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Aprueban ley que prohíbe a conductores manejar alcoholizados y eleva monto de multas de tránsito
La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial será actualizada, tras estar vigente desde 1995. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 55 votos, reformas a la normativa relacionadas con la conducción bajo efectos de bebidas embriagantes o estupefacientes; la categorización de infracciones y el incremento de las multas de tránsito.
El marco legal (que contiene 13 artículos y estará vigente desde el momento que se publique en el Diario Oficial) prohíbe que los motoristas de cualquier vehículo ingieran bebidas embriagantes, cualquier tipo de sustancia o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir.
El personal médico del Viceministerio de Transporte (VMT) estará facultado para realizar un examen toxicológico obligatorio (de sangre o de aire espirado) para determinar si un conductor está bajo los efectos de dichos estimulantes.
Si el resultado es positivo —sin importar cualquier concentración de alcohol por litro de sangre o en aire espirado— se le impondrá una multa muy grave, se le detendrá por infringir las normas de tránsito y el caso se remitirá a la Fiscalía General de la República (FGR).
Aumento en monto de multas de tránsito
Los cambios en la normativa también contemplan un incremento a las multas de tránsito. Los infractores deberán cancelar $50 por las faltas leves, $100 por las graves y $150 si son muy graves.
Algunas de las infracciones leves son: Virar en “U” donde no es permitido, sobrepasar a otro vehículo sin antes indicar la maniobra y portar tarjeta de circulación vencida.
Entre las graves están: Conducir describiendo curvas o haciendo zig-zag, no ceder el paso a vehículos de emergencia cuando tienen activadas las sirenas y señales rotativas luminosas y estacionarse en área señalizada exclusivamente para vehículos de transporte de personas con discapacidad que porten placa o distintivo extendido por la autoridad competente y lugares reservados para el estacionamiento de vehículos conducidos por mujeres embarazadas, u otras zonas que se establezcan como exclusivas para determinados tipos de vehículos.
En las faltas muy graves están: Retroceder o efectuar maniobras en vías de mucho tránsito, conducir en sentido contrario salvo cuando se sobrepase a otro vehículo en las zonas y momentos permitidos, así como circular a mayor velocidad que la reglamentaria y disputarse la vía con otro vehículo.
La novedad: La implementación de las fotomultas y sus apelaciones
Los ajustes en la normativa también incluyen el uso de dispositivos tecnológicos, como cámaras, para identificar e imponer infracciones de tránsito. Las autoridades podrán usar cámaras de videovigilancia para imponer las sanciones (fotomultas) correspondientes.
El Viceministerio de Transporte (VMT) realizó un plan piloto en zonas estratégicas y detectó un incremento de accidentes automovilísticos en el bulevar Monseñor Romero, la autopista a Comalapa y la carretera al Puerto de La Libertad.
En esos lugares instaló cámaras desde donde podrá imponer multas de tránsito, incluso de manera “impersonal”, es decir sin que esté presente el conductor.
Los videos y fotografías que se tomen sobre las infracciones reguladas en la normativa mostrarán el sitio en que ocurrió la infracción, el vehículo, el número de placa, la hora y la fecha.
Posteriormente, en un plazo que no exceda un mes, las autoridades notificarán la emisión de la esquela correspondiente al presunto infractor.
Si este está inconforme con la multa tendrá cinco días para presentar un escrito ante la Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga.
La suspensión de la licencia de conducir
La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estipula que la licencia de conducir será suspendida por la Dirección General de Tránsito (DGT), del Viceministerio de Transporte, a los motoristas que sean sorprendidos conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes o estupefacientes.
La suspensión de la licencia de conducir será por un periodo de un año y afectará la validez de todas las licencias de conducir que posea el infractor, sin importar su clasificación: particular, liviana, pesada o pesada T.
Transcurridos los 12 meses, el conductor podrá recuperar su documento solo si aprueba los cursos sobre riesgos y consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas, que indique la DGT.
Si el conductor rehabilitado es suspendido por segunda vez por esta causa, su licencia será cancelada. Para obtener una nueva licencia de conducir, deberá realizar el trámite como si fuera la primera vez, una vez transcurridos dos años contados a partir de la suspensión, pero será el VMT quien decidirá si se le emite o no una nueva licencia.
Anunciamos a la población salvadoreña y jugadores de juegos de azar que, tras superar las fases de auditoria, capacitación y adecuación de nuestros procesos de compras públicas y pago de premios, obtuvimos la certificación internacional ISO 37001-2016 Antisoborno, convirtiéndonos en la primera Lotería Estatal de Centroamérica y la segunda a nivel mundial en alcanzar este estándar.
Esta certificación confirma que nuestras compras públicas y el pago de premios se realizan con transparencia, bajo controles alineados a estándares internacionales orientados a la prevención del soborno, fortaleciendo la confianza en la administración de los recursos que gestionamos.
La entrega oficial de las acreditaciones se realizó esta tarde, en un acto formal desarrollado en el Foro de Loteria, donde nuestro presidente, Javier Milián. acompañado por el personal de la institución, recibió las certificaciones de manos de Raúl Castellón, representante de la empresa certificadora Servimeters.
Javier Milian, Presidente de LNB
Con la obtención de la ISO 37001-2016 fortalecemos nuestra gestión institucional y consolidamos una administración integra y responsable, respaldada por mecanismos de control que refuerzan la transparencia y la correcta gestión de los fondos generados a través de nuestros sorteos.
Invitamos a la población a participar en nuestros juegos de Lotería con la confianza de que operamos bajo estándares actualizados, seguros y transparentes, promoviendo siempre el juego responsable. Asimismo, motivamos a la ciudadanía a informarse y a utilizar nuestros canales institucionales de denuncia ante cualquier indicio de soborno, para que se activen los procedimientos correspondientes.
Para conocer más sobre nuestro Sistema de Gestión Antisoborno, pueden visitar nuestra página web: https://www.lnb.gob.sv/sistema-gestion -antisoborno/
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador condenó a diez años de prisión, en un juicio sumario, a Elías Candelario Crespín López, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz pública.
El reporte oficial detalla que, en noviembre del año pasado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de que, sobre la 8a. Avenida Norte y 1a. Calle Oriente de San Salvador, en un microbús de la ruta 11, se transportaba un hombre con arma de fuego. Al ser intervenido, fue identificado como Elías Candelario Crespín, quien portaba un revólver calibre 38, con seis cartuchos.
Al solicitarle la documentación del arma de fuego, Elías Candelario pudo demostrar la legalidad, razón por la cual fue detenido.
La Fiscalía informó que en la vista pública se comprobó la culpabilidad del procesado a través de la prueba documental, pericial y testimonial incorporada durante la investigación sumaria.
En octubre de 2025, Pedro Héctor Rosa Cruz fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y disparo de arma de fuego.
El 4 de febrero de 2025, el imputado se encontraba frente a su casa, junto a otras personas, en la lotificación El Trapiche, en el distrito de Guazapa, San Salvador. Al lugar llegó una patrulla con agentes policiales que habían recibido informes de varios disparos en la zona. Pedro Héctor, que se encontraba en estado de ebriedad, entregó el arma de la cual no tenía permiso y fue puesto en detención.
Armando Cárcamo Andrade fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Dimas Flores. Asimismo, el tribunal libró la respectiva orden de captura por ser imputado rebelde.
El reporte oficial da cuenta que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del 9 de septiembre de 2021, en el distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este. El cuerpo sin vida fue encontrado por una persona que hacía labores de limpieza, quien ingresó a la vivienda al notar que el portón se encontraba entreabierto y que el vehículo de la víctima no estaba en el lugar.
La persona continuó con sus labores y, al pasar a la habitación, observó a Dimas en una hamaca, al acercarse notó que presentaba heridas en el rostro y el cuello, además de que el cuarto estaba desordenado. Uno de los testigos declaró que la víctima había llegado tres días antes del crimen junto a su agresor y que ambos estuvieron departiendo.
Durante el juicio se demostró que la activación de las antenas del teléfono celular de la víctima fue ubicada en la residencia de Cárcamo Andrade, quien además se llevó el vehículo de la víctima hacia su vivienda, situada en el departamento de La Unión, detalló la Fiscalía.
En otro caso, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de prisión a Juan José Díaz Salinas, integrante de la Mara Salvatrucha por el homicidio de un agente de la PNC en septiembre de 2017.
Según la investigación fiscal, el imputado mató a la víctima en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, La Paz; el agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar.
Además de la pena de prisión, Cárcamo Andrade debe pagar $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
Actualmente Díaz Salinas cumple penas de prisión, entre otros hechos, por haber asesinado a una mujer en 2017 y por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en la jurisdicción del departamento de La Paz.
