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Aprueban ley que prohíbe a conductores manejar alcoholizados y eleva monto de multas de tránsito
La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial será actualizada, tras estar vigente desde 1995. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 55 votos, reformas a la normativa relacionadas con la conducción bajo efectos de bebidas embriagantes o estupefacientes; la categorización de infracciones y el incremento de las multas de tránsito.
El marco legal (que contiene 13 artículos y estará vigente desde el momento que se publique en el Diario Oficial) prohíbe que los motoristas de cualquier vehículo ingieran bebidas embriagantes, cualquier tipo de sustancia o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir.
El personal médico del Viceministerio de Transporte (VMT) estará facultado para realizar un examen toxicológico obligatorio (de sangre o de aire espirado) para determinar si un conductor está bajo los efectos de dichos estimulantes.
Si el resultado es positivo —sin importar cualquier concentración de alcohol por litro de sangre o en aire espirado— se le impondrá una multa muy grave, se le detendrá por infringir las normas de tránsito y el caso se remitirá a la Fiscalía General de la República (FGR).
Aumento en monto de multas de tránsito
Los cambios en la normativa también contemplan un incremento a las multas de tránsito. Los infractores deberán cancelar $50 por las faltas leves, $100 por las graves y $150 si son muy graves.
Algunas de las infracciones leves son: Virar en “U” donde no es permitido, sobrepasar a otro vehículo sin antes indicar la maniobra y portar tarjeta de circulación vencida.
Entre las graves están: Conducir describiendo curvas o haciendo zig-zag, no ceder el paso a vehículos de emergencia cuando tienen activadas las sirenas y señales rotativas luminosas y estacionarse en área señalizada exclusivamente para vehículos de transporte de personas con discapacidad que porten placa o distintivo extendido por la autoridad competente y lugares reservados para el estacionamiento de vehículos conducidos por mujeres embarazadas, u otras zonas que se establezcan como exclusivas para determinados tipos de vehículos.
En las faltas muy graves están: Retroceder o efectuar maniobras en vías de mucho tránsito, conducir en sentido contrario salvo cuando se sobrepase a otro vehículo en las zonas y momentos permitidos, así como circular a mayor velocidad que la reglamentaria y disputarse la vía con otro vehículo.
La novedad: La implementación de las fotomultas y sus apelaciones
Los ajustes en la normativa también incluyen el uso de dispositivos tecnológicos, como cámaras, para identificar e imponer infracciones de tránsito. Las autoridades podrán usar cámaras de videovigilancia para imponer las sanciones (fotomultas) correspondientes.
El Viceministerio de Transporte (VMT) realizó un plan piloto en zonas estratégicas y detectó un incremento de accidentes automovilísticos en el bulevar Monseñor Romero, la autopista a Comalapa y la carretera al Puerto de La Libertad.
En esos lugares instaló cámaras desde donde podrá imponer multas de tránsito, incluso de manera “impersonal”, es decir sin que esté presente el conductor.
Los videos y fotografías que se tomen sobre las infracciones reguladas en la normativa mostrarán el sitio en que ocurrió la infracción, el vehículo, el número de placa, la hora y la fecha.
Posteriormente, en un plazo que no exceda un mes, las autoridades notificarán la emisión de la esquela correspondiente al presunto infractor.
Si este está inconforme con la multa tendrá cinco días para presentar un escrito ante la Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga.
La suspensión de la licencia de conducir
La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estipula que la licencia de conducir será suspendida por la Dirección General de Tránsito (DGT), del Viceministerio de Transporte, a los motoristas que sean sorprendidos conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes o estupefacientes.
La suspensión de la licencia de conducir será por un periodo de un año y afectará la validez de todas las licencias de conducir que posea el infractor, sin importar su clasificación: particular, liviana, pesada o pesada T.
Transcurridos los 12 meses, el conductor podrá recuperar su documento solo si aprueba los cursos sobre riesgos y consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas, que indique la DGT.
Si el conductor rehabilitado es suspendido por segunda vez por esta causa, su licencia será cancelada. Para obtener una nueva licencia de conducir, deberá realizar el trámite como si fuera la primera vez, una vez transcurridos dos años contados a partir de la suspensión, pero será el VMT quien decidirá si se le emite o no una nueva licencia.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
