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Salvadoreños podrán identificar y velar a fallecidos por Covid-19
El Ministerio de Salud actualizó los lineamientos para el manejo y disposición de los cuerpos de fallecidos por esta enfermedad y uno de los cambios es que hoy los familiares ya los pueden identificar, velar, inhumar o cremar, pero siempre guardando medidas de bioseguridad.
Las indicaciones, que aún no han tenido amplia difusión, están contenidas en un documento de 17 páginas titulado “Lineamientos técnicos para el manejo y disposición final de cadáveres de casos COVID-19”, cuarta edición y entraron en vigencia el 13 de enero de 2022, fecha en que fue suscrito por el ministro de Salud Francisco Alabí.
En el escrito surge meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos médicos especialistas y psicólogos salvadoreños, señalaron la viabilidad de que por salud mental los dolientes tuvieran la oportunidad de cumplir los ritos funerarios que estaban restringidos en los lineamientos anteriores.
Según lo expresado en los lineamientos “Posterior al manejo adecuado del cadáver, este ya no representa riesgo para la transmisión de la enfermedad, por lo que, para garantizar los derechos de familiares de personas fallecidas, están permitidas las siguientes actividades: 1. Ritos funerarios 2. Velaciones 3. inhumación o cremación. Siempre y cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad estándar en concordancia a la situación epidemiológica local”.
El doctor Jorge Panameño, médico infectologo privado, ya había señalado el año pasado que los cuerpos de los fallecidos por covid ya no representaban riesgo para los dolientes porque como la víctima ya no respira ni habla, entonces no hay forma de que se dé una transmisión por vía aérea, tampoco oral; además si el cuerpo está debidamente sellado no hay forma de contaminación por fluidos, aunque se le puede dejar visible el rostro.
Las nuevas indicaciones del Ministerio de Salud son que el féretro deberá estar sellado, además la cantidad de personas que asistan será acorde al espacio donde se llevará a cabo la actividad, garantizando el distanciamiento y en todo caso se priorizará el núcleo familiar y allegados.
“Si la actividad se realizará en una funeraria, el administrador o dueño de la misma, deberá garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como uso de mascarillas, lavado de manos, puntos de desinfección con alcohol gel o solución alcohólica mayor o igual al 70 %”, precisa el documento.
En cuanto a la inhumación o cremación del cadáver, esta se tiene que llevar a cabo a más tardar 16 a 24 horas posterior al fallecimiento, según lo establecido en el artículo 123 del Código de Salud.
Los lineamientos establecen también que el administrador del cementerio deberá garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad arriba mencionadas.
El médico salubrista Ricardo Lara señaló que los cambios en los lineamientos desde el punto de salud mental son necesarios para que los dolientes puedan tener un momento para despedir a su ser querido, cerrar el ciclo del duelo, como él ya lo había señalado antes.
Sin embargo, Lara también externó preocupación ante el hecho de que las velaciones y entierros se puedan volver en un factor de contagio en momentos que ya hay un alza desbordada de casos debido a la circulación de la variante ómicron, que es más contagiosa.
La inquietud del galeno radica en que, en la zona rural, a diferencia de los ritos que se celebran a nivel urbano, tienden a generar más aglomeraciones, hay más riesgo en el compartir, por ejemplo, si les dan café se quitan la mascarilla para tomárselo y hasta comparten el tamal.
“Realmente mi sugerencia es que cada familia tome la decisión de hacer la velación si lo desea, pero bajo su propio riesgo, sabiendo que el nivel de contagio va a estar ahí. No se puede garantizar las medidas de bioseguridad”, indica.
El salubrista también recomienda que si optan por velar a la persona esta ceremonia no debería de llevar más de cuatro horas, además, lo ideal sería que ahí solo esté el núcleo familiar y extremar que se guarden las medidas de bioseguridad.
En San Miguel, el nuevo lineamiento ya es del conocimiento de personal que trabaja en cementerios; sin embargo, el personal advirtió, este jueves, que “en este momento las funerarias y los hospitales no tiene conocimiento sobre el nuevo documento, apegándose a eso (que el personal de sanidad no conoce la nueva disposición) no se puede permitir ejecutar protocolo. El Seguro Social no los libera (entrega el cadáver) si no es con protocolo covid, en este caso será la Región de Salud la que tendrá que resolver”, expuso.
El propietario de una funeraria de San Miguel comentó que al momento el Ministerio de Salud no les ha informado sobre el nuevo protocolo. “No ha llegado ninguna notificación porque cada vez que hacen un protocolo nos citan a una reunión al Minsal a todas las funerarias, pero al momento no han dicho nada”.
En Ahuachapán, fuentes que trabajan en el área relacionada a morgue en hospital y de funerarias privadas informaron que desconocen sobre las nuevas disposiciones, pero las califican de positivas porque ayudan a enfrentar el luto a las familias dolientes.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Un cliente que engañó a una prostituta con una falsa prueba de pago fue condenado en Bélgica por violación, decisión que la corte de Amberes consideró el jueves sin precedentes.
Bélgica es uno de los países europeos donde el trabajo sexual está reglamentado, y Amberes figura entre las ciudades que reivindica proteger a las personas que declaran esta actividad, en su gran mayoría mujeres.
No es excepcional que trabajadores sexuales acudan a la justicia cuando no son pagados por sus clientes, según una portavoz de la corte de apelaciones de Amberes contactada por AFP.
Pero es la primera vez que un rechazo de pago o «una astucia» como mostrar un falso justificativo de pago es considerado en un proceso como falta de consentimiento en la relación sexual, y por lo tanto violación, agregó la portavoz.
Según la corte, el código penal belga estipula que «hay violación cuando hubo penetración sexual a una persona que no consintió».
Por lo tanto «no hay consentimiento si el acto sexual se realizó con engaño u otro comportamiento castigable», señaló.
En su decisión, la corte de apelaciones consideró que el hombre engañó deliberadamente a su víctima al simular que efectuaba un pago a través de su aplicación bancaria.
Ocurrió seis veces con ella, cuando el cliente le mostró para engañarla la pantalla del teléfono donde aparecía una transacción no firmada o una correspondiente a un pago anterior que, si funcionó, indicó la corte.
El hombre, búlgaro de unos 30 años de edad, dijo que actuó bajo los efectos de la cocaína, según la portavoz.
Fue condenado a tres años de cárcel en suspenso y tiene la obligación de hacer una psicoterapia y someterse a controles regulares que prueben que ya no consume droga.
Un grupo de 89 cristianos secuestrados desde mediados de enero tras un ataque de bandas armadas contra tres iglesias en Nigeria fue liberado este jueves.
Los fieles, vestidos con camisetas naranjas, llegaron en un autobús escoltado por las fuerzas de seguridad y fueron acogidos por el gobernador del estado de Kaduna, Uba Sani.
La autoridad de este estado del norte de Nigeria afirmó que en total 183 personas fueron secuestradas, 11 lograron escapar y 83 regresaron hace unos días.
El secuestro masivo tuvo lugar el 18 de enero durante un ataque contra iglesias durante la misa dominical en una zona remota del estado de Kaduna.
Las circunstancias de la liberación no fueron reveladas. El pago de rescates es ilegal en Nigeria, pero hay sospechas de que el gobierno recurre habitualmente a esta práctica.
La semana pasada, un líder tradicional informó que la mitad de los secuestrados en realidad lograron huir durante el ataque y se escondieron en otras aldeas.
El país más poblado de África experimentó un resurgimiento de los secuestros masivos desde noviembre. Estados Unidos acusó al país de ser incapaz de frenar esta violencia.
El presidente estadounidense Donald Trump acusó a finales de 2025 a los grupos armados nigerianos de perseguir a los cristianos, a quienes describió como víctimas de «genocidio». A finales de diciembre Estados Unidos lanzó ataques en el estado de Sokoto, en el noroeste, contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico.
La ola de secuestros de finales del año pasado llevó al presidente nigeriano, Bola Tinubu, a declarar el estado de emergencia de seguridad nacional y a lanzar una campaña de reclutamiento de soldados y policías para combatir la inseguridad.
