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Se posterga reapertura del transporte público de pasajeros
La reactivación del servicio de transporte público de pasajeros en el país no se realizará este martes, como una medida para evitar que más salvadoreños se contagien de COVID-19, así lo confirmó esta mañana el viceministro de Transporte, Saúl Castelar.
“Se tenía previsto el inicio de transporte público para mañana, pero esto se ha postergado. Es una medida atinada y es bueno que nos mantengamos sin el servicio de transporte público por el incremento de casos de coronavirus a nivel nacional», apuntó en el espacio televisivo Frente a Frente.
El transporte público está incluido en la segunda fase del plan de reactivación económica, sin embargo, este domingo el Presidente de la República Nayib Bukele anunció su decisión de retrasar la segunda fase que estaba programada para que iniciara mañana.
“La petición del Gobierno de la no circulación de buses y microbuses es acatada por los transportistas, siendo una muestra de la relación aceptable que tenemos con ellos”, destacó el funcionario, al tiempo que advirtió que de haberse dado la reapertura del transporte público ya se habían establecido disposiciones de seguridad para el transporte de pasajeros, como el uso de alcohol gel de los motoristas y usuarios, la constante sanitización de las unidades y el no permitir personas de pie.
En ese sentido indicó, que el transporte público comenzaría a operar con una modalidad muy distinta a la se estaba acostumbrado a trabajar, puesto que ahora todos los pasajeros deben ir sentados y con sus respectivas mascarillas.
Por otra parte, afirmó que la tarifa de pasaje del transporte público no sufrirá variaciones y que será la misma que estaba vigente antes de la pandemia.
“Considerar un aumento de la tarifa no es viable”, enfatizó. “Hemos tenido un diálogo muy abierto con el sector transporte y sabemos que hay exigencias de ellos, que si bien respetamos sus puntos de vista, hay que recordar que también existe una posición del Gobierno y que se debe respetar”, acotó.
“Hemos realizado un estudio de factibilidad con la demanda del transporte público y se ha llegado a concluir que cobrando los 0.20 centavos de dólar se tiene un margen de ganancia”, detalló.
En cuanto al tema del subsidio que el Gobierno entrega al transporte colectivo, Saúl Castelar explico que se debe de manejar con mucha responsabilidad, ya que no es el momento de que se “entregue un subsidio a quien no lo merece”.
El titular del Viceministerio de Transporte también se refirió a que se habilitó el servicio de renovación de licencias y refrendas de tarjetas de circulación en SERTRASEN, por lo que se han extendido los plazos para que agentes de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) comiencen a imponer esquelas por el vencimiento de esos documentos.
Recordó que los documentos que se vencieron en marzo están vigentes al 31 de julio, los del mes de abril vencen el 31 de agosto, los de mayo llegan al 30 de septiembre y los de junio al 31 de octubre. Finalmente dijo que se trabaja por reducir los trámites del sector del transporte de carga. “Los estamos agilizando para evitar obstáculos a este gremio y por primera vez el Viceministerio de Transporte se interesa en que las cosas se hagan de la mejor manera”, puntualizó.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
