Política
VIDEO: Diputada arenera Milena Mayorga: “He sufrido tanta violencia política, acoso e insultos como nunca en toda mi carrera profesional”
La diputada arenera Milena Mayorga hizo publicó hace unas horas una especie de denuncia sobre las dificultadas y obstáculos que ha tenidos que enfrentar y sortear en más de un año desde que inició su participación en el ámbito político de El Salvador y al interior del partido ARENA.
Mayorga a través de un video en su cuenta oficial de Facebook que dura 9 minutos con 31 segundos, señala que en su tiempo como parlamentaria ha sido objeto de “violencia política, acoso, insultos como nunca en toda mi historia profesión”.
La también es comunicadora y presentadora de TV, hace un recuento de todo las críticas, ataques y bloqueos que ha enfrentado dentro de su mismo partido políticos.
“La violencia política contra la mujer es el principal obstáculo para desmotivar su participación y creo que si tuviera una máquina para regresar el tiempo cambiaría de opinión y desistiría para participar en política”, dice la parlamentaria.
A su ves Milena Mayorga, asegura que “la mujer tiene una legitima aspiración de optar a un cargo público, per muchas se sientes desmotivadas porque ven que sufrimos agresiones y manifestaciones de violencia”.
En su inicio del video la diputada arenera es clara ha señalar que seguramente al terminar mi mensaje algún político dinosaurio de mi partido político pedirá mi expulsión porque están esperando cualquier circunstancia para hacerlo”, recalca Mayorga.
Más delante ella hace referencia en que los ciudadanos “ya no quieren votar por políticos, sino por líderes que cambien sus paradigmas y sus entornos, pero mi partido se ha negado a escuchar. Los políticos tradicionales persisten en hacer los mismo y esperan resultados diferentes y esa vieja forma de hacer política se acabó, pero hay resistencia el cambió”, señala.
Además, la ex mis El Salvador en 1996 señaló se introdujo aún más al decir que la violencia política la ha sufrido dentro de su mismo partido y no de sus adversarios.
“He sufrido la violencia política en todos los niveles y realmente no me han expulsado porque no he faltado a la norma partidaria ni a la ley de partidos políticos. El propio vicepresidente de ideología de mi partido se fue a una radio y puso una denuncia en mi contra, y no le tuve miedo. Posteriormente el propio vicepresidente de organización de mi partido brindó opiniones en redes sociales en mi contra acusándome de violarlas y otros calificativos que rayan en delito, a él tampoco le tuve miedo. Un alcalde ordenó también que me expulsaran del municipio de gobierna, yo andaba en campaña y en el mercado me mandó a sacar ¿Y saben de dónde era? de mi partido, pero tampoco te tuve miedo. Yo dije que si un diputado, un alcalde o un presidente hacia las cosas bien con honestidad y para beneficiar a las mayorías contaría con mi apoyo, y para qué les platicó como me fue”.
Tras esas declaraciones Mayorga hace menciones que los calificativos de traidora, transfuga, vendida, ignorante, rebelde e ilusa “se quedan chiquitos y todos venían de adentro de mi partido”.
Más adelante hace un recuento de otros de violencia que ha tenido que sufrir en su carrera política junto a la también diputada de su partido como Felissa Cristales y a Katy Hernández.
Entre otros señalamientos Mayor afirmó que existe una coacción de diputados que defienden grupos corporativos de mucho poder. “Me refiero a los que trabajan con estos grupos y defienden sus intereses dentro de la asamblea Legislativa”, y recordó el tema de la propuesta al transporta publicó que no se logró pun un voto para darle garantías a los motoristas.
“Hemos sido varios los diputados que hemos ido a denuncia a la Fiscalía General de la República junto a Felissi Cristales. A mi caso he tenido paciencia, persistencia y consistencia. Nunca antes había sufrido tanta violencia en toda mi trayectoria profesional y he aguantado porque soy mujer, porque es mi turno y mañana le tocará a otra. Las mujeres tenemos que dar la pela y no me voy a perdonar si por lo menos no lo intenté”, asegura Mayorga, quien en sus declaración se declara una fiel defensora contra el uso del plástico a nivel nacional e internacional.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
