Política
Embajador de EE.UU., Ronald Johnson, desestima críticas al Gobierno del presidente Bukele
El embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, aseguró que el Departamento de Estado ha certificado al país como destino de la cooperación de Washington, y desestimó las partes del informe oficial que critican el irrespeto a la separación de poderes y a la prensa crítica.
En una conferencia de prensa y junto al presidente de la República, Nayib Bukele, el embajador fue cuestionado por un periodista sobre un informe del Departamento de Estado en el que se expresan preocupaciones por el incumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional, la libertad de prensa y la militarización de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero
“Todo mundo me pregunta por nuestra amistad, el presidente Bukele y su familia son mis amigos. No estamos de acuerdo en todo, pero si tiene un amigo que está de acuerdo con usted en todo, necesita encontrarse un nuevo amigo, porque usted necesita tener una relación honesta», inició el embajador su intervención.
Destacó que tiene amigos también en la Asamblea Legislativa, en el sector privado y en «cada partido político de El Salvador», con quienes tampoco está de acuerdo «en todo», y continuó justificando que El Salvador, de hecho, sí recibió el aval para ser destino de cooperación en el mismo informe.
El documento, dirigido a las cámaras del Congreso de Estados Unidos, sirve para determinar hacia dónde se aprueban los fondos y ratificar la política exterior estadounidense. Aunque El Salvador cumple los nueve criterios que utiliza la institución para calcular la idoneidad de un país para ser receptor, también hace críticas al Gobierno por poner en riesgo el Estado de Derecho.
Johnson omitió estos señalamientos y decidió destacar que el Departamento de Estado también ve éxitos de la administración Bukele, sobre todo en materia de seguridad y reducción de la migración irregular.
«Cuando usted ve la situación en El Salvador y las cosas que se han hecho últimamente, puede ver uno de los progresos más importantes, que es la seguridad y la reducción de los homicidios en el país, y también vemos la cooperación que hemos tenido en el área de la migración ilegal», indicó Johnson.
Además, recordó que el año pasado «este no era el caso», pues cuando Bukele llegó al poder, «se congeló el apoyo a El Salvador». Esta decisión respondió, sin embargo, a cambios en la política exterior del presidente Donald Trump.
El embajador de Estados Unidos indicó además que «es injusto que empecemos a ver los desafíos que se están teniendo cuando estamos en medio de la pandemia».
«Estados Unidos apoya a las tres ramas del Estado de esta democracia», aseguró el diplomático estadounidense al ser cuestionado por el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en el marco de la pandemia de COVID-19. Pidió, además, que los tres poderes «encuentren una manera de trabajar juntos».
«Una de las cosas que sucede con la democracia es que van a haber desacuerdos y discusiones, así es como funciona. En los países comunistas no hay desacuerdos, todos aplauden, todo el mundo hace lo que el dictador le dice, y aquí en El Salvador sí tenemos desacuerdos», afirmó Johnson.
Para el embajador, los tres Órganos de Estado deben tener desacuerdos «de manera respetuosa» y llamó a escuchar los planes de cada uno. «Es probable que no sean tan diferentes», añadió.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
