Política
Embajador de EE.UU., Ronald Johnson, desestima críticas al Gobierno del presidente Bukele
El embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, aseguró que el Departamento de Estado ha certificado al país como destino de la cooperación de Washington, y desestimó las partes del informe oficial que critican el irrespeto a la separación de poderes y a la prensa crítica.
En una conferencia de prensa y junto al presidente de la República, Nayib Bukele, el embajador fue cuestionado por un periodista sobre un informe del Departamento de Estado en el que se expresan preocupaciones por el incumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional, la libertad de prensa y la militarización de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero
“Todo mundo me pregunta por nuestra amistad, el presidente Bukele y su familia son mis amigos. No estamos de acuerdo en todo, pero si tiene un amigo que está de acuerdo con usted en todo, necesita encontrarse un nuevo amigo, porque usted necesita tener una relación honesta», inició el embajador su intervención.
Destacó que tiene amigos también en la Asamblea Legislativa, en el sector privado y en «cada partido político de El Salvador», con quienes tampoco está de acuerdo «en todo», y continuó justificando que El Salvador, de hecho, sí recibió el aval para ser destino de cooperación en el mismo informe.
El documento, dirigido a las cámaras del Congreso de Estados Unidos, sirve para determinar hacia dónde se aprueban los fondos y ratificar la política exterior estadounidense. Aunque El Salvador cumple los nueve criterios que utiliza la institución para calcular la idoneidad de un país para ser receptor, también hace críticas al Gobierno por poner en riesgo el Estado de Derecho.
Johnson omitió estos señalamientos y decidió destacar que el Departamento de Estado también ve éxitos de la administración Bukele, sobre todo en materia de seguridad y reducción de la migración irregular.
«Cuando usted ve la situación en El Salvador y las cosas que se han hecho últimamente, puede ver uno de los progresos más importantes, que es la seguridad y la reducción de los homicidios en el país, y también vemos la cooperación que hemos tenido en el área de la migración ilegal», indicó Johnson.
Además, recordó que el año pasado «este no era el caso», pues cuando Bukele llegó al poder, «se congeló el apoyo a El Salvador». Esta decisión respondió, sin embargo, a cambios en la política exterior del presidente Donald Trump.
El embajador de Estados Unidos indicó además que «es injusto que empecemos a ver los desafíos que se están teniendo cuando estamos en medio de la pandemia».
«Estados Unidos apoya a las tres ramas del Estado de esta democracia», aseguró el diplomático estadounidense al ser cuestionado por el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en el marco de la pandemia de COVID-19. Pidió, además, que los tres poderes «encuentren una manera de trabajar juntos».
«Una de las cosas que sucede con la democracia es que van a haber desacuerdos y discusiones, así es como funciona. En los países comunistas no hay desacuerdos, todos aplauden, todo el mundo hace lo que el dictador le dice, y aquí en El Salvador sí tenemos desacuerdos», afirmó Johnson.
Para el embajador, los tres Órganos de Estado deben tener desacuerdos «de manera respetuosa» y llamó a escuchar los planes de cada uno. «Es probable que no sean tan diferentes», añadió.
Política
Presidente Nayib Bukele envía una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa
El presidente Nayib Bukele anunció que este miércoles envió una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa, con la que buscará reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante «medidas claras y contundentes», según informó en su cuenta oficial de X.
Esta ley tiene el objetivo de «obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta», de forma anual, y que será publicada y accesible para cualquier ciudadano.
El presidente Bukele también propone crear una nueva categoría de delito sancionado con prisión para el testaferrato, es decir, uso de prestanombres. Esta ley busca endurecer las penas por delitos de corrupción entre los funcionarios públicos.
La ley también propone crear un Centro Nacional Anticorrupción que estará encargado de realizar tareas relacionadas a «inteligencia con tecnología avanzada» a cargo de la Fiscalía General de la República. Asimismo, este centro tendría acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de forma inmediata.
Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador.
Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes.… pic.twitter.com/9ZEwL92fwE
— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 30, 2025
El presidente Bukele también pretende, bajo esta ley, establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas, con vínculo directo a la Fiscalía General de la República, con el objetivo de «perseguir» a los funcionarios acusados de corrupción desde las auditorías.
La de Ley Anticorrupción también propone habilitar ventanillas de denuncia para fomentar la participación activa de la ciudadanía.
«Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país», concluyó el presidente Nayib Bukele.
La Asamblea Legislativa aprobó la reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de República, lo que permitirá que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones a la Carta Magna.
Con 57 votos a favor fue aprobado esta reforma, que se coloca como un primer paso para la eliminación de la deuda política en el país.
De aprobarse la eliminación de la deuda política en el país, los partidos políticos ya no recibieran fondos públicos para realizar sus campañas electorales, los cuales provenían de una asignación fija en el Presupuesto General de la Nación.
Al eliminarse la deuda política los partidos tendrán que buscar mecanismos para el autofinanciamiento de sus campañas, tal como lo hizo en su momento Nuevas Ideas.
«Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo», dijo el presidente Nayib Bukele.
La deuda política está contemplada en la Constitución de la República, en el artículo 210 que establece que es un mecanismo de financiamiento encaminado a promover la libertad e independencia de los partidos que compiten en una elección.
«No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo», añadió el mandatario salvadoreño.
El debate sobre la deuda política en El Salvador ha cobrado fuerza en los últimos días, impulsado por las declaraciones del presidente Nayib Bukele y la reciente iniciativa del diputado Christian Guevara, jefe de la bancada Nuevas Ideas.
Según el parlamentario, la eliminación de este mecanismo de financiamiento es una necesidad urgente para responder al clamor popular que exige una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda políticahttps://t.co/LJ1g0JVJeW
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
«Es un honor, en nombre de la @BancadaCyan y del pueblo salvadoreño, solicitar la modificación de agenda para que este pleno, ELIMINE LA DEUDA POLÍTICA y que el #RégimenDeExcepción, siga para proteger a los buenos salvadoreños», dijo Guevara.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda política https://t.co/gkdTkuRXFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
De acuerdo con datos publicados en los portales de Transparencia del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), los partidos ARENA y FMLN manejaron $57,952,913.16 de deuda política entre 2012 y 2018.
Estos recursos fueron entregados a los partidos que gobernaron por 30 años para que financiaran sus campañas presidenciales, de concejos municipales, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
A detalle, el instituto tricolor recibió en total $32,443,460.05, mientras que para el FMLN fueron $25,509,453.11. El Ministerio de Hacienda transfirió en 2018 de deuda política para ARENA $5,354,777.18, mientras que $4,818,470.77 fueron para el FMLN. Ese año los ciudadanos eligieron diputados y alcaldes para el trienio 2018-2021.
Un año antes, en 2017, al tricolor le fueron transferidos $3,143,284.19 y al FMLN $2,930,749.19. De 2016 no hay reporte de erogaciones para ambos partidos, mientras que en 2015 (año en que se desarrollaron las elecciones de alcaldes y diputados legislativos) ARENA obtuvo $6,777,205.24 y el FMLN $3,799,383.33.
Las elecciones presidenciales de 2014, que dieron como ganador a Salvador Sánchez Cerén, segundo presidente del FMLN y ahora prófugo de la justicia, significaron inicialmente para el partido de izquierda $5,722,760.56 y para el instituto de derecha $4,581,694.32, según datos de Transparencia del Ministerio de Hacienda.
Un informe de la Dirección de Auditoría Uno de la CCR puntualiza que el monto final transferido en concepto de deuda política al FMLN, del 1.° de enero de 2014 al 31 de diciembre de ese año, fue de $8,469,320.90; y para el tricolor -según auditoría de la misma dirección- $9,176,665.60.
En 2013 ARENA percibió $3,694,971.28 y el FMLN $4,843,258.00, mientras que el año anterior, para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales para el trienio 2012-2015, Hacienda dio $4,296,556.56 para ARENA y $648,270.92 al FMLN.
La deuda política es reconocida por la Constitución de la República y leyes secundarias. En el artículo 210 de la Carta Magna el Estado reconoce la deuda como un mecanismo de financiamiento «encaminado a promover su libertad e independencia» de los partidos que compiten en una elección.
Mientras que la Ley de Partidos Políticos determina en su artículo 55 que cada instituto o coalición contendiente tendrá derecho a un anticipo del 75 % según los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la que haya participado; en el caso de los partidos o coaliciones que participan por primera vez en un tipo de elección reciben $50,000 de anticipo.
Y usted, ¿qué opina?
¡Déjenos su respuesta en los comentarios!
