Política
VIDEO – Diputada Milena Mayorga le pide a López Davidson que explique «cómo ARENA recibió $15.2 millones del Estado»
La diputada del partido ARENA, Milena Mayorga, retó al presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Gustavo López Davidson, para que dé una explicación sobre el desvío de 15.2 millones de dólares de las arcas del Estado a ese instituto político, durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca González.
La petición de Mayorga, surge luego que el presidente del Coena adelantara criterio sobre su posible destino político que la podría dejar marginada para una posible reelección en las elecciones del 2021.
“Me exige que tenga ADN como requisito para que pueda participar en el futuro y por eso lo reto a que dé una explicación sobre los 7.6 millones de dólares que salieron desde Casa Presidencial, como también, otros 7.2 millones de dólares en efectivo y 400 mil dólares en cheques de 50 mil cada uno. En total son 15.2 millones de dólares”, detalló la parlamentaria.
“Si se trata de encubrir ese tipo de hechos, Gustavo tiene razón, no puedo tener su ADN. Por cierto, nuestra Constitución de la República no pide ADN para ser diputado, sólo dice con honradez e instrucción notoria y no he perdido mis derechos de ciudadano en los cinco años anteriores a la elección”, agregó.
En Facebook Live, Milena Mayorga expresó: “Voy a plantear algo delicado para las finanzas públicas del país y que está relacionado a la prescripción de los casos de corrupción y que debería ser trascendental para la CICIES. En 2015 instituciones en su lucha contra la impunidad y la corrupción presentaron el proyecto para la no prescripción del delito y varios diputados de ARENA y PCN, pero quedó en el olvido. Cómo no se ha estudiado esa iniciativa, junto al diputado no partidario di iniciativa de ley para que en la reforma del Código Procesal Penal, tampoco prescriban los delitos de corrupción”.
“Según consta en el expediente fiscal que se sigue contra dos expresidentes de la República, sólo en sobresueldos se pagaron más de $90 millones a exfuncionarios u otros operadores políticos. Ese oscuro pasado era como operaba la administración pública. Se dieron en concepto de sobresueldos montos de $25 mil, $10, $5 mil y $2 mil dólares; había funcionarios corruptos de diversas categorías”, afirmó.
“Hagamos un cálculo legal como ejemplo. Un exfuncionario a quien le daban $10 mil de sobresueldo, en concepto de servicios profesionales mensualmente, recibía 600 mil en todo el quinquenio. Por ley, cualquier funcionario debió haber pagado el 10% de impuesto sobre la renta, es decir, Hacienda dejó de percibir $60 mil, sin contar la renta neta de los 90 millones de dólares”, puntualizó.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
