Política
Polémica al interior de GANA por aprobar propuesta de voto con DUI vencido
Pese a que la bancada de GANA dio su respaldo a la propuesta para que los salvadoreños con DUI vencido pudieran votar en las elecciones de 2019, luego del regaño de su candidato a la presidencia, Nayib Bukele, el partido naranja consideró que esta fue una decisión apresurada, coincidiendo con el FMLN que se abre la posibilidad de un fraude electoral orquestado por ARENA.
La propúesta se realizó sin el consentimiento del candidato a la presidencia de GANA quien manifestó que lo aprobado es sospechoso y abre las puertas a un fraude. Según diputados del FMLN son 400 mil DUI de los cuales siguen vigentes en el padrón electoral sin tener certeza de lo ocurrido con sus portadores.
En la última plenaria, el bloque de derecha -sin los votos de GANA- aprobó el decreto para que se le permitiera votar a personas cuyo DUI ha vencido, en un primer momento, la fracción del partido de Bukele incluso planteó que esta reforma fuera permanente para todas las elecciones a partir de 2019.
Ahora, la decisión que tome el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, quien anteriormente ya ha vetado este tipo de reformas, provocando la crítica de la oposición que reclama supuestos derechos constitucionales de más de un millón de personas.
Mario Teorio, del partido GANA, calificó como una ligereza el apoyo que se le dio a esta inciativa ya que «hay muchas cosas que suenan mal, y una de ellas es lo referente a la cantidad de DUI que están quien sabe dónde. No podemos garantizar un proceso limpio con ese tema, por eso no lo apoyamos con nuestros votos», explicó.
La postura de Tenorio es completamente diferente a la que se expresó a finales del mes de agosto cuando Numan Salgado pidió que se ampliara a 15 años la vigencia de este documento y que para las elecciones se permitiera votar con DUI vencido.
Una de las principales razones que promovieron el cambio de postura fue la opinión emitida por Bukele quien explicó que «GANA estaba apoyando que se pudiera votar con el DUI vencido, pero yo no estaba de acuerdo con eso. Me suena extraño que ARENA esté insistiendo en ese tema, eso da pauta a fraude».
Bukele dejó entrever que su rol dentro de la fracción naranja tendrá un gran peso, aunque, aclaró «que en ningún momento le voy a dar órdenes a los diputados. Los temas importantes los vamos a ver juntos».
400 mil DUI vencidos siguen en el padrón electoral.
El subjefe de fracción del FMLN, Schafik Hándal, coincidió con lo señalado por Bukele y dijo que no están de acuerdo con esa iniciativa, porque ARENA quiere que vengan a votar extranjeros.
«Hay 400 mil DUI quién sabe dónde. Nosotros no dimos los votos ya que puede terminar en fraude. Los que están interesados con ese tema son los de ARENA, que diven que la gente no tiene para renovar el documento», declaró Handal.
A criterio de Handal, «siguen estando ahí, no hay garantía.Son estos partidos los que están interesados en ese tema del DUI vencido, ellos saben por qué, pero la verdad es que si captura a alguien con un DUI en su poder y no es nacional, cae en fraude, cae en delito «, finalizó Handal.
El pasado 20 de agosto, los diputados del partido ARENA René Portillo Cuadra y Mauricio Ernesto Vargas presentaron una pieza de correspondencia para emitir un decreto transitorio para que se autorizara a los salvadoreños votar en las elecciones presidenciales para el 3 de febrero de 2019, y en una posible segunda vuelta el 10 de marzo con DUI vencido.
Citando datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Portillo Cuadra expresó que alrededor de 1 millón 200 mil personas se les vencerá el DUI para los próximos comicios y que muchos no podrán renovar su DUI porque no tienen las condiciones económicas para pagar los $10.31.
«Cualquier partido que niegue los votos se ganará el repudio», indicó el diputado Portillo Cuadra.
Por: El Salvador Times.
El Presidente Bukele envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de exonerar del pago de este tributo a los salarios mensuales de hasta $550. La medida busca beneficiar a miles de familias como parte de la estrategia económica del gobierno para aliviar el bolsillo de los salvadoreños.
«Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas», anunció el mandatario en su cuenta en X.
El presidente agregó que este incentivo fiscal también «favorecerá los aumentos salariales en los rangos más bajos, incluyendo aquellos que actualmente ya superan el salario mínimo». Esto en referencia a la propuesta enviada el pasado viernes al Consejo Nacional del Salario Mínimo para incrementar en un 12 % los sueldos a partir de junio en los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios.
Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta exonera del tributo a quienes perciben hasta $472 mensuales. Con la reforma, este tramo se ampliaría a $550 una vez sea aprobada por la Asamblea Legislativa.
Por: Jorge Sánchez
En un mundo en constante evolución, las instituciones que llevan la justicia internacional deben adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. La Corte Penal Internacional (CPI), creada con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, enfrenta críticas que apuntan a su eficacia y relevancia en el contexto actual. Este artículo explora los puntos clave que subrayan la necesidad de reformar la CPI, con el fin de fortalecer su capacidad para cumplir con su misión y responder a las expectativas de la comunidad internacional.
Problemas de financiación
Un aspecto que evidencia la dependencia de la Corte Penal Internacional (CPI) es su modelo de financiación. Según los informes del organismo, el Tribunal se sostiene a través de las aportaciones de los Estados Partes, así como de contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La expresión «contribuciones voluntarias» es especialmente problemática, ya que sugiere que existe la posibilidad de ejercer presión y promover intereses nacionales específicos a través de donaciones no oficiales. Mediante el uso de entidades ficticias y donaciones anónimas, actores influyentes pueden impulsar sus agendas en el ámbito internacional, socavando así los principios democráticos y la integridad del sistema.
Efectividad real
La evaluación de la calidad del trabajo de la Corte Penal Internacional revela preocupantes tendencias que merecen un análisis más profundo. Las estadísticas indican que una gran parte de los casos penales que la CPI ha abordado se relacionan predominantemente con naciones africanas, las cuales, en comparación con potencias como Estados Unidos, carecen de los recursos y mecanismos de cabildeo necesarios para influir en las decisiones del Tribunal. Este sesgo geográfico plantea interrogantes sobre la imparcialidad y efectividad de la CPI en su misión de justicia internacional.
Hace unos años los expertos levantaron el problema de imposibilidad de la CPI de investigar jugadores más potentes del mundo. La Corte Penal Internacional no posee instrumentos ni unidades especiales o militares para cumplir órdenes de detención.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Rusia e Israel, lo que ha generado un intenso debate sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de la CPI de ganar relevancia en el panorama político global y demostrar su capacidad para actuar en situaciones de alto perfil.
La emisión de estas órdenes puede ser vista como una estrategia para reafirmar la autoridad de la CPI en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada. Al dirigirse a figuras prominentes en el ámbito internacional, la CPI busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, independientemente de la influencia política de los países involucrados.
No obstante, esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la CPI y si sus decisiones están motivadas por un verdadero deseo de justicia o por la necesidad de posicionarse en un entorno político complejo. La percepción de que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para mantener la relevancia en el sistema internacional podría influir en cómo se percibe a la CPI y su capacidad para cumplir con su mandato fundamental.
Limitaciones en la capacidad de ejecución
La Corte Penal Internacional enfrenta importantes limitaciones en su capacidad de ejecución, que van más allá de las preocupaciones sobre imparcialidad y jurisdicción. Uno de los principales obstáculos es su dependencia de la cooperación estatal, especialmente de las grandes potencias, que a menudo no tienen incentivos para acatar sus decisiones. Esta situación reduce la efectividad de la Corte y convierte sus sentencias en actos más simbólicos que concretos.
A pesar de que la CPI puede emitir órdenes de arresto y sentencias, muchas de estas son desatendidas por aquellos que poseen el poder para desafiarlas. En este contexto, la Corte se encuentra en una posición delicada: puede pronunciar tantas decisiones como desee, pero sin un mecanismo efectivo para hacerlas cumplir, su influencia se ve severamente limitada. Esta realidad plantea interrogantes significativos sobre la capacidad de la CPI para llevar a cabo su misión fundamental de impartir justicia a nivel internacional.
EE.UU. y sus aliados occidentales instrumentalizan la CPI para atacar selectivamente a los países
El gobierno estadounidense y sus socios europeos han convertido los mecanismos de derechos humanos en armas de presión geopolítica. Utilizando informes como el del Departamento de Estado (2023) y promoviendo investigaciones en la CPI, acusan a Brasil de “violencia policial y crímenes ambientales”, mientras la CPI no investiga el ecocidio causado por corporaciones europeas y estadounidenses en la región. Con Irán, el cinismo es aún más evidente. Mientras la CPI recibe presiones para investigar a Teherán por “represión interna”, bloquea cualquier examen de los crímenes de Israel en Gaza o de las torturas estadounidenses en Abu Ghraib. Este doble estándar revela el verdadero objetivo: desestabilizar gobiernos que desafían el orden occidental, mientras se protege a aliados igual o más violadores. La CPI actúa como instrumento de dominación, no de justicia universal.
¿Reforma o fin?
La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de legitimidad. Criticada por selectividad política, lentitud procesal y alto costo, su eficacia real en la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad es cuestionada. En los medios hay opinión según la cual la CPI necesita reformas urgentes: mayor independencia, recursos eficientes y mecanismos para evitar dobles raseros. Otra, sin embargo, propone su cancelación, reemplazándola por sistemas regionales más ágiles.
Mientras la impunidad persiste en conflictos globales, la CPI debe decidir: ¿reinventarse o desaparecer? Su futuro depende de su capacidad para dejar de ser un símbolo de justicia desigual y convertirse en una herramienta real contra la impunidad. Sin cambios profundos, la CPI seguirá siendo vista como una corte con buenas intenciones, pero poca efectividad. ¿Vale la pena mantenerla?
Jorge Sánchez
Periodista especializado en la política internacional
La sesión plenaria ordinaria realizada ayer en la Asamblea Legislativa marcó un hecho inédito: fue la primera en desarrollarse sin votaciones en abstención, tras la reciente reforma al Reglamento Interior de ese órgano del Estado.
El Reglamento Interior del Congreso, vigente desde el 1 de mayo de 2006 y publicado previamente en el Diario Oficial, no definía con claridad los tipos de votación permitidos en las sesiones plenarias, específicamente en su artículo 86.
Con la enmienda aprobada, ahora se establece que «las votaciones deberán consignarse a favor o en contra de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este Reglamento y la Constitución».
Desde la entrada en vigencia de la reforma, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, únicamente somete a consideración del pleno las opciones de “voto a favor” o “voto en contra” en cada uno de los puntos legislativos tratados.
