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POR COVID-19 | Maras aterrorizan a personal médico y de salud en Soyapango: “Mirá tenés 24 horas para irte de tu casa”
En el municipio de Soyapango, las pandillas amenazaron al personal de salud de distintos hospitales y les ordenaron que desalojaran sus casas porque podían contagiar de coronavirus las colonias donde vivían.
Cuando se comenzaban a registrar casos de Covid-19 en El Salvador, el personal de salud fue discriminado y maltratado. En Soyapango los mareros les dieron ultimátum para que se fueran, según relató el alcalde, Juan Pablo Álvarez.
“¿Quiénes crees que llegaban a las casas a tocarle la puerta y decirle ‘Mirá tenés 24 horas para irte de tu casa’? Eran las pandillas, hombre. Así ha sido”, reveló Álvarez.
El edil agregó que el problema no fue solo contra el personal de salud, sino también contra los ciudadanos que se estaban enfermando en sus casas ya sea de Covid-19 o por otras enfermedades respiratorias.
La situación de las amenazas disminuyó cuando las autoridades optaron por no acudir con los trajes de protección nivel 3 a traer a las personas a sus casas y utilizaron otras estrategias para evitar el contagio.
“Se identificaban a las familias y en algunos lugares el crimen (las pandillas) llegaba y le decía a la gente que en 24 horas tenía que desocupar su casa”.
De hecho, al principio de la emergencia sanitaria en El Salvador y cuando comenzaba la cuarentena circularon videos de pandilleros pegándole batazos a la gente que salía de sus casas sin justificación.
Hubo 408 muertos en junio
El alcalde reveló que la mortalidad en el municipio se ha disparado en los últimos meses, ya que en junio tuvieron 408 personas fallecidas, cifra muy por encima de los 90 a 96 casos que se promediaron en enero y febrero.
Álvarez dijo que no solo la Covid-19 es la causa de muertes y explicó que casi 300 ciudadanos han muerto de infartos en un mes; es decir, un promedio de 10 diarios.
“Los hipertensos, los diabéticos, los que tienen insuficiencia renal están poniendo una cantidad de víctimas a diario bastante considerable, aún más que Covid y las enfermedades respiratorias”.
Valoró que por la pandemia del coronavirus que ha sometido al sistema de salud y lo mantiene colapsado, se han descuidado otras áreas. “Es increíble; es decir, por estar en el tema de la pandemia, que obviamente es prioritario, se ha descuidado de una manera terrible a los pobres hipertensos y diabéticos, que son los que más están teniendo este problema”.
Por: El Salvador Times.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
Idalia Isabel Morales Mejía enfrenta un juicio en el Tribunal Quinto Contra Crimen Organizado, Juez 1, de San Salvador, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, la mujer es señalada de haber participado en la privación de libertad y posterior asesinato de un hombre y de una mujer, hechos que ocurrieron entre julio y octubre de 2011, en el cantón Segunda Loma de Santiago, jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
«El hombre era integrante de la misma estructura criminal y fue asesinado por rencillas internas; mientras que la mujer pertenecía a otra pandilla, razón por la cual la asesinaron», según las investigaciones del ministerio público.
La investigación fiscal también establece que Morales Mejía es integrante de la clica Joya de Cerén Locos Salvatruchos de la MS-13, «tenía el rango de colaboradora dentro de la estructura y mantenía una relación sentimental con el palabrero de la clica».
Morales Mejía había huido a Estados Unidos, sin embargo, en marzo de este año fue deportada. Agentes del ICE de Washington, D.C. anunciaron el arresto de la mujer el 22 de abril.
«Entró ilegalmente en Estados Unidos en una fecha desconocida, en un lugar desconocido, sin ser inspeccionada, admitida ni puesta en libertad condicional por un funcionario de inmigración estadounidense», detallaron fuentes estadounidenses.
De acuerdo a la información proporcionada por ICE, en febrero pasado, el Grupo de Trabajo de la Alianza de Seguridad para la Captura de Fugitivos en El Salvador proporcionó información actualizada sobre la posible presencia de Morales-Mejía en el norte de Virginia.
«Tras recibir esta información, agentes del ICE en Washington, D.C. trabajaron para localizarla y arrestarla. El 12 de marzo, el ICE la arrestó en Woodbridge y le entregó una citación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia», indicó ICE.
«Los medios la consideran una ‘no delincuente’ porque no tiene antecedentes penales conocidos en Estados Unidos, a pesar de que enfrenta cargos por homicidio agravado en El Salvador. ICE Washington, D.C. seguirá priorizando la seguridad pública arrestando y deportando a los extranjeros delincuentes de nuestras comunidades en Washington, D.C. y Virginia», declaró Robert Guadian, director de la oficina de campo de ICE en Washington, D.C.
La Fiscalía espera una sentencia condenatoria para la pandillera y, además, cuenta con elementos de prueba de cargo para demostrar la participación de la imputada en los hechos atribuidos.
