Política
Paolo Lüers, Miguel Simán y Ernesto Angulo Milla, entre los citados a la Comisión de Antejuicio en contra de Quijano
Los diputados fiscales Marcela Pineda, Walter Coto y Rebeca Santos solicitaron a la Comisión de Antejuicio en contra de Norman Quijano, quien actualmente representa al Estado salvadoreño ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la interpelación de seis personas consideradas como testigos de la tregua hecha con pandilleros.
Quijano es vinculado en negociaciones con pandillas para obtener los votos necesarios para ser nombrado como presidente en los comicios de 2014. Por ende, es acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas establecido en el artículo 245 del Código Penal y fraude electoral.
El próximo 1 de diciembre, deberá asistir al seno de la comisión Paolo Lüers, Miguel Simán y Ernesto Angulo Milla, este último tuvo una función dentro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y tuvo un papel activo en la tregua.
Mientras que Nelson Valdez, Roberto Díaz Castillo y Ena Maricela Granados –esta última en calidad de perito en representación de la Fiscalía General de la República (FGR)- fueron citados para comparecer el 2 de diciembre.
“Estas personas nos van a poder comprobar todos los hechos fácticos, los mecanismos utilizados para esos hechos”, comentó el legislador Walter Coto. “Cada uno de ellos tiene una participación de la existencia del delito correspondiente”, agregó.
Por otro lado, según la lectura brindada por la legisladora Santos, presentarán la certificación de la documentación incorporada en la causa judicial de Quijano, resguardado en el Juzgado 5° de Instrucción. Esta será agregada a este caso de antejuicio.
Otras pruebas documentales serán solicitadas a la FGR, específicamente a la Unidad del Centro de Intervención Telefónica. Un audio que tiene que ver con el financiamiento de ONG del ministerio público, relacionado con el proyecto de 10 municipio más violentos de El Salvador.
Y uno más: El extracto de los audios y videos relacionados con el caso de las negociaciones con miembros de la pandilla 18 Sureños y los políticos (la colaboración de dinero por partidos políticos).
Toda esta prueba será trasladada hacia la Asamblea Legislativa, bajo la garantía de la cadena de custodia, según lo requerido por los diputados fiscales.
Los diputados que integran la Comisión de Antejuicio recibieron y estudiaron los medios probatorios presentados por parte de los legisladores fiscales.
La misma oportunidad de presentar pruebas tuvo la defensa del miembro del partido ARENA, pero esta no logró presentar alguna por falta de contacto con el exparlamentario del Órgano de estado.
“El trabajo de la comisión no se detiene, nosotros continuamos con el proceso debido”, indicó el presidente de la junta de trabajo, diputado Raúl Castillo, al referirse de la falta de interés de Quijano.
El pasado 3 de noviembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, solicitó el proceso de antejuicio y desafuero de Quijano, por lo que ese mismo día los diputados conformaron la Comisión Especial tras ser aprobada con 65 votos a favor.
Defensa de Quijano, sin entregar pruebas
La abogada Dora Margarita Ruiz, quien fue asignada por la Procuraduría General de la República (PGR) como defensora de Quijano, no pudo entregar elementos probatorios -para ver si es o no procedente quitar el fuero- ante la Comisión de Antejuicio, debido a que no localizó al expresidente de la Asamblea Legislativa.
“Hemos tratado de comunicarnos y podemos probar ello”, comentó Ruiz, tras indicar que la defensa la realiza de una manera limitada, pues Quijano no ha podido ser ubicado en su lugar de residencia.
“Tomamos los medios posibles para poder localizarlo, para ofrecer pruebas testimonial, pericial o lo que se considere pertinente, pero un conserje de la torre de apartamentos donde reside indicó que él ya no vive ahí, sino que alquila el departamento”, relató la abogada.
Ruiz fue asignada a la defensa técnica del integrante del tricolor, luego de que el diputado del mismo partido, René Portillo Cuadra, se negara a aceptar la ejecución de dicho papel. Este fue parte de la fórmula presidencial de Quijano, cuando buscaba la presidencia del país en 2014.
De acuerdo a los registros migratorios, el odontólogo de profesión se encuentra en Honduras desde el pasado 30 de abril, bajo el argumento de que buscaba en esa nación la colocación de la vacuna contra la COVID-19. En ese país, el proceso de inmunización contra el virus se ha desarrollado de manera pausada por falta del antídoto.
Incluso, el Presidente de la República salvadoreña, Nayib Bukele, envió diversos cargamentos de vacunas a ese otro territorio centroamericano -liderado por Juan Orlando Hernández- con el fin de ayudar a la población hondureña a prevenir esta mortal enfermedad.
Este domingo, el partido Nuevas Ideas desarrolla la jornada de inscripción de precandidaturas para la Presidencia de la República, diputaciones y alcaldías, como parte de su proceso de elecciones internas de cara a los comicios de 2027.
Desde tempranas horas, simpatizantes y aspirantes se han concentrado en las afueras de la sede donde se lleva a cabo la actividad, en un ambiente de expectativa y organización mientras avanza la recepción de la documentación correspondiente.
Con esta jornada, el instituto político da inicio a una de las etapas clave de su proceso interno para definir a los candidatos que buscarán representar al partido en las elecciones de 2027.
El presidente Nayib Bukele compartió una gráfica acompañada del mensaje: “Es un concepto muy simple, en realidad”, en referencia a la relación entre el incremento de la población penitenciaria y la reducción de los homicidios en El Salvador durante los últimos años.
Según los datos presentados, la tasa de encarcelamiento pasó de alrededor de 600 reclusos por cada 100,000 habitantes en 2019 a más de 1,600 en 2024. En el mismo período, la tasa de homicidios descendió de aproximadamente 38 por cada 100,000 habitantes hasta alcanzar niveles históricamente bajos, cercanos a 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
La gráfica muestra que ambas tendencias tomaron direcciones opuestas a partir de 2019. Mientras aumentó el número de personas privadas de libertad, los homicidios registraron una disminución sostenida a lo largo de los años.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada durante los últimos años en el país.
Los 11 directores propietarios de los partidos políticos representados en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) expresaron su reconocimiento y respaldo al trabajo que ejecuta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso preparatorio de los comicios generales programados para el 28 de febrero de 2027.
Como muestra de apoyo y con el propósito de fortalecer la relación de cooperación, respeto institucional y diálogo constructivo, los integrantes de la JVE enviaron una nota a la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la que destacaron la labor de coordinación desarrollada por la funcionaria.
En el documento, firmado por todos los directores, señalaron que la magistrada presidenta ha actuado con apego a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, manteniendo una relación institucional abierta y equitativa con todos los sectores.
Asimismo, los integrantes de la junta afirmaron que las autoridades del organismo colegiado han mostrado apertura y respaldo para que la institución de vigilancia pueda desarrollar las labores de fiscalización establecidas por la ley.
Alexis Zepeda, director propietario del PCN en la JVE, explicó que las coordinaciones con la presidenta del TSE tienen como objetivo común garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Según Zepeda, la presidenta Roxana Soriano y el director ejecutivo Héctor Larios han brindado facilidades para que los partidos políticos representados en la JVE puedan realizar procesos de transparencia, verificación y fiscalización sin generar dudas entre los institutos políticos.
Por su parte, Selim Alabi, director de la JVE por ARENA, manifestó que se desarrolla un trabajo coordinado y articulado con la presidencia del TSE y el resto de magistrados para la fiscalización de procesos activos, entre ellos la verificación de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y de los centros de votación.
Alabi aseguró que, a diferencia de experiencias anteriores, con el actual tribunal se han establecido coordinaciones para desarrollar dichas fiscalizaciones y se está gestionando apoyo presupuestario ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con los proyectos previstos.
En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN, destacó la accesibilidad de las actuales autoridades del TSE y las coordinaciones impulsadas con otras instituciones, entre ellas el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para ejecutar las acciones necesarias que garanticen el debido proceso electoral.
Sorto señaló que la presidencia del TSE ha permitido la participación de la JVE en labores de fiscalización dentro y fuera del país, además de resaltar la apertura mostrada por el RNPN durante las reuniones sostenidas con esa entidad.
De igual manera, Franklin Alegría, representante del PDC en la JVE, afirmó que el TSE, el RNPN y el Ministerio de Relaciones Exteriores han brindado apertura a la Junta de Vigilancia Electoral para facilitar el trabajo de fiscalización de cara a las próximas elecciones.
