Judicial
“Usted con una llamada a la Policía y yo con una llamada al penal la hago desaparecer a usted y a su familia”, amenazaron hermanos que intentaban secuestrar a un niño
Amenazas de muerte y secuestro de uno de sus hijos fue el ultimátum que recibieron dos mujeres de parte de dos hermanos que llegaron a su vivienda.
Un hombre y su hermano amenazaron con hacer desaparecer a la familia de su expareja en momentos en los que intentaban secuestrar a un menor de edad quien es hijo de uno de ellos.
Según el expediente judicial, el 29 de marzo de 2017, Ronald y Edwin llegaron de forma violenta a la casa de Maritza y su madre Marisol (nombre modificados por seguridad) algo que provocó una fuerte discusión.
Los fuertes golpes que Edwin le daba a la puerta provocaron que Marisol saliera, en tanto, Maritza optó por esconderse junto a su hijo en un cuarto de la vivienda ubicada en San Salvador.
El hombre, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos de las drogras, exigió hablar con su expareja ante lo que su exsuegra le recalcó que no iba a ser recibido y que se fuera del lugar en el que el escándalo era evidente.
Molesto, Edwin insistía en hablar con Maritza ya que de no hacerlo la mataría: “¡Cuando vea a su hija en la calle le cortó la cabeza y a la puerta de su casa se la voy a venir a tirar!”, advirtió a los gritos el imputado.
Ante la amenaza, Marisol le volvió a solicitar que se fuera del lugar porque de lo contrario llamaría a la Policía. Al verse acorralado, Edwin recurrió a su hermano quien le recordó a la mujer que el padre de ambos estaba recluido en un centro penal.
“Usted con una llamada trae a la Policía y yo con una llamada al penal la hago desaparecer a usted y a su familia”, sentenciaron los hermanos. Pese al temor, las mujeres no desistieron y llamaron a los agentes para que las auxiliaran.
Sin embargo, los dos hombres se fueron de la casa y cuando todo se tranquilizó las mujeres salieron hacia la delegación a interponer la denuncia por lo sucedido. “Él exigió en llevárse al niño pero no quisimos, y respondió con palabras soeces”, dijo la madre en su declaración ante las autoridades.
En tanto la expareja de Edwin justificó su separación del hombre a quien calificó como «una mala persona y no es la que yo conocí. Ahora es una callejero que no estudia y anda todo tatuado y con los muchachos».
El reporte policial señaló que minutos después de interpuesta la denuncia, los agentes de la zona desarrollaron un operativo que dio como resultado la captura de ambos sujetos quienes son señalados por el delito de amenazas.
Días después de la captura, las mujeres recibieron la visita de sujetos desconocidos que les exigieron que quitaran la denuncia porque de lo contrario secuestrarían al niño por lo que sintieron temor de seguir desarrollando el proceso.
No obstante, el caso ha llegado a la etapa del juicio que será desarrollado por el juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador en una fecha que está próxima a conocerse.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
