Política
Personas que fueron contratadas recientemente en la Asamblea Legislativa serán despedidas aseguró Norman Quijano
El presidente de la Asamblea Legislativa anunció, la tarde del viernes, lo que consideró una «triste decisión» que consiste en el despido de aquellos empleados que fueron contratados entre el 1° de diciembre de 2017 y el 30 de abril de 2018.
«Me duele porque cada vez que uno abre la puerta del despacho lo primero que a uno le piden es trabajo», comentó el diputado de ARENA, minutos antes de dar a conocer la decisión tomada tras un acuerdo.
Tras ello, Quijano dijo claramente: «Quedan suprimidas las plazas bajo cualquier modalidad de contrato que ingresaron entre el 1 de diciembre 2017 al 30 de abril de 2018».
Pero para generar «tranquilidad» -como lo mencionó-, los derechos de los empleados que realizan labores especiales en las fracciones de los partidos «van a ser respetados».
Antes de dar a conocer la decisión tomada, el asesor de la presidencia de la Asamblea, Rafael Lemus, explico que de 2013 en adelante el presupuesto general de la institución se logró estabilizar y mantenerse en $58 millones.
«A mediados de 2016 hasta el 2018, el rubro de remuneraciones subió significativamente. Estamos excedidos en más de dos millones de dólares en el techo del presupuesto para este Órgano de Estado», dijo Lemus, tras indicar que actualmente hay más de 2 mil plazas laborales utilizadas en la institución, cuando en un momento solo habían 800.
Racionalización de vehículos y combustible
Por otro lado, el resto de los puntos consisten en que los vehículos asignados a jefes, gerentes y empleados de la Asamblea serán utilizados solamente para desarrollar actividades de trabajo mas no personales. Incluso, comunicó que más adelante podrían vender, a través de una subasta pública, al menos unos 40 automotores.
A raíz de ello, el combustible para el transporte que hoy será estrictamente laboral también será racionalizado.
También iniciarán una serie de revisiones de los contratos de las líneas telefónicas que están concedidas a los empleados de la institución gubernamental.
«Vamos a revisar los contratos de los teléfonos que han sido asignados a jefes, gerentes y empleados de la Asamblea», aseguró.
La mañana del jueves, en el discurso de la primera sesión solemne del nuevo grupo de diputados elegidos en los comicios del pasado mes de marzo, el miembro del partido de derecha explicó que durante la ejecución de su rol como presidente de esa institución estará basado en el consenso, en la transparencia y en la austeridad.
«Mi obligación como capitán del barco es medir el comportamiento de la Institución», comentó
Por: El Salvador Times
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
