Política
Aprueban reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que incrementa multas e incluye nuevas infracciones
En la plenaria 99 y con 66 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que aumenta los montos de las multas a las infracciones de tránsito a $50, $100 y $150.
El proyecto enviado por el Ejecutivo establece 131 conductas consideradas como infracciones, de las cuales 55 son leves, con multa de $50; 20 son graves, con sanción de $100, y 56 son muy graves, con multa de $150.
También se aumentan los montos de las infracciones del transporte público de pasajeros y el transporte de carga.
Los cambios en la normativa tienen la finalidad de regular las infracciones que comenten los conductores, implementar mecanismos tecnológicos para la imposición de multas y otras sanciones conexas registradas por medio de sistemas de control automatizado. Asimismo, proteger la vida de los salvadoreños y fomentar una cultura vial de respeto.
Las multas podrán notificarse por medio del correo electrónico a la persona infractora.
«Se suman mecanismos tecnológicos para garantizar el cumplimiento de la normativa», expresó Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas.
«Las multas no deben de verse como una afectación económica», sino como «herramienta» preventiva, expuso Salvador Chacón. Hizo un llamado a la población a ser vigilantes y dentro de las redes sociales «hagan las denuncias pertinentes» de las faltas del transporte público y de conductores infractores.
Los cambios en la ley incorporan 23 nuevas conductas a sancionar, como no portar casco certificado para los motociclistas, cuando los motociclistas circulen por el hombro de la vía, el bordillo o la línea divisoria, y cuando circule el motociclista y su acompañante entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana del día siguiente sin portar chaleco o chaqueta reflectiva.
“A diario vemos muchos accidentes de tránsito. Esto se debe a que no contamos con un reglamento robusto. En el pasado, no había una multa para los motociclistas que iban en la línea amarilla en medio de dos vehículos”, afirmó el diputado Saúl Mancía de Nuevas Ideas.
También el diputado Guillermo Gallegos, de GANA, aseguró que el objetivo es garantizar la seguridad de las personas y que los accidentes son ocasionados «por personas que irrespetan» la ley de tránsito. Y dijo que la única forma para hacer más eficiente es «apretando» donde a las personas «les puede doler, como es en el bolsillo».
«El que quiera este aumento, que incumpla la ley de tránsito», dijo Gallegos.
Se incluye en la reforma un descuento del 50 % del monto de la multa si se cancela en los primeros 5 días de notificada.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
