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Se posterga reapertura del transporte público de pasajeros
La reactivación del servicio de transporte público de pasajeros en el país no se realizará este martes, como una medida para evitar que más salvadoreños se contagien de COVID-19, así lo confirmó esta mañana el viceministro de Transporte, Saúl Castelar.
“Se tenía previsto el inicio de transporte público para mañana, pero esto se ha postergado. Es una medida atinada y es bueno que nos mantengamos sin el servicio de transporte público por el incremento de casos de coronavirus a nivel nacional», apuntó en el espacio televisivo Frente a Frente.
El transporte público está incluido en la segunda fase del plan de reactivación económica, sin embargo, este domingo el Presidente de la República Nayib Bukele anunció su decisión de retrasar la segunda fase que estaba programada para que iniciara mañana.
“La petición del Gobierno de la no circulación de buses y microbuses es acatada por los transportistas, siendo una muestra de la relación aceptable que tenemos con ellos”, destacó el funcionario, al tiempo que advirtió que de haberse dado la reapertura del transporte público ya se habían establecido disposiciones de seguridad para el transporte de pasajeros, como el uso de alcohol gel de los motoristas y usuarios, la constante sanitización de las unidades y el no permitir personas de pie.
En ese sentido indicó, que el transporte público comenzaría a operar con una modalidad muy distinta a la se estaba acostumbrado a trabajar, puesto que ahora todos los pasajeros deben ir sentados y con sus respectivas mascarillas.
Por otra parte, afirmó que la tarifa de pasaje del transporte público no sufrirá variaciones y que será la misma que estaba vigente antes de la pandemia.
“Considerar un aumento de la tarifa no es viable”, enfatizó. “Hemos tenido un diálogo muy abierto con el sector transporte y sabemos que hay exigencias de ellos, que si bien respetamos sus puntos de vista, hay que recordar que también existe una posición del Gobierno y que se debe respetar”, acotó.
“Hemos realizado un estudio de factibilidad con la demanda del transporte público y se ha llegado a concluir que cobrando los 0.20 centavos de dólar se tiene un margen de ganancia”, detalló.
En cuanto al tema del subsidio que el Gobierno entrega al transporte colectivo, Saúl Castelar explico que se debe de manejar con mucha responsabilidad, ya que no es el momento de que se “entregue un subsidio a quien no lo merece”.
El titular del Viceministerio de Transporte también se refirió a que se habilitó el servicio de renovación de licencias y refrendas de tarjetas de circulación en SERTRASEN, por lo que se han extendido los plazos para que agentes de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) comiencen a imponer esquelas por el vencimiento de esos documentos.
Recordó que los documentos que se vencieron en marzo están vigentes al 31 de julio, los del mes de abril vencen el 31 de agosto, los de mayo llegan al 30 de septiembre y los de junio al 31 de octubre. Finalmente dijo que se trabaja por reducir los trámites del sector del transporte de carga. “Los estamos agilizando para evitar obstáculos a este gremio y por primera vez el Viceministerio de Transporte se interesa en que las cosas se hagan de la mejor manera”, puntualizó.
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Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
