Política
Aprueban ley para crear institución que regule el funcionamiento de mercados y locales comerciales
Fomentar la actividad económica, implementar la modernización para mejorar los mercados y sitios de comercialización son parte de los objetivos por los que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 57 votos, instaurar la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos.
De acuerdo a lo discutido en la sesión plenaria 58, esta normativa establecerá el régimen del funcionamiento y la administración de los mercados y de los locales del país, así como las obligaciones y derechos de las personas que ejerzan actividad comercial dentro de ellos.
La ley será aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la comercialización, como adjudicatarios de puestos de venta dentro de los mercados o de los locales y personas que laboren en estos.
Para el correcto funcionamiento de estos espacios se creará la Dirección de Mercados Nacionales, que será una entidad que se encargará de la administración, vigilancia y control de los sitios de venta a los que se refiere la normativa.
Sobre este tema, el presidente de este Órgano de Estado comentó que “es hasta ridículo estar defendiendo un sistema de mercados anterior que no funcionó, porque no ha existido ni orden ni limpieza ni justicia a la hora de entregar los puestos”.
“Me da vergüenza escuchar cómo algunos políticos intentan engañar a los salvadoreños”, dijo al referirse que la oposición intenta sostener un sistema de mercados fracasado.
A la vez, dijo que tampoco hubo claridad a la hora de implementar las cuotas de arrendamiento. Tras esto, se cuestionó: “¡De verdad!, ¿ese sistema de mercados ha funcionado?”, cuestionó.
Incluso, el diputado indicó que los gobiernos anteriores y los alcaldes pertenecientes a los partidos de oposición dejaron abandonados a los comerciantes y los dejaron en manos de los miembros de pandillas, quienes impusieron cobros ilegales –denominados como “renta”- a cambio de continuar vendiendo sus productos e incluso para salvaguardar sus vidas.
Creación de la Dirección de Mercados Nacionales
Según la ley, la Dirección de Mercados Nacionales será una institución descentralizada, de carácter indefinido, de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa, presupuestaria, funcional y técnica para el ejercicio de las competencias y responsabilidades que se estipulan en él y en las demás disposiciones aplicables.
Es decir, para la administración de los centros de comercio y su respectiva regulación para el funcionamiento de los mismos.
Dicha entidad tendrá su domicilio en el municipio de San Salvador Centro y podrá instalar dependencias en cualquier parte del territorio nacional. Además, se relacionaría directamente con el Órgano Ejecutivo, por medio de la Presidencia de la República.
Entre las principales competencias de la Dirección, es velar porque los puestos de venta cuenten con los servicios básicos necesarios, que tengan servicios sanitarios comunes, iluminación y vigilancia.
También adjudicará los puestos de venta y locales comerciales, y revocará dicha adjudicación.
Impondrá sanciones de ser necesario y monitorearía el pago del arrendamiento de los puestos de venta.
Además, decretará medidas provisionales en caso de fuerza mayor o caso fortuito que garantice la aplicabilidad de la ley.
Por otro lado, el presupuesto para su funcionamiento estará integrado por las asignaciones del Fondo General del Estado que se consigne y otorgue, y por los montos recaudados por la Dirección en cada ejercicio fiscal.
La fiscalización del presupuesto será ejercida por la Corte de Cuentas de la República (CCR). Además, la Dirección de Mercados Nacionales implementará mecanismos eficaces de control interno, auditoría independiente y supervisión continua.
Estructura de los mercados
Para el debido orden o facilidad de las operaciones que se efectúen en los mercados, estos estarían divididos en secciones definidas donde se concentran los puestos de venta fijos o temporales, según la naturaleza de los productos que se venden al público.
La normativa establece, también, que los puestos de venta de los mercados deberán conservar y mantener la estructura original de construcción, de manera que los arrendatarios solo podrán efectuar modificaciones previa autorización de la Dirección de Mercados Nacionales, la cual quedará en beneficio del mercado.
Creación del Sistema Informático para la Administración de Mercados
La Dirección de Mercados Nacionales creará el Sistema Informático para la Administración de Mercados (SIAM), mismo que tendrá el Registro Único de Puestos de Mercado y el Registro Único de Locales Comerciales, con la siguiente información: el número de puestos de venta o de locales, estado en que se encuentran, situación jurídica, número de personas que ofrecen sus productos al interior de los mercados y en los locales y su identificación.
Facultades de los municipios beneficiados
Los municipios que se beneficien de la inversión de un centro de abastos administrado por la Dirección de Mercados Nacionales establecerán las tasas o impuestos municipales que estimen convenientes a los vendedores adjudicatarios.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
