La diputada del partido ARENA, Milena Mayorga, retó al presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Gustavo López Davidson, para que dé una explicación sobre el desvío de 15.2 millones de dólares de las arcas del Estado a ese instituto político, durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca González.

La petición de Mayorga, surge luego que el presidente del Coena adelantara criterio sobre su posible destino político que la podría dejar marginada para una posible reelección en las elecciones del 2021.

“Me exige que tenga ADN como requisito para que pueda participar en el futuro y por eso lo reto a que dé una explicación sobre los 7.6 millones de dólares que salieron desde Casa Presidencial, como también, otros 7.2 millones de dólares en efectivo y 400 mil dólares en cheques de 50 mil cada uno. En total son 15.2 millones de dólares”, detalló la parlamentaria.

“Si se trata de encubrir ese tipo de hechos, Gustavo tiene razón, no puedo tener su ADN. Por cierto, nuestra Constitución de la República no pide ADN para ser diputado, sólo dice con honradez e instrucción notoria y no he perdido mis derechos de ciudadano en los cinco años anteriores a la elección”, agregó.

En Facebook Live, Milena Mayorga expresó: “Voy a plantear algo delicado para las finanzas públicas del país y que está relacionado a la prescripción de los casos de corrupción y que debería ser trascendental para la CICIES. En 2015 instituciones en su lucha contra la impunidad y la corrupción presentaron el proyecto para la no prescripción del delito y varios diputados de ARENA y PCN, pero quedó en el olvido. Cómo no se ha estudiado esa iniciativa, junto al diputado no partidario di iniciativa de ley para que en la reforma del Código Procesal Penal, tampoco prescriban los delitos de corrupción”.

“Según consta en el expediente fiscal que se sigue contra dos expresidentes de la República, sólo en sobresueldos se pagaron más de $90 millones a exfuncionarios u otros operadores políticos. Ese oscuro pasado era como operaba la administración pública. Se dieron en concepto de sobresueldos montos de $25 mil, $10, $5 mil y $2 mil dólares; había funcionarios corruptos de diversas categorías”, afirmó.

“Hagamos un cálculo legal como ejemplo. Un exfuncionario a quien le daban $10 mil de sobresueldo, en concepto de servicios profesionales mensualmente, recibía 600 mil en todo el quinquenio. Por ley, cualquier funcionario debió haber pagado el 10% de impuesto sobre la renta, es decir, Hacienda dejó de percibir $60 mil, sin contar la renta neta de los 90 millones de dólares”, puntualizó.