Política
Personas que fueron contratadas recientemente en la Asamblea Legislativa serán despedidas aseguró Norman Quijano
El presidente de la Asamblea Legislativa anunció, la tarde del viernes, lo que consideró una «triste decisión» que consiste en el despido de aquellos empleados que fueron contratados entre el 1° de diciembre de 2017 y el 30 de abril de 2018.
«Me duele porque cada vez que uno abre la puerta del despacho lo primero que a uno le piden es trabajo», comentó el diputado de ARENA, minutos antes de dar a conocer la decisión tomada tras un acuerdo.
Tras ello, Quijano dijo claramente: «Quedan suprimidas las plazas bajo cualquier modalidad de contrato que ingresaron entre el 1 de diciembre 2017 al 30 de abril de 2018».
Pero para generar «tranquilidad» -como lo mencionó-, los derechos de los empleados que realizan labores especiales en las fracciones de los partidos «van a ser respetados».
Antes de dar a conocer la decisión tomada, el asesor de la presidencia de la Asamblea, Rafael Lemus, explico que de 2013 en adelante el presupuesto general de la institución se logró estabilizar y mantenerse en $58 millones.
«A mediados de 2016 hasta el 2018, el rubro de remuneraciones subió significativamente. Estamos excedidos en más de dos millones de dólares en el techo del presupuesto para este Órgano de Estado», dijo Lemus, tras indicar que actualmente hay más de 2 mil plazas laborales utilizadas en la institución, cuando en un momento solo habían 800.
Racionalización de vehículos y combustible
Por otro lado, el resto de los puntos consisten en que los vehículos asignados a jefes, gerentes y empleados de la Asamblea serán utilizados solamente para desarrollar actividades de trabajo mas no personales. Incluso, comunicó que más adelante podrían vender, a través de una subasta pública, al menos unos 40 automotores.
A raíz de ello, el combustible para el transporte que hoy será estrictamente laboral también será racionalizado.
También iniciarán una serie de revisiones de los contratos de las líneas telefónicas que están concedidas a los empleados de la institución gubernamental.
«Vamos a revisar los contratos de los teléfonos que han sido asignados a jefes, gerentes y empleados de la Asamblea», aseguró.
La mañana del jueves, en el discurso de la primera sesión solemne del nuevo grupo de diputados elegidos en los comicios del pasado mes de marzo, el miembro del partido de derecha explicó que durante la ejecución de su rol como presidente de esa institución estará basado en el consenso, en la transparencia y en la austeridad.
«Mi obligación como capitán del barco es medir el comportamiento de la Institución», comentó
Por: El Salvador Times
Este domingo, el partido Nuevas Ideas desarrolla la jornada de inscripción de precandidaturas para la Presidencia de la República, diputaciones y alcaldías, como parte de su proceso de elecciones internas de cara a los comicios de 2027.
Desde tempranas horas, simpatizantes y aspirantes se han concentrado en las afueras de la sede donde se lleva a cabo la actividad, en un ambiente de expectativa y organización mientras avanza la recepción de la documentación correspondiente.
Con esta jornada, el instituto político da inicio a una de las etapas clave de su proceso interno para definir a los candidatos que buscarán representar al partido en las elecciones de 2027.
El presidente Nayib Bukele compartió una gráfica acompañada del mensaje: “Es un concepto muy simple, en realidad”, en referencia a la relación entre el incremento de la población penitenciaria y la reducción de los homicidios en El Salvador durante los últimos años.
Según los datos presentados, la tasa de encarcelamiento pasó de alrededor de 600 reclusos por cada 100,000 habitantes en 2019 a más de 1,600 en 2024. En el mismo período, la tasa de homicidios descendió de aproximadamente 38 por cada 100,000 habitantes hasta alcanzar niveles históricamente bajos, cercanos a 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
La gráfica muestra que ambas tendencias tomaron direcciones opuestas a partir de 2019. Mientras aumentó el número de personas privadas de libertad, los homicidios registraron una disminución sostenida a lo largo de los años.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada durante los últimos años en el país.
Los 11 directores propietarios de los partidos políticos representados en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) expresaron su reconocimiento y respaldo al trabajo que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso preparatorio de los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027.
Como muestra de apoyo y con el propósito de fortalecer la relación de cooperación, respeto institucional y diálogo constructivo, los integrantes de la JVE enviaron una nota a la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la que destacaron la labor de coordinación desarrollada por la funcionaria.
En el documento, firmado por todos los directores, señalaron que la magistrada presidenta ha actuado con apego a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, manteniendo una relación institucional abierta y equitativa con todos los sectores.
Asimismo, los integrantes de la junta afirmaron que las autoridades del organismo colegiado han mostrado apertura y respaldo para que la institución de vigilancia pueda desarrollar las labores de fiscalización establecidas por la ley.
Alexis Zepeda, director propietario del PCN en la JVE, explicó que las coordinaciones con la presidenta del TSE tienen como objetivo común garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Según Zepeda, la presidenta Roxana Soriano y el director ejecutivo Héctor Larios han brindado facilidades para que los partidos políticos representados en la JVE puedan realizar procesos de transparencia, verificación y fiscalización sin generar dudas entre los institutos políticos.
Por su parte, Selim Alabi, director de la JVE por ARENA, manifestó que se desarrolla un trabajo coordinado y articulado con la presidencia del TSE y el resto de magistrados para la fiscalización de procesos activos, entre ellos la verificación de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y de los centros de votación.
Alabi aseguró que, a diferencia de experiencias anteriores, con el actual tribunal se han establecido coordinaciones para desarrollar dichas fiscalizaciones y se está gestionando apoyo presupuestario ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con los proyectos previstos.
En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN, destacó la accesibilidad de las actuales autoridades del TSE y las coordinaciones impulsadas con otras instituciones, entre ellas el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para ejecutar las acciones necesarias que garanticen el debido proceso electoral.
Sorto señaló que la presidencia del TSE ha permitido la participación de la JVE en labores de fiscalización dentro y fuera del país, además de resaltar la apertura mostrada por el RNPN durante las reuniones sostenidas con esa entidad.
De igual manera, Franklin Alegría, representante del PDC en la JVE, afirmó que el TSE, el RNPN y el Ministerio de Relaciones Exteriores han brindado apertura a la Junta de Vigilancia Electoral para facilitar el trabajo de fiscalización de cara a las próximas elecciones.
