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Salvadoreños podrán identificar y velar a fallecidos por Covid-19
El Ministerio de Salud actualizó los lineamientos para el manejo y disposición de los cuerpos de fallecidos por esta enfermedad y uno de los cambios es que hoy los familiares ya los pueden identificar, velar, inhumar o cremar, pero siempre guardando medidas de bioseguridad.
Las indicaciones, que aún no han tenido amplia difusión, están contenidas en un documento de 17 páginas titulado “Lineamientos técnicos para el manejo y disposición final de cadáveres de casos COVID-19”, cuarta edición y entraron en vigencia el 13 de enero de 2022, fecha en que fue suscrito por el ministro de Salud Francisco Alabí.
En el escrito surge meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos médicos especialistas y psicólogos salvadoreños, señalaron la viabilidad de que por salud mental los dolientes tuvieran la oportunidad de cumplir los ritos funerarios que estaban restringidos en los lineamientos anteriores.
Según lo expresado en los lineamientos “Posterior al manejo adecuado del cadáver, este ya no representa riesgo para la transmisión de la enfermedad, por lo que, para garantizar los derechos de familiares de personas fallecidas, están permitidas las siguientes actividades: 1. Ritos funerarios 2. Velaciones 3. inhumación o cremación. Siempre y cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad estándar en concordancia a la situación epidemiológica local”.
El doctor Jorge Panameño, médico infectologo privado, ya había señalado el año pasado que los cuerpos de los fallecidos por covid ya no representaban riesgo para los dolientes porque como la víctima ya no respira ni habla, entonces no hay forma de que se dé una transmisión por vía aérea, tampoco oral; además si el cuerpo está debidamente sellado no hay forma de contaminación por fluidos, aunque se le puede dejar visible el rostro.
Las nuevas indicaciones del Ministerio de Salud son que el féretro deberá estar sellado, además la cantidad de personas que asistan será acorde al espacio donde se llevará a cabo la actividad, garantizando el distanciamiento y en todo caso se priorizará el núcleo familiar y allegados.
“Si la actividad se realizará en una funeraria, el administrador o dueño de la misma, deberá garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como uso de mascarillas, lavado de manos, puntos de desinfección con alcohol gel o solución alcohólica mayor o igual al 70 %”, precisa el documento.
En cuanto a la inhumación o cremación del cadáver, esta se tiene que llevar a cabo a más tardar 16 a 24 horas posterior al fallecimiento, según lo establecido en el artículo 123 del Código de Salud.
Los lineamientos establecen también que el administrador del cementerio deberá garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad arriba mencionadas.
El médico salubrista Ricardo Lara señaló que los cambios en los lineamientos desde el punto de salud mental son necesarios para que los dolientes puedan tener un momento para despedir a su ser querido, cerrar el ciclo del duelo, como él ya lo había señalado antes.
Sin embargo, Lara también externó preocupación ante el hecho de que las velaciones y entierros se puedan volver en un factor de contagio en momentos que ya hay un alza desbordada de casos debido a la circulación de la variante ómicron, que es más contagiosa.
La inquietud del galeno radica en que, en la zona rural, a diferencia de los ritos que se celebran a nivel urbano, tienden a generar más aglomeraciones, hay más riesgo en el compartir, por ejemplo, si les dan café se quitan la mascarilla para tomárselo y hasta comparten el tamal.
“Realmente mi sugerencia es que cada familia tome la decisión de hacer la velación si lo desea, pero bajo su propio riesgo, sabiendo que el nivel de contagio va a estar ahí. No se puede garantizar las medidas de bioseguridad”, indica.
El salubrista también recomienda que si optan por velar a la persona esta ceremonia no debería de llevar más de cuatro horas, además, lo ideal sería que ahí solo esté el núcleo familiar y extremar que se guarden las medidas de bioseguridad.
En San Miguel, el nuevo lineamiento ya es del conocimiento de personal que trabaja en cementerios; sin embargo, el personal advirtió, este jueves, que “en este momento las funerarias y los hospitales no tiene conocimiento sobre el nuevo documento, apegándose a eso (que el personal de sanidad no conoce la nueva disposición) no se puede permitir ejecutar protocolo. El Seguro Social no los libera (entrega el cadáver) si no es con protocolo covid, en este caso será la Región de Salud la que tendrá que resolver”, expuso.
El propietario de una funeraria de San Miguel comentó que al momento el Ministerio de Salud no les ha informado sobre el nuevo protocolo. “No ha llegado ninguna notificación porque cada vez que hacen un protocolo nos citan a una reunión al Minsal a todas las funerarias, pero al momento no han dicho nada”.
En Ahuachapán, fuentes que trabajan en el área relacionada a morgue en hospital y de funerarias privadas informaron que desconocen sobre las nuevas disposiciones, pero las califican de positivas porque ayudan a enfrentar el luto a las familias dolientes.
Internacionales
Motines en cárceles de Guatemala buscan traslado de líder del Barrio 18: «No voy a ceder a esos chantajes», afirma ministro
El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, afirmó que los motines registrados de forma simultánea en varios centros penitenciarios del país responden a un intento de presión para trasladar a un líder del Barrio 18 y recuperar privilegios que le fueron retirados.
Según explicó el funcionario, el objetivo del motín coordinado sería beneficiar a Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias «el Lobo», recluido en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla.
Villeda señaló que Ochoa Mejía había solicitado anteriormente una serie de comodidades dentro del penal, entre ellas la instalación de aire acondicionado, el ingreso de una cama y la autorización para recibir comida de determinados restaurantes, entre otros.
«Este gobierno, esta administración del Ministerio de Gobernación no va a pactar con ningún grupo terrorista, no voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarles los privilegios», enfatizó el funcionario en una conferencia de prensa.
Villeda advirtió además que, de ser necesario, se hará uso de la fuerza del Estado para retomar el control de los centros penitenciarios. «Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros lo vamos a hacer», afirmó.
Las autoridades señalaron que ya se han desplegado fuerzas de la policía y del ejército para crear anillos de seguridad, para proteger a los civiles y evitar que haya fuga de los privados de libertad.
Las declaraciones del ministro se dieron luego de que durante la mañana de este sábado se registrara un motín en la cárcel Renovación I, el cual provocó un incendio visible desde el exterior.
De manera simultánea, se reportaron disturbios en la cárcel Fraijanes II y en el sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.
