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Salvadoreños podrán identificar y velar a fallecidos por Covid-19
El Ministerio de Salud actualizó los lineamientos para el manejo y disposición de los cuerpos de fallecidos por esta enfermedad y uno de los cambios es que hoy los familiares ya los pueden identificar, velar, inhumar o cremar, pero siempre guardando medidas de bioseguridad.
Las indicaciones, que aún no han tenido amplia difusión, están contenidas en un documento de 17 páginas titulado “Lineamientos técnicos para el manejo y disposición final de cadáveres de casos COVID-19”, cuarta edición y entraron en vigencia el 13 de enero de 2022, fecha en que fue suscrito por el ministro de Salud Francisco Alabí.
En el escrito surge meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos médicos especialistas y psicólogos salvadoreños, señalaron la viabilidad de que por salud mental los dolientes tuvieran la oportunidad de cumplir los ritos funerarios que estaban restringidos en los lineamientos anteriores.
Según lo expresado en los lineamientos “Posterior al manejo adecuado del cadáver, este ya no representa riesgo para la transmisión de la enfermedad, por lo que, para garantizar los derechos de familiares de personas fallecidas, están permitidas las siguientes actividades: 1. Ritos funerarios 2. Velaciones 3. inhumación o cremación. Siempre y cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad estándar en concordancia a la situación epidemiológica local”.
El doctor Jorge Panameño, médico infectologo privado, ya había señalado el año pasado que los cuerpos de los fallecidos por covid ya no representaban riesgo para los dolientes porque como la víctima ya no respira ni habla, entonces no hay forma de que se dé una transmisión por vía aérea, tampoco oral; además si el cuerpo está debidamente sellado no hay forma de contaminación por fluidos, aunque se le puede dejar visible el rostro.
Las nuevas indicaciones del Ministerio de Salud son que el féretro deberá estar sellado, además la cantidad de personas que asistan será acorde al espacio donde se llevará a cabo la actividad, garantizando el distanciamiento y en todo caso se priorizará el núcleo familiar y allegados.
“Si la actividad se realizará en una funeraria, el administrador o dueño de la misma, deberá garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como uso de mascarillas, lavado de manos, puntos de desinfección con alcohol gel o solución alcohólica mayor o igual al 70 %”, precisa el documento.
En cuanto a la inhumación o cremación del cadáver, esta se tiene que llevar a cabo a más tardar 16 a 24 horas posterior al fallecimiento, según lo establecido en el artículo 123 del Código de Salud.
Los lineamientos establecen también que el administrador del cementerio deberá garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad arriba mencionadas.
El médico salubrista Ricardo Lara señaló que los cambios en los lineamientos desde el punto de salud mental son necesarios para que los dolientes puedan tener un momento para despedir a su ser querido, cerrar el ciclo del duelo, como él ya lo había señalado antes.
Sin embargo, Lara también externó preocupación ante el hecho de que las velaciones y entierros se puedan volver en un factor de contagio en momentos que ya hay un alza desbordada de casos debido a la circulación de la variante ómicron, que es más contagiosa.
La inquietud del galeno radica en que, en la zona rural, a diferencia de los ritos que se celebran a nivel urbano, tienden a generar más aglomeraciones, hay más riesgo en el compartir, por ejemplo, si les dan café se quitan la mascarilla para tomárselo y hasta comparten el tamal.
“Realmente mi sugerencia es que cada familia tome la decisión de hacer la velación si lo desea, pero bajo su propio riesgo, sabiendo que el nivel de contagio va a estar ahí. No se puede garantizar las medidas de bioseguridad”, indica.
El salubrista también recomienda que si optan por velar a la persona esta ceremonia no debería de llevar más de cuatro horas, además, lo ideal sería que ahí solo esté el núcleo familiar y extremar que se guarden las medidas de bioseguridad.
En San Miguel, el nuevo lineamiento ya es del conocimiento de personal que trabaja en cementerios; sin embargo, el personal advirtió, este jueves, que “en este momento las funerarias y los hospitales no tiene conocimiento sobre el nuevo documento, apegándose a eso (que el personal de sanidad no conoce la nueva disposición) no se puede permitir ejecutar protocolo. El Seguro Social no los libera (entrega el cadáver) si no es con protocolo covid, en este caso será la Región de Salud la que tendrá que resolver”, expuso.
El propietario de una funeraria de San Miguel comentó que al momento el Ministerio de Salud no les ha informado sobre el nuevo protocolo. “No ha llegado ninguna notificación porque cada vez que hacen un protocolo nos citan a una reunión al Minsal a todas las funerarias, pero al momento no han dicho nada”.
En Ahuachapán, fuentes que trabajan en el área relacionada a morgue en hospital y de funerarias privadas informaron que desconocen sobre las nuevas disposiciones, pero las califican de positivas porque ayudan a enfrentar el luto a las familias dolientes.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Francisco Eduardo Rodríguez Bautista a purgar una pena de diez años de cárcel por el delito de hurto agravado en el distrito de Cuscatancingo, en el municipio de San Salvador Centro.
Según la versión de la Fiscalía General de la República, este delito ocurrió el 13 de junio de 2025 en una lotificación de Cuscatancingo, cuando Rodríguez Bautista aprovechó la oscuridad de la zona para hurtar varias piezas de un vehículo que se encontraba estacionado cerca de su casa.
Aunque el ahora imputado huyó del lugar, fue identificado a través de un sistema de cámaras de video vigilancia para proceder a su detención.
Con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal aplicó la pena máxima que contempla la Ley, sobre este tipo de delitos patrimoniales
El Centro Histórico de San Salvador se consolida como uno de los principales dinamizadores de la economía en el país al generar $194 millones de inversión en proyectos presentados por la empresa privada durante los últimos tres años, según los registros de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (Aplan).
«Si hacemos una sumatoria de 2023 hasta enero de 2026 son cerca de $194 millones en proyectos que ya están en trámites, muchos ya los inauguramos y estamos trabajando con ellos otro tipo de estrategias», aseguró Adriana Larín, directora general de Aplan, durante la entrevista de Canal 10.
La funcionaria también destacó que la institución recibió al cierre de enero pasado nuevas pr++opuestas de proyectos por un estimado de $9 millones en inversión privada, por lo que, afirmó, «le estamos apostando a todos los proyectos que nos ayuden a continuar con este desarrollo socioeconómico».
Larín mencionó que al cierre de 2025 hubo un estimado de 40 nuevas inauguraciones de establecimientos de reconocidas empresas que están ayudando a dinamizar la economía, puesto que son generadoras de fuentes de empleos en rubros como servicio, comercio, turismo y construcción.
Agregó que para este año ya tienen un listado de nuevos inversionistas interesados en sumarse a este desarrollo económico del que ya forman parte muchos empresarios; además, manifestó que próximamente anunciarán el inicio de operaciones de nuevos hoteles.
«No es una sorpresa la llegada de nuevos hoteles que vamos a estar anunciando, y otros que vamos a inaugurar, primero Dios si el clima y las condiciones nos lo permiten», puntualizó.
La directora de Aplan también mencionó que tienen muchos proyectos de inversión «sobre la mesa», pero que en este momento algunos están siguiendo el debido proceso para que en el tiempo pertinente sean emitidos los permisos de funcionamiento.
En cuanto a los beneficios fiscales, Larín detalló que ya están recibiendo a los primeros empresarios que están aplicando a los incentivos fiscales, estos son aquellos que han completado el proceso de regularización.
«Continuamos brindando apoyo para poder inaugurar [establecimientos] en los tiempos que ellos [inversionistas] nos dicen, si es antes de la Semana Santa comenzamos a trabajar todos juntos y los apoyamos en asesoramiento», destacó.
Justamente, la funcionaria señaló que los períodos vacacionales son cuando más demanda tienen de los inversores para iniciar operaciones. Larín detalló que ya iniciaron las gestiones para obtener la certificación del Centro Histórico como destino turístico inteligente, pero que «obviamente es un proceso que lleva capacitación y un diagnóstico».
«El propósito es poder utilizar la tecnología, no solamente para seguridad, sino para mejorar la calidad de los residentes y visitantes desde medir la calidad de humo hasta sensores que tengan botones de alerta», comentó Larín.
Dijo que con ONU Mujeres trabajan un programa de ciudades seguras enfocado en mejorar la percepción de confianza de las mujeres y las niñas, por ejemplo si se requiere mejorar el sistema de iluminación en zonas donde hace falta hacerlo.
El sistema de telemedicina, DoctorSV, podrá iniciar el desarrollo de una segunda fase, luego que la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo por $75 millones con el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF).
Con 57 votos fue autorizada la iniciativa del Ejecutivo, la cual fue presentada al Congreso por el Ministerio de Hacienda, que tiene como objetivo continuar con el fortalecimiento del sistema de salud público.
El proyecto incluye la mejora de la plataforma de telemedicina, a fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del programa DoctorSV basado en tecnología de vanguardia que permitirá fomentar el acceso y la cobertura de atención a pacientes a escala nacional.
Ernesto Castro, presidente del Órgano Legislativo, explicó que el sistema de telemedicina DoctorSV es un proyecto «exitoso» que está dirigido a la salud de los salvadoreños y que «estamos gozando y, sobre todo, la población que tiene menos recursos», detalló.
La segunda fase del programa busca descentralizar el acceso a los medicamentos, a través de la instalación de 400 quioscos instalados en sitios estratégicos del país para que la población pueda retirar las medicinas.
Además, incluye la incorporación de la inteligencia artificial que servirá de apoyo para los médicos y el personal de salud que forma parte de este sistema.
Desde el 14 de noviembre de 2025 cuando fue implementado el sistema de telemedicina, se ha beneficiado a unos 4.5 millones de salvadoreños, las autoridades esperan que diariamente sean atendidas 30,000 consultas médicas.
La primera fase se financió con un empréstito con el CAF por un monto de $77 millones, que fueron destinados para garantizar la conexión a internet y espacio en la nube.
También se contrataron consultorías de apoyo en protocolos clínicos y logísticos para la operación masiva del sistema de consulta médica.
