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Salvadoreños podrán identificar y velar a fallecidos por Covid-19
El Ministerio de Salud actualizó los lineamientos para el manejo y disposición de los cuerpos de fallecidos por esta enfermedad y uno de los cambios es que hoy los familiares ya los pueden identificar, velar, inhumar o cremar, pero siempre guardando medidas de bioseguridad.
Las indicaciones, que aún no han tenido amplia difusión, están contenidas en un documento de 17 páginas titulado “Lineamientos técnicos para el manejo y disposición final de cadáveres de casos COVID-19”, cuarta edición y entraron en vigencia el 13 de enero de 2022, fecha en que fue suscrito por el ministro de Salud Francisco Alabí.
En el escrito surge meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos médicos especialistas y psicólogos salvadoreños, señalaron la viabilidad de que por salud mental los dolientes tuvieran la oportunidad de cumplir los ritos funerarios que estaban restringidos en los lineamientos anteriores.
Según lo expresado en los lineamientos “Posterior al manejo adecuado del cadáver, este ya no representa riesgo para la transmisión de la enfermedad, por lo que, para garantizar los derechos de familiares de personas fallecidas, están permitidas las siguientes actividades: 1. Ritos funerarios 2. Velaciones 3. inhumación o cremación. Siempre y cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad estándar en concordancia a la situación epidemiológica local”.
El doctor Jorge Panameño, médico infectologo privado, ya había señalado el año pasado que los cuerpos de los fallecidos por covid ya no representaban riesgo para los dolientes porque como la víctima ya no respira ni habla, entonces no hay forma de que se dé una transmisión por vía aérea, tampoco oral; además si el cuerpo está debidamente sellado no hay forma de contaminación por fluidos, aunque se le puede dejar visible el rostro.
Las nuevas indicaciones del Ministerio de Salud son que el féretro deberá estar sellado, además la cantidad de personas que asistan será acorde al espacio donde se llevará a cabo la actividad, garantizando el distanciamiento y en todo caso se priorizará el núcleo familiar y allegados.
“Si la actividad se realizará en una funeraria, el administrador o dueño de la misma, deberá garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como uso de mascarillas, lavado de manos, puntos de desinfección con alcohol gel o solución alcohólica mayor o igual al 70 %”, precisa el documento.
En cuanto a la inhumación o cremación del cadáver, esta se tiene que llevar a cabo a más tardar 16 a 24 horas posterior al fallecimiento, según lo establecido en el artículo 123 del Código de Salud.
Los lineamientos establecen también que el administrador del cementerio deberá garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad arriba mencionadas.
El médico salubrista Ricardo Lara señaló que los cambios en los lineamientos desde el punto de salud mental son necesarios para que los dolientes puedan tener un momento para despedir a su ser querido, cerrar el ciclo del duelo, como él ya lo había señalado antes.
Sin embargo, Lara también externó preocupación ante el hecho de que las velaciones y entierros se puedan volver en un factor de contagio en momentos que ya hay un alza desbordada de casos debido a la circulación de la variante ómicron, que es más contagiosa.
La inquietud del galeno radica en que, en la zona rural, a diferencia de los ritos que se celebran a nivel urbano, tienden a generar más aglomeraciones, hay más riesgo en el compartir, por ejemplo, si les dan café se quitan la mascarilla para tomárselo y hasta comparten el tamal.
“Realmente mi sugerencia es que cada familia tome la decisión de hacer la velación si lo desea, pero bajo su propio riesgo, sabiendo que el nivel de contagio va a estar ahí. No se puede garantizar las medidas de bioseguridad”, indica.
El salubrista también recomienda que si optan por velar a la persona esta ceremonia no debería de llevar más de cuatro horas, además, lo ideal sería que ahí solo esté el núcleo familiar y extremar que se guarden las medidas de bioseguridad.
En San Miguel, el nuevo lineamiento ya es del conocimiento de personal que trabaja en cementerios; sin embargo, el personal advirtió, este jueves, que “en este momento las funerarias y los hospitales no tiene conocimiento sobre el nuevo documento, apegándose a eso (que el personal de sanidad no conoce la nueva disposición) no se puede permitir ejecutar protocolo. El Seguro Social no los libera (entrega el cadáver) si no es con protocolo covid, en este caso será la Región de Salud la que tendrá que resolver”, expuso.
El propietario de una funeraria de San Miguel comentó que al momento el Ministerio de Salud no les ha informado sobre el nuevo protocolo. “No ha llegado ninguna notificación porque cada vez que hacen un protocolo nos citan a una reunión al Minsal a todas las funerarias, pero al momento no han dicho nada”.
En Ahuachapán, fuentes que trabajan en el área relacionada a morgue en hospital y de funerarias privadas informaron que desconocen sobre las nuevas disposiciones, pero las califican de positivas porque ayudan a enfrentar el luto a las familias dolientes.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
