Política
Desmienten que d’Aubuisson haya indemnizado a extrabajadores, una empresa aliada al alcalde hizo los pagos
El sindicato de la alcaldía de Santa Tecla (SITRAMSAT) desmintió al alcalde de esa ciudad, Roberto d’Aubuisson, quien dijo haber indemnizado a 175 extrabajadores de la comuna que fueron obligados a dejar sus puestos en los últimos días. Según los sindicalistas, fue una empresa aliada al arenero y que se ocupa a la recolección de basura la que entregó las compensaciones económicas.
Se aseguró que la empresa TECLASEO, que funciona bajo la modalidad de asocio público-privado, es la que erogó el dinero para los extrabajadores como una especie de compromiso que mantiene con el edil.
Aseguraron que TECLASEO pagó a los 175 extrabajadores, ya que la mayoría de estos se desempeñaba en el servicio de recolección de basura.
Los miembros de SITRAMSAT aseguran que el alcalde de Santa Tecla y su comuna firmaron un contrato con TECLASEO para la disposición de desechos sólidos por un periodo de 21 años y que la empresa decidió pagar a los exempleados porque se siente comprometida con la municipalidad por le beneficio contractual recibido.
Según los sindicalistas, resulta curioso que d’Aubuisson haya logrado un acuerdo de esa naturaleza cuando anteriormente -junto a su partido ARENA- cuestionaron duramente el que las alcaldías del FMLN tuvieran una contrato similar con la empresa MIDES.
«Los concejales de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, tienen vínculos directos con la empresa TECLASEO», afirmó Giovanni Ramírez, secretario general de SITRAMSAT.
Otros aspectos cuestionables del contrato entre d’Aubuisson y la empresa recolectora de desechos, sostienen los sindicalistas, son que la comuna «le dio a la empresa la flota de vehículos para transportar la basura, o sea, le van a cobrar a la alcaldía por transportar en sus mismos camiones… Además, la empresa inició operaciones sin tener absolutamente nada de maquinaria en el país».
Los sindicalistas denunciaron este irregular contrato, sobre todo, porque el alcalde de la capital Ernesto Muyshondt dijo recientemente que también cambiaría el sistema de recolección en San Salvador a partir del 2019.
«Parece una modalidad interesante porque la empresa socia en Santa Tecla indemniza al personal que se dedicaba a eso y lo recontrata. Es una modalidad que se puede analizar a futuro», dijo Muyshondt.
Sin embargo, SITRAMSAT sostuvo que no todos los despedidos ha sido recontratados.
El alcalde Muyshondt también indicó que, a futuro, su comuna trasladaría los desechos sólidos de San Salvador hasta el botadero ubicado en el puerto de La Libertad, que desde 2015 no cuenta con autorización para funcionar, es decir, opera de manera ilegal. Esto resulta alarmante para los sindicalistas ya que la cantidad de basura que se produce en la capital es enorme y provocaría una posible crisis ambiental en la zona costera.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
