Política
Paolo Lüers, Miguel Simán y Ernesto Angulo Milla, entre los citados a la Comisión de Antejuicio en contra de Quijano
Los diputados fiscales Marcela Pineda, Walter Coto y Rebeca Santos solicitaron a la Comisión de Antejuicio en contra de Norman Quijano, quien actualmente representa al Estado salvadoreño ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la interpelación de seis personas consideradas como testigos de la tregua hecha con pandilleros.
Quijano es vinculado en negociaciones con pandillas para obtener los votos necesarios para ser nombrado como presidente en los comicios de 2014. Por ende, es acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas establecido en el artículo 245 del Código Penal y fraude electoral.
El próximo 1 de diciembre, deberá asistir al seno de la comisión Paolo Lüers, Miguel Simán y Ernesto Angulo Milla, este último tuvo una función dentro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y tuvo un papel activo en la tregua.
Mientras que Nelson Valdez, Roberto Díaz Castillo y Ena Maricela Granados –esta última en calidad de perito en representación de la Fiscalía General de la República (FGR)- fueron citados para comparecer el 2 de diciembre.
“Estas personas nos van a poder comprobar todos los hechos fácticos, los mecanismos utilizados para esos hechos”, comentó el legislador Walter Coto. “Cada uno de ellos tiene una participación de la existencia del delito correspondiente”, agregó.
Por otro lado, según la lectura brindada por la legisladora Santos, presentarán la certificación de la documentación incorporada en la causa judicial de Quijano, resguardado en el Juzgado 5° de Instrucción. Esta será agregada a este caso de antejuicio.
Otras pruebas documentales serán solicitadas a la FGR, específicamente a la Unidad del Centro de Intervención Telefónica. Un audio que tiene que ver con el financiamiento de ONG del ministerio público, relacionado con el proyecto de 10 municipio más violentos de El Salvador.
Y uno más: El extracto de los audios y videos relacionados con el caso de las negociaciones con miembros de la pandilla 18 Sureños y los políticos (la colaboración de dinero por partidos políticos).
Toda esta prueba será trasladada hacia la Asamblea Legislativa, bajo la garantía de la cadena de custodia, según lo requerido por los diputados fiscales.
Los diputados que integran la Comisión de Antejuicio recibieron y estudiaron los medios probatorios presentados por parte de los legisladores fiscales.
La misma oportunidad de presentar pruebas tuvo la defensa del miembro del partido ARENA, pero esta no logró presentar alguna por falta de contacto con el exparlamentario del Órgano de estado.
“El trabajo de la comisión no se detiene, nosotros continuamos con el proceso debido”, indicó el presidente de la junta de trabajo, diputado Raúl Castillo, al referirse de la falta de interés de Quijano.
El pasado 3 de noviembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, solicitó el proceso de antejuicio y desafuero de Quijano, por lo que ese mismo día los diputados conformaron la Comisión Especial tras ser aprobada con 65 votos a favor.
Defensa de Quijano, sin entregar pruebas
La abogada Dora Margarita Ruiz, quien fue asignada por la Procuraduría General de la República (PGR) como defensora de Quijano, no pudo entregar elementos probatorios -para ver si es o no procedente quitar el fuero- ante la Comisión de Antejuicio, debido a que no localizó al expresidente de la Asamblea Legislativa.
“Hemos tratado de comunicarnos y podemos probar ello”, comentó Ruiz, tras indicar que la defensa la realiza de una manera limitada, pues Quijano no ha podido ser ubicado en su lugar de residencia.
“Tomamos los medios posibles para poder localizarlo, para ofrecer pruebas testimonial, pericial o lo que se considere pertinente, pero un conserje de la torre de apartamentos donde reside indicó que él ya no vive ahí, sino que alquila el departamento”, relató la abogada.
Ruiz fue asignada a la defensa técnica del integrante del tricolor, luego de que el diputado del mismo partido, René Portillo Cuadra, se negara a aceptar la ejecución de dicho papel. Este fue parte de la fórmula presidencial de Quijano, cuando buscaba la presidencia del país en 2014.
De acuerdo a los registros migratorios, el odontólogo de profesión se encuentra en Honduras desde el pasado 30 de abril, bajo el argumento de que buscaba en esa nación la colocación de la vacuna contra la COVID-19. En ese país, el proceso de inmunización contra el virus se ha desarrollado de manera pausada por falta del antídoto.
Incluso, el Presidente de la República salvadoreña, Nayib Bukele, envió diversos cargamentos de vacunas a ese otro territorio centroamericano -liderado por Juan Orlando Hernández- con el fin de ayudar a la población hondureña a prevenir esta mortal enfermedad.
Foto: Cortesía
El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.
El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.
El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.
En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.
La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.
La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.
El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.
A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.
Nacionales -deportes
Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones
La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.
Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.
La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.
Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.
“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.
Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.
El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.
Organización Nacional Antidopaje de El Salvador
La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.
La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.
Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.
Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.
Violaciones de las normas antidopaje
Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.
También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.
Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.
