Política
Camionetas en subasta de la Asamblea Legislativa están valoradas en $331,500
La Asamblea Legislativa subastará el sábado 20 de octubre las trece camionetas que estaban asignadas, hasta la legislatura pasada, para los miembros de la junta directiva de la institución. Todos los vehículos son marca Toyota, modelo Land Cruiser del año 2010, la empresa que hizo el valúo de los vehículos determinó que los vehículos en conjunto cuestan $331,500.
En un documento en poder de El Salvador Times, se detalla al precio de cada una de las 13 camionetas que serán subastadas el próximo sábado, en la que se inscribieron 88 personas para participar. De estas, dos son personas jurídicas y cada automotor tendrá un precio base que fue determinado por una empresa especializada, indicó el presidente de la Asamblea, Norman Quijano.
Todas las camionetas son del mismo modelo y año, pero hay en cuatro colores distintos, cuatro son rojas, cuatro son grises, otras cuatro son color celeste y solamente una de ellas es color verde. Una de las grises es la que estaba asignada al presidente de la Asamblea.
De los cuatro vehículos rojos, los precios son los siguientes: El vehículo P645 584 tiene un valor base de $24,600; P645 581 con una estimación de $25,400; P645 576 con un precio de $26,700 y P645 578 con un costo inicial de $20,200. Este último vehículo ostenta el precio más bajo de todos los 13 que serán subastados.
Mientras que las cuatro camionetas de color gris tienen placas P645 575 y de acuerdo al valúo tiene un precio de $25,800; P645 579 que estará disponible por $27,800; P33 975 con un valor inicial de $24,800 y finalmente la camioneta que estaba signada al presidente P35 858 valorada en $23,000.
Las camionetas color celeste están identificadas con el número de placas P645 574 valorada en $25,000; P645 577 con un precio de $27,100; P645 585 por la que la puja iniciará en $24,200 y el vehículo más caro de todos es el P645 583 con $29,700.
Por otro lado, el único automotor verde tiene un valor de $27,200. Uno de los criterios del valúo fue la cantidad de kilómetros que tiene recorridos el vehículo.
Los precios base de los 13 vehículos hacen un total de $331,500 y el dinero recaudado no irá para los fondos de la Asamblea, sino que para el Fondo General de la Nación. Todas las camionetas a pesar de que tienen placas particulares, están registradas en el Viceministerio de Transporte a nombre de «Asamblea Legislativa Centro de Gobierno».
El día jueves por la mañana, en una conferencia de prensa, el presidente del órgano legislativo dio algunos detalles sobre el subasta de los vehículos que desde el 7 de mayo de este año, seis días después de asumir la legislatura 2018-2021, ya no se utilizaban. El presidente enmarcó la subasta como uno de los esfuerzos dentro de las políticas de austeridad que prometió a su llegada y dijo que esperan recaudar $400,000.
El día de la subasta
Los 88 interesados en adquirir uno de los vehículos deberán presentarse en el Auditórium de La Paz, del Centro Cívico Cultural Legislativo de la Asamblea, mejor conocido como Villa Dueñas, ubicado sobre la alameda Juan Pablo II, entre la 11ª y 15ª avenida Norte.
Deberán presentarse entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana y llenar la ficha de la subasta del registro de participación. Luego de pasada la hora, ya no se admitirán más registros y deberán presentar copia del DUI, NIT, declaración jurada notariada donde se dé a conocer que no es diputado, empleado o funcionario de la institución subastadora y que no tenga vínculos dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad con los antes mencionados.
Un funcionario de la comisión de subasta, previamente asignado, dará inicio al proceso, luego de dar el precio base de cada uno de los automotores solo se aceptarán pujas por un valor de $100 en adelante. Se realizará un número de rondas de pujas por cada vehículo igual al número de participantes. S adjudicará el vehículo al mejor postor luego de «a la cuenta de tres» y ningún vehículo podrá venderse por menos de su valor base.
Los pagos por lo que sean vendidos los vehículos se harán en la tesorería de la Asamblea. El comprador deberá pagar el precio en el momento o una suma parcial por la que se le entregará un recibo provisional con el que tendrá 10 días hábiles para dar el pago completo, sino lo hace perderá el derecho de compra.
Por: El Salvador Times.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
