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Se posterga reapertura del transporte público de pasajeros
La reactivación del servicio de transporte público de pasajeros en el país no se realizará este martes, como una medida para evitar que más salvadoreños se contagien de COVID-19, así lo confirmó esta mañana el viceministro de Transporte, Saúl Castelar.
“Se tenía previsto el inicio de transporte público para mañana, pero esto se ha postergado. Es una medida atinada y es bueno que nos mantengamos sin el servicio de transporte público por el incremento de casos de coronavirus a nivel nacional», apuntó en el espacio televisivo Frente a Frente.
El transporte público está incluido en la segunda fase del plan de reactivación económica, sin embargo, este domingo el Presidente de la República Nayib Bukele anunció su decisión de retrasar la segunda fase que estaba programada para que iniciara mañana.
“La petición del Gobierno de la no circulación de buses y microbuses es acatada por los transportistas, siendo una muestra de la relación aceptable que tenemos con ellos”, destacó el funcionario, al tiempo que advirtió que de haberse dado la reapertura del transporte público ya se habían establecido disposiciones de seguridad para el transporte de pasajeros, como el uso de alcohol gel de los motoristas y usuarios, la constante sanitización de las unidades y el no permitir personas de pie.
En ese sentido indicó, que el transporte público comenzaría a operar con una modalidad muy distinta a la se estaba acostumbrado a trabajar, puesto que ahora todos los pasajeros deben ir sentados y con sus respectivas mascarillas.
Por otra parte, afirmó que la tarifa de pasaje del transporte público no sufrirá variaciones y que será la misma que estaba vigente antes de la pandemia.
“Considerar un aumento de la tarifa no es viable”, enfatizó. “Hemos tenido un diálogo muy abierto con el sector transporte y sabemos que hay exigencias de ellos, que si bien respetamos sus puntos de vista, hay que recordar que también existe una posición del Gobierno y que se debe respetar”, acotó.
“Hemos realizado un estudio de factibilidad con la demanda del transporte público y se ha llegado a concluir que cobrando los 0.20 centavos de dólar se tiene un margen de ganancia”, detalló.
En cuanto al tema del subsidio que el Gobierno entrega al transporte colectivo, Saúl Castelar explico que se debe de manejar con mucha responsabilidad, ya que no es el momento de que se “entregue un subsidio a quien no lo merece”.
El titular del Viceministerio de Transporte también se refirió a que se habilitó el servicio de renovación de licencias y refrendas de tarjetas de circulación en SERTRASEN, por lo que se han extendido los plazos para que agentes de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) comiencen a imponer esquelas por el vencimiento de esos documentos.
Recordó que los documentos que se vencieron en marzo están vigentes al 31 de julio, los del mes de abril vencen el 31 de agosto, los de mayo llegan al 30 de septiembre y los de junio al 31 de octubre. Finalmente dijo que se trabaja por reducir los trámites del sector del transporte de carga. “Los estamos agilizando para evitar obstáculos a este gremio y por primera vez el Viceministerio de Transporte se interesa en que las cosas se hagan de la mejor manera”, puntualizó.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
