Política
Camionetas en subasta de la Asamblea Legislativa están valoradas en $331,500
La Asamblea Legislativa subastará el sábado 20 de octubre las trece camionetas que estaban asignadas, hasta la legislatura pasada, para los miembros de la junta directiva de la institución. Todos los vehículos son marca Toyota, modelo Land Cruiser del año 2010, la empresa que hizo el valúo de los vehículos determinó que los vehículos en conjunto cuestan $331,500.
En un documento en poder de El Salvador Times, se detalla al precio de cada una de las 13 camionetas que serán subastadas el próximo sábado, en la que se inscribieron 88 personas para participar. De estas, dos son personas jurídicas y cada automotor tendrá un precio base que fue determinado por una empresa especializada, indicó el presidente de la Asamblea, Norman Quijano.
Todas las camionetas son del mismo modelo y año, pero hay en cuatro colores distintos, cuatro son rojas, cuatro son grises, otras cuatro son color celeste y solamente una de ellas es color verde. Una de las grises es la que estaba asignada al presidente de la Asamblea.
De los cuatro vehículos rojos, los precios son los siguientes: El vehículo P645 584 tiene un valor base de $24,600; P645 581 con una estimación de $25,400; P645 576 con un precio de $26,700 y P645 578 con un costo inicial de $20,200. Este último vehículo ostenta el precio más bajo de todos los 13 que serán subastados.
Mientras que las cuatro camionetas de color gris tienen placas P645 575 y de acuerdo al valúo tiene un precio de $25,800; P645 579 que estará disponible por $27,800; P33 975 con un valor inicial de $24,800 y finalmente la camioneta que estaba signada al presidente P35 858 valorada en $23,000.
Las camionetas color celeste están identificadas con el número de placas P645 574 valorada en $25,000; P645 577 con un precio de $27,100; P645 585 por la que la puja iniciará en $24,200 y el vehículo más caro de todos es el P645 583 con $29,700.
Por otro lado, el único automotor verde tiene un valor de $27,200. Uno de los criterios del valúo fue la cantidad de kilómetros que tiene recorridos el vehículo.
Los precios base de los 13 vehículos hacen un total de $331,500 y el dinero recaudado no irá para los fondos de la Asamblea, sino que para el Fondo General de la Nación. Todas las camionetas a pesar de que tienen placas particulares, están registradas en el Viceministerio de Transporte a nombre de «Asamblea Legislativa Centro de Gobierno».
El día jueves por la mañana, en una conferencia de prensa, el presidente del órgano legislativo dio algunos detalles sobre el subasta de los vehículos que desde el 7 de mayo de este año, seis días después de asumir la legislatura 2018-2021, ya no se utilizaban. El presidente enmarcó la subasta como uno de los esfuerzos dentro de las políticas de austeridad que prometió a su llegada y dijo que esperan recaudar $400,000.
El día de la subasta
Los 88 interesados en adquirir uno de los vehículos deberán presentarse en el Auditórium de La Paz, del Centro Cívico Cultural Legislativo de la Asamblea, mejor conocido como Villa Dueñas, ubicado sobre la alameda Juan Pablo II, entre la 11ª y 15ª avenida Norte.
Deberán presentarse entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana y llenar la ficha de la subasta del registro de participación. Luego de pasada la hora, ya no se admitirán más registros y deberán presentar copia del DUI, NIT, declaración jurada notariada donde se dé a conocer que no es diputado, empleado o funcionario de la institución subastadora y que no tenga vínculos dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad con los antes mencionados.
Un funcionario de la comisión de subasta, previamente asignado, dará inicio al proceso, luego de dar el precio base de cada uno de los automotores solo se aceptarán pujas por un valor de $100 en adelante. Se realizará un número de rondas de pujas por cada vehículo igual al número de participantes. S adjudicará el vehículo al mejor postor luego de «a la cuenta de tres» y ningún vehículo podrá venderse por menos de su valor base.
Los pagos por lo que sean vendidos los vehículos se harán en la tesorería de la Asamblea. El comprador deberá pagar el precio en el momento o una suma parcial por la que se le entregará un recibo provisional con el que tendrá 10 días hábiles para dar el pago completo, sino lo hace perderá el derecho de compra.
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
