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Simposio destaca la gestión de recursos hídricos transfronterizos como pilar clave para el desarrollo de América Latina y el Caribe
El III Simposio Internacional de Aguas Transfronterizas en América Latina y el Caribe, realizado del 19 al 20 de noviembre en San Salvador, El Salvador, destaca que la gestión de los recursos hídricos transfronterizos es un pilar clave para el desarrollo de América Latina y el Caribe (ALC), especialmente en el contexto de la actual crisis climática.
El objetivo es impulsar la colaboración y generar alianzas estratégicas entre los países de la región para asegurar una gestión hídrica inclusiva y resiliente, orientada a preservar los ecosistemas y garantizar el acceso equitativo al agua.
Organizado por la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el encuentro congrega a lideres gubernamentales, representantes de organismos internacionales, expertos en recursos hídricos, académicos y miembros de la sociedad civil. Durante el simposio se analizarán los marcos de regulación e incidencia de la gestión integrada de cuencas compartidas, el cierre de las brechas en la gestión integrada de recursos hídricos compartidos, y la seguridad hídrica y riesgos climáticos.
Liseth Hernández, secretaria ejecutiva trinacional de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio.
Vicecanciller de la República, Adriana Mira.
Director del Departamento de Desarrollo Sostenible de la secretaría General de la OEA, Mark Lambrides
Director Ejecutivo plan Trifinio El Salvador, Jorge Urbina
Asimismo, en un Panel de Alto Nivel se expondrán los principales desafíos y se promoverán iniciativas conjuntas para fortalecer la resiliencia climática y la seguridad hídrica en la región. Además, se espera que los participantes generen numerosos encuentros paralelos para afianzar el diálogo y la cooperación.
Los participantes también evaluarán estrategias y lecciones aprendidas, y profundizarán el diálogo para fortalecer la cooperación e intercambio de experiencias y buenas prácticas Windows regionales en torno a las cuencas y acuíferos compartidos, considerando el agua como un recurso esencial para conservar la paz y el bienestar de las comunidades.
Los intercambios se centrarán en siete ejes temáticos
«Se abordan siete ejes temáticos, entre los cuales destacaron la gobernanza multinivel y la cooperación transfronteriza, la financiación para el desarrollo hídrico, y la diplomacia del agua como herramienta para promover la paz y el desarrollo sostenible. El objetivo central de este evento ha sido impulsar la colaboración y generar alianzas estratégicas entre los países de la región para asegurar una gestión hídrica inclusiva y resiliente, orientada a preservar los ecosistemas y garantizar el acceso equitativo al agua», aseguró el director Ejecutivo Nacional de Plan Trifinio El Salvador, Jorge Urbina.
«Entre los participantes figuran actores clave en la toma de decisiones de políticas de seguridad hídrica, representantes de organismos de cuenca, comisiones intergubernamentales y organismos de integración regional», destacó.
La Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) ofreció ser sede de este importante simposio como parte de su compromiso para impulsar un proceso de gestión del ambiente y del territorio en la región Trifinio (El Salvador, Guatemala y Honduras), la cual es estratégica por su biodiversidad de ecosistemas, incluyendo 17 áreas naturales protegidas, la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad (UNESCO 2011), y ser cabecera de tres cuencas hidrográficas: la Cuenca Trinacional del rio Lempa, la Cuenca Binacional del rio Motagua y la Cuenca Nacional del rio Ulua.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
