Internacionales
Daniel Noboa prometió indultar a policías y militares tras la masacre en Guayaquil
Ecuador vivió una de sus jornadas más violentas este 6 de marzo, cuando una masacre en Socio Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil, dejó 22 personas asesinadas en varios ataques armados. Se trata del hecho más sangriento registrado en la ciudad en los últimos años, lo que ha provocado una respuesta contundente de las fuerzas del orden y un respaldo total del gobierno del presidente Daniel Noboa.
Según reportó Primicias, el ataque se produjo aproximadamente a las 15:00 en tres sectores de Nueva Prosperina, siendo Socio Vivienda 2 el epicentro de la masacre. Testigos relataron que al menos 20 hombres fuertemente armados ingresaron desde una zona montañosa y abrieron fuego indiscriminadamente contra sus víctimas, muchas de las cuales intentaron huir sin éxito. La Policía informó que entre los fallecidos hay personas con antecedentes por robo, tráfico de drogas y posesión de armas, y que el ataque respondería a una disputa entre las facciones Igualitos y Fénix de la organización narcoterrorista Los Tiguerones.
Tras estos hechos, las fuerzas de seguridad han desplegado una serie de operativos en Nueva Prosperina con el objetivo de capturar a los responsables y desarticular las estructuras criminales que operan en la zona. En la madrugada del 7 de marzo, la Policía Nacional ejecutó más de 200 allanamientos en Socio Vivienda y La Barraca, logrando la detención de 14 personas, entre ellas dos adolescentes. Según el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Zárate, al menos cinco de los detenidos registran antecedentes por tráfico de sustancias, tenencia de armas, robo, homicidio y asociación ilícita.
En los operativos se incautaron siete armas de fuego, ocho alimentadoras, más de 2.000 cartuchos de munición, droga y dos motocicletas. La Policía informó que los aprehendidos estarían vinculados con la facción de Los Tiguerones responsable de almacenar y distribuir armas utilizadas para actividades ilícitas.
El despliegue policial se ha realizado en coordinación con las Fuerzas Armadas, que también han intensificado su presencia en la zona. En un comunicado oficial, el Comando Conjunto de las FF.AA. hizo un llamado a sus efectivos a mantenerse firmes en la lucha contra el crimen organizado y a no permitir que “el miedo se siga sembrando en nuestras calles”. En el documento, las fuerzas militares recalcaron su compromiso de ser la “primera y última línea de defensa contra la oscuridad” y aseguraron que no retrocederán en la defensa del territorio.
El presidente Noboa también reaccionó a la crisis de seguridad y anunció una medida para respaldar a los uniformados que participan en estos operativos. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Noboa aseguró que todos los policías y militares que hayan actuado o que sean desplegados en Nueva Prosperina “cuentan desde ya con indulto presidencial”. Con este mensaje, el mandatario busca dar un espaldarazo a las fuerzas del orden y garantizar que puedan actuar sin temor a represalias legales.
“Necesitamos que actúen con determinación y sin temor a represalias. Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes”, escribió Noboa en su publicación, que ha generado diversas reacciones en redes sociales y en la opinión pública.
El operativo en Nueva Prosperina se desarrolla en el marco del estado de excepción que rige en Guayas y otras seis provincias del país, una medida implementada por el gobierno de Noboa desde hace dos meses y renovada a inicios de marzo. El objetivo del estado de excepción es permitir la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, así como aplicar medidas restrictivas como el toque de queda en ciertos horarios.
La Policía ha reforzado su presencia en los barrios más conflictivos de Guayaquil y ha instalado al menos cinco puntos de control en Nueva Prosperina, según declaraciones del comandante de la Zona 8, Pablo Dávila, recogidas por Primicias.
Este hecho ha puesto nuevamente en evidencia la grave crisis de seguridad que enfrenta Ecuador, donde el crimen organizado ha incrementado su influencia y violencia en los últimos años. Guayaquil, al ser un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, se ha convertido en el epicentro de estas disputas entre bandas criminales, lo que ha llevado al país a implementar medidas cada vez más drásticas en materia de seguridad.
La masacre de Socio Vivienda y la reacción del gobierno han generado un amplio debate sobre la efectividad de la estrategia de Noboa contra el crimen organizado. Mientras las autoridades aseguran que la militarización es necesaria para recuperar el control de los territorios dominados por bandas delictivas, organismos de Derechos Humanos, como Human Rights Watch, han expresado preocupaciones sobre posibles excesos en el uso de la fuerza y la falta de medidas integrales para atacar el problema desde su raíz.
El portavoz de esta agencia, Mahmud Basal, dijo a AFP que al menos 13 cadáveres fueron «sacados de los escombros» tras un bombardeo en la ciudad de Jan Yunis, en el sur.
Otras 35 personas murieron en 12 ataques en distintos puntos del enclave.
Igualmente, una mujer murió víctima de disparos de artillería, y un hombre por arma de fuego en el sur de la Franja, apuntó Basal.
El gobierno israelí aprobó este mes un plan para ampliar la ofensiva, y habló incluso de «conquistar» Gaza.
El conflicto actual arrancó el 7 de octubre de 2023 con el sorpresivo ataque del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Israel.
Los milicianos tomaron aquel día 251 rehenes, de los cuales 57 permanecen cautivos en Gaza, incluyendo 34 que según el ejército están muertos.
En el ataque de Hamás murieron 1.218 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, de acuerdo con un balance de AFP basado en cifras oficiales.
La campaña militar israelí por su lado ha matado a cerca de 53.000 personas en Gaza, en su mayoría civiles, de acuerdo con el ministerio de Saluda de este territorio gobernado por Hamás. Naciones Unidas considera fiable dicha cifra.
Internacionales
Pandillero de la MS-13 es detenido en Maryland tras ser buscado por la justicia salvadoreña
Joel Armando Mejía Benítez, identificado como integrante de la pandilla MS-13, fue arrestado recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore, Maryland. El salvadoreño tenía una notificación roja de Interpol y enfrenta cargos por múltiples delitos cometidos con armas de fuego en El Salvador, además de haber ingresado ilegalmente en varias ocasiones a Estados Unidos.
“El arresto de este violento pandillero de la MS-13 es un paso crucial en nuestra misión continua de proteger a nuestras comunidades”, expresó Nikita Baker, directora interina de la Oficina de Campo de ICE en Baltimore.
La trayectoria de Mejía Benítez en territorio estadounidense se remonta a noviembre de 2004, cuando fue detenido por primera vez por la Patrulla Fronteriza en Sullivan City, Texas. Un año después, en diciembre de 2005, un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia. Fue capturado nuevamente en 2006 en el condado de Prince George y deportado a El Salvador el 13 de diciembre de ese año.
Pese a ello, el pandillero regresó a Estados Unidos de forma irregular en una fecha no determinada. El 20 de marzo de 2014, agentes migratorios volvieron a detenerlo en Baltimore y le notificaron la reactivación de la orden de expulsión previamente emitida.
El más reciente arresto se realizó a inicios de este mes. Las autoridades estadounidenses han confirmado que Mejía Benítez no contaba con admisión legal ni permiso de ingreso, por lo que ahora está a la espera de su extradición a El Salvador, donde sería trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte del acuerdo bilateral de repatriación de criminales.
En el marco de una ofensiva migratoria, durante los primeros 100 días del gobierno del expresidente Donald Trump, ICE reportó más de 65,000 detenciones de inmigrantes indocumentados, entre ellos más de 2,000 miembros de estructuras criminales como la MS-13, la pandilla 18 y el grupo venezolano Tren de Aragua.
La organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, originaria de Venezuela, ha logrado establecerse en al menos 16 estados de Estados Unidos mediante una combinación de alianzas con pandillas locales y tácticas de infiltración tecnológica, según informes de Fox News y otros medios estadounidenses.
Investigaciones revelan que el grupo opera en estados como Florida, Texas, Nueva York, Illinois y Colorado, y ha aprovechado comunidades migrantes para operar con menor visibilidad. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la presencia del Tren de Aragua representa un riesgo creciente para la seguridad interna.
Uno de los aspectos más alarmantes es su sofisticación tecnológica. Según Ali Hopper y Jarrod Sadulski, expertos en crimen organizado y miembros de GUARD Against Trafficking, la pandilla incorpora especialistas en tecnología de la información —algunos bajo coacción— para evadir la detección. Utilizan códigos visuales, secuencias de emojis e imágenes con símbolos ocultos para comunicarse sin ser detectados por los algoritmos de seguridad de plataformas digitales.
Además, el grupo ha establecido alianzas estratégicas con pandillas como los Bloods y los Crips, con las cuales comparte ingresos de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, trata de personas y asesinatos por encargo. Esta colaboración les permite conocer rutas de patrullaje, zonas con menor vigilancia y políticas judiciales locales.
A nivel internacional, el Tren de Aragua ha sido identificado en países como Perú, Chile y Colombia. En marzo de 2025, el Congreso peruano lo declaró organización terrorista. En Chile y Colombia, se le vincula con delitos como secuestro, homicidio, extorsión y explotación sexual.
Frente a su avance, el sistema judicial de EE. UU. ha comenzado a responder. En mayo de 2025, una jueza federal en Pensilvania autorizó la deportación de presuntos integrantes del grupo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No obstante, tribunales en Texas y Colorado han bloqueado temporalmente estas medidas por presuntas violaciones al debido proceso.
De acuerdo con Insight Crime, el Tren de Aragua ha evolucionado desde su origen carcelario en Venezuela hasta convertirse en una red criminal transnacional, adaptando su estructura a cada país. Aunque la amenaza es real, analistas como los citados por The Guardian advierten que la falta de evidencia directa que vincule a sus miembros con la estructura central del grupo complica su persecución judicial en Estados Unidos.
