar los beneficios del Seguro Social y Medicare, los salarios militares, los intereses sobre la deuda nacional, las devoluciones de impuestos y otros pagos.
Cada cierto tiempo, Estados Unidos se asoma al impago de la deuda nacional porque, a diferencia de otros países, su Ejecutivo solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de suspender ese techo según crea conveniente.
El país nunca ha tenido que declarar la suspensión de pagos de su deuda nacional, pero estuvo muy cerca en 2011, cuando la mera posibilidad de que eso ocurriera desató el caos en los mercados financieros e hizo que Standard & Poor’s rebajara la nota de solvencia del país.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
