Sucesos
POR COVID-19 | Maras aterrorizan a personal médico y de salud en Soyapango: “Mirá tenés 24 horas para irte de tu casa”
En el municipio de Soyapango, las pandillas amenazaron al personal de salud de distintos hospitales y les ordenaron que desalojaran sus casas porque podían contagiar de coronavirus las colonias donde vivían.
Cuando se comenzaban a registrar casos de Covid-19 en El Salvador, el personal de salud fue discriminado y maltratado. En Soyapango los mareros les dieron ultimátum para que se fueran, según relató el alcalde, Juan Pablo Álvarez.
“¿Quiénes crees que llegaban a las casas a tocarle la puerta y decirle ‘Mirá tenés 24 horas para irte de tu casa’? Eran las pandillas, hombre. Así ha sido”, reveló Álvarez.
El edil agregó que el problema no fue solo contra el personal de salud, sino también contra los ciudadanos que se estaban enfermando en sus casas ya sea de Covid-19 o por otras enfermedades respiratorias.
La situación de las amenazas disminuyó cuando las autoridades optaron por no acudir con los trajes de protección nivel 3 a traer a las personas a sus casas y utilizaron otras estrategias para evitar el contagio.
“Se identificaban a las familias y en algunos lugares el crimen (las pandillas) llegaba y le decía a la gente que en 24 horas tenía que desocupar su casa”.
De hecho, al principio de la emergencia sanitaria en El Salvador y cuando comenzaba la cuarentena circularon videos de pandilleros pegándole batazos a la gente que salía de sus casas sin justificación.
Hubo 408 muertos en junio
El alcalde reveló que la mortalidad en el municipio se ha disparado en los últimos meses, ya que en junio tuvieron 408 personas fallecidas, cifra muy por encima de los 90 a 96 casos que se promediaron en enero y febrero.
Álvarez dijo que no solo la Covid-19 es la causa de muertes y explicó que casi 300 ciudadanos han muerto de infartos en un mes; es decir, un promedio de 10 diarios.
“Los hipertensos, los diabéticos, los que tienen insuficiencia renal están poniendo una cantidad de víctimas a diario bastante considerable, aún más que Covid y las enfermedades respiratorias”.
Valoró que por la pandemia del coronavirus que ha sometido al sistema de salud y lo mantiene colapsado, se han descuidado otras áreas. “Es increíble; es decir, por estar en el tema de la pandemia, que obviamente es prioritario, se ha descuidado de una manera terrible a los pobres hipertensos y diabéticos, que son los que más están teniendo este problema”.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
