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Se posterga reapertura del transporte público de pasajeros
La reactivación del servicio de transporte público de pasajeros en el país no se realizará este martes, como una medida para evitar que más salvadoreños se contagien de COVID-19, así lo confirmó esta mañana el viceministro de Transporte, Saúl Castelar.
“Se tenía previsto el inicio de transporte público para mañana, pero esto se ha postergado. Es una medida atinada y es bueno que nos mantengamos sin el servicio de transporte público por el incremento de casos de coronavirus a nivel nacional», apuntó en el espacio televisivo Frente a Frente.
El transporte público está incluido en la segunda fase del plan de reactivación económica, sin embargo, este domingo el Presidente de la República Nayib Bukele anunció su decisión de retrasar la segunda fase que estaba programada para que iniciara mañana.
“La petición del Gobierno de la no circulación de buses y microbuses es acatada por los transportistas, siendo una muestra de la relación aceptable que tenemos con ellos”, destacó el funcionario, al tiempo que advirtió que de haberse dado la reapertura del transporte público ya se habían establecido disposiciones de seguridad para el transporte de pasajeros, como el uso de alcohol gel de los motoristas y usuarios, la constante sanitización de las unidades y el no permitir personas de pie.
En ese sentido indicó, que el transporte público comenzaría a operar con una modalidad muy distinta a la se estaba acostumbrado a trabajar, puesto que ahora todos los pasajeros deben ir sentados y con sus respectivas mascarillas.
Por otra parte, afirmó que la tarifa de pasaje del transporte público no sufrirá variaciones y que será la misma que estaba vigente antes de la pandemia.
“Considerar un aumento de la tarifa no es viable”, enfatizó. “Hemos tenido un diálogo muy abierto con el sector transporte y sabemos que hay exigencias de ellos, que si bien respetamos sus puntos de vista, hay que recordar que también existe una posición del Gobierno y que se debe respetar”, acotó.
“Hemos realizado un estudio de factibilidad con la demanda del transporte público y se ha llegado a concluir que cobrando los 0.20 centavos de dólar se tiene un margen de ganancia”, detalló.
En cuanto al tema del subsidio que el Gobierno entrega al transporte colectivo, Saúl Castelar explico que se debe de manejar con mucha responsabilidad, ya que no es el momento de que se “entregue un subsidio a quien no lo merece”.
El titular del Viceministerio de Transporte también se refirió a que se habilitó el servicio de renovación de licencias y refrendas de tarjetas de circulación en SERTRASEN, por lo que se han extendido los plazos para que agentes de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) comiencen a imponer esquelas por el vencimiento de esos documentos.
Recordó que los documentos que se vencieron en marzo están vigentes al 31 de julio, los del mes de abril vencen el 31 de agosto, los de mayo llegan al 30 de septiembre y los de junio al 31 de octubre. Finalmente dijo que se trabaja por reducir los trámites del sector del transporte de carga. “Los estamos agilizando para evitar obstáculos a este gremio y por primera vez el Viceministerio de Transporte se interesa en que las cosas se hagan de la mejor manera”, puntualizó.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
