Judicial
“Usted con una llamada a la Policía y yo con una llamada al penal la hago desaparecer a usted y a su familia”, amenazaron hermanos que intentaban secuestrar a un niño
Amenazas de muerte y secuestro de uno de sus hijos fue el ultimátum que recibieron dos mujeres de parte de dos hermanos que llegaron a su vivienda.
Un hombre y su hermano amenazaron con hacer desaparecer a la familia de su expareja en momentos en los que intentaban secuestrar a un menor de edad quien es hijo de uno de ellos.
Según el expediente judicial, el 29 de marzo de 2017, Ronald y Edwin llegaron de forma violenta a la casa de Maritza y su madre Marisol (nombre modificados por seguridad) algo que provocó una fuerte discusión.
Los fuertes golpes que Edwin le daba a la puerta provocaron que Marisol saliera, en tanto, Maritza optó por esconderse junto a su hijo en un cuarto de la vivienda ubicada en San Salvador.
El hombre, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos de las drogras, exigió hablar con su expareja ante lo que su exsuegra le recalcó que no iba a ser recibido y que se fuera del lugar en el que el escándalo era evidente.
Molesto, Edwin insistía en hablar con Maritza ya que de no hacerlo la mataría: “¡Cuando vea a su hija en la calle le cortó la cabeza y a la puerta de su casa se la voy a venir a tirar!”, advirtió a los gritos el imputado.
Ante la amenaza, Marisol le volvió a solicitar que se fuera del lugar porque de lo contrario llamaría a la Policía. Al verse acorralado, Edwin recurrió a su hermano quien le recordó a la mujer que el padre de ambos estaba recluido en un centro penal.
“Usted con una llamada trae a la Policía y yo con una llamada al penal la hago desaparecer a usted y a su familia”, sentenciaron los hermanos. Pese al temor, las mujeres no desistieron y llamaron a los agentes para que las auxiliaran.
Sin embargo, los dos hombres se fueron de la casa y cuando todo se tranquilizó las mujeres salieron hacia la delegación a interponer la denuncia por lo sucedido. “Él exigió en llevárse al niño pero no quisimos, y respondió con palabras soeces”, dijo la madre en su declaración ante las autoridades.
En tanto la expareja de Edwin justificó su separación del hombre a quien calificó como «una mala persona y no es la que yo conocí. Ahora es una callejero que no estudia y anda todo tatuado y con los muchachos».
El reporte policial señaló que minutos después de interpuesta la denuncia, los agentes de la zona desarrollaron un operativo que dio como resultado la captura de ambos sujetos quienes son señalados por el delito de amenazas.
Días después de la captura, las mujeres recibieron la visita de sujetos desconocidos que les exigieron que quitaran la denuncia porque de lo contrario secuestrarían al niño por lo que sintieron temor de seguir desarrollando el proceso.
No obstante, el caso ha llegado a la etapa del juicio que será desarrollado por el juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador en una fecha que está próxima a conocerse.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
