Política
Desmienten que d’Aubuisson haya indemnizado a extrabajadores, una empresa aliada al alcalde hizo los pagos
El sindicato de la alcaldía de Santa Tecla (SITRAMSAT) desmintió al alcalde de esa ciudad, Roberto d’Aubuisson, quien dijo haber indemnizado a 175 extrabajadores de la comuna que fueron obligados a dejar sus puestos en los últimos días. Según los sindicalistas, fue una empresa aliada al arenero y que se ocupa a la recolección de basura la que entregó las compensaciones económicas.
Se aseguró que la empresa TECLASEO, que funciona bajo la modalidad de asocio público-privado, es la que erogó el dinero para los extrabajadores como una especie de compromiso que mantiene con el edil.
Aseguraron que TECLASEO pagó a los 175 extrabajadores, ya que la mayoría de estos se desempeñaba en el servicio de recolección de basura.
Los miembros de SITRAMSAT aseguran que el alcalde de Santa Tecla y su comuna firmaron un contrato con TECLASEO para la disposición de desechos sólidos por un periodo de 21 años y que la empresa decidió pagar a los exempleados porque se siente comprometida con la municipalidad por le beneficio contractual recibido.
Según los sindicalistas, resulta curioso que d’Aubuisson haya logrado un acuerdo de esa naturaleza cuando anteriormente -junto a su partido ARENA- cuestionaron duramente el que las alcaldías del FMLN tuvieran una contrato similar con la empresa MIDES.
«Los concejales de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, tienen vínculos directos con la empresa TECLASEO», afirmó Giovanni Ramírez, secretario general de SITRAMSAT.
Otros aspectos cuestionables del contrato entre d’Aubuisson y la empresa recolectora de desechos, sostienen los sindicalistas, son que la comuna «le dio a la empresa la flota de vehículos para transportar la basura, o sea, le van a cobrar a la alcaldía por transportar en sus mismos camiones… Además, la empresa inició operaciones sin tener absolutamente nada de maquinaria en el país».
Los sindicalistas denunciaron este irregular contrato, sobre todo, porque el alcalde de la capital Ernesto Muyshondt dijo recientemente que también cambiaría el sistema de recolección en San Salvador a partir del 2019.
«Parece una modalidad interesante porque la empresa socia en Santa Tecla indemniza al personal que se dedicaba a eso y lo recontrata. Es una modalidad que se puede analizar a futuro», dijo Muyshondt.
Sin embargo, SITRAMSAT sostuvo que no todos los despedidos ha sido recontratados.
El alcalde Muyshondt también indicó que, a futuro, su comuna trasladaría los desechos sólidos de San Salvador hasta el botadero ubicado en el puerto de La Libertad, que desde 2015 no cuenta con autorización para funcionar, es decir, opera de manera ilegal. Esto resulta alarmante para los sindicalistas ya que la cantidad de basura que se produce en la capital es enorme y provocaría una posible crisis ambiental en la zona costera.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
