Política
Camionetas en subasta de la Asamblea Legislativa están valoradas en $331,500
La Asamblea Legislativa subastará el sábado 20 de octubre las trece camionetas que estaban asignadas, hasta la legislatura pasada, para los miembros de la junta directiva de la institución. Todos los vehículos son marca Toyota, modelo Land Cruiser del año 2010, la empresa que hizo el valúo de los vehículos determinó que los vehículos en conjunto cuestan $331,500.
En un documento en poder de El Salvador Times, se detalla al precio de cada una de las 13 camionetas que serán subastadas el próximo sábado, en la que se inscribieron 88 personas para participar. De estas, dos son personas jurídicas y cada automotor tendrá un precio base que fue determinado por una empresa especializada, indicó el presidente de la Asamblea, Norman Quijano.
Todas las camionetas son del mismo modelo y año, pero hay en cuatro colores distintos, cuatro son rojas, cuatro son grises, otras cuatro son color celeste y solamente una de ellas es color verde. Una de las grises es la que estaba asignada al presidente de la Asamblea.
De los cuatro vehículos rojos, los precios son los siguientes: El vehículo P645 584 tiene un valor base de $24,600; P645 581 con una estimación de $25,400; P645 576 con un precio de $26,700 y P645 578 con un costo inicial de $20,200. Este último vehículo ostenta el precio más bajo de todos los 13 que serán subastados.
Mientras que las cuatro camionetas de color gris tienen placas P645 575 y de acuerdo al valúo tiene un precio de $25,800; P645 579 que estará disponible por $27,800; P33 975 con un valor inicial de $24,800 y finalmente la camioneta que estaba signada al presidente P35 858 valorada en $23,000.
Las camionetas color celeste están identificadas con el número de placas P645 574 valorada en $25,000; P645 577 con un precio de $27,100; P645 585 por la que la puja iniciará en $24,200 y el vehículo más caro de todos es el P645 583 con $29,700.
Por otro lado, el único automotor verde tiene un valor de $27,200. Uno de los criterios del valúo fue la cantidad de kilómetros que tiene recorridos el vehículo.
Los precios base de los 13 vehículos hacen un total de $331,500 y el dinero recaudado no irá para los fondos de la Asamblea, sino que para el Fondo General de la Nación. Todas las camionetas a pesar de que tienen placas particulares, están registradas en el Viceministerio de Transporte a nombre de «Asamblea Legislativa Centro de Gobierno».
El día jueves por la mañana, en una conferencia de prensa, el presidente del órgano legislativo dio algunos detalles sobre el subasta de los vehículos que desde el 7 de mayo de este año, seis días después de asumir la legislatura 2018-2021, ya no se utilizaban. El presidente enmarcó la subasta como uno de los esfuerzos dentro de las políticas de austeridad que prometió a su llegada y dijo que esperan recaudar $400,000.
El día de la subasta
Los 88 interesados en adquirir uno de los vehículos deberán presentarse en el Auditórium de La Paz, del Centro Cívico Cultural Legislativo de la Asamblea, mejor conocido como Villa Dueñas, ubicado sobre la alameda Juan Pablo II, entre la 11ª y 15ª avenida Norte.
Deberán presentarse entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana y llenar la ficha de la subasta del registro de participación. Luego de pasada la hora, ya no se admitirán más registros y deberán presentar copia del DUI, NIT, declaración jurada notariada donde se dé a conocer que no es diputado, empleado o funcionario de la institución subastadora y que no tenga vínculos dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad con los antes mencionados.
Un funcionario de la comisión de subasta, previamente asignado, dará inicio al proceso, luego de dar el precio base de cada uno de los automotores solo se aceptarán pujas por un valor de $100 en adelante. Se realizará un número de rondas de pujas por cada vehículo igual al número de participantes. S adjudicará el vehículo al mejor postor luego de «a la cuenta de tres» y ningún vehículo podrá venderse por menos de su valor base.
Los pagos por lo que sean vendidos los vehículos se harán en la tesorería de la Asamblea. El comprador deberá pagar el precio en el momento o una suma parcial por la que se le entregará un recibo provisional con el que tendrá 10 días hábiles para dar el pago completo, sino lo hace perderá el derecho de compra.
Por: El Salvador Times.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
Política
El Salvador será pionero regional con Ley de Tecnologías Robóticas: impulsará innovación, educación y empleos especializados
El Salvador se encamina a convertirse en líder regional en innovación tecnológica con la aprobación de la Ley de Tecnologías Robóticas, una iniciativa del Órgano Ejecutivo que recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa y se prevé sea aprobada este jueves en sesión plenaria.
La nueva normativa busca fomentar la investigación, desarrollo y fabricación de tecnologías robóticas, así como establecer lineamientos para su aplicación en sectores clave como la industria, el comercio y la educación. Además, contempla incentivos fiscales, la creación de laboratorios especializados y la integración de la enseñanza de la robótica en el sistema educativo nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que esta ley posicionará al país como un referente en materia de innovación. “Permitirá establecer una plataforma para que inversionistas, académicos y emprendedores colaboren en el desarrollo de soluciones robóticas”, afirmó.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario Flamenco Rivas, señaló que la ley representa una apuesta estratégica para el futuro económico del país. “Esta normativa será un respiro en cuanto a regulaciones globales sobre robótica y atraerá inversión, generando empleos altamente especializados”, expresó.
El proyecto de ley también compromete al Gobierno a facilitar pruebas piloto de soluciones robóticas, con el fin de dinamizar la innovación y abrir oportunidades para la creación de una cadena de suministros robusta en esta industria emergente.
Desde la academia, el vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Cardona Gutiérrez, subrayó el valor de la ley en la competitividad nacional. “Con esta legislación, El Salvador da un paso importante para ser más competitivo, generar riqueza y oportunidades de empleabilidad en un sector de alto impacto”, indicó.
Además, se contempla el desarrollo de centros de investigación e innovación físico-digitales, que facilitarán la transferencia de conocimientos tecnológicos y potenciarán el ecosistema emprendedor nacional.
Con esta legislación, El Salvador no solo abre la puerta al desarrollo de una nueva industria tecnológica, sino que se perfila como referente en Centroamérica en la adopción de políticas públicas orientadas a la economía del futuro.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Plan General de Elecciones (PLAGEL) 2027, a 20 meses de los comicios legislativos y municipales programados para el 28 de febrero de ese año, según informó el organismo colegiado este lunes.
El PLAGEL está compuesto por 46 programas técnicos que permitirán organizar y ejecutar el evento electoral. De estos, 24 se enfocan en el sufragio nacional —incluyendo logística, tecnología, seguridad, capacitación y administración electoral— mientras que los 22 restantes se centran en el voto en el extranjero, garantizando la participación activa de los salvadoreños que residen fuera del país.
Además del plan operativo, los magistrados del TSE avalaron el Presupuesto Especial Extraordinario para la ejecución del evento electoral, aunque aún no se ha revelado el monto aprobado. A modo de referencia, el presupuesto para las elecciones generales de 2024 fue de $71.9 millones, según el informe de rendición de cuentas presentado por el organismo anterior.
“Estamos cumpliendo con hechos concretos la visión de un TSE moderno, ordenado y al servicio de la ciudadanía”, expresó la magistrada presidenta, Roxana Soriano, quien hizo un llamado a todos los salvadoreños, tanto dentro como fuera del país, a sumarse a lo que denominó “una gran Fiesta Electoral”.
El TSE destacó que con la aprobación unánime del PLAGEL se cuenta ya con un plan técnico sólido y listo para su ejecución, lo que reafirma el compromiso de la institución con la organización de procesos democráticos eficientes, transparentes y accesibles para todos los ciudadanos.
Como parte del calendario electoral, el próximo 14 de julio se dará inicio a las pruebas y simulacros de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados preliminares, un proceso clave que se extenderá durante 19 meses como preparación para los comicios de 2027.
