Política
Personas que fueron contratadas recientemente en la Asamblea Legislativa serán despedidas aseguró Norman Quijano
El presidente de la Asamblea Legislativa anunció, la tarde del viernes, lo que consideró una «triste decisión» que consiste en el despido de aquellos empleados que fueron contratados entre el 1° de diciembre de 2017 y el 30 de abril de 2018.
«Me duele porque cada vez que uno abre la puerta del despacho lo primero que a uno le piden es trabajo», comentó el diputado de ARENA, minutos antes de dar a conocer la decisión tomada tras un acuerdo.
Tras ello, Quijano dijo claramente: «Quedan suprimidas las plazas bajo cualquier modalidad de contrato que ingresaron entre el 1 de diciembre 2017 al 30 de abril de 2018».
Pero para generar «tranquilidad» -como lo mencionó-, los derechos de los empleados que realizan labores especiales en las fracciones de los partidos «van a ser respetados».
Antes de dar a conocer la decisión tomada, el asesor de la presidencia de la Asamblea, Rafael Lemus, explico que de 2013 en adelante el presupuesto general de la institución se logró estabilizar y mantenerse en $58 millones.
«A mediados de 2016 hasta el 2018, el rubro de remuneraciones subió significativamente. Estamos excedidos en más de dos millones de dólares en el techo del presupuesto para este Órgano de Estado», dijo Lemus, tras indicar que actualmente hay más de 2 mil plazas laborales utilizadas en la institución, cuando en un momento solo habían 800.
Racionalización de vehículos y combustible
Por otro lado, el resto de los puntos consisten en que los vehículos asignados a jefes, gerentes y empleados de la Asamblea serán utilizados solamente para desarrollar actividades de trabajo mas no personales. Incluso, comunicó que más adelante podrían vender, a través de una subasta pública, al menos unos 40 automotores.
A raíz de ello, el combustible para el transporte que hoy será estrictamente laboral también será racionalizado.
También iniciarán una serie de revisiones de los contratos de las líneas telefónicas que están concedidas a los empleados de la institución gubernamental.
«Vamos a revisar los contratos de los teléfonos que han sido asignados a jefes, gerentes y empleados de la Asamblea», aseguró.
La mañana del jueves, en el discurso de la primera sesión solemne del nuevo grupo de diputados elegidos en los comicios del pasado mes de marzo, el miembro del partido de derecha explicó que durante la ejecución de su rol como presidente de esa institución estará basado en el consenso, en la transparencia y en la austeridad.
«Mi obligación como capitán del barco es medir el comportamiento de la Institución», comentó
Por: El Salvador Times
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
