Política
¿Votarás nulo este 4 de marzo? Esto es lo que debes conocer antes de hacerlo
POR: El Salvador Tmes.
Muchas personas han barajado la posibilidad de votar nulo en las próximas elecciones municipales y legislativas para dar un castigo a la clase política. Sin embargo, poco se conoce de esta expresión democrática sobre la que se han establecido varios mitos.
Las redes sociales están llenas de personas que promueven la anulación del voto, sobre todo, después del llamado que hizo el acalde Nayib Bukele a anular el voto. Sin embargo, ¿está realmente informada la población sobre lo que conlleva anular o abstenerse en estas elecciones?
En las elecciones de 2015, miles de votantes acudieron a las urnas. Unos votaron por su candidato predilecto, de izquierda, de derecha y de todos los colores. Mientras que otros decidieron protestar desde la papeleta: unos mancharon con palabras obscenas, otros colocaron “cuernos” y uno que prefirió comerse la papeleta en son de crítica al sistema democrático. En esta ocasión se espera un escenario similar.
La elección de los gobernantes de un país es un ejercicio democrático pero que el ciudadano no está obligado a hacer si no quiere. Sin embargo, es una decisión transcendente que cambia el rumbo del país.
El Salvador Times se ha dado a la tarea de recopilar información de las leyes, así como la opinión profesional de un experto en temas electorales sobre las implicaciones y la incidencia del voto nulo en las elecciones legislativas y municipales. Acá todo lo que debe saber antes de decidir anular su voto.
¿Qué es anular el voto?
El Artículo 207 del Código Electoral consta de 8 literales, donde explican la nulidad del voto. Se anula el voto cuando se marcan coaligados o sobrepasan el número de escaños permitidos. Cuando claramente la intención de votos en dos o más bandera de partidos políticos o coaliciones contendientes. Si la papeleta está mutilada en su contenido y si la papeleta contiene palabras o figuras obscenas.
Entonces, ¿si se coloca una palabra ofensiva en la papeleta es nulo?
Básicamente, sí. Ya lo explica el literal H. del Art. 207. Colocar palabras ofensivas dentro de la papeleta conlleva a la anulación de la papeleta de forma automática.
¿Y sí se tratara de dibujar cuernos sobre la cabeza de un candidato?
“Muchas veces puede depender de la decisión de la mesa. La Junta Receptora de Votos (JRV) es la máxima autoridad en el centro de votación. Si la JRV considera que es ofensivo, en este caso para la persona, podría anular el voto», explica el analista experto en materia electoral, Malcolm Cartagena a una entrevista brindada a El Salvador Times.
Es decir que si un votante hace dibujos sobre un candidato y la JRV decide que no es ofensivo, aunque este lo fuera, podría ser tomado como válido.
¿A quiénes beneficia o afecta no asistir a votar o anular la papeleta?
Las implicaciones pueden ser políticas y económicas. “Nuestro sistema electoral está diseñado para que los votos nulos no afecten. Los votos nulos no son tomados en cuenta a la hora de asignar los escaños. Simplemente se toman los votos válidos. A los partidos políticos les da igual si se trata de uno, mil o 100,000 votos nulos puesto que no les afectaría, dice Cartagena.
También analiza que en el aspecto económico los partidos políticos podrían verse un poco afectados con la deuda política proveniente del número de votos ganados en las elecciones. “Si se trata de personas que siempre iban a votar y que hoy no encuentran candidaturas que les parezcan relevantes y deciden anular su voto, representa un ahorro de $4. 93″, expuso. Sin embargo, si es una persona que por primera vez ejercerá su voto y decide anularlo significa un ahorro para el Estado porque “antes no significaban una erogación”.
En un caso hipotético, ¿qué pasaría si los votos nulos superan a los votos válidos?
El Artículo 203 del Código Electoral dicta que se declara nulidad de las elecciones. “Al quedar ejecutoriada la resolución que declare la nulidad de una elección, se publicará en el Diario Oficial y El Tribunal convocará, en su caso, a nueva elección, la cual deberá celebrarse a más tardar treinta días después de la fecha en que se declare ejecutoriada dicha resolución.” Dicta la normativa electoral.
¿Se repetirán elecciones?
Sí, pero solo en el municipio o en el departamento donde los votos nulos hayan sido superiores a los válidos.
¿Serán los mismos candidatos?
El Estado volverá a recurrir a las elecciones con los mismos candidatos hasta lograr la elección. Cartagena añade que los partidos políticos podrían valerse de esas elecciones anuladas y solicitar una deuda política más, justificando los gastos en la contienda anterior.
¿Una persona que decide anular el voto tiene derecho a reclamar a los gobernantes electos por otros?
Sí, ya que los gobernantes se deben a las mayorías, incluso de los que votaron en contra del funcionario electo. “Se pueden quejar de las medidas, pero no de las personas. Las personas que no anulen son las que van a decir las que queden en los escaños”, dice Cartagena.
¿Serán los votos duros los que se eligen?
Sí, porque en la medida que los descontentos no voten, los que si voten, aunque sean minoría, lograrán poner a los candidatos de su preferencia.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
