Política
Aprueban reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que incrementa multas e incluye nuevas infracciones
En la plenaria 99 y con 66 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que aumenta los montos de las multas a las infracciones de tránsito a $50, $100 y $150.
El proyecto enviado por el Ejecutivo establece 131 conductas consideradas como infracciones, de las cuales 55 son leves, con multa de $50; 20 son graves, con sanción de $100, y 56 son muy graves, con multa de $150.
También se aumentan los montos de las infracciones del transporte público de pasajeros y el transporte de carga.
Los cambios en la normativa tienen la finalidad de regular las infracciones que comenten los conductores, implementar mecanismos tecnológicos para la imposición de multas y otras sanciones conexas registradas por medio de sistemas de control automatizado. Asimismo, proteger la vida de los salvadoreños y fomentar una cultura vial de respeto.
Las multas podrán notificarse por medio del correo electrónico a la persona infractora.
«Se suman mecanismos tecnológicos para garantizar el cumplimiento de la normativa», expresó Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas.
«Las multas no deben de verse como una afectación económica», sino como «herramienta» preventiva, expuso Salvador Chacón. Hizo un llamado a la población a ser vigilantes y dentro de las redes sociales «hagan las denuncias pertinentes» de las faltas del transporte público y de conductores infractores.
Los cambios en la ley incorporan 23 nuevas conductas a sancionar, como no portar casco certificado para los motociclistas, cuando los motociclistas circulen por el hombro de la vía, el bordillo o la línea divisoria, y cuando circule el motociclista y su acompañante entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana del día siguiente sin portar chaleco o chaqueta reflectiva.
“A diario vemos muchos accidentes de tránsito. Esto se debe a que no contamos con un reglamento robusto. En el pasado, no había una multa para los motociclistas que iban en la línea amarilla en medio de dos vehículos”, afirmó el diputado Saúl Mancía de Nuevas Ideas.
También el diputado Guillermo Gallegos, de GANA, aseguró que el objetivo es garantizar la seguridad de las personas y que los accidentes son ocasionados «por personas que irrespetan» la ley de tránsito. Y dijo que la única forma para hacer más eficiente es «apretando» donde a las personas «les puede doler, como es en el bolsillo».
«El que quiera este aumento, que incumpla la ley de tránsito», dijo Gallegos.
Se incluye en la reforma un descuento del 50 % del monto de la multa si se cancela en los primeros 5 días de notificada.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
