Política
Partidos políticos continúan con dudas sobre sistema de conteo coreano para las próximas elecciones
A menos de un mes de realizarse las elecciones legislativas, los partidos políticos que participarán en el proceso no tienen clara la forma de funcionar del sistema de conteo que se va a tener y no comprenden por qué se van a utilizar dos sistemas, uno por Smartmartic y otro proporcionado por Corea del Sur, pero cuyos resultados no se harán públicos.
La Junta Vigilancia Electoral (JVE), la cual está conformada por los 10 partidos políticos en contienda, acusa al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de dar poca información referente al tema, incluso de excluirlos de ciertas etapas claves en el proceso.
“Para la prueba que realizó el TSE el pasado domingo en CIFCO no fuimos convocados y logramos tener presencia porque un grupo de técnicos de la JVE se dio cuenta en los pasillos y fue a verificar”, argumentó el director de Democracia Salvadoreña (DS), Rigoberto Ortiz.
Según Ortiz, todos los partidos tienen muchas dudas respecto al sistema que se utilizará en el proceso, ya que hasta el momento no se han reunido con los representantes de la empresa contratada para este proceso.
Al mismo tiempo, señalan que se tendrá un segundo conteo que al parecer estará siendo dotado por los mismos coreanos que donaron los escáneres que también recuerdan no saben cómo van a funcionar.
“Intentamos reunirnos con los representantes de la empresa coreana, que donaron los escáneres, pero ya no se encontraban en el país. Esperemos que no salgan con que van a regresar hasta el 4 de marzo”, señaló Ortiz.
En tanto, el secretario general del partido Cambio Democrático (CD), Juan José Martell, dijo que hasta el momento todo lo que se sabe es basado en el rumor y reclamó al TSE una respuesta oficial para tener claras las reglas del juego.
“No conocemos el mecanismo de votos ni transmisión de resultados y el mecanismos a usar en el escrutinio final, de todo eso solo conocemos rumores”, apuntó Martell, quien también aclaró que “partimos de la realidad que no hay tecnología en la mesas para contar los votos y facilitar el proceso”.
Basándose en esta postura los institutos políticos señalan que la preocupación también abarca la forma en la que se imparten las capacitaciones, ya que no se tiene claro si estas garantizan los conocimientos básicos para resolver los inconvenientes que se puedan presentar.
“El problema de la elección anterior fue que se contó mal y eso obligó a la Sala a intervenir para que se cuenten los votos de San Salvador y los resultados entre ambos conteos fueron sustanciales, las dudas de esa elección se mantienen”, agregó Martell.
Técnicos de los partidos que estuvieron en la prueba realizada el pasado fin de semana han señalado que se ha conocido que en las elecciones de marzo del presente año se van a tener dos conteos.
Según lo entendido, el primero estaría a cargo de la empresa Smartmatic, el cual será el que definirá los resultados que se harán públicos.
Paralelo a esto va a estar otro sistema de conteo al que aparentemente solo tendrían acceso los magistrados del TSE y que se especula es proporcionado por la empresa que donó los escáneres para el proceso.
Pero en este tema los actores políticos tienen más dudas que respuestas, ya que tampoco se ha aclarado quiénes van a estar a cargo de los procesos y el objetivo que tiene el TSE para tener un sistema privado.
“A mí me parece –en una opinión personal- que el sistema privado será para evaluar la forma de trabajar de los coreanos y luego quedarse trabajando con ellos para próximas elecciones”, aseguró Ortiz.
Los partidos políticos estarían sosteniendo una reunión de carácter urgente con los magistrados para aclarar todas las dudas generadas por este sistema. El encuentro está previsto a realizarse este día en la sede del TSE.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
